(PD).- En pocas ocasiones, los grandes medios de comunicación españoles coinciden en una postura. Y esta vez lo han hecho, encabezados por El País que abre sus páginas de opinión con un duro editorial contra los pilotos de Iberia.
El editorial se titula Huelga tremendista y reza así:
En el verano, con exquisita puntualidad, suelen llegar las huelgas del SEPLA, el sindicato de pilotos de Iberia. En muchas ocasiones se ha denunciado que los paros del sindicato, fechados estratégicamente para arruinar el inicio de las vacaciones a los usuarios y chantajear a la compañía con la amenaza de las protestas de los viajeros frustrados, tienen como principal objetivo defender privilegios salariales o laborales de los 1.800 pilotos en plantilla o reforzar sus posiciones de poder dentro de la empresa.
No se trata precisamente de un colectivo que pueda quejarse de estar mal remunerado. Para cumplir el rito anual, el SEPLA decidió convocar una huelga de seis días, a partir de mañana, lunes, que obligaría a cancelar 1.500 vuelos.
Más de 200.000 viajeros resultarían afectados y casi todo el daño para Iberia ya está hecho, aunque se desconvoque en el último momento tras las negociaciones que ayer mantenían las dos partes con la mediación del Gobierno. Los viajeros suelen cambiar rápidamente de compañía a la menor amenaza de que sus vacaciones pueden verse arruinadas.
Con esta especie de «huelga preventiva», el sindicato de pilotos pretende garantizarse que los intereses de sus afiliados no resultarán afectados por la creación de Catair, la compañía de bajo coste de Iberia.
El SEPLA plantea que se mantengan los 1.800 empleos de los pilotos, petición nada extravagante; pero la acompaña de otras exigencias pintorescas y hasta disparatadas, como la de que la empresa presente un aval bancario que garantice el salario de los pilotos hasta los 65 años o que los activos de la compañía se usen como garantía de las indemnizaciones por despidos no justificados.
El despropósito no acaba aquí. Iberia ha garantizado el empleo de los pilotos, motivo de la primera petición. Pero el SEPLA no parece conceder demasiada credibilidad a la compañía y ha asegurado que si el Ministerio de Fomento garantiza los empleos «desconvocará la huelga al segundo». Pero Iberia ya no es una empresa pública, sino privada.
Nada tiene que decir ni garantizar el Gobierno a un sindicato que defiende sus intereses -con una amenaza tan tremendista como una huelga de seis días- frente al Consejo de Administración de una empresa de capital privado, que además cotiza en Bolsa.
Así que el SEPLA no sólo amenaza con estropear las vacaciones de 200.000 usuarios, sino que ofende a la compañía en la que trabajan sus afiliados despreciando sus seguridades, al Gobierno al exigirle un aval que no está entre sus competencias y a todos los contribuyentes que son quienes deberían sufragar tan insólita reivindicación.
