Periodismo

Texto íntegro del auto contra Federico Jiménez Losantos y la COPE

05.07.06 | 18:38. Archivado en Prensa papel, ABC

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 5
MADRID
En Madrid, a treinta de junio de dos mil seis.

HECHOS

PRIMERO.- En este Juzgado de lo Mercantil numero Cinco de los de Madrid, se tramita Juicio Ordinario, sobre competencia desleal, COI solicitud de medidas cautelares a instancia del Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de las mercantiles "VOCENTO, S.A." y "DIARIO ABC. S.L." contra don Federico Jiménez Losantos y la entidad "RADIO POPULAR, S.A CADENA DE ONDAS POPULARES" (COPE), representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Larre.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 31 de mayo de 2006. se acordó formar pieza separada para la tramitación de las Medidas Cautelares, señalando la Vista prevenida en el artículo 734 de la LEC, para el día 26 de junio de 2006, que se ha celebrado con el resultado que consta en el acta y en el correspondiente soporte audiovisual.

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

PRIMERO.- Las mercantiles "VOCENTO, S.A." y "DIARIO ABC, S,L." formulan solicitud de medidas cautelares coetáneas a la demanda contra don Federico Jiménez Losantos y la entidad ."RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES" (COPE), en la que interesa que se requiera con carácter inmediato a los demandados para que interrumpan las intervenciones radiofónicas que viene realizando el Sr. Jiménez Losantos a través de la COPE en su programa La Mañana (particularmente en determinados días que se reseñan desde el 16 de enero de 2006) que indiciariamente constituyen actos dolosos de competencia desleal por ser actos continuados de denigración del diario ABC y del grupo al que pertenece y por inducción masiva a la infracción contractual o, subsidiariamente, por inducción masiva a la terminación regular del contrato, dirigida a los lectores y suscriptores del periódico ABC, pretendiendo que dejen de leer y comprar el diario e incitándoles a que den de baja las suscripciones que mantienen con el periódico.
En el acto de la vista el actor, a instancias de este órgano judicial, precisó el suplico de la petición cautelar en el sentido de que se solicitaba el cese provisional de la utilización de expresiones que viene utilizando el Sr. Jiménez Losantos en su programa La Mañana por constituir actos de competencia desleal de denigración e inducción a la infracción contractual o, subsidiariamente, de terminación regular del contrato, todo ello con relación a las expresiones que se reflejan en el apartado primero del escrito de demanda y solicitud cautelar y, 90ncretamente, en la página 73.
Así entre las expresiones que a juicio del demandante constituyen actos de denigración por ser meros insultos o vejaciones proferidas contra el director del diario ABC, contra el mismo diario o en relación a sus informaciones, se incluyen las siguientes: incompetente, lamentable, irresponsable, mentiroso, traidor, infecto, repugnante, falso, calumniador, basura, abyecto, ridículo, siniestro, falsarios, fariseo, vil, zote, avieso, criminal, periódico inane, sin influencia, no pinta nada, es igual lo que diga, ínformativamente no existe, editorialmente una nulidad, de pena, de vergüenza ajena,' el ABC miente descaradamente, es una banda, comete fechorias desvergonzadas, manipula, tiene columnistas paníaguados, es una estafa informativa, es una puñalada por la espalda a la opinión pública española, es insignificante, ha dejado de tener importancia en España, no lo lees y es igual, lo lees y es lo mismo; vocación manipuladora, periódico prescindible, ha cambiado de bando, medio absolutamente irrelevante, periódico decadente.
Además, el actor imputa a los demandados actos de competencia desleal por denigración como consecuencia de la difusión deliberada de noticias falsas de un medio de comunicación con el propósito de echarle del mercado, estimando como tales las siguientes afirmaciones: cerró el YA, está financiando la tregua de ETA, patrocina a la extrema derecha española para derribar al PP, o da pelotazos inmobiliarios para desviar las plusvalías a paraísos fiscales. Menciones a las que se añade en el acto de la vista la referencia efectuada por el Sr. Jiménez Losantos en la emisión del de 29 de mayo de 2006 a que el ABC (su director) tritura a las víctimas del terrorismo (transcripción aportada en el acto de la vista).
Por último, se consideran actos de competencia desleal en tanto inducción pública a que los consumidores de un determinado producto - el ABC- dejen de consumirlo, expresiones como las siguientes: si ustedes quieren dejar de suscribirse al ABC hoy es el día; tiene un número el ABC para darse de baja, es el 901 334.554; vamos a ver si te cerramos a ü; nosotros vamos a hacer esto que estamos haciendo que es convertir a la COPE en /a referencia de toda la gente que antes tenía como referencia al ABC.

SEGUNDO.- Los demandados oponen, en primer lugar, la imposibilidad de adoptar las medidas cautelares en la forma solicitada por el actor en los términos que constan en el suplico de la solicitud, por referirse a hechos pasados, alegación que ha quedado sin contenido, incluso con carácter previo a su formulación, al haberse aclarado y precisado en el acto de la vista la concreta tutela cautelar que interesa el demandante en los términos expuestos en el fundamento anterior
También se opone la falta de soporte documental de la petición cautelar en la medida en que el demandante no propuso como prueba la unión a la pieza de medidas cautelares de la documental acompañada a la demanda, por lo que la falta de sustento probatorio de los hechos sobre los que se asienta la solicitud impide la adopción de la medidas solicitadas.

Al margen de que la parte demandada en ningún momento ha negado la realidad de las afirmaciones que se imputan al Sr. Jiménez Losantos, lo que por sí solo permitiría enjuiciar la procedencia de la adopción de las medidas interesadas, lo cierto es que en el propio auto je admisión de la demanda de fecha 31 de mayo de 2006 por el que se ordena formar la pieza separada de medidas cautelares, se acuerda que la pieza se abra con copia de la demanda y de los documentos presentados, por lo que la documentación está incorporada, todo ello como consecuencia de la remisión que efectúa el propio demandante a la prueba documental de la demanda en el apartado 1 del escrito de solicitud. resolución que, además, es firme.

Por lo demás, los demandados niegan la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora procesal, por lo que interesan el rechazo de las medidas cautelares solicitadas.

TERCERO.- Precisados muy sucintamente los términos del debate. debe tenerse en cuenta que la adopción de cualquier medida cautelar exige la concurrencia de los tradicionales requisitos del periculum in mora o peligro por la mora procesal y del fumus boni iuris o apariencia de un buen derecho, enunciados en el artículo 728 de la LEC.

En cuanto al periculum in mora el apartado primero del artículo 728 de la LEC establece que "Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrán producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieran o dificultaren la efectividad de al tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria'.
En el supuesto enjuiciado debe tenerse en cuenta que las medidas solicitadas son anticipatorias de la ejecución y no propiamente conservativas, es decir, se trata con ellas, de provocar la satisfacción anticipada de la pretensión, sin tener que esperar a la sentencia definitiva, habilitando la pronta ejecución de lo que se resuelve previamente.
En estos casos el peligro de demora no es tanto el riesgo de que sobrevenga una circunstancia que impida la futura ejecución o la convierta en inútil, como sería predicable de las medidas puramente conservativas, sino de poner fin a un daño efectivo en el derecho protegido o, si se quiere, evitar el peligro de que ese daño aumente.
Desde luego, es indiscutible la concurrencia de este requisito en el supuesto de autos pues de no ado tarse las medidas solicitadas, de ser cierta la tesis de la actora, se prolongarían en el tiempo los actos de competencia desleal, consolidándose la situación de hecho impuesta por los demandados, aumentando el daño derivado de dicha actuación, con incremento de los efectos de la campaña de desprestigio que se imputa a los demandados Y la reducción del número de suscriptores del demandante.

CUARTO.- Corresponde ahora examinar el requisito de la apariencia de buen derecho que no es otra cosa que una cierta verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión o como dice el propio artículo 728 de la LEC, una justificación indiciaña y provisional favorable al fundamento de la pretensión del instante.
Como es obvio, el éxito de la pretensión del instante depende de la futura apreciación de los ilícitos concurrenciales que se imputan a los demandados y, concretamente, de los actos de denigración (artIculo 9 de la Ley de Competencia Desleal, en lo sucesivo LCD) y de los de inducción a la infracción contractual (artículo 14 de la LCD), bastando para dispensar ahora la tutela cautelar que se justifique indiciaríamente la concurrencia de dichos actos de competencia desleal, todo ello sin pejuicio de la sentencia que en su día se dicte una vez desarrollado el proceso.

Conviene indicar que el ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal viene delimitado por la necesidad de que los actos o comportamientos que se reputan desleales se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2 de la LCD) sin que sea necesario que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal, por así disponerlo expresamente el artículo 3 de la LCD, lo que se destaca incluso en la Exposición de Motivos de la Ley al afirmar que no es necesario que entre los sujetos agente y paciente del acto de competencia desleal medie una relación de competencia, desvinculando la persecución del acto de este tradicional requisito que sólo tiene acomodo en el seno de una concepción profesional y corporativa de la disciplina, abandonada por las orientaciones más avanzadas del Derecho comparado, en tanto que el Derecho de la competencia desleal deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, por esto es irrelevante que no exista una relación directa de competencia entre la COPE y el ABC e incluso que buena parte de los lectores del diario sean también oyentes de la COPE, porque lo relevante es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado )
No cabe duda, en principio. que los actos que se imputan a los demandados se realizan el mercado en tanto que tienen una manifiesta trascendencia externa desde el momento en que se efectúan desde un medio de comunicación y están dirigidos a los oyentes de un determinado programa de radio.

Tampoco parece discutible la finalidad concurrencial, entendiendo por tal, en expresión de la mejor doctrina, toda conducta que se encuentra dirigida a alterar la posición de los operadores en el mercado o a influir en la formación y desenvolvimiento de las relaciones económica parece discutible que las afirmaciones efectuadas por el Sr. Jiménez Losantos están orientadas a influir en la estructura de mercado oposición competitiva del diario ABC cuando en sus intervenciones de forma explícita llama a los lectores del diario ABC a dar de baja sus suscripciones como consecuencia de las informaciones y línea editorial del periódico o a que se sus lectores lo abandonen (por ejemplo en los programas de 6 y 26 de abril y 25 de mayo de 2006) y que la COPE se convierta en la referencia de toda la gente que antes tenía como referencia el ABC (por ejemplo, en las emisiones del día 13 de marzo de 2006).

QUINTO.- En cuanto a los actos de denigración. el artículo 9 de la LCD, considera desleal "... la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes... "
Siguiendo los criterios expuestos en la sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de enero de 2003, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La protección frente al acto de denigración en el ámbito concurrencial debe coordinarse con el superior interés representado por los derechos constitucionales a expresar y difundir libremente los pensamientos y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz (articulo 20 1.a y d de la Constitución; de ahí que la apreciación del ilícito denigratorio deba someterse a un canon de interpretación restrictiva en cuanto pueda colisionar con aquéllos o implicar un límite a su ejercicio. tal y como expresan las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1991 y 26 de febrero de 1992.

b) Por más que el tipo pueda contribuir a la protección de la reputación del agente económico no debe olvidarse que el bien jurídico protegido no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica.
Aquélla se protege en la medida que sea necesario para asegurar la racional formación de las preferencias y toma de decisiones de mercado por parte de los consumidores.

c) Caen fuera del ámbito del precepto los meros juicios de valor u opiniones (expresiones de un pensamiento que no resumen las valoraciones que merecen determinados hechos), amparados por la garantía constitucional de la libertad de expresión e inhábiles para soportar el control de veracidad (del que depende en todo caso la deslealtad de la conducta), a diferencia de aquellos. otros que están vinculados a datos o circunstancias de carácter fáctico. Estos últimos son los susceptibles del control de deslealtad como manifestaciones denigratorias y, en todo caso. los juicios de valor integrados por expresiones formalmente injuriosas en cualquier concepto e innecesarios para la labor informativa o formación de la opinión que se realice, en este sentido sentencia de la sección ga de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de diciembre de 2004 y de Madrid (sección 9) de 4 de marzo de 2002.
Destacar, además, como contempla la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia antes citada, que la infracción del derecho al honor de determinadas afirmaciones no excluye su examen desde la perspectiva del derecho de la competencia al integrar también actos de competencia desleal por denigración.

d) Por otro lado, el acto denigratorio comprende tanto la modalidad de manifestación de carácter informativo como aquellas otras de carácter evocativo, cuando se asocia la persona. prestaciones, actividad o establecimiento afectados a una determinada imagen o idea.

e) Es tolerado por la norma el menoscabo del crédito en el mercado si está amparado por la exceptio veritatis en términos de exactitud y veracidad, y además es pertinente (lo que se justifica por la tutela constitucional del derecho a la información veraz, y por las exigencias mismas de la competencia económica al ser presupuesto necesario para la racionalidad del comportamiento del consumidor en el mercado ).

f) El acto que ocasiona el descrédito en el mercado sólo es desleal si se sustenta en hechos que no son exactos y verdaderos. Exactitud entendida en el sentido de que la información difundida se corresponda con la realidad de las cosas, y veracidad, que implica que en todo caso provoque en sus destinatarios una representación fiel de la realidad de las cosas (no hay veracidad si a la vista de los términos empleados, del contexto de la comunicación y de las circunstancias que las rodean, son comprendidas de forma incorrecta por sus destinatarios ).

g) Es preciso, además, que sean pertinentes para que queden fuera del reproche de ilicitud. Esto es, que, en consideración a la naturaleza y características de las actividades, prestaciones, establecimientos promocionados y a las particularidades del círculo de destinatarios de las manifestaciones, sean adecuadas e idóneas para permitir la formación de sus preferencias y la adopción de decisiones conforme al principio de competencia por méritos (basada en la eficiencia de las propias prestaciones propias).
En sentido contrario, no son pertinentes si se refieren a extremos que no son relevantes para la toma de decisiones en el mercado, tampoco si no están justificadas o son desproporcionadas.

Precisado lo anterior, resulta imprescindible recordar, en la medida necesaria para fundamentar esta resolución en sede cautelar, la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la libertad de expresión y el derecho de información.
Así, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 2005 señala que, "Como es sabido, nuestra Jurisprudencia viene distinguiendo desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de' expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación. que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término "información, en el texto del arto 20.1 d) CE, el adjetivo "veraz" (STC 4/1996, de 19 de febrero). Sin embargo, hemos admitido que en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos".

Por otra parte la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2005 reitera que "... desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido que, si bien I'el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos (art. 20.1 a) CE) dispone de un campo de acción que viene s610 delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, Y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6), no es menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto",

De las expresiones que se imputan al Sr. Jiménez Losantos y que no se niegan proferidas, algunas podrían considerarse manifiestamente vejatorias hasta constituir simples insultos no amparados por la libertad de expresión y en principio aptas para menoscabar el crédito de los demandantes en el mercado, por referencia a sus informaciones aptitud de su director, periodistas o al propio diario y, en consecuencia, debe apreciarse el requisito de la apariencia de buen derecho respecto de la comisión de actos de competencia desleal en tanto actos de denigración por la utilización sistemática, desde principios de este año, de expresiones tales como las siguientes: incompetente, lamentable, irresponsable, traidor, infecto, repugnante, falso, calumniador, basura, abyecto, ridículo, siniestro, falsarios, fariseo, vil, zote, avieso, criminal, es una banda, comete fecharías desvergonzadas, manipula, tiene columnistas paniaguados, es una estafa informativa, es una puñalada por la espalda a la opinión pública española, vocación manipuladora.

En todo caso, tales expresiones podrían considerarse innecesarias para la manifestación de las opiniones que desee exponer el Sr. Jiménez Losantos con relación a los demandantes, recordando conforme a la doctrina constitucional que la libertad de expresión no comprende el derecho a insultar porque ni éste es un derecho ni aquélla sería una libertad.

Por el contrario, en principio, podrían estar amparados por la libertad de expresión algunos de los adjetivos o frases que se imputan al demandado tales como mentiroso, periódico inane. sin influencia, no pinta nada, es igual lo que diga, informativamente no existe, editoria/mente una nulidad, de pena, de vergüenza ajena, el ABC miente descaradamente, es insignificante, ha dejado de tener importancia en España, no lo lees y es igual, lo lees y es lo mismo; periódico prescindible, ha cambiado de bando, medio absolutamente Irrelevante, periódico decadente, por tratarse de expresiones que reflejan meras opiniones de quien las profiere y no son en sí mismas claramente injuriosas o vejatorias y sin que puedan privarse a ninguna persona y menos a un periodista o una cadena de radio a ejercer su derecho de crítica en términos constitucionalmente legítimos, entre los que puede incluirse llamar a una persona o medio mentiroso si miente y tal circunstancia no puede examinarse con carácter previo. general. abstracto y de futuro, sin relación a un hecho o noticia determinada como pretenden en sede cautelar los demandantes y sin que pueda establecerse un régimen de mordaza o censura previa prohibido por el artículo 20.2 de la Constitución.

SEXTO.- Deben enjuiciarse desde la óptica del derecho de información las afirmaciones sobre los hechos relativos a que la parte actora cerró el YA está financiando la tregua de ETA, patropína a la extrema derecha española para derribar al PP} da pelotazos inmobiliarios para desviar las plusvaJías a paraísos fiscales o que te ocupas en triturarlas (a las víctimas del terrorismo).
Las aseveraciones transcritas, indiciariamente. por su propio contenido (cierre de otro periódico como premonición de la suerte del ABC; financiación de la tregua de ETA, con la que pueden discrepar gran parte de los lectores del diario; derribo del PP, al que son afines gran parte de esos lectores como es un hecho notorio; y la imputación de graves infracciones fiscales, o triturar a las víctimas del terrorismo, pueden constituir actos de denigración en tanto que aptas para menoscabar el crédito del diario ABC frente a sus lectores y el público en general. sin que se haya acreditado la exactitud y veracidad de las mismas, por lo que también ha de admitirse en este caso la apariencia de buen derecho.

SÉPTIMO.- Por último, las repetidas llamadas que se efectúan por el Sr. Jiménez Losantos para que los suscriptores de ABC se den de baja. facilitando incluso un número telefónico para que de forma inmediata llamen y hagan efectiva la baja, aparentemente integran un acto de competencia desleal en tanto inducción a la infracción contractual con relación a los contratos celebrados por los suscriptores con el diario ABC, por lo que de igual forma debe admitirse la apariencia de buen derecho respecto de los actos de competencia desleal por infracción contractual, con exclusión de la expresión nosotros vamos a hacer esto que estamos haciendo que es convertir a la COPE en la referencia de toda la gente que antes tenía como referencia al ABC, al expresarse un deseo lícito y ajeno al ilícito concurrencial denunciado.

OCTAVO.- Concurriendo los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar, en los términos indicados, procede acordar la específicamente señalada en el artículo 727.7º de la LEC, ordenando a los demandados que se abstengan provisionalmente de utilizar con relación a los demandantes y sus empleados expresiones tales como: incompetente, lamentable, irresponsable, traidor. infecto, repugnante, falso, calumniador, basura, abyecto, ridículo, siniestro, falsarios, fariseo, vil, zote, avieso, criminal; es una banda, comete fecharías desvergonzadas, manipula, tiene columnistas paniaguados, es una estafa informatival es una puñalada por la espalda a la opinión pública española, vocación manipuladora. Cerró el YA, está financiando la tregua de ETA, patrocina a la extrema derecha española para derribar al PP, da pelotazos inmobiliarios para desviar las plusvalías a paraísos fiscales o que te ocupas en triturarlas (a las víctimas del terrorismo). Sí ustedes quieren dejar de suscribirse al ABC hoy es el día; tiene un número el ABC para darse de baja, es el 901 334554; vamos a ver si te cerramos a ti.

NOVENO.- Siendo procedente la adopción de la medida cautelar en los términos indicados, debe fijarse la caución exigible al instante para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, atendiendo para ello al contenido y naturaleza de la pretensión y a la valoración que se realice sobre el fundamento de la solicitud de la medida, según establece el artículo 728.3 de la LEC. fijando prudencialmente la misma en 3.000 euros, en atención a las circunstancias señaladas y al hecho de que ninguna alegación ha realizado la parte demandada respecto del importe ofrecido por la demandante.

DÉCIMO.- De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima en parte la solicitud de medidas cautelares formulada por el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril en nombre y representación de las mercantiles "VOCENTO, S.A." y "DIARIO ABC, S.L." contra DON FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS y la entidad "RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES" (COPE) representados por el Procurador don Manuel Lanchares Larre, ordenando a los demandados a que se abstengan provisionalmente de utilizar en el programa radiofónico "LA MAÑANA DE LA COPE", con relación a los demandantes o su empleados, los términos y expresiones reseñados en el octavo fundamento de derecho de esta resolución. desestimando en lo demás la solicitud, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

La medida cautelar ordenada se ejecutará una vez el solicitante preste caución por importe de 3.000 € (TRES MIL EUROS). en cualquiera de las formas previstas en el artículo 529.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de tres días.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN, ante la Audiencia Provincial de Madrid (articulo 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito presentado ante este Juzgado en el plazo de CINCO OlAS, a partir de su notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad d's recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan (artículo 457 LEC).

Así, por ete Auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe

EL MAGISTRADO JUEZ


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