(Periodista Digital / EFE)-. Hace unos meses, la querella de Pedrojota contra un diputado de ERC por bañarse en piscina de Son Servera fue archivada por el tribunal. El director de El Mundo, que se erige como defensor de la verdad y la justicia ha recurrido esta decisión. A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y la legalidad vigente se oponen a la idea de justicia de Pedrojota. De hecho, Puig ya ha anunciado que este verano repetirá la excursión a la alberca porque “invadiendo suelo público e infringiendo la Ley de Costas”.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella que presentó en agosto de 2005 el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, contra el diputado de ERC en el Congreso Joan Puig por los presuntos delitos de coacciones o de usurpación tras irrumpir en la piscina de su vivienda de veraneo en Mallorca.
Así lo acuerda la Sala de lo Penal en un auto, notificado este viernes, que declara su competencia para la instrucción de la causa únicamente contra el aforado. Las acusaciones contra otras personas no aforadas que también figuran en la querella seguirán siendo investigadas por el juzgado número 4 de Manacor.
El auto señala que
Los hechos expuestos en la querella revisten, en principio y sin perjuicio de la investigación que se realice, caracteres de hecho delictivo.
El 13 de agosto de 2005 un grupo de personas, entre las que se encontraban Puig y el presidente de ERC en las islas Baleares, Joan Lladó, irrumpieron en la zona de la piscina y mantuvieron un enfrentamiento con los escoltas de Ramírez.
Por ello, el 19 de agosto el director de El Mundo presentó una querella contra Puig y otras nueve personas por allanamiento de morada, coacciones, manifestación ilegal, lesiones y amenazas y contra el delegado del Gobierno de Islles Balears, Ramón Socias, por un presunto delito de denegación de auxilio.
EN UN ESPACIO PÚBLICO
El auto del TS recuerda que el fiscal solicitó que no asumiera de momento la querella al encontrarse abiertas diligencias previas por el juzgado de instrucción número 4 de Manacor y estimar que debía esperarse «al progreso y conclusión de tal procedimiento penal».
Por su parte, Joan Puig explicó cuando ocurrieron los hechos que lo que hicieron fue «pasar por un sitio público, no privado».
La piscina de la finca, ubicada en Costa de los Pinos, en el municipio mallorquín de Son Servera, está declarada de uso público desde 2001 por encontrarse en una zona de dominio público marítimo-terrestre.
Ese uso público, sin embargo, está suspendido temporalmente desde mayo del año pasado, fecha en la que el Ministerio de Medio Ambiente dio a Ramírez un plazo de tres meses para que presentara un plan de medidas que garantice la seguridad de quienes accedan a la piscina.
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