(PD / Agencias).- Una Comisión Codificadora del Pacto por la Justicia constituida en Panamá para reformar el Código Penal ha propuesto crear un nuevo delito que se aplicaría exclusivamente a los periodistas, para los que también establece penas de arresto de fines de semana y un aumento de las condenas de prisión para los delitos de calumnia e injuria.
Según una información del periodista José Somarraba Hernández publicada en la prensa.com, se trata del artículo 214 de dicha propuesta, que establece que quien publique, difunda o reproduzca ofensas inferidas a otros, será condenado a prisión por calumnia e injuria, en el caso –entre otros supuestos– de que el juez determine que hubo omisión en la verificación de la «noticia».
Con esto, el periodista debe verificar todo lo que dicen las personas que entrevista.
Además, el juez tiene facultad para restringir la labor periodística debido a que podrán determinar cuándo una noticia no se verificó en lo «mínimamente exigible».
Luis Polo Roa, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, ha manifestado que las propuestas son «un atentado contra la libertad de expresión», y agregó que le solicitará al presidente Torrijos que se reúna con representantes de las asociaciones de periodistas para explicarle lo nocivo que sería para el país que esta parte del documento llegue a ser ley de la República.
La reforma penal favorece la corrupción
Las propuestas de reformas al Código Penal que aumentan las penas de prisión por los delitos de calumnia e injuria, presentada por la comisión codificadora, hará que Panamá sea un «santuario para los corruptos» al castigar a las personas que denuncian actos de corrupción y a periodistas que difundan noticias sobre estos hechos irregulares, según un análisis efectuado por las asociaciones profesionales de la comunicación social.
Se propone incrementar las penas de prisión por los delitos de calumnia, de año y medio a dos años, en el código vigente, a penas de dos a tres años en el borrador del anteproyecto.
Mientras que la pena de cárcel por injuria aumenta de un año a año y medio, en el código vigente, a sanciones de uno a dos años en la propuesta de ley.
Dicho documento arrincona a toda persona que quiera denunciar la corrupción, porque si no aporta las pruebas de sus señalamientos sería condenado por calumnia e injuria, según el contenido del artículo 215 del borrador de anteproyecto.
Polo Roa ha indicado que esta situación es un atentado contra los periodistas y protege a los corruptos, porque es muy difícil recabar pruebas para sustentar una denuncia de corrupción. El llamado a presentar las pruebas es el Ministerio Público no la ciudadanía ni los periodistas, anotó.
Sostuvo que actualmente los casos de corrupción que llegan al Ministerio Público casi siempre comienzan con denuncias publicadas en los medios de comunicación. De aprobarse el borrador, nadie se atreverá a denunciar actos de corrupción porque irá preso, anotó.
Los miembros de la comisión que hicieron la propuesta son el magistrado Wilfredo Sáenz; José Ceballos; Silvio Guerra Morales; Jerónimo Mejía; la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes de Grimaldo; Ana Belfon; Jerry Wilson; Wigberto Quintero; Jorge Giannareas; José Acevedo y Carlos Muñoz Pope.
