(PD / Agencias).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que la legislación civil, y no la penal, es la que debe entender en casos de difamación, y así se lo ha hecho constar en un escrito al presidente Oscar Arias, en el que se le solicita que utilice la autoridad de su cargo para reformar «las arcaicas leyes de difamación en Costa Rica».
A juicio del CPJ, esas leyes son incompatibles con las normas internacionales en materia de libertad de expresión y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«A pesar de frecuentes peticiones de reforma por parte grupos de libertad de expresión costarricenses e internacionales, las antiguas leyes de prensa siguen vigentes. Lo instamos a promover un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que garantice la eliminación del delito de difamación»
señala el escrito.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional así como un proyecto de ley presentado recientemente en la Asamblea que limitaría seriamente el trabajo de la prensa, han puesto de manifiesto la necesidad de esta reforma, ya que ambos hechos contradicen la rica tradición democrática de Costa Rica, añade el CPJ.
El 3 de mayo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la vigencia de una ley de prensa centenaria que convierte a la calumnia y a la injuria en un delito penal. El artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902 impone una pena de prisión de hasta 120 días por el delito de difamación en la prensa escrita.
Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de prensa. A finales de abril, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una ley que elimina definitivamente la injuria y la calumnia del Código Penal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil.
En otro frente, la Asamblea Legislativa costarricense examinará un proyecto legislativo propuesto por dos miembros de la cámara a finales de mayo. La iniciativa, presentada por los parlamentarios Alberto Salom y Federico Tinoco, es un intento de regular el periodismo mediante el establecimiento de estrictos controles y órganos reguladores del ejercicio de la profesión. Asimismo, la propuesta restringe el derecho a la información al introducir la noción de «información veraz».
El CPJ considera que este aspecto en concreto del proyecto de ley podría ser utilizado para procesar penalmente a periodistas acusados de publicar información «no veraz».
En el caso Mauricio Herrera, la Corte Interamericana estableció que el requisito de demostrar la veracidad de las alegaciones contenidas en los artículos publicados por el periodista no es razonable y acarrea un:
«Efecto disuasivo, amedrentador e inhibidor sobre todos aquellos que ejercen la profesión periodística e impide, por tanto, el debate público sobre asuntos que interesan a la sociedad».
Tras el asesinato del periodista costarricense Parmenio Medina en julio de 2001, se estableció una comisión parlamentaria creada al fin de revisar las leyes de prensa. A pesar de que la comisión efectuó propuestas concretas para la modificación de las anacrónicas leyes de prensa en vigor, la Asamblea Legislativa no tomó ninguna decisión al respecto.
El CPJ cree que ambas medidas limitan seriamente la libertad de prensa en su país. Por ello, le instamos a usar las facultades de su cargo para poner fin al estancamiento de la cuestión en la asamblea promoviendo un proyecto de ley que elimine las sanciones penales por difamación y que permita adecuar la legislación de Costa Rica a las normas internacionales en materia de libertad de expresión.
