De periodistas, clipping, libertad y leyes de Propiedad Intelectual

(PD/Agencias).- Tras un debate en el Senado en el que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se enfrentaba a 80 enmiendas, todas han sido desestimadas y el derecho al press clipping se salva. En Moncloa respiran tranquilos porque acaban de firmar un contrato de 360.000 euros para que una empresa realice un resumen del seguimiento en los medios de comunicación.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, ha manifestado en una nota de prensa difundida este viernes que es inaceptable que se permita la reproducción comercial no autorizada de los contenidos de los periódicos.

La nota señala:

«Las empresas de «press clipping» no pueden seguir haciendo negocios sin la autorización de los editores; no pueden seguir lucrándose con la reproducción no consentida de unas páginas que no son de su propiedad. Es preciso que la Ley prohíba la piratería comercial de los diarios».

Para la AEDE, la Ley debe defender los derechos de la propiedad intelectual de los editores de los periódicos de la misma manera que lo hacen con los derechos de los editores de libros o de los productores cinematográficos o musicales.

Las empresas de press clipping, englobadas en Aesip (Asociación de Empresas de Seguimiento de Información y Publicidad) aseguran que su labor está amparada por el actual artículo 32 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, que establece como plenamente lícita la recopilación de información en forma de reseñas o revistas de prensa.

Su portavoz, Vicente Dalda, aseguró ayer que, aunque su deseo es que «las cosas sigan como estaban», aceptarían negociar el pago de una remuneración por derechos de autor. Pero «nos negamos a tener que pedir autorización a los editores».

También la plataforma TodosContraelCanon, compuesta por 17 organizaciones que defienden los derechos de ciudadanos, profesionales, empresas, consumidores y sindicatos, se manifesta en contra de la reformada LPI.

Según anunció, el próximo miércoles 3 de mayo, entregarán al Senado más de 43.500 firmas:

«Recogidas en defensa de la Sociedad de la Información y contra nuevos posibles cánones que lastren su desarrollo».

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