El Gobernador de Puebla, en México, citado por acoso a una periodista

Juan C. Osta (Periodista Digital).- La fiscalía de México ha citado a declarar al gobernador del estado central de Puebla, Mario Marín, acusado de encabezar un complot contra la periodista Lydia Cacho para encarcelarla, asunto por el que la Corte Suprema de Justicia ha iniciado también una investigación.

La fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas informó el viernes en un comunicado de que, además del gobernador Mario Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha citado a declarar a la procuradora de Justicia del estado Blanca Laura Villeda y a la juez local Rosa Celia Pérez, según informa Periodistas-es.org.

La periodista Lydia Cacho, cuyo caso atrajo la atención internacional cuando la detuvieron en diciembre en Cancún y la trasladaron a través de 1.700 kilómetros hasta una prisión de Puebla, presentó una denuncia contra el gobernador y otros funcionarios por abuso de poder, intento de violación y tráfico de influencia.

Cacho, quien escribió un libro sobre redes de pedofilia y pornografía infantil en 2005, fue acusada de difamación por un empresario textil que es mencionado en el texto.

El gobernador Marín fue implicado en la detención de la periodista después de que varios medios de comunicación reprodujeran conversaciones telefónicas suyas con el empresario textil Kamel Nacif, en las que abordan una presunta intriga para encarcelar a Cacho en venganza.

En diciembre, agentes policiales de Puebla fueron a la residencia de Cacho en el balneario caribeño de Cancún y la arrestaron por acusaciones de difamación presentadas por Nacif. La orden de detención fue librada por la juez Pérez.
La periodista fue dejada en libertad posteriormente tras pagar una fianza, aunque aún enfrenta el proceso.

En paralelo a la investigación de la fiscalía especial, que depende de la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte acordó esta semana investigar el presunto complot, tras considerar que hay elementos de violaciones graves a las garantías individuales.

A diferencia de la investigación de la fiscalía, la de la Corte no tendrá efectos coercitivos, sino sólo de recomendación.

Esta es la tercera ocasión en la historia que la Corte ejerce esa facultad y la primera en un caso de violaciones a las garantías de una persona en lo individual.
En las dos ocasiones anteriores el tribunal investigó dos masacres: una de varios militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado central de Guanajuato en 1946 y otra de 17 campesinos en el estado sureño de Guerrero en 1995 conocido como la matanza de «Aguas Blancas».

Marín tiene previsto acudir a declarar el 27 de abril, la procuradora el 28 del mismo mes y la juez el 4 de mayo.

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