Piensa el dictador venezolano Hugo Chávez que el mero hecho de que en su país se celebren unas elecciones cada cierto tiempo supone que en Venezuela está establecido un sistema democrático con todas las de la ley. Y es que una democracia liberal se caracteriza, fundamentalmente, no sólo por escoger representantes en el Parlamento o en el Gobierno periódicamente, sino por vetar ciertas conductas y ciertos excesos; o dicho de otra forma, limitar el poder que éstos ejercen sobre los individuos. Se establece así una balanza en el que el contrapeso de dicho poder no interfiera en las libertades individuales; y no digamos si nos referimos a una cuestión primordial como son los Derechos Humanos.
Bajo esa denominación de “democracia” se parapetan dictaduras al más puro estilo bananero, que lo único que consiguen es esconder bajo sus faldas verdaderos regímenes dictatoriales. La última de Chávez ha sido acelerar un claro proceso hacia la voladura controlada de la sociedad civil venezolana a través de maniobras de nacionalización empresarial, como pretende su homólogo boliviano, Evo Morales. Todo ello con el catalizador de la supresión de ciertos medios de comunicación.
Otro escenario preocupante sigue siendo Cuba; nos encontramos en fechas de la celebración del 105 aniversario de su independencia, motivo de felicitación, como así lo hiciera George Bush, no sin dejar de desear para la Isla un futuro de dignidad, derechos humanos, libertad y oportunidades.
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El próximo 27 de mayo, Tony Blair pondrá un punto y a parte a su dilatada vida política, pero a buen seguro que esta circunstancia no supondrá un punto de inflexión en relación a las políticas que seguirán los británicos durante los próximos años. A pesar de los numerosos desaciertos que Blair haya podido cometer durante su mandato, lo cierto es que han sido muchos más los réditos obtenidos por ese país y por el conjunto del continente europeo de rebote.
Es digno de elogio que Blair, socialista convencido, decidiera, desde el mismo momento de su llegada a Downing Street, defender a ultranza el desarrollo de una izquierda moderna, y es indudable que para ello no podía prescindir del legado de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, preludio de un liberalismo conservador que ha extendido sus raíces por varios países, entre los cuales estuvo la España presidida por José María Aznar (1996-2004).
Solamente dilapidando el intervencionismo del Estado sobre los asuntos económicos es alcanzable un bienestar social pleno, papel que han de asumir ineludiblemente los ciudadanos desde la sociedad civil en todas sus expresiones.
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La fotografía del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el paso de la bandera de los Estados Unidos durante el transcurso del último desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre en Madrid, día de la Hispanidad, fue bien distinta a la de aquélla en la cual, en un gesto de desprecio sin precedentes, permaneció sentado, como inmovilizado, en la tribuna de autoridades, mostrando de esta forma su antiamericanismo más rancio y casposo, al estilo caribeño de Evo Morales, Hugo Chávez o Fidel Castro.
En esta ocasión, el mantenerse levantado, al tiempo que ausente (bien es cierto que sin atreverse a mirarla fijamente en ningún momento), no sólo respondía a un estéril intento de subsanar el desencuentro diplomático ocasionado hace años; ahora hemos sabido los españoles que la pretensión del Ejecutivo nacional-socialista de Zapatero no es otro que el de dar un golpe de timón a su errática política exterior, por lo menos en relación al Centro y al Sur de América.
El descrédito internacional generado por el Gobierno español desde la marcha de José María Aznar y del Partido Popular ha estado motivado, principalmente, por un exagerado sentimiento “anti-yanki” propugnado a los cuatro vientos por los socialistas tras su llegada al poder gracias a los atentados del 11-M en Madrid, los cuales se niegan a esclarecer, vetando cualquier tipo de iniciativa parlamentaria al respecto.
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A finales de agosto pasado, la senadora Dilian Francisca Toro, presidenta del Senado de Colombia, se declaró partidaria de permitirle a Raúl Reyes, el actual dirigente de las Farc, "acudir a hablar de paz" en el Capitolio nacional, pues ello constituiría, según ella, “la apertura al acuerdo humanitario y a la paz”. Para Dilian Francisca Toro tal “conversación” con Raúl Reyes podría incluso ayudar a la “reconciliación definitiva” en Colombia.
Sin hacerse rogar, el jefe insurgente respondió a través de una revista bogotana que estaba dispuesto a acoger esa brillante iniciativa. A velocidades asombrosas, y a espaldas del país, Dilian Francisca Toro redobló sus esfuerzos para que tal encuentro fuera rápidamente un hecho.
Antes de que la opinión pública y los legisladores tuvieran tiempo para discutir sobre la conveniencia y la legitimidad de semejante encuentro, los medios anunciaron que éste estaba a punto de cristalizar: la Comisión de Paz y el grupo Acuerdo Humanitario del Senado se había reunido para discutir --no si era razonable invitar a ese individuo al Congreso--, sino acerca de las “medidas de seguridad” que deberían ser tomadas para proteger la vida y la libertad del citado personaje durante su eventual incursión en la capital del país.
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En un artículo titulado: La paradójica narcoguerra de Bolivia, escrito por Ronald Fraser del DKT Liberty Project, una organización de derecho civil basada en Washington; el autor propone, entregar $11.200 dólares anuales a cada granjero boliviano, por hectárea de coca que deje de plantar. La brillante idea hará que todos nos mudemos al trópico y nos dediquemos al cultivo de la sagradísima hoja, porque es el mejor negocio que alguien haya ofrecido jamás. Con apenas diez hectáreas que no cultivemos cada uno, superaremos el ingreso per cápita de los norteamericanos, los suizos y los escandinavos. Podemos amenazar al gobierno estadounidense con incrementar las cantidades que no se sembrarán y multiplicar nuestras ganancias sin hacer absolutamente nada.
Esa genialidad ya fue formulada por un senador estadounidense en la década de los 90, pero en vez de $11.200, regalaron $2.500 dólares por hectárea. El resultado final era predecible. Los agricultores tomaron el dinero y siguieron plantando.
No conocer con certeza la idiosincrasia de los pueblos, es motivo de grandes confusiones y errores. La propuesta del autor, que se especializa en política nacional de los Estados Unidos, tal vez podría ser aplicada en Norteamérica. No se lo puede culpar de desconocer la mentalidad del campesino boliviano, ni la geografía del lugar, tal vez jamás estuvo en Bolivia y nadie puede ser experto en asuntos internos de todos los países. Justamente por eso, debería analizar el tema más cuidadosamente.
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Sancho Michell de Diego
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21.05.07 @ 17:06:26. Archivado en Política española, Liberalismo, Iberoamérica, Estados Unidos, Cuba, Francia, Venezuela, Reino Unido, Italia, Alemania, Bolivia
