La ley nº V del código de Hammurabi (Siglo XVIII a. de C.) establecía: “Si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea, le echarán de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso.” El asunto no ha cambiado en los últimos 39 siglos pues el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo siguiente: “Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.” Así que llevamos treinta y nueve siglos recordándole a los jueces que una vez fallado un asunto no cabe rectificar la sentencia si no es mediante el sistema de recursos, y que hacerlo supone prevaricar por cuanto se dicta una resolución injusta, lo que da lugar a que ese juez sea expulsado del sistema.
Pues al tribunal llamado supremo todo eso le da igual. Instalados en la arbitrariedad irresponsable, como puede el lector imaginar, un artículo de una ley, por muy alta que sea, no les va a impedir hacer lo que les venga en gana. Aunque lo dijera la mismísima Constitución – que lo dice -, pues ellos se sienten por encima de todas las leyes menos de las que rigen la naturaleza, porque esas no se dejan manipular.
Llevan más de un año en prisión los golpistas catalanes por haber derogado de facto la Constitución española pero nadie parece recordar que la primera institución que decidió y puso por escrito que iba a actuar como si la Constitución no existiera fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 63/2005 y el supremo contestó que no la pensaban acatar ni cumplir y que, por el camino, se iban a llevar por delante la jerarquía normativa dando preeminencia a una ley ordinaria – Código civil – sobre una orgánica -LOPJ -, y como lo pensaron lo hicieron y ahí siguen, encastillados en su autosuficiencia y en una suerte de chiringuito legislativo que se montaron en forma de acuerdos de pleno no jurisdiccional a través de los cuales andan legislando a su antojo. Franco hacía lo mismo y, piensan ellos, “nos” no vamos a ser menos. Y así pasa lo que pasa en todos los sentidos del términos, pues parece ser que en el fondo lo que ocurre es que un reglamento excedió lo que autorizaba la ley y los llamados a hacerlo no reaccionaron a tiempo; ahora los magistrados han declarado nulo el artículo de tal reglamento y ante el revuelo se ha convocado un pleno para no sabemos qué.
El señor Lesmes, presidente del supremo que han amañado a su imagen y semejanza, ha tomado cartas en el asunto y ha empezado a pastelear en un sentido que aún no conocemos porque se pospone al 5 de noviembre la decisión. Por lo visto parten del hecho de que la sentencia es firme, lo que hace menos explicable ese pleno convocado: siendo firme la sentencia nada cabe hacer si no es, como al burro muerto, echarle cebada al rabo. ¿Mantendrán la sentencia que tanto ha irritado a los bancos? ¿La revocarán, incurriendo así en la más grave falta en que puede incurrir un juez? ¿Ocurrirá lo mismo que con la doctrina Parot, cuando los colegas de la sala segunda se invistieron de salvapatrias y obraron a base de pisotear los más sagrados principios del Derecho?
Pues así está la cosa justiciera en este momento. Han sembrado el desconcierto general – consecuencia: más de 5000 millones de euros en pérdidas bursátiles – y tienen a la ciudadanía que no sabe si dejar de pagar la hipoteca o reclamarle los impuestos a la ministra de justicia hasta que se aclare el lío que han formado.
Compadecía el Talmud a la generación que tenía que juzgar a sus jueces pero nada nos dijo sobre cómo se libra una generación de sus jueces cuando en vez de resolver problemas los crean.
