La desinencia -izar, con la que matizamos verbos los españoles, han querido los indepes que adopte un significado peyorativo. Probablemente porque les recuerda el término «demonizar» y algún otro como «exorcizar» o «españolizar», que huelen a azufre de muy mala manera, y eso si no le entran de golpe las siete cosas.
No debemos dejarnos reconducir al respecto. Que maltraten ellos el catalán como tengan por conveniente pero que nos dejen en paz con nuestras desinencias porque la cosa toma otro tinte cuando hablamos de «medicalizar» una ambulancia: eso nos parece bien pues hace que el vehículo pase de mero transporte a tratamiento inmediato. Volvemos a las andadas con «hospitalizar», que está bien pero no nos sugiere episodios agradables. Como ven, la cosa tiende a adoptar un tinte regular, si no definitivamente siniestro, y en eso vieron los insidiosos que bastaba con añadir -izar a un verbo para que sonara sospechoso, y ahí dieron con el término «judicializar», que no debería tener otro significado que someter un asunto a la consideración de los jueces pero no, porque para ellos significa abandonar todo intento de hacer política en beneficio del dictar sentencias. Sacralizan el diálogo y la democracia a la vez que tiranizan la razón: ¿Hotamos abolir el código penal? ¿Enviamos negociadores a los próximos que se planteen echar abajo la Sagrada Familia?
A nadie se le ocurre que al homicida no lo judicialicemos en el sentido de ponerlo en manos de jueces y tribunales. Tampoco los violadores se libran del palabro y la delincuencia en general tiene tendencia a acabar bajo sus dominios. Lo que ocurre es que entre los indepes y nosotros hay un desacuerdo básico sobre qué cosa sea un delincuente. Pues es fácil: Puigdemont, Junqueras, Sánchez, Cuixart y Forcadell son unos delincuentes a los que hay que juzgar; sin embargo, Torra y sus actuales secuaces se encuentran sólo a un paso muy corto para llegar a serlo de pleno derecho y merecer por ello su judicialización, es decir, que los detenga la policía y los lleve delante de un juez.
Andan diciendo que si la fiscalía insiste en calificar de rebelión lo que hicieron «habrá consecuencias», y no dejo yo de preguntarme ¿qué consecuencias serán esas? ¿Suficientes como para que se reactive automáticamente el 155 CE? Y una vez activado, ¿suficientes como para que ellos formen una guerra al estilo balkánico, con bombardeos tipo Sarajevo, con matanzas a lo Srebreniça? ¿Tomarán Madrid y fusilarán a Sánchez para sacarse la espina de Companys?
Es hora de ponerlos en su sitio en términos estrictamente verbales. ¿Que habrá consecuencias? Pues peores serán las que recaigan sobre ellos: más cárcel, más judicialización, más sentencias… y vuelta a empezar, pero ellos, se lo crean o no, cada vez serán menos. Más empecinados pero menos, porque la situación real de Cataluña, la escisión social, la sangría de empresas – dos al día en lo que va de año -, la subida del paro, la bajada de ingresos por turismo y hostelería, eso no hay de momento quien lo pare. Y encima el asunto ha pasado del parlamento autónoma, donde no pueden hacer lo que quieren, a un teatro donde sí pueden dar los espectáculos que quieran.
Y mientras tanto el desjudicializador de la Moncloa de gira en gira. Y su ministra de sanidad soltando por la televisión la misma sarta de mentiras que ya nos soltó Cifuentes sobre lo contenta que estaba de que el asunto lo investigara la fiscalía. Ya sabemos que se matriculó tres meses tarde cuando algunas de las asignaturas habían terminado, lo que no impidió que sacara una nota media superior al 8. ¿Tendrá que salir un vídeo de la ministra chorizando en un Carrefour para que se vaya? Eso es lo único que nos falta para completar la imagen de un país que está pidiendo a gritos que nos convoquen a las urnas para decidir de una vez qué forma de suicidio preferimos.
