Una posible jugada maestra

La deplorable justicia penal española presenta caracterizadasd inercias de la dictadura, una de las cuales consiste en el convencimiento de que un sistema penal se legitima por el número de condenas que impone y no por el respeto a los derechos fundamentales que ejerce. Y ahora esa justicia se enfrenta a la decisión alemana de sólo conceder la extradición por malversación para el patético líder del golpe de estado huido de la justicia.

No serán capaces de entender, ni los jueces ni el estúpido Sánchez, que a España lo que le conviene es que Puigdemont regrese esposado y sea luego condenado y preso, y eso ya lo tenemos. Su imagen se difumina conforme pasan los meses y no condenarlo por rebelión es una minucia dadas las penas que le pueden imponer por malversación: de 4 a 8 años que, al rebasar el montante la cifra de los 250.000 €, puede llegar hasta la pena superior en grado, es decir, a una pena de prisión que va desde 8 años y 1 día hasta doce – más una larga inhabilitación -, si bien debería imponerse en su mitad inferior (8 años y 1 día hasta 10 años) si no concurre ninguna agravante. En tal situación yo aceptaría la extradición ofrecida por Alemania para: impedir que escape a Bélgica, donde se volverá a sentir seguro; asegurarme la imagen de Puigdemont esposado y escoltado por policías españoles camino de prisión y, por último, introducir la cuña que acabe de romper la unidad secesionista.

En apenas unos meses se verán ante el TS todos los hoy presos, más Puigdemont si se acepta su extradición, y todos aquellos para los que las distintas fiscalías europeas han solicitado la entrega, como es el caso de Ponsatí. A los ya presos o en libertad provisional se les juzgará por todos los delitos imputados pero Puigdemont aparecerá ante el mundo y, sobre todo, ante los suyos, como el canalla que embarcó a la tropa en una aventura sin futuro pero poniéndose a salvo de peores penas precisamente por su espantada, lo que dará lugar a un agravio secular de ERC hacia esa amalgama infecta de PEDeCAT y JPCat heredera de la más corrupta institución política que nos ha tocado padecer: la Convergencia de Pujol, Mas, el propio Puigdemont y ahora Torra. A los que se quedaron le caerán penas aplastantes mientras Puigdemont, inhabilitado y encarcelado para una década o más, aparecerá como se merece: como el traidor a todos beneficiado por la fuga. Y se acabará el frente indepe entre reproches y lamentos.

Torra y los suyos siguen, como el iluso Boris Grushenko de Woody Allen, enamorados de la idea de que al final todo quedará en nada porque, una vez seducido Sánchez, éste ordenará a la Fiscalía General que retire ciertas acusaciones y que, en definitiva, pastelee para asegurarse el desdén catalán a cambio de erigirse en pacificador de las Españas. No incurrirá la Fiscalía en esa infamia y en ningún caso lo consentirán las acusaciones populares, de modo que el futuro de amnistías y absoluciones o, peor, de dejación de funciones del Estado, no se va a producir. Serán juzgados y condenados por hechos gravísimos que aparecen plenamente acreditados en autos, y de nada le valdrá alegar que ellos sólo se sentían vinculados por el supuesto referéndum de urnas prellenas y resultados “refinados”. La delincuencia por convicción tiene muy mala prensa entre el Derecho Penal, que se las ve con yihadistas que asesinan, antiabortistas que matan personal de las clínicas autorizadas y algunos otros deseperados que se creen por encima de la ley.

Y procede recordar que a Boris Grushenko, que fue feliz al paredón porque a última hora se iba a salvar, lo acabaron fusilando. Eso sí, manteniendo una extraña sonrisa hasta el final.

 

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