Los atentados de Barcelona y Cambrills son capítulos añadidos al 11S y a nuestro 11M, junto a otros “11algo” de Londres, Berlín, Niza… De lo aprendido debemos retener el no atender a conjuras siniestras ni permitir que una mala instrucción nos impida conocer la verdad, como en parte ocurrió con el 11M, tan falsamente cerrado que alentó aquella “conspiranoia” que aún colea entre quienes se aferran neuróticamente al mundo del día anterior. Vuelven y vuelven al tema en la vana esperanza de tener razón retrospectiva sobre por qué pasó aquello y quién lo hizo, y así explicarse definitivamente por qué perdió el PP las elecciones (que fue por mentir).
El asunto está ahora en manos de la Audiencia Nacional, órgano suficientemente centralizado como para que quepa esperar una instrucción no ideológica sino científica. Se exige y espera, además, una instrucción transparente como cocina dando al comedor, bajo la atenta mirada de los consumidores, sin la encerrona juez-fiscal que nubló la instrucción del 11M. Una declaración de secreto tan corta como sea posible y una práctica procesal presidida por la igualdad de armas es lo que hace falta. Defensas y acusaciones informadas, tal como exigen las vinculantes Directivas europeas, porque si no hay tensión procesal, si no se da la libertad de acusación y defensa, algunos aspectos de la cuestión no serán nunca conocidos o serán mal conocidos por haber sido dolosamente tergiversados, y detrás acecha una nueva conspiranoia: lo ha alentado el Estado para difuminar el referéndum. Y de sandeces estamos ya más que hartos, tal como ocurrió con el suicidio de Blesa, que derivó desde el “lo han matado” el “un brazo no da para tanto”.
Los hechos requieren investigación exhaustiva para cerrar secuelas delirantes. Sabemos que en la tarde del miércoles anterior a lo de las Ramblas hubo una explosión en que murió el urdidor y máximo responsable de tanto horror; que el cadáver quedó entre los escombros y que entre los escombros se encontró, cuando por fin buscaron, documentación relativa a la preparación y ejecución de la matanza. También se encontró la anormal acumulación de ciento veinte botellas de butano y algunas otras sustancias explosivas, y consta acreditado que los mozos de escuadra impidieron de forma efectiva el acceso de los Tedax y de la Guardia Civil al lugar de la explosión bajo excusa de que era un mero accidente sin más significado. Es decir, que cuando aún no podían saber afirmaron saberlo todo, con lo que retrasaron la respuesta policial y, quizás, la disminución del daño.
¿Alguna instancia de poder de la Comunidad Autónoma de Cataluña ordenó que no se investigara más allá de esa verdad oficial impuesta? ¿Retrasó esa orden la necesaria consideración terrorista del suceso? ¿Se actuó en nombre de la misma verdad oficial que daba un muerto cuando wasap daba 13?
El jefe de mozos venía obligado por ley, y la cúpula de poder sobre él también, a poner todos los medios para impedir determinados resultados a base de diligencia, y no hubo tal sino desidia y voluntad de que la policía española no contribuyera a esclarecer el asunto. “Dejadme zolo”, dijo alguien con acento catalán, y a partir de la soberbia se consumó el despropósito. Las mentiras del gobierno alabando la colaboración ocultaban y ocultan el desconocimiento, la falta de información derivada de una muy concreta falta de investigación sencilla y obvia: la inmediata determinación del explosivo utilizado, que habría orientado la investigación hacia el yihadismo y, puestos a desear, habría permitido frustrar la ejecución o entorpecerla de forma efectiva por mero acoso a los ejecutores.
Es un deseo/delirio que también aspira a un imposible efecto retroactivo que nos libere del luto y de la opresión en que vivimos. Un criterio ideológico se impuso a la verdad conocible y quienes así obraron antepusieron delirios y aspiraciones personales a la defensa de la ciudadanía. Califican de informal la comunicación con la policía belga – lo ha desmentido el alcalde de Vilvoorde, calificando de formal la relación – y menospreciaron lo que ofrecían los agentes españoles, y así dejaron a su gente y a muchos extranjeros en manos de una chapucera investigación autonómica que ha actuado a la altura de los guindillas precursores de la policía local profesionalizada, incluida la tardía determinación de que la muerte del cooperante Pablo, al que insisten en llamar Pau, no se debía a abatimiento por la policía sino a asesinato por parte de uno de los terroristas; Pablo pasó de ser un éxito policial (“abatido un terrorista”) a una más de las víctimas.
Rajoy insiste en alabanzas a la coordinación mientras el patético Puchi comienza a extraer de los atentados la carroña política con la que quiere alimentar el referéndum. Deberíamos todos retener el eslogan – No tinc por – para cuando le den el uso alternativo para el que ya están preparados, por más que parezca que algunos monos, de momento, no quieren ver.
