El muy aireado asunto de la madre que no entrega a sus hijos cuando una juez le había ordenado puede que acabe suponiendo el “caso Wanninkof” en materia de separaciones y custodia de hijos. Que cierre un capítulo infame de pisoteo de la Igualdad como valor constitucional y abra otro en que se evidencie la insoportable discriminación instaurada en 2004 y decidamos que no, qu el camino ha de ser otro, y pasa por que el art. 14 de la Constitución sea respetado en su integridad.
El abogado del padre, en un muy sensato suelto que publicó en El país, apuntó a todos los despropósitos que se concitan: hombre al que se presume maltratador a perpetuidad, madre que hace muy bien en desacatar lo que por ley debe acatar, sensación de indefensión, jueza que no actúa como marca la ley… y añado yo: vecinos – y sobre todo vecinas – que se autoinculpan, abogado que “vende” un recurso de amparo que cualquiera con pocos estudios sabía que no podía ser… La sociedad ha dictado sentencia en sentido disidente de la jueza llamada a dictarla y, como el racarraca catalán, comparten la cerrazón de no aceptar más salida que la que proponen/imponen ellos, que pasa por incumplir la ley en general y la muy concreta aplicación de la ley al caso particular.
A la prensa se le llenan las páginas de menciones al “padre maltratador” pero no indagan en los hechos por los que fue condenado hace 8 años, ni en el hecho de que nuestro sistema penal admite un olvido oficial que la gente no comparte… en estos casos. Se trata de una pena cumplida y cancelada pero la sociedad ha decidido invocar esa genuina manifestación de pesar sostenido que alguna gente de poco gusto y escasa formación define aludiendo a pelos de punta cada vez que le nombran el suceso que no conocen pero temen. El solo recuerdo de que alguna vez fue condenado lo convierte en maltratador a perpetuidad, pero nadie quiere saber lo que hizo porque la condena social es unánime por acción o por el más cobarde silencio, a despecho de lo graves o leves que fueran tales hechos, que muy graves no pudieron ser porque entonces a la prensa se le llenarían las páginas de una minuciosa y complacida exposición de hechos horrendos que, entonces sí, no dejarían alternativa sentimental.
¿Se saldrá con la suya la madre y arrebatará para siempre los hijos al padre? ¿Conseguirán que el padre tenga que cambiar de país para que se le permita ver a sus hijos? ¿Impondrá por las bravas lo que en Derecho y buena lid no consiguió, y se lo consentirán jueces y fiscales devotos del sesgo de género? ¿Se han apagado en el ámbito familiar conceptos como Estado de Derecho, Seguridad Jurídica, Igualdad, Racionalidad…?
El día 8 lo sabremos, sin perjuicio de irnos enterando por la prensa de los movimientos de cada parte y de las resoluciones judiciales llamadas a dirimir el salomónico asunto, siendo muy de temer que al final se imponga el principio pro muliere por encima del mayor interés de los menores, que debería primar. Pero el pueblo ya ha elegido a Barrabás y da igual que se equivoque. A partir de ahí el legislador, la fiscalía, los jueces y demás «actores jurídicos» deberán decidir si seguimos desmontando la Constitución o si, por el contrario, retomamos la senda del Estado de Derecho.
