Del candidato a Fiscal General del Estado se ensalzan ahora sus hazañas – perseguir a Garzón, oponerse a la doctrina Botín… – pero se olvida una que en un país que se tomara en serio la lucha contra la corrupción debería poner fin a su recién iniciada carrera política. Desde el más cutre conservadurismo cañí Maza Martín es el héroe que, junto a once de sus colegas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pisoteó conscientemente los más sagrados principios del Derecho en su sentencia 197/2006 (Doctrina Parot), tan sagrados y antiguos que aún los nombramos en latín: el Principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena sine lege), la interdicción de la incongruentia extrapetita (resolver lo que uno quiere y no lo que le plantea el recurrente, con la finalidad de laminar a este último por haber recurrido), la Res Iudicata (respetar lo ya juzgado y firme, exigencia sine qua non de la seguridad jurídica), la prohibición de la Reformatio in peius (que al recurrente no le pueda ir peor de lo que le fue antes de recurrir si la parte contraria no ha recurrido, como le ocurrió a Parot) y la irretroactividad de las leyes penales. Todo ello lo hicieron él y sus comparsas, menos tres que salvaron su responsabilidad con un voto particular demoledor, y no por ignorancia, por descuido ni al albur de las prisas sino con la finalidad expresa de pervertir el Ordenamiento Jurídico y prolongar ilegalmente la prisión de quienes ellos mismos habían declarado enemigos del Estado, arrogándose para ello una legitimidad similar a la que amparó en su día el golpe de estado de Franco: es lo que pide el pueblo, nosotros se lo demos, al mejor estilo del populismo dictatorial. Y bien que lo consiguieron: hasta siete años de más cumplieron algunos reos hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio a España un pescozón con advertencia de que por esa vía se salía de Europa más rápido que a través del Brexit: o se civilizan ustedes, nos vino a decir el altísimo tribunal europeo, o se van del club. Y no hubo más remedio que poner en libertad a los ilegalmente detenidos – lo de ilegal lo había dicho hasta el Tribunal Constitucional, que no deja de ser otro que tal – salvo a uno, Antonio Izquierdo, el último de Puerto Hurraco que, tras cumplir su pena, se ahorcó en prisión nada más saber que le aplicaban retroactivamente la nueva y espuria ley creada ex profeso por los señalados y le alargaban el encierro ocho años más.
Tuvieron que soportar tan excelentísimos señores que desde la universidad se les tachara por escrito y con publicidad de haber incurrido en una conducta penada por la ley con inhabilitación de 4 a 8 años, responsabilidad que no ha prescrito aún dado que la situación la prolongaron hasta 2013 y en tales delitos la prescripción sólo empieza a contar cuando se da libertad al ilegalmente preso. Aún estoy esperando que tenga alguno de ellos la decencia de presentar una querella por calumnias a autoridades para no dejar sombra de duda sobre su probidad profesional, pero no se atrevieron ni se atreverán porque, eso sí lo saben, se invocaría de inmediato la exceptio veritatis – demostrar que es cierta la acusación vertida – para enervar sus pretensiones. Y así estamos: ellos callados y los demás expectantes.
Callar cuando uno debe hablar en nada desdice la acusación vertida, que no fue sólo acusación sino solicitud de que los investigaran a todos y, eventualmente, los juzgaran y condenaran. Incluido Maza Martín. Pero claro, una sala como la del 61, llamada a juzgar a magistrados del Supremo y compuesta  por los propios magistrados del Supremo, ya se pueden imaginar lo mucho que limpia de corrupción su propia casa cuandose dan indicios de tal corrupción. Pueden recurrir a la simpleza de entender que es una extravagancia de profesor de provincias pero si la extravagancia la publica una editorial reputadísima (Civitas) y se puede señalar título y página donde todo está escrito la cosa adquiere otro cariz pues ahí queda, publicado no para consumo inmediato sino para la historia, como tiene dicho José Luis Mazón, el letrado de provincias que consiguió que el Tribunal Supremo condenara a los magistrados del Tribunal Constitucional por inadmitir sin haberlo leído un recurso de amparo; tiene dicho Mazón que él “escribe para la historia”, no para un aparato de justicia que no merece tal nombre. Y eso es lo único que cabe en un país que no parece tener presente pero sí puede tener futuro si impedimos que se encargue de la gestión pública gente como Maza Martín.
A partir de ahora, si nadie lo remedia, oficiará de Fiscal General una persona cuya conducta profesional debió ser investigada y , tras ello, pudo ser inhabilitado en razón a semejante hazaña. Impedir que se siga pervirtiendo el Ordenamiento es cosa que sólo ocurre en un país serio, y el nuestro, desgraciadamente, no lo es. Miedo da pensar que el mentado vaya a determinar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía en su conjunto, esa institución encargada por estatuto orgánico de imponer la vigencia de la ley y defender a la ciudadanía y al Estado mismo de los delincuentes. De todos los delincuentes, incluidos los que se amparan en un puesto oficial y en el poder del Estado para cometer sus delitos, tal como ha quedado palmariamente claro con los casos de corrupción que por un lado nos arruinan y por otro nos avergüenzan.