Anticorrupción a la murciana

En Murcia se investiga desde 2013 un caso de corrupción verdaderamente ejemplar: facturas o engordadas o directamente sin contraprestación se estuvieron repartiendo algunos funcionarios bajo coartada de traer a Murcia el AVE que aún no ha llegado, cabe sospechar que  para no poner fin al chollo de las facturas falsas. 50 millones de euros alcanza el suma y sigue. Y es ahí donde tiene entrada el equipo formado por El Dr. Maligno y sus miniyó – fiscal jefe del TSJ y dos fiscales anticorrupción – que se han querido distinguir por una persecución implacable de los corruptos… hasta que a uno de ellos le ha llegado la hora de demostrar su propia incorruptibilidad.
En el tomo II de la causa, página 274, da cuenta el equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de cómo, al saberse investigado y próximo a caer, procedió el investigado principal a firmar, junto con su esposa, ocho escrituras (8), el mismo día, 5 de febrero de 2014, y de numeración consecutiva en las que no sólo emancipaba a una de sus hijas, menor de 18 años sino que conjuntamente le transmitían a la hija menor emancipada y a otra mayor de edad el conjunto de su patrimonio, por importe superior a los 4 millones de euros, del que se sospecha que fue adquirido por el investigado, ingeniero de profesión, a través de las facturas falsas a las que antes hice alusión.
Hasta aquí no cabe sino felicitar a la Guardia Civil en su conjunto por el impecable trabajo desarrollado, a la vez que cabe afear gravemente la conducta del fiscal anticorrupción por el inequívoco trato de favor que ha dedicado al notario bajo cuya fe se firmaron las ocho escrituras, de las que cabe sostener que eran mucho más que sospechosas: las ocho se encuentran recogidas en un apartado del atestado policial cuyo epígrafe es de por sí significativo: ACTOS DE OCULTACIÓN PATRIMONIAL. En primer lugar emanciparon a la hija menor y a partir de ahí le donaron una vivienda en el centro de Murcia, una segunda todavía más céntrica a la otra hija, le vendieron a las hijas el 100% de unas participaciones sociales por importe de 360.000 euros pagaderos en 20 años sin intereses, suscribieron un acta de manifestaciones “declarando” que las verdaderas propietarias de otra sociedad eran sus hijas y no ellos, liquidaron su sociedad de gananciales – que la policía valora en más de cuatro millones de euros -, le hicieron a una de las hijas un préstamo de 800.000 euros a pagar en 20 años sin intereses y, finalmente, se concedieron poderes recíprocos para seguir administrando el patrimonio común que les quedaba después de tan generoso acto de desprendimiento patrimonial en favor de la prole.
En dos de las escrituras – 171 y 172 del protocolo notarial – declaran los cónyuges que su patrimonio no excede de 402.000 euros, pese a que en las inmediatamente siguientes (173, 175 y 176) reparten bienes por valor que multiplica por 10 dicho supuesto valor. Y nada sospechó el notario. Los agentes actuantes consideran, y así lo hacen constar, que se trata de un blanqueo de capitales de dinero procedente del delito, supuesto en que la ley y la jurisprudencia establecen la necesidad de exigir responsabilidades al notario que no aprecia en tales actos actividad sospechosa alguna y, por tanto, no alerta a las autoridades encargadas de perseguir el blanqueo de capitales. Pero claro, eso le habría pasado a cualquier notario pero no al que autorizó las escrituras, de apellidos Lozano Olmos, coincidentes en todo con los del fiscal anticorrupción encargado del caso dado que son hermanos. ¿Y no sabía nada el Dr. Maligno, cuya firma autoriza las denuncias por corrupción de los más importantes casos investigados en Murcia? ¿No se dio cuenta el fiscal miniyó de que al ser su hermano un posible investigado debió abstenerse o, aplicando la Constitución y la ley en su conjunto, solicitar la investigación de tan complaciente y miope profesional? El Dr. Maligno está en funciones y es de esperar que tras este éxito lo apeen del cargo. Al miniyó que no persigue al hermanísimo ignoro lo que le harán, porque el corporativismo judicial se extiende al equipo oficial, fiscales incluidos.

Según se ve, en este desdichado país y en sus más desdichadas provincias la política consiste en poner nombres de postín – fiscalía anticorrupción – a ciertas instituciones en la esperanza de que el mero nombre ataje el mal. En su día seleccionaron fiscales bajo el pomposo nombre de anticorrupción pero se les olvidó crear un cuerpo anticorrupción que vigilara a los anticorrupción, no sé si me entienden o, lo que es peor, no sé si me explico. Y ya sólo nos falta saber si esto dará lugar a responsabilidades en los implicados o si, una vez más, se hará la vista gorda y pelillos a la mar.

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