Se ha silenciado de forma más que sospechosa la participación de un magistrado de la sala civil de ese órgano al que hiperbólicamente seguimos llamado «supremo», en las conferencias propiciadas por AUSBANC. Ni se le nombra ni se le espera aunque nos conste que participó y cobró de un tipo que ahora está en prisión preventiva. También supimos en 2015 que una treintena de jueces habían cobrado de otras entidades, normalmente bancos, sabiendo como saben y sabemos todos que los bancos, en ciertas materias, son los principales clientes de la justicia. Por menos de eso se ha encausado gente en España pero los jueces, esa casta noble por oposición, se han construido un chiringuito general de impunidad que resulta inexpugnable, tanto más cuanto más alto sea el cargo sospechoso de desmán. Así, mientras los investigados comunes se hartan de proclamar su fe ciega en la justicia y dan el último parte sobre su conciencia, que suele ser, como en wasap, un estado de tranquilidad pasmoso, la vida ciudadana transcurre entre el aburrimiento desentendido y la fe, esa sí cierta, en que el verano está próximo.
El Tribunal Supremo, que tiene también un lado oscuro, sobre todo en materia penal – rebelión consciente contra la STC 63/2005, doctrina Parot con prolongación ilegal de la prisión de más de cien ciudadanos, acuerdos de pleno que invaden competencias legislativas, etc., etc – acaba de poner fin al nombramiento del flamante presidente del TSJ de Murcia, en lo que debería ser un escándalo si no fuera por la indiferencia ciudadana. Y es de destacar que el TS utiliza un argumento inaceptable: que partiendo de unos méritos equivalentes acabamos en que la postergada tenía, en realidad, muchos más méritos que el finalmente designado, aunque sería mejor decir «dedignado». Y es una pena porque tanto el «dedignado» como la candidata postergada cuentan con el reconocimiento y las simpatías de la mayor parte de sus compañeros. Pero una distancia abismal separa al uno de la otra, extremo que debió ser definitivo a la hora de nombrarla para la presidencia, y no al otro, que contaba a su favor, mayormente, con la predilección del anterior presidente del TSJ, un hábil y muy bien colocado trajinador que se ganó el sobrenombre de «casta diva» por su capacidad de andar sobre las aguas sin mojarse pero interfiriendo a su antojo en materia de nombramientos desde el privilegiado puesto que ocupa en el órgano de gobierno de los jueces. Paladín del corporativismo más cerrado, despachó sin despeinarse y con la colaboración inestimablñe de un fiscal jefe de infausta memoria los alarmantes hechos que se sometieron a su consideración sobre la actuación conjunta de un fiscal anticorrupción y un irresuelto juez de instrucción que habían incurrido en irregularidades urbi et orbi en la instrucción de una de las llamadas causas por corrupción, que va para los nueve años cumplidos ante el estupor de los investigados y la indolencia neroniana de los llamados a poner fin al disparate. Se hizo el citado trajinador responsable, a título de mirón para otro lado, de la situación comatosa en que se encuentra la justicia penal española, la murciana en particular. Pero la casta encriptada en el Estado de Derecho, que administra el único poder del Estado que se ejerce por oposición y no por méritos acreditados, será la última que se desmonte en España cuando los partidos políticos acierten a perfilar un plan cabal de justicia que libre a los justiciables de prevaricadores y asiente en el país el respeto por la ley propia y por el marco normativo que a duras penas instaura el TEDH ante la sonrisa displicente de los llamados a preservar nuestros derechos.
Sigan, pues, las conciencias tranquilas y los jueces a lo suyo, y que no venga Podemos a darle el toque bolivariano que, por lo visto, tanto necesitamos.
