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La vigente Constitución Española de 1978, en el punto 2 de su artículo 25 dice que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.
Me consta que ha habido un gran grupo de personas que han estado entre rejas a las que su estancia en prisión les ha servido (y la han aprovechado) y otro gran grupo a quienes estar entre barrotes, más que beneficiarles, les ha perjudicado sobremanera.
Los dos párrafos precedentes vienen a cuento de lo que sigue. Una fémina donostiarra (poco importa su nombre compuesto y apellidos; no es mi propósito incrementar innecesariamente el daño o dolor) que otrora trabajó como funcionaria de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral, que demostró ser un hacha para la malversación y el fraude, ideó la manera de cobrar, a través de varias cuentas corrientes, centenares de millones de pesetas y no devolver 186 de esos a dos empresarios navarros. La Audiencia Provincial de Navarra la condenó a 12 años de prisión, pero el Tribunal Supremo rebajó la pena a 9 años. ¿Sacó alguna enseñanza de ello? ¿Aprendió de los errores cometidos?
Todo parece indicar que no. Esta semana la fémina innominada ha vuelto a sentarse en el banquillo de otra Audiencia Provincial, en este caso, la de Logroño, al ser acusada por el Ministerio Fiscal de un delito continuado de estafa. El representante de la Fiscalía solicita para ella una pena de 8 años.
Al parecer, mutatis mutandis, como ocurre con los asesinos en serie, el delincuente económico va especializándose en sus fechorías, en sus procederes delincuenciales. Presuntamente, la acusada pudo llevar a cabo la estafa, tras alcanzar el cargo de decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. Cabe preguntarse cómo obtuvo la donostiarra de marras el título de Psicóloga. Sin embargo, esa pregunta lleva aparejada o a formularse otra: ¿Dicho título era verdadero o una engañifa?
Estaremos atentos a ver qué depara el juicio, pero la iteración de las añagazas o subterfugios no barrunta nada bueno ni favorable para ella.
Y es que como lee (y acaso aprenda) quien llega al final de “El Buscón”, de Quevedo: “Yo que vi que duraba mucho este negocio, y más la fortuna en perseguirme (no de escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador), determiné, consultándolo primero con la Grajal, de pasarme a Indias con ella, a ver si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como V. Md. verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres”.
Quevedo no escribió la segunda parte que prometió a V. Md, pero uno puede intuir o sospechar por dónde podría haber ido la cosa.
Ángel Sáez García
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