DE BIEN NACIDO ES SER AGRADECIDO
(ESPERO QUE SE ENTIENDA LA IRONÍA)
Quien tiene acceso a internet puede consultar gratis et amore la página de la Real Academia Española (RAE) y si, a renglón seguido, hace clic (por cierto, me extraña un montón que se haya aceptado la dicción onomatopéyica clic, pero aún no el verbo cliquear, o sea, hacer ese clic) sobre el Diccionario de la lengua española, este le proporcionará el significado de cualquier vocablo admitido y recogido en él. Probemos, verbigracia, con la voz “vivero”. El DRAE nos brinda dos entradas. La primera recoge cuatro acepciones. Servidor, por lo que luego se verá (si el atento y desocupado lector, ella o él, decide seguir leyendo), se ha decantado o ha elegido la tercera: “Semillero (origen de algunas cosas)”. La segunda solo recoge una acepción: “Lienzo que se fabrica en Vivero, ciudad de la provincia de Lugo, en España”.
El Govern había pergeñado un protocolo de actuación en el supuesto de que alguna autoridad judicial ordenara la irrupción y registro de alguna de las sedes de la Generalitat, al objeto de hallar pruebas documentales sobre el proceso independentista. Al parecer, el cerebro jurídico del “procés” fue Carles Viver Pi-Sunyer, pásmese como este menda, si desconocía como servidor el dato, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. O sea que el vivero (en la doble acepción de semillero o lienzo) donde se sembró y diseñó (o pintó) la estrategia jurídica del mismo lleva la firma de Viver. Como el apellido del exvicepresidente del TC carece de la vocal “o”, que sí tiene el susodicho vocablo, y la citada “o” representa la cifra arábiga o guarismo cero, acaso la “o” tenga que ver con la nota que el azar, la casualidad, le ha puesto al tal, al “procés”, por su negativa causalidad en todos los terrenos (político, social, económico, familiar, jurídico,…), por el nefasto trabajo llevado a cabo en su parcela concreta: un cero patatero.
Si anteayer hice referencia a las conversaciones que se habían aireado o habían visto la luz (y de las que se hicieron eco varios mass media) del número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Lluís Salvadó, con una empleada de dicha sede a propósito de los papeles que había sobre la mesa de la sala de reuniones, para que fueran retirados de allí en un pispás por ella y tirados (eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza a Salvadó) al patio, antes de que la comisión judicial, una vez hubiera mostrado la secretaria la orden habilitadora, hiciera la entrada y registro de la misma; ayer salieron a relucir las conversaciones que habían sido grabadas por la Guardia Civil (se sobreentiende, mediante la imprescindible y pertinente orden judicial) entre el citado Carles Viver y la secretaria del director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve (contra quien la Fiscalía presentó una querella por ser quien, mientras era el número dos de la consellera de Governació Meritxell Borràs, supuestamente compró las urnas que se usaron en el referéndum ilegal —y, más tarde, anulado por el TC— del 1-O). “Ya me avisaron de que, cuando viniesen, llamase al Gabinete. Pero ya uso la otra vía”, le dice Viver a la mentada secretaria.
Dos horas más tarde, Viver devuelve una llamada que alguien (un tal Víctor) le ha hecho desde el Palau, y le narra lo acaecido: “A las 8 y 20 me han avisado que estaba la Guardia Civil aquí, pero está todo controlado. Esperamos a la secretaria (judicial). Le he preguntado si tenía la autorización judicial, y qué podía tardar. Parece que, de momento, solo hay registro de mi despacho, que lo tengo muy en orden. No creen que haya orden de detención. Hay algunas, pero no tengo ningún problema”.
Llama la atención que quien fue magistrado del Tribunal Constitucional (entre 1992 y 2001), de bien nacido es ser agradecido (espero que se entienda el sarcasmo), fuera designado en febrero de 2013 para presidir el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña, órgano creado mediante un decreto de la Generalitat de ese mismo mes, que fue declarado inconstitucional por unanimidad y, asimismo, anulado el 10 de mayo de 2017 por el TC, ya que, en su momento, fue recurrido por el Gobierno de España al entender que la mencionada norma excedía las competencias atribuidas a la Generalitat y desde entonces se encontraba suspendido por dicho Tribunal.
Ángel Sáez García
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