ESPAÑA ES UN ESTADO DE DERECHO
Aunque, según he leído y oído en los mass media, lo ha intentado por activa y por pasiva, el PP no ha conseguido lo que pretendía, desembarazarse de la caja B ni de los chanchullos y tejemanejes de su extesorero Luis Bárcenas (de cuyo tronco, caído en desgracia, no haré leña y, por tanto, evitaré mentar y recordar aquí el baldonador alias que una fuente le puso, otra le quitó y otra le adjudicó de manera definitiva, a modo de difamador sambenito), mutatis mutandis, la condena, que, según cuenta la mitología, Zeus le impuso al titán Atlas, hijo de Jápeto, hermano de Prometeo y padre de las Hespérides y las Pléyades, de cargar y portar (soportar y portear, sería más cabal urdir) sobre sus hombros (sobre la primera vértebra cervical, que por eso se llama así, atlas) el cielo (el mundo). Así que la Audiencia Provincial de Madrid va a procesar a la formación de la gaviota (o charrán, en la doble acepción que de dicho vocablo da el DRAE: “pillo, tunante” y “ave marina de cuerpo grácil”) por, presuntamente, haber destruido los ordenadores de Bárcenas.
A pesar de los pesares (el extravío del expediente del affaire, por lo que hubo de ser nuevamente documentado, y la opinión en contra de la Fiscalía, que se oponía), el tribunal ha hecho caso a los argumentos de peso aducidos por las acusaciones particulares y ha resuelto juzgar al PP como persona jurídica por dos presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Ergo, la justicia, en el caso de marras, ha sido lenta (hay quien sostiene, y no le falta razón, que una justicia lenta es injusta con independencia de la sentencia), sí, pero, aunque tarde, ha funcionado y ha venido a demostrar bien, a las claras, que la separación de poderes, que estableciera otrora Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, en “El espíritu de las leyes” (1748), en el caso de España es un hecho, en mi modesto parecer, irrefutable, aunque no falten las muis viperinas y descontentas que censuren aquellas sentencias que no les gusten o sean contrarias a sus propios intereses.
El PP, en el caso que nos ocupa, velis nolis, ha venido a probar si era verdad, de la buena, la referida a las unidades de disco duro de los ordenadores de Bárcenas, pues, al parecer, las susodichas unidades de disco duro, dispositivos de almacenamiento de datos (muchos de ellos referidos a las supuestas corruptelas coronadas por Bárcenas en favor propio y/o del PP), devinieron de disco blando (o hecho añicos) por obra y gracia de un número indeterminado de martillazos. El PP deberá acarrear con las consecuencias, con cuanto recoja el fallo del tribunal. Así mismo, deberá apechugar con el sonrojo con el que, sin hesitación, cursarán las sucesivas sentencias de los incontables procedimientos a los que, unos antes, otros después, tendrán que hacer frente diversos exdirigentes de dicho partido: Ignacio González (de quien ayer y hoy he escuchado conversaciones que mantuvo con Eduardo Zaplana que me han producido, como —supongo— tres cuartos de lo mismo habrán provocado en las personas aludidas, a las que se han dedicado a despellejar, vergüenza ajena), por el caso Lezo; Francisco Granados, por el caso Púnica, etcétera.
Está claro que España es un Estado de derecho. ¿Perfectible? Sí. ¿Mejorable? Sí, también, evidentemente. Por tanto, huelgan todos esos comentarios malintencionados de quienes vienen a poner en tela de juicio que los magistrados y jueces sean, como dice el artículo 117.1 de la Constitución Española, vigente, “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Ángel Sáez García
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