Opinión

Cayetano González - Marear la perdiz

17.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 16 (OTR/PRESS)

Tal y como era previsible, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha contestado ni con un "si" ni con un "no" el requerimiento que la pasada semana le envió el Presidente del Gobierno para que contestara de forma clara y con un monosílabo, si él o alguna autoridad de la Generalitat habían declarado la independencia de Cataluña del resto de España. Muy al contrario, Puigdemont ha aprovechado su misiva a Rajoy para plantearle que se abra una vía de diálogo, al mismo tiempo que le pide que cesen las medidas que él califica como represivas sobre su Comunidad Autónoma.
Estamos ante un auténtico "juego de trileros". El Molt Honorable Puigdemont está haciendo un auténtico papelón, porque después de haber llevado a Cataluña, a sus Instituciones, a la sociedad catalana hasta el borde del abismo, desde el pasado martes le ha entrado un cierto vértigo, lo que le ha llevado a echar un poco, sólo un poco, el freno de mano. Pero su postura ni contenta a los suyos, ni tampoco a los demás. Los independentistas han sufrido un desencanto tras la intervención del Presidente de la Generalitat en el Parlamento, declarando de forma sui géneris la independencia para proponer ocho segundos después su suspensión.
Eso sí, para contentar a los desencantados, firmó, junto a los 72 diputados de Juntos por el Si y la CUP, un papel, una especie de contrato de adhesión a la República de Cataluña en una sala de Parlamento, lo cual tiene un valor político pero no jurídico.
La respuesta del Gobierno de la Nación a la carta de Puigdemont tampoco es para tirar cohetes. No se entiende muy bien que cuando destacados miembros del ejecutivo y del PP han dicho literalmente que estamos ante un "golpe de Estado", este no se pare de manera inmediata y contundente con los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. En ese sentido cuesta entender por qué se ha dado un segundo plazo a los golpistas, que expira el próximo jueves a las 10 de la mañana, para que desistan de su actitud. ¿Alguien se imagina al expresidente Suárez o al Teniente General Gutiérrez Mellado dando ese tipo de plazos a Tejero o a Milans del Bosch el 23-F de 1981 para que desistieran de su intento de golpe de Estado?

La sociedad española ha demostrado en estas últimas semanas, saliendo a la calle o colocando de forma espontánea y natural la bandera de España en los balcones, un cierto hartazgo y una exigencia a los responsables políticos para que pongan fin a la locura independentista impulsada por los Puigdemont, Junqueras y Forcadell de turno. Si Rajoy, Sáenz de Santamaría o Pedro Sánchez no son conscientes de ese hartazgo y no están a la altura de la exigencia ciudadana será su problema y muy probablemente lo pagarán en las próximas convocatorias electorales.


Cayetano González - Días decisivos

10.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 9 (OTR/PRESS)

Lo que suceda este martes en el Parlamento de Cataluña y la consiguiente respuesta que se vea obligado a dar el Gobierno de España acrecentará aún más, si cabe, la grave crisis institucional que se vive desde hace tiempo debido al desafío secesionista planteado por el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas y antisistema que le apoyan. En la diabólica lógica de las cosas está que Puigdemont aproveche su comparecencia este martes en el Parlamento para declarar de una u otra forma la independencia de Cataluña. Ha ido demasiado lejos el todavía Presidente de la Generalitat y sus socios de viaje para, a última hora, echar el freno de mano y no plasmar esa declaración de independencia. Que esta sea más o menos rotunda, que se formule en diferido, que se fijen unos plazos para llevarla a la práctica, es lo de menos. Lo de más, es que el independentismo catalán, después del esfuerzo que tuvo que hacer para votar en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, no puede detenerse. Es un movimiento que necesita estar continuamente avanzando porque de lo contrario perdería su propia esencia y razón de ser. En los últimos días ha habido dos hechos muy relevantes que, evidentemente, han empañado la euforia de los independentistas tras el referéndum ilegal del 1-O. Por un lado, la decisión de los principales bancos y empresas de Cataluña de trasladar su sede social fuera de esa Comunidad Autónoma debido a la gran inquietud y riesgos que generaba para sus clientes y para su propio negocio la previsible declaración unilateral de independencia. En segundo lugar, la impresionante manifestación celebrada este pasado domingo en Barcelona, donde cientos de miles de personas -de Cataluña y de otros puntos de España- dejaron claro que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que no quiere la independencia y que quieren seguir formando parte de España. A unos responsables políticos "normales", ambos hechos les tendrían que llevar lógicamente a la reflexión y al replanteamiento de su loca aventura secesionista. Pero es que no estamos hablando de personas "normales", sino de unos fanáticos que ponen por delante el sentimiento nacionalista a cualquier otra consideración. La patria por encima de las personas; los ideales independentistas por delante de los derechos más elementales; los intereses partidistas sustituyendo y anulando al bien común de todos los ciudadanos, sean nacionalistas o no. Ante esto, no queda otra solución, como el Rey enfatizó su discurso del pasado martes, que las autoridades y los poderes legítimos del Estado restituyan la ley y el orden constitucional en Cataluña. Esa tarea le corresponde liderarla al Presidente del Gobierno, por lo que es de esperar que Rajoy salga de inacción y cumpla con su deber si este martes Puigdemont declara unilateralmente la independencia.


Cayetano González - Elecciones

03.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 2 (OTR/PRESS)

Pocas salidas le quedan ya al Presidente del Gobierno para intentar atajar lo que algunos han llamado "golpe de Estado" dado por la Generalitat de Cataluña al convocar y llevar a cabo este domingo un referéndum ilegal que se saldó con gente votando, con urnas en los colegios y con cargas policiales que dejaron algunas imágenes muy duras, que han sido convenientemente aprovechadas por los independentistas. El vértigo seguirá en las próximas horas y si tal como anunció en la noche del domingo el Presidente de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña declara esta misma semana de forma unilateral la independencia, el Gobierno de España con su Presidente a la cabeza no tendrá ya excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución que dice textualmente que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Este artículo, tan constitucional como los demás, confiere al Gobierno la competencia para aplicarlo. Rajoy no necesita el apoyo del PSOE o de Ciudadanos para hacerlo. En el caso del partido de Rivera ya han dicho este lunes que están a favor de su aplicación; en el caso del PSOE, dependiendo del día de la semana, dicen una cosa o su contraria. Pero el Presidente del Gobierno no puede seguir rehuyendo sus responsabilidades ante la más grave crisis política e institucional que hemos vivido en España desde la transición política. Mayor, si cabe, que la que se generó con el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981. Suspendida la autonomía en Cataluña, inhabilitados sus responsables políticos y juzgados por los delitos que han cometido, el Presidente del Gobierno debería convocar en los próximos meses elecciones generales en las que sería prioritario que todos los partidos políticos se presentaran con una propuesta clara sobre el modelo territorial de Estado que quieren y que soluciones proponen para resolver los problemas que los nacionalismos vienen planteando desde la transición política. Estos días, muchos ciudadanos han salido de forma espontánea a las calles de diferentes ciudades con la bandera de España para defender la unidad de la Nación. Ante la gravedad de la situación creada por el desafío independentista en Cataluña, hay que darles una oportunidad para que se expresen en las urnas de tal manera que el Gobierno que salga de las mismas sepa a qué atenerse.


Cayetano González - Muy mala pinta

26.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 25 (OTR/PRESS)

Cuando sólo faltan cinco días para el 1-O, fecha del referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña, las cosas no pintan nada bien para nadie: ni para los independentistas y promotores del citado referéndum, ni para el Estado, obligado a impedir su celebración si quiere preservar el cumplimiento de la ley, ni, sobre todo, para la propia sociedad catalana, profundamente dividida y fracturada por culpa de unos dirigentes políticos irresponsables que la han colocado al borde del precipicio. De aquí al domingo es muy difícil, por no decir imposible, que se encuentre algún tipo de solución a la situación creada. Los independentistas han ido tan lejos en sus pretensiones, que han obligado al Estado -Gobierno, jueces, fiscales- a tener que dar una respuesta al desafío secesionista que a ojos de una parte de la opinión pública ha podido parecer desproporcionada y excesiva. Sin embargo, en estos días pasados se han visto escenas y hechos de una enorme gravedad: la Guardia Civil refugiada dentro de un edificio oficial de la Generalitat porque unos manifestantes la acosaban en la calle y destrozaban tres vehículos de la Benemérita; una secretaria judicial teniendo que salir por la azotea de un edificio; la Presidenta del Parlamento de Cataluña arengando a las masas en plena calle; el Consejero de Interior diciendo públicamente que no acatarán la orden de la Fiscalía de que sea un mando de la Guardia Civil quien coordine a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos d"Esquadra. Llegados a este nivel de tensión, de enfrentamiento, de desafío, el Estado no tiene más remedio que emplearse a fondo, con todos los medios a su alcance, para que el próximo domingo no se lleve a cabo el referéndum ilegal. Este partido que se juega el día 1 lo tiene que ganar el Estado, por su propia supervivencia y para dejar claro que nadie, absolutamente nadie, puede situarse o estar por encima de la ley. El problema es que esto no termina este domingo. Si se impide el referéndum, los independentistas aprovecharán el enrabietamiento que eso produzca para seguir con su pulso al Estado. Y si lo hay, mucho peor, porque supondrá la derrota del Estado de Derecho al no haber sido capaz de impedir que se imponga la ilegalidad en una parte del territorio nacional. Por no hablar de los partidos, PSOE y Podemos fundamentalmente, que están esperando al día 2 para plantear un jaque mate a Rajoy en forma de moción de censura que sólo necesitaría -aparte de los independentistas catalanes- del apoyo más que probable del PNV para salir adelante. Y con un gobierno de esas características, las concesiones políticas a Cataluña y a otras Comunidades Autónomas donde los nacionalistas tienen peso, están más que aseguradas.


Cayetano González - El daño ya está hecho

19.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 18 (OTR/PRESS)

Casi todo el mundo político y mediático está ya situado mentalmente en el lunes 2 de octubre, es decir, en el día siguiente del anunciado referéndum ilegal por la independencia convocado por la Generalitat de Cataluña y que el Presidente del Gobierno asegura una y otra vez que no se llevará a cabo. Lo que nadie reconoce, al menos públicamente, es que el desprestigio institucional, el hastío ciudadano, la mala imagen que se está proyectando hacia el exterior con este pulso planteado al Estado por los independentistas catalanes ha causado ya un daño irreparable.
Un daño no solamente a Cataluña, sino también a España en su conjunto, porque fuera de nuestras fronteras se entiende muy mal que en pleno siglo XXI, haya una parte de un Estado europeo como es España, asimilable a cualquier País democrático de nuestro entorno, que quiera separarse del mismo y que para conseguirlo se salte a la torera la ley, el marco jurídico y se utilice la mentira como argumento al decir, por ejemplo, que el derecho de autodeterminación es un derecho universal aplicable a cualquier territorio, en este caso, a Cataluña. Los políticos catalanes que han impulsado este proceso secesionista -fundamentalmente Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- tienen ya una responsabilidad histórica ante sus conciudadanos, por colocar a Cataluña al borde del precipicio y no estar dispuestos, al menos de momento, a dar marcha atrás. Esa responsabilidad también es extensible a todos aquellos que de una manera u otra lo han apoyado o no se han opuesto de forma clara y contundente. En este apartado, Podemos, en su versión nacional y en la catalana -el paradigma es la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau- también tienen su cuota importante de culpa. En estos días, el Gobierno de la Nación, con su Presidente al frente, están empeñados en algo que les viene obligado por el juramento o promesa que hicieron al tomar posesión de sus cargos: cumplir y hacer cumplir la ley. No les queda otra, más allá de que Rajoy, en el terreno personal y político, se juegue mucho en el envite planteado para el 1 de octubre. Si hay referéndum, el actual Presidente del Gobierno se debería ir esa misma noche a su casa por haber sido incapaz de impedir un golpe a la democracia. Y si no lo hay, a Rajoy le espera desde el día siguiente un auténtico calvario político, no sólo por lo que puedan seguir haciendo los independentistas catalanes, sino porque la izquierda española, liderada por el PSOE, muy probablemente aprovechará el río revuelto para sacar su propia ganancia de pescadores en forma, por ejemplo, de una moción de censura pactada por Sánchez e Iglesias y que podría ser apoyada por el resto de los grupos de la Cámara, incluido el PNV, lo cual aseguraría su aprobación.


Cayetano González - La calle

12.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 11 (OTR/PRESS)

Consumado el "golpe de Estado" dado por los partidos independentistas la pasada semana en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de la ley del referéndum y la de "desconexión" con España, ahora el relevo lo toma la calle, donde los antisistema y radicales de la CUP tendrán un papel relevante, aunque no sólo ellos, porque habrá elementos de la Asamblea Nacional de Cataluña que también agitarán la movilización en pro del referéndum. De momento, esa "presión" callejera la están sintiendo, por un lado, los más de 200 Alcaldes que se han negado a ceder los espacios municipales para que se instalen las urnas el próximo 1 de octubre. Alcaldes en su mayoría pertenecientes al PSC y que gobiernan en localidades importantes como Hospitalet del Llobregat, Mataró, Santa Coloma del Gramanet, Tarragona o Lleida. El caso del Ayuntamiento de Barcelona es distinto, porque allí la regidora, Ada Colau, es de Podemos y mantiene una postura ambigua, aunque cada día que pasa lo es menos y en sus declaraciones da a entender que facilitará lo que sea necesario para que la gente pueda votar. El segundo estamento que a día de hoy está sufriendo esa presión en la calle es uno de los Cuerpos de Seguridad, la Guardia Civil, que ha recibido instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que como policía judicial investigue y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el referéndum. La imagen de militantes y simpatizantes de la CUP dando papeletas, en plan provocativo, a los guardias civiles que estaban en el exterior de una imprenta donde se sospechaba que se podía haber elaborado material para el referéndum, no es precisamente la más edificante para lo que tiene que ser el Estado de Derecho. Los mandos políticos de la Guardia Civil -el ministro de Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General del Cuerpo- no deberían tolerar que se repitieran escenas como las narradas. La Guardia Civil, que es un símbolo de España, no está para recibir papeletas ni para aguantar provocaciones de los que se ciscan en las leyes, sino para velar para que estas se cumplan. Los próximos días, al menos hasta el 1 de octubre, serán complicados y estarán llenos de tensión y de desafío al Estado. Y en ese ambiente, la calle, las movilizaciones, serán el recurso principal de algunos, con el riesgo que eso conlleva. Los independentistas ni quieren ni ya pueden dar marcha atrás, y el Gobierno tendrá que aplicar todos los medios a su alcance, -"sin renunciar a nada", como dijo Rajoy el pasado jueves- para evitar que se consume este golpe de Estado a la democracia y la unidad de la Nación española que unos desaprensivos e iluminados quieren dar.


Cayetano González - Faltan veinticinco días

05.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 4 (OTR/PRESS)

Llega la hora de la verdad para todos: para los impulsores del proceso secesionista de Cataluña y para los que por imperativo legal tienen el deber y la obligación de impedirlo. Quedan sólo veinticinco días para que este pulso sobre la celebración o no de un referéndum a todas luces ilegal sobre la separación de Cataluña del resto de España llegue a su fin. Un pulso, un debate cuyo inicio se remonta a la Diada de hace cinco años y que ha acaparado de forma más o menos permanente la atención informativa y política durante todo este tiempo. Ahora ya no hay marcha atrás posible. Los independentistas han ido demasiado lejos en sus promesas y en sus acciones, como para bajarse del burro en el último momento. Este miércoles está previsto que se apruebe en el Parlamento de Cataluña la denominada ley de referéndum, que a continuación sería firmada por todos los miembros de la Generalitat -para no dejar sólo al Presidente Puigdemont ante una más que probable inhabilitación-, y también de manera inmediata sería recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional que decretaría su suspensión también en tiempo récord. A partir de ahí se abrirán varias incógnitas como, por ejemplo, que sucederá si el Gobierno de la Generalitat, como es previsible, desacata lo que dicte el Tribunal Constitucional, o que hará el Gobierno de la Nación si el 1 de octubre la Generalitat consigue instalar todas o parte de las 6.000 urnas que su Presidente ha desvelado que ya han adquirido. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando juró su cargo lo hizo con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues eso es lo que, lisa y llanamente, tiene que hacer ahora ante el desafío secesionista. Todo el mundo sabe que una Comunidad Autónoma no tiene competencias para convocar un referéndum y mucho menos para decidir si se separa del resto del Estado del que forma parte. El Gobierno de la Nación y el resto de Instituciones que conforman lo que se conoce como el Estado de Derecho tienen los instrumentos necesarios -aplicación del artículo 155 de la Constitución incluido- para impedir que esa ilegalidad que supondría la celebración de un referéndum se lleve a cabo. Sabido es que Rajoy es muy partidario de dejar pasar el tiempo en la confianza de que eso vaya solucionando los problemas. En este caso, esa fórmula de no hacer nada ya se ha visto que no ha dado resultado. En los próximos días tendrá que actuar, lo que implicará tomar decisiones contundentes e incómodas, con un objetivo claro: que los actuales gobernantes de Cataluña no se salten la ley y que si lo hacen se aplique todo el peso de esta sobre ellos, como sucede con todos y cada uno de los sufridos ciudadanos cuando no cumplen sus obligaciones. ¿O es que no somos todos iguales ante la ley?


Cayetano González - ¿Olimpiadas en Barcelona?

25.07.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 24 (OTR/PRESS)

En estos días se conmemora el veinticinco aniversario de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Barcelona y la pregunta que cabe hacerse es bastante obvia: ¿sería posible un cuarto de siglo después unas Olimpiadas en la capital de Cataluña? La respuesta también es evidente: no parece que ni el Comité Olímpico Internacional, ni los diversos actores internacionales y nacionales que influyen a la hora de tomar una decisión del calibre de designar sede de los Juegos Olímpicos, apostaran en el momento actual por Barcelona, capital de una Comunidad Autónoma donde la inestabilidad institucional, social y económica ha pasado a sustituir a esa imagen de sociedad moderna y abierta al progreso que hace veinticinco años tenía Barcelona. Un "logro" que deberían apuntarse todos aquellos que llevan cinco años impulsando el proceso independentista de Cataluña. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña y sus amigos antisistema de la CUP han entrado ya en una fase de su desdichado "prusés" independentista, donde han perdido las más elementales normas de la democracia entre las que destaca por encima de cualquier otra el respeto a la ley. Hace ya tiempo que Puigdemont, Junqueras y demás compañeros "mártires" han entrado en esa dinámica del disparate continuo que ha fracturado en dos a la sociedad catalana y la ha situado al borde mismo del abismo De las cosas más graves que ha sucedido en los últimos días ha sido la dimisión del Director de la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos d"Esquadra, aduciendo razones políticas y su sustitución por una persona mucho más afín al proceso independentista que entre sus "perlas" en las redes sociales destaca una: la que hacía referencia a que los españoles le damos pena. Y ese es el responsable directo de quienes están llamados a velar para que el uno de octubre se cumpla la ley en Cataluña y, por lo tanto, se impida con todos los medios a su alcance que se pueda celebrar un referéndum ilegal. Sumamente preocupante es también la postura que, ante este desafío independentista de una parte del territorio nacional, ha adoptado el PSOE de Pedro Sánchez. En una cuestión claramente de Estado con mayúsculas, lo que se espera del principal partido de la oposición es que apoye al Gobierno de la Nación y que no se dedique a criticar o a poner palos en la rueda como ha sucedido tras el anuncio del ejecutivo central de que se van a controlar semanalmente las cuentas de la Generalitat para que ni un solo euro se destine a financiar el referéndum ilegal. Parece una medida bastante lógica. ¿Qué problema tiene el PSOE para apoyarla? La equidistancia en este tipo de cuestiones lo que transmite es una enorme debilidad política y para los socialistas, pensando en toda España, puede ser letal.


Cayetano González - La entente Podemos-PSOE

18.07.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

Cuando Pedro Sánchez anunció hace unos meses en Dos Hermanas (Sevilla) su candidatura para el proceso de primarias internas de cara a elegir secretario general del PSOE, fue muy claro en cuál era su objetivo político principal si resultaba elegido: liderar desde su partido a toda la izquierda para echar a la derecha, es decir al PP, del poder. Para lo cual era imprescindible el entendimiento con Podemos y si fuera necesario con los partidos independentistas catalanes como ERC. Por eso, a nadie debería extrañar en exceso el acuerdo al que acaban de llegar el PSOE y Podemos en Castilla-la Mancha, gracias a la intervención directa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para que el actual Presidente de esa Comunidad Autónoma, Emiliano García Page, pueda sacar adelante los Presupuestos, aunque a cambio haya tenido que ofrecer a la formación morada entrar en su ejecutivo con una Vicepresidencia y una Consejería. Es decir, uno de los principales apoyos que tuvo Susana Díaz en su batalla interna por la secretaría general del PSOE ha tenido que pedir ayuda al rival de esta en las primarias para poder seguir gobernando en Castilla-la Mancha. Algunos han querido ver en este acuerdo limitado a una Comunidad Autónoma una especie de banco de pruebas de lo que podría ser en un futuro un entendimiento a nivel nacional. Eso sea quizás ir demasiado lejos, porque como se suele decir habitualmente el futuro no está escrito y mucho menos en el terreno electoral. Hoy por hoy, las encuestas de intención de voto que se han ido publicando en las últimas semanas, dan una cierta subida al PSOE a costa precisamente de Podemos, lo cual es lógico, porque la tendencia natural es que la fuga de votos que se ha producido en los últimos años de las filas socialistas hacia la formación de Pablo Iglesias, vaya poco a poco retornando a su punto de partida. Si alguien albergaba alguna duda, la apuesta de Sánchez es tan clara como arriesgada: necesita a Podemos para llegar al poder, pero eso conlleva situar al PSOE en un espacio de izquierda radical compitiendo con Podemos, alejado por tanto de un espacio más moderado, de centro izquierda, que es donde ha tenido históricamente su mayor caladero de votos y que le ha permitido gobernar en España durante veintiuno de los cuarenta años transcurridos desde la transición democrática. Esa apuesta estratégica de Sánchez está teniendo ya un reflejo evidente en el posicionamiento de los socialistas ante el mayor problema político que hay en estos momentos: el desafío secesionista planteado desde Cataluña. La postura del PSOE de Sánchez ante esta cuestión es confusa, cambiante dependiendo donde hable, queriendo tocar todos los palos, pero sin alinearse claramente al lado del Gobierno de la Nación en una cuestión, esta sí, que es claramente de Estado.


Cayetano González - ¿Qué queda de Ermua?

11.07.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 10 (OTR/PRESS)

En estos mismos días de julio de hace veinte años, la sociedad española en general y la vasca en particular protagonizó una gran movilización cívica para pedir a ETA -era un imposible- que tuviera un poco de piedad y no matara al joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Angel Blanco. ETA, que tenía ya la decisión tomada en el momento en que secuestró el 10 de julio al concejal, no escuchó ese clamor ciudadano y asesinó a Miguel Angel dos días más tarde.
Pero aquella gran movilización social -conocida como el espíritu de Ermua- que se produjo en torno al asesinato a cámara lenta del joven concejal popular y que estuvo precedida por la alegría y la euforia que sintieron muchos españoles pocos días antes cuando la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista. Aquellos miles y miles de españoles que salieron a las calles a gritar "Basta Ya" o "Vascos sí, ETA no" estaban trasmitiendo un mensaje de apoyo a las Instituciones del Estado de Derecho: al gobierno, a los jueces, para que se actuara con determinación y dentro de la ley para acabar con la banda terrorista.
Veinte años después de aquellos hechos, se puede afirmar que ETA ha sido derrotada policialmente, gracias sobre todo al excelente y constante trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero ETA sigue viva políticamente. Las diferentes marcas de ETA están presentes en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Foral de Navarra, en el Congreso de los Diputados y en muchos Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra. ETA nació en 1959 con un doble objetivo: la instauración de la República Socialista de Euskadi y la destrucción de España; y para intentar conseguirlos apostó por la vía de la violencia. Resulta incomprensible y no sucede en ningún País del mundo, que una banda terrorista que encarna un proyecto político totalitario y por tanto incompatible con la democracia, pueda aprovecharse de esta y estar tan plácidamente en las Instituciones.
La pesadilla que supuso para todos los españoles, y sobre todo para sus potenciales objetivos, los crímenes de ETA, parece ser que ha llegado a su fin, porque la banda terrorista ha sido derrotada policialmente, aunque todavía no se ha disuelto y no ha entregado todas sus armas. Ahora habría que conseguir también su derrota política y otra cosa muy importante: hay que construir y contar la verdad de lo que ha pasado en estos últimos sesenta años: que ha habido un grupo terrorista que ha asesinado a 857 personas, todas inocentes, por el hecho de ser españoles. Que ha habido unos verdugos y unas víctimas. Y estas últimas siempre se merecerán nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por haber entregad su vida para defender nuestra libertad.


Cayetano González - Ortega Lara y Miguel Angel Blanco

04.07.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

Estos días estamos conmemorando el veinte aniversario de la liberación por parte de la Guardia Civil del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado por ETA durante 532 días en un agujero inmundo construido en una nave industrial en Mondragón, y también recordamos el asesinato a cámara lenta del joven concejal del PP de Ermua, Miguel Angel Blanco. Dos acontecimientos que conmovieron a los españoles y removieron muchas conciencias. Allí empezó la rebelión cívica contra la dictadura de terror que pretendía imponer ETA.
Son hechos absolutamente relevantes de nuestra historia reciente que todo el mundo debería conocer. Personalmente tuve la oportunidad de vivirlos muy intensamente porque en aquellos días de julio de 1997 era el Director de Comunicación del Ministerio de Interior cuyo titular era Jaime Mayor Oreja. Puedo asegurar que lo vivido en torno a la liberación de Ortega Lara y al asesinato de Miguel Angel Blanco es de las cosas que no se me olvidarán jamás porque no solamente las tengo grabadas en la memoria, sino también en el alma, en el corazón. Pasamos en diez días de la alegría y la euforia por la liberación de una persona que había sufrido tan cruel tortura durante casi año y medio, al dolor y la rabia por el asesinato de un joven vasco, cuyo único "pecado" era ser concejal del PP en Ermua.
Cuando en los momentos actuales, el mundo que siempre ha rodeado a ETA, más el PNV, Podemos, lo independentistas catalanes y un sector importante de la izquierda cultural e incluso mediática de este País intentan blanquear el pasado de la banda terrorista so capa de que esta ya no mata y por lo tanto hay que mirar al futuro y pensar que todo lo que ha sucedido estuvo mal, pero por ambas partes, no queda otra que rebelarse ante ese planteamiento y contar y defender la VERDAD. Una verdad que tiene que partir que en los últimos cincuenta años ha habido una banda terrorista, ETA, que ha asesinado a un total de 857 personas, todas inocentes, únicamente por ser españoles. Que no ha habido una guerra, ni un conflicto entre dos partes, sino unos que mataban y otros que eran asesinados. Y estos últimos, las víctimas del terrorismo son, sin ningún género de duda, los héroes de nuestro tiempo.
Junto a ese empeño por contar la verdad, el otro reto importante es que las nuevas generaciones de españoles, los jóvenes que no habían nacido cuando sucedieron aquellos hechos o que tenían uno, dos o tres años, conozcan también lo que pasó. Porque si esos jóvenes no conocen esa parte, dura y dolorosa, de la historia de nuestro País, tendrán una laguna muy importante y desconocerán que hubo compatriotas suyos que llegaron a dar la vida por defender a España, a nuestro sistema de libertades, a nuestra democracia, que es justo lo que ETA quería destruir.


Cayetano González - Sánchez y el guión previsto

27.06.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 26 (OTR/PRESS)

Nadie debería llevarse a engaño. Se puede discrepar en muchas cuestiones del recién reelegido secretario general del PSOE, pero no de que no haya manifestado en diversas ocasiones en los últimos meses cuál es su objetivo prioritario: liderar a la izquierda para echar a la derecha del poder. Y a eso se está dedicando desde el minuto uno de su proclamación como líder de los socialistas en el 39 Congreso Federal celebrado hace ocho días en Madrid.
Sánchez, con la lección aprendida tras su defenestración como secretario general en el tormentoso Comité Federal del 1 de octubre del pasado año, ha empezado conformando una comisión ejecutiva de fieles, sin cuotas territoriales ni barones del partido. La única excepción que ha hecho ha sido la de integrar a uno de sus contrincantes en las primarias, Patxi López, lo cual ha sido una decisión inteligente, porque de esa manera se gana para su causa al 10% d los militantes que votaron en esas primarias al ex -lehendakari.
Y como el reelegido secretario general del PSOE sabe que las decisiones importantes, los gestos, los cambios de rumbo, hay que hacerlos muy al comienzo del mandato, en los primeros días o semanas del mismo, ya se ha embarcado en uno que ha generado mucha polémica: el no apoyo por parte del PSOE al tratado comercial de la Unión Europea con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), que sin embargo si fue apoyado por los eurodiputados socialistas españoles en Bruselas o en la propia Comisión de Exteriores de Congreso la pasada semana. Es un gesto simbólico, porque el tratado será ratificado en el Congreso gracias al apoyo del PP, Ciudadanos y otros grupos políticos, pero ahí queda esa posición de los socialistas que gustará sobre todo al sector social más a la izquierda que les puede votar.
Está claro que Sánchez quiere recuperar, con esta y otras tomas de posición que pueda adoptar en los próximos meses, una parte importante de su electorado que se ha ido en los últimos años a Podemos. El problema es que en el mejor de los casos, si lo consiguiera, eso no le garantizaría que la fuga de votos se produjera entonces por el espacio del centro-izquierda al no compartir una radicalización -podemización la llaman algunos- de tal calibre. Si Sánchez tiene prisa por llegar a la Moncloa se equivocará y le llevará a cometer errores de bulto. Lo inteligente sería que en una primera etapa se dedicara a recuperar al PSOE, a no competir con Podemos para ver quién es más de izquierdas, sino a situar a su partido en su espacio ideológico natural que es el de la socialdemocracia, de donde por cierto lo sacó Zapatero con sus políticas radicales en los siete años que estuvo en el poder.


Martes, 24 de octubre

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