Opinión

Cayetano González - Un mes

21.11.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 20 (OTR/PRESS)

Será en la víspera del popular sorteo de lotería de la Navidad y tres días antes del derbi liguero Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Queda ya sólo un mes para que los ciudadanos de Cataluña puedan acudir el jueves 21 de diciembre a las urnas y en este caso sí, votar legalmente para elegir al nuevo Parlamento de esa Comunidad Autónoma del que saldrá el próximo Presidente de la Generalitat.
A treinta días de esas elecciones, la pregunta del millón es si estas servirán para arreglar poco, mucho o nada, la situación creada en Cataluña a raíz del proceso secesionista llevado a cabo en los últimos tiempos por los partidos independentistas. Un proceso que obligó al Gobierno de la Nación, previa aprobación en el Senado, a aplicar temporalmente el famoso artículo 155 de la Constitución, aunque el Presidente del Gobierno decidiera de forma simultánea a esa aplicación, disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones para el ya citado 21 de diciembre.
Las encuestas que se van conociendo en estos días previos al comienzo oficial de la campaña electoral no contestan de forma categórica a la pregunta del millón. Las fuerzas independentistas -ERC, PDeCat y la CUP están rozando, escaño arriba, escaño abajo, la mayoría absoluta para poder reeditar, si fuera el caso, la mayoría parlamentaria que han tenido en la última y convulsa legislatura, en la que aprobaron las leyes que permitieron convocar el referéndum ilegal del pasado uno de octubre y posteriormente declarar -de forma simbólica dicen ahora- la República Independiente de Cataluña. Otro dato relevante que arroja las encuestas es que el llamado "constitucionalismo", aunque crece en votos y escaños, se encuentra bastante alejado de la mayoría absoluta para poder formar gobierno.
Las elecciones en Cataluña del próximo 21-D van a ser muy importantes no sólo para el devenir de esa Comunidad Autónoma, sino para el resto de España. Si vuelven a gobernar los independentistas es previsible que estos no renuncien a seguir con el denominado "proces" aunque sea con ritmos y formas diferentes. Si no ganan y hay un gobierno en el que pueda estar el PSC, ERC y la marca catalana de Podemos, el esfuerzo de estos se dirigirá a conseguir una reforma constitucional que reconozca el derecho a decidir y por tanto la posibilidad de un referéndum legal pactado, lo cual abriría la puerta a las reivindicaciones nacionalistas-separatistas de otras Comunidades Autónomas, como el País Vasco, Navarra, Baleares, Galicia o Comunidad Valenciana. En definitiva, unas elecciones trascendentes las del 21-0 que pueden no resolver la situación en Cataluña y además, agravar el problema de cohesión territorial en el que vive España desde hace unos años y que se ha agravado por el órdago independentista vivido en Cataluña.


Cayetano González - La caída de Podemos

14.11.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 13 (OTR/PRESS)

La posición que ha mantenido el partido de Pablo Iglesias en torno al proceso secesionista de Cataluña parece ser la causa más clara del hundimiento electoral que le pronostican las encuestas. La última, de la empresa Metroscopia publicada este lunes en el País, le da a la formación morada un 14,7% en intención de voto, muy por detrás del PP (26,1%) y del PSOE y Ciudadanos, a los que la citada encuesta les atribuye un 22,7% a cada uno. Si esta previsión fuera cierta, Podemos se habría dejado en el camino, desde las últimas elecciones generales celebradas en junio del pasado año, casi cinco puntos y medio porcentuales, lo cual es mucho para el poco tiempo transcurrido. Podemos, que nació al albur del movimiento del 15-M, en plena crisis económica, vivió su explosión electoral en las europeas de 2014, algo que luego fue ratificado en las municipales de un año después, donde consiguió hacerse con importantes alcaldías (Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Santiago, Cádiz) o ser decisivos para conformar gobiernos de izquierdas en diferentes Comunidades Autónomas, dando su apoyo al PSOE. Luego vinieron las elecciones generales de diciembre de 2015 y ahí a Pablo Iglesias le cegó su ambición política negándose a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, lo que desembocó en unas nuevas elecciones, en junio de 2016, y en la posterior investidura de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de los socialistas. Una moción de censura presentada por Iglesias a Rajoy en junio de este año sólo sirvió para escenificar la soledad parlamentaria en la que había quedado la formación podemita.
En este último año, el declive y el deterioro de Podemos se ha ido produciendo de forma lenta pero constante. Primero fue la pugna interna entre Iglesias y Errejón, ganada por el primero, pero que dejó una clara factura interna con repercusiones en organizaciones territoriales. Y luego llegó la fase final del proceso secesionista en Cataluña, con la convocatoria del referéndum ilegal del pasado 1-O y la consiguiente reacción del Gobierno aplicando el artículo 155 de la Constitución. Ante ambos hechos, la postura de Podemos ha sido percibida por sus votantes, y con razón, como más cercana a las posturas de los partidos independentistas que a la defensa del Estado de Derecho y de la integridad de la Nación española, y eso le está pasando factura, de momento en las encuestas. El futuro de Podemos está por ver. Pero en la medida en que no rectifiquen y tengan -como pidió hace unos días una de las fundadoras del partido, Carolina Bescansa, un proyecto nacional- y en la medida que el PSOE vaya recuperando su discurso y su posicionamiento como partido de centro-izquierda, ese futuro será más bien negro.


Cayetano González - El candidato Puigdemont

07.11.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Es posible que desde la óptica de los intereses del PDeCat, las siglas actuales de la antigua CIU, presentar el cesado y huido Presidente de la Generalitat como cabeza de lista en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tenga su lógica. Pero no hay ninguna, si lo que se pretende es empezar una nueva etapa en la política catalana a partir de la cita con las urnas dentro de siete semanas. Carles Puigdemont, es una obviedad, ha salido abrasado del reto independentista que él ha liderado en estos últimos dos años, amén del futuro judicial y en su caso penal que pueda tener, una vez que se resuelva por parte de las autoridades belgas su entrega a la justicia española. Como se dice habitualmente, quien ha sido parte, y muy importante, del problema, no lo puede ser de la solución. Pero las cosas se han emponzoñado tanto en la política catalana, que en estos momentos los partidos independentistas no están en condiciones de tomar decisiones dirigidas a ver cómo se sale de una situación que ha dado con siete miembros de la Generalitat, con su Vicepresidente Junqueras al frente, en la cárcel; cinco huidos -con Puigdemont a la cabeza- en Bélgica, amén de unas Instituciones catalanas intervenidas en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En las próximas horas se sabrá si los partidos independentistas -ERC, PDeCat y la CUP- van en coalición electoral o no. Todo indica a que al final cada uno irá por su cuenta, aunque si los números dan después del 21-D, nadie duda de que volverían a reeditar su pacto para formar gobierno. Todas las encuestas publicadas en los últimos días indican dos cosas: que esa mayoría independentista puede estar en peligro y que de los tres partidos, el más votado con diferencia será la ERC. Detalle no menor es que su líder, Oriol Junqueras, se encuentra preso en la cárcel de Estremera, y aunque al no tener de momento una sentencia firme de inhabilitación para desempeñar cargo público, podría ser candidato, otra cosa es que si saliera elegido, pudiera tomar posesión de su escaño y por lo tanto ser Presidente de la Generalitat. En resumen: la política catalana se encuentra en un monumental lío, con la mitad del Govern cesado en la cárcel, la otra mitad en Bruselas y con unos partidos independentistas que, lógicamente, quieren sacar provecho electoral de esa situación, planteando una campaña muy centrada en la petición de amnistía -algo que no se puede dar según la Constitución- de unos presos que ellos llaman "políticos", pero que no son tal, porque están en la cárcel no por sus ideas, sino por haber cometido, presuntamente, en el ejercicio de sus funciones varios delitos tipificados en el Código Penal, como queda explicitado tanto en la querella presentada por la Fiscalía como en el auto de la juez Lamela por el que los envío a prisión.


Cayetano González - Elecciones decisivas

31.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Se podrá discutir la conveniencia o no de la decisión adoptada por Rajoy el pasado viernes de, al mismo tiempo que destituía en aplicación del famoso artículo 155, al Presidente de la Generalitat y a todo su gobierno, disolver el Parlamento y convocaba elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. El punto de discusión está en si no hubiera sido mejor esperar un poco más, para que la situación social y de crisis institucional que vive Cataluña se enfriara un poco y entonces sí, llamar a los ciudadanos a las urnas. Pero una vez convocadas esas elecciones -algo que ha descolocado bastante a todo el entramado independentista- de lo que no hay duda es que serán trascendentales, decisivas, para el futuro de Cataluña y por ende para el del resto de España. Con su convocatoria, Rajoy ha hecho una apuesta llena de riesgo: si ganan los partidos independentistas, se volverá a reproducir, de una forma u otra, el "proceso" vivido estos últimos años. Y como mínimo, en caso de resultar vencedores, esos partidos pedirán ir a una solución de un referéndum pactado para decidir el futuro de Cataluña, lo cual conllevaría una reforma constitucional que algunos aprovecharían para más cosas. Si por el contrario, quienes resultan ganadores son los partidos llamados constitucionalistas -PP, Ciudadanos y PSC- entonces el panorama sería radicalmente distinto. Pero no hay que engañarse. O hay un tsunami de votos a esos partidos, o lo normal es que no tengan la mayoría necesaria para gobernar. En terreno de nadie quedaría la marca de Podemos en Cataluña, cuyos escaños pueden ser decisivos para inclinar la balanza en un sentido o en otro. La postura del partido de Pablo Iglesias durante estos meses hace presagiar que los podemitas están más cerca del bloque independentista que del constitucionalista, lo cual por cierto les está creando serios problemas entre su electorado del conjunto de España. La fractura social y política que se ha producido en Cataluña en estos últimos años y que se ha acelerado en los últimos meses no se va a solucionar con las elecciones del 21 de diciembre. Llevará mucho más tiempo coser las heridas que se han producido. Pero al menos, los ciudadanos catalanes tendrán la oportunidad dentro de siete semanas de poder votar -esta vez con todas las garantías y no como en la pantomima de referéndum del pasado 1-0- y decidir con su voto que es lo que quieren para el futuro de su Comunidad Autónoma. Es la hora por tanto de la ciudadanía. Los independentistas son unos maestros de la movilización; los constitucionalistas tampoco les van a la zaga, al menos por lo visto en las dos impresionantes manifestaciones llevadas a cabo en Barcelona el pasado día 8 y este último domingo. El 21-D los catalanes tienen una cita trascendental.


Cayetano González - Marear la perdiz

17.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 16 (OTR/PRESS)

Tal y como era previsible, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha contestado ni con un "si" ni con un "no" el requerimiento que la pasada semana le envió el Presidente del Gobierno para que contestara de forma clara y con un monosílabo, si él o alguna autoridad de la Generalitat habían declarado la independencia de Cataluña del resto de España. Muy al contrario, Puigdemont ha aprovechado su misiva a Rajoy para plantearle que se abra una vía de diálogo, al mismo tiempo que le pide que cesen las medidas que él califica como represivas sobre su Comunidad Autónoma.
Estamos ante un auténtico "juego de trileros". El Molt Honorable Puigdemont está haciendo un auténtico papelón, porque después de haber llevado a Cataluña, a sus Instituciones, a la sociedad catalana hasta el borde del abismo, desde el pasado martes le ha entrado un cierto vértigo, lo que le ha llevado a echar un poco, sólo un poco, el freno de mano. Pero su postura ni contenta a los suyos, ni tampoco a los demás. Los independentistas han sufrido un desencanto tras la intervención del Presidente de la Generalitat en el Parlamento, declarando de forma sui géneris la independencia para proponer ocho segundos después su suspensión.
Eso sí, para contentar a los desencantados, firmó, junto a los 72 diputados de Juntos por el Si y la CUP, un papel, una especie de contrato de adhesión a la República de Cataluña en una sala de Parlamento, lo cual tiene un valor político pero no jurídico.
La respuesta del Gobierno de la Nación a la carta de Puigdemont tampoco es para tirar cohetes. No se entiende muy bien que cuando destacados miembros del ejecutivo y del PP han dicho literalmente que estamos ante un "golpe de Estado", este no se pare de manera inmediata y contundente con los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. En ese sentido cuesta entender por qué se ha dado un segundo plazo a los golpistas, que expira el próximo jueves a las 10 de la mañana, para que desistan de su actitud. ¿Alguien se imagina al expresidente Suárez o al Teniente General Gutiérrez Mellado dando ese tipo de plazos a Tejero o a Milans del Bosch el 23-F de 1981 para que desistieran de su intento de golpe de Estado?

La sociedad española ha demostrado en estas últimas semanas, saliendo a la calle o colocando de forma espontánea y natural la bandera de España en los balcones, un cierto hartazgo y una exigencia a los responsables políticos para que pongan fin a la locura independentista impulsada por los Puigdemont, Junqueras y Forcadell de turno. Si Rajoy, Sáenz de Santamaría o Pedro Sánchez no son conscientes de ese hartazgo y no están a la altura de la exigencia ciudadana será su problema y muy probablemente lo pagarán en las próximas convocatorias electorales.


Cayetano González - Días decisivos

10.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 9 (OTR/PRESS)

Lo que suceda este martes en el Parlamento de Cataluña y la consiguiente respuesta que se vea obligado a dar el Gobierno de España acrecentará aún más, si cabe, la grave crisis institucional que se vive desde hace tiempo debido al desafío secesionista planteado por el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas y antisistema que le apoyan. En la diabólica lógica de las cosas está que Puigdemont aproveche su comparecencia este martes en el Parlamento para declarar de una u otra forma la independencia de Cataluña. Ha ido demasiado lejos el todavía Presidente de la Generalitat y sus socios de viaje para, a última hora, echar el freno de mano y no plasmar esa declaración de independencia. Que esta sea más o menos rotunda, que se formule en diferido, que se fijen unos plazos para llevarla a la práctica, es lo de menos. Lo de más, es que el independentismo catalán, después del esfuerzo que tuvo que hacer para votar en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, no puede detenerse. Es un movimiento que necesita estar continuamente avanzando porque de lo contrario perdería su propia esencia y razón de ser. En los últimos días ha habido dos hechos muy relevantes que, evidentemente, han empañado la euforia de los independentistas tras el referéndum ilegal del 1-O. Por un lado, la decisión de los principales bancos y empresas de Cataluña de trasladar su sede social fuera de esa Comunidad Autónoma debido a la gran inquietud y riesgos que generaba para sus clientes y para su propio negocio la previsible declaración unilateral de independencia. En segundo lugar, la impresionante manifestación celebrada este pasado domingo en Barcelona, donde cientos de miles de personas -de Cataluña y de otros puntos de España- dejaron claro que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que no quiere la independencia y que quieren seguir formando parte de España. A unos responsables políticos "normales", ambos hechos les tendrían que llevar lógicamente a la reflexión y al replanteamiento de su loca aventura secesionista. Pero es que no estamos hablando de personas "normales", sino de unos fanáticos que ponen por delante el sentimiento nacionalista a cualquier otra consideración. La patria por encima de las personas; los ideales independentistas por delante de los derechos más elementales; los intereses partidistas sustituyendo y anulando al bien común de todos los ciudadanos, sean nacionalistas o no. Ante esto, no queda otra solución, como el Rey enfatizó su discurso del pasado martes, que las autoridades y los poderes legítimos del Estado restituyan la ley y el orden constitucional en Cataluña. Esa tarea le corresponde liderarla al Presidente del Gobierno, por lo que es de esperar que Rajoy salga de inacción y cumpla con su deber si este martes Puigdemont declara unilateralmente la independencia.


Cayetano González - Elecciones

03.10.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 2 (OTR/PRESS)

Pocas salidas le quedan ya al Presidente del Gobierno para intentar atajar lo que algunos han llamado "golpe de Estado" dado por la Generalitat de Cataluña al convocar y llevar a cabo este domingo un referéndum ilegal que se saldó con gente votando, con urnas en los colegios y con cargas policiales que dejaron algunas imágenes muy duras, que han sido convenientemente aprovechadas por los independentistas. El vértigo seguirá en las próximas horas y si tal como anunció en la noche del domingo el Presidente de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña declara esta misma semana de forma unilateral la independencia, el Gobierno de España con su Presidente a la cabeza no tendrá ya excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución que dice textualmente que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Este artículo, tan constitucional como los demás, confiere al Gobierno la competencia para aplicarlo. Rajoy no necesita el apoyo del PSOE o de Ciudadanos para hacerlo. En el caso del partido de Rivera ya han dicho este lunes que están a favor de su aplicación; en el caso del PSOE, dependiendo del día de la semana, dicen una cosa o su contraria. Pero el Presidente del Gobierno no puede seguir rehuyendo sus responsabilidades ante la más grave crisis política e institucional que hemos vivido en España desde la transición política. Mayor, si cabe, que la que se generó con el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981. Suspendida la autonomía en Cataluña, inhabilitados sus responsables políticos y juzgados por los delitos que han cometido, el Presidente del Gobierno debería convocar en los próximos meses elecciones generales en las que sería prioritario que todos los partidos políticos se presentaran con una propuesta clara sobre el modelo territorial de Estado que quieren y que soluciones proponen para resolver los problemas que los nacionalismos vienen planteando desde la transición política. Estos días, muchos ciudadanos han salido de forma espontánea a las calles de diferentes ciudades con la bandera de España para defender la unidad de la Nación. Ante la gravedad de la situación creada por el desafío independentista en Cataluña, hay que darles una oportunidad para que se expresen en las urnas de tal manera que el Gobierno que salga de las mismas sepa a qué atenerse.


Cayetano González - Muy mala pinta

26.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 25 (OTR/PRESS)

Cuando sólo faltan cinco días para el 1-O, fecha del referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña, las cosas no pintan nada bien para nadie: ni para los independentistas y promotores del citado referéndum, ni para el Estado, obligado a impedir su celebración si quiere preservar el cumplimiento de la ley, ni, sobre todo, para la propia sociedad catalana, profundamente dividida y fracturada por culpa de unos dirigentes políticos irresponsables que la han colocado al borde del precipicio. De aquí al domingo es muy difícil, por no decir imposible, que se encuentre algún tipo de solución a la situación creada. Los independentistas han ido tan lejos en sus pretensiones, que han obligado al Estado -Gobierno, jueces, fiscales- a tener que dar una respuesta al desafío secesionista que a ojos de una parte de la opinión pública ha podido parecer desproporcionada y excesiva. Sin embargo, en estos días pasados se han visto escenas y hechos de una enorme gravedad: la Guardia Civil refugiada dentro de un edificio oficial de la Generalitat porque unos manifestantes la acosaban en la calle y destrozaban tres vehículos de la Benemérita; una secretaria judicial teniendo que salir por la azotea de un edificio; la Presidenta del Parlamento de Cataluña arengando a las masas en plena calle; el Consejero de Interior diciendo públicamente que no acatarán la orden de la Fiscalía de que sea un mando de la Guardia Civil quien coordine a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos d"Esquadra. Llegados a este nivel de tensión, de enfrentamiento, de desafío, el Estado no tiene más remedio que emplearse a fondo, con todos los medios a su alcance, para que el próximo domingo no se lleve a cabo el referéndum ilegal. Este partido que se juega el día 1 lo tiene que ganar el Estado, por su propia supervivencia y para dejar claro que nadie, absolutamente nadie, puede situarse o estar por encima de la ley. El problema es que esto no termina este domingo. Si se impide el referéndum, los independentistas aprovecharán el enrabietamiento que eso produzca para seguir con su pulso al Estado. Y si lo hay, mucho peor, porque supondrá la derrota del Estado de Derecho al no haber sido capaz de impedir que se imponga la ilegalidad en una parte del territorio nacional. Por no hablar de los partidos, PSOE y Podemos fundamentalmente, que están esperando al día 2 para plantear un jaque mate a Rajoy en forma de moción de censura que sólo necesitaría -aparte de los independentistas catalanes- del apoyo más que probable del PNV para salir adelante. Y con un gobierno de esas características, las concesiones políticas a Cataluña y a otras Comunidades Autónomas donde los nacionalistas tienen peso, están más que aseguradas.


Cayetano González - El daño ya está hecho

19.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 18 (OTR/PRESS)

Casi todo el mundo político y mediático está ya situado mentalmente en el lunes 2 de octubre, es decir, en el día siguiente del anunciado referéndum ilegal por la independencia convocado por la Generalitat de Cataluña y que el Presidente del Gobierno asegura una y otra vez que no se llevará a cabo. Lo que nadie reconoce, al menos públicamente, es que el desprestigio institucional, el hastío ciudadano, la mala imagen que se está proyectando hacia el exterior con este pulso planteado al Estado por los independentistas catalanes ha causado ya un daño irreparable.
Un daño no solamente a Cataluña, sino también a España en su conjunto, porque fuera de nuestras fronteras se entiende muy mal que en pleno siglo XXI, haya una parte de un Estado europeo como es España, asimilable a cualquier País democrático de nuestro entorno, que quiera separarse del mismo y que para conseguirlo se salte a la torera la ley, el marco jurídico y se utilice la mentira como argumento al decir, por ejemplo, que el derecho de autodeterminación es un derecho universal aplicable a cualquier territorio, en este caso, a Cataluña. Los políticos catalanes que han impulsado este proceso secesionista -fundamentalmente Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- tienen ya una responsabilidad histórica ante sus conciudadanos, por colocar a Cataluña al borde del precipicio y no estar dispuestos, al menos de momento, a dar marcha atrás. Esa responsabilidad también es extensible a todos aquellos que de una manera u otra lo han apoyado o no se han opuesto de forma clara y contundente. En este apartado, Podemos, en su versión nacional y en la catalana -el paradigma es la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau- también tienen su cuota importante de culpa. En estos días, el Gobierno de la Nación, con su Presidente al frente, están empeñados en algo que les viene obligado por el juramento o promesa que hicieron al tomar posesión de sus cargos: cumplir y hacer cumplir la ley. No les queda otra, más allá de que Rajoy, en el terreno personal y político, se juegue mucho en el envite planteado para el 1 de octubre. Si hay referéndum, el actual Presidente del Gobierno se debería ir esa misma noche a su casa por haber sido incapaz de impedir un golpe a la democracia. Y si no lo hay, a Rajoy le espera desde el día siguiente un auténtico calvario político, no sólo por lo que puedan seguir haciendo los independentistas catalanes, sino porque la izquierda española, liderada por el PSOE, muy probablemente aprovechará el río revuelto para sacar su propia ganancia de pescadores en forma, por ejemplo, de una moción de censura pactada por Sánchez e Iglesias y que podría ser apoyada por el resto de los grupos de la Cámara, incluido el PNV, lo cual aseguraría su aprobación.


Cayetano González - La calle

12.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 11 (OTR/PRESS)

Consumado el "golpe de Estado" dado por los partidos independentistas la pasada semana en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de la ley del referéndum y la de "desconexión" con España, ahora el relevo lo toma la calle, donde los antisistema y radicales de la CUP tendrán un papel relevante, aunque no sólo ellos, porque habrá elementos de la Asamblea Nacional de Cataluña que también agitarán la movilización en pro del referéndum. De momento, esa "presión" callejera la están sintiendo, por un lado, los más de 200 Alcaldes que se han negado a ceder los espacios municipales para que se instalen las urnas el próximo 1 de octubre. Alcaldes en su mayoría pertenecientes al PSC y que gobiernan en localidades importantes como Hospitalet del Llobregat, Mataró, Santa Coloma del Gramanet, Tarragona o Lleida. El caso del Ayuntamiento de Barcelona es distinto, porque allí la regidora, Ada Colau, es de Podemos y mantiene una postura ambigua, aunque cada día que pasa lo es menos y en sus declaraciones da a entender que facilitará lo que sea necesario para que la gente pueda votar. El segundo estamento que a día de hoy está sufriendo esa presión en la calle es uno de los Cuerpos de Seguridad, la Guardia Civil, que ha recibido instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que como policía judicial investigue y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el referéndum. La imagen de militantes y simpatizantes de la CUP dando papeletas, en plan provocativo, a los guardias civiles que estaban en el exterior de una imprenta donde se sospechaba que se podía haber elaborado material para el referéndum, no es precisamente la más edificante para lo que tiene que ser el Estado de Derecho. Los mandos políticos de la Guardia Civil -el ministro de Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General del Cuerpo- no deberían tolerar que se repitieran escenas como las narradas. La Guardia Civil, que es un símbolo de España, no está para recibir papeletas ni para aguantar provocaciones de los que se ciscan en las leyes, sino para velar para que estas se cumplan. Los próximos días, al menos hasta el 1 de octubre, serán complicados y estarán llenos de tensión y de desafío al Estado. Y en ese ambiente, la calle, las movilizaciones, serán el recurso principal de algunos, con el riesgo que eso conlleva. Los independentistas ni quieren ni ya pueden dar marcha atrás, y el Gobierno tendrá que aplicar todos los medios a su alcance, -"sin renunciar a nada", como dijo Rajoy el pasado jueves- para evitar que se consume este golpe de Estado a la democracia y la unidad de la Nación española que unos desaprensivos e iluminados quieren dar.


Cayetano González - Faltan veinticinco días

05.09.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 4 (OTR/PRESS)

Llega la hora de la verdad para todos: para los impulsores del proceso secesionista de Cataluña y para los que por imperativo legal tienen el deber y la obligación de impedirlo. Quedan sólo veinticinco días para que este pulso sobre la celebración o no de un referéndum a todas luces ilegal sobre la separación de Cataluña del resto de España llegue a su fin. Un pulso, un debate cuyo inicio se remonta a la Diada de hace cinco años y que ha acaparado de forma más o menos permanente la atención informativa y política durante todo este tiempo. Ahora ya no hay marcha atrás posible. Los independentistas han ido demasiado lejos en sus promesas y en sus acciones, como para bajarse del burro en el último momento. Este miércoles está previsto que se apruebe en el Parlamento de Cataluña la denominada ley de referéndum, que a continuación sería firmada por todos los miembros de la Generalitat -para no dejar sólo al Presidente Puigdemont ante una más que probable inhabilitación-, y también de manera inmediata sería recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional que decretaría su suspensión también en tiempo récord. A partir de ahí se abrirán varias incógnitas como, por ejemplo, que sucederá si el Gobierno de la Generalitat, como es previsible, desacata lo que dicte el Tribunal Constitucional, o que hará el Gobierno de la Nación si el 1 de octubre la Generalitat consigue instalar todas o parte de las 6.000 urnas que su Presidente ha desvelado que ya han adquirido. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando juró su cargo lo hizo con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues eso es lo que, lisa y llanamente, tiene que hacer ahora ante el desafío secesionista. Todo el mundo sabe que una Comunidad Autónoma no tiene competencias para convocar un referéndum y mucho menos para decidir si se separa del resto del Estado del que forma parte. El Gobierno de la Nación y el resto de Instituciones que conforman lo que se conoce como el Estado de Derecho tienen los instrumentos necesarios -aplicación del artículo 155 de la Constitución incluido- para impedir que esa ilegalidad que supondría la celebración de un referéndum se lleve a cabo. Sabido es que Rajoy es muy partidario de dejar pasar el tiempo en la confianza de que eso vaya solucionando los problemas. En este caso, esa fórmula de no hacer nada ya se ha visto que no ha dado resultado. En los próximos días tendrá que actuar, lo que implicará tomar decisiones contundentes e incómodas, con un objetivo claro: que los actuales gobernantes de Cataluña no se salten la ley y que si lo hacen se aplique todo el peso de esta sobre ellos, como sucede con todos y cada uno de los sufridos ciudadanos cuando no cumplen sus obligaciones. ¿O es que no somos todos iguales ante la ley?


Cayetano González - ¿Olimpiadas en Barcelona?

25.07.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 24 (OTR/PRESS)

En estos días se conmemora el veinticinco aniversario de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Barcelona y la pregunta que cabe hacerse es bastante obvia: ¿sería posible un cuarto de siglo después unas Olimpiadas en la capital de Cataluña? La respuesta también es evidente: no parece que ni el Comité Olímpico Internacional, ni los diversos actores internacionales y nacionales que influyen a la hora de tomar una decisión del calibre de designar sede de los Juegos Olímpicos, apostaran en el momento actual por Barcelona, capital de una Comunidad Autónoma donde la inestabilidad institucional, social y económica ha pasado a sustituir a esa imagen de sociedad moderna y abierta al progreso que hace veinticinco años tenía Barcelona. Un "logro" que deberían apuntarse todos aquellos que llevan cinco años impulsando el proceso independentista de Cataluña. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña y sus amigos antisistema de la CUP han entrado ya en una fase de su desdichado "prusés" independentista, donde han perdido las más elementales normas de la democracia entre las que destaca por encima de cualquier otra el respeto a la ley. Hace ya tiempo que Puigdemont, Junqueras y demás compañeros "mártires" han entrado en esa dinámica del disparate continuo que ha fracturado en dos a la sociedad catalana y la ha situado al borde mismo del abismo De las cosas más graves que ha sucedido en los últimos días ha sido la dimisión del Director de la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos d"Esquadra, aduciendo razones políticas y su sustitución por una persona mucho más afín al proceso independentista que entre sus "perlas" en las redes sociales destaca una: la que hacía referencia a que los españoles le damos pena. Y ese es el responsable directo de quienes están llamados a velar para que el uno de octubre se cumpla la ley en Cataluña y, por lo tanto, se impida con todos los medios a su alcance que se pueda celebrar un referéndum ilegal. Sumamente preocupante es también la postura que, ante este desafío independentista de una parte del territorio nacional, ha adoptado el PSOE de Pedro Sánchez. En una cuestión claramente de Estado con mayúsculas, lo que se espera del principal partido de la oposición es que apoye al Gobierno de la Nación y que no se dedique a criticar o a poner palos en la rueda como ha sucedido tras el anuncio del ejecutivo central de que se van a controlar semanalmente las cuentas de la Generalitat para que ni un solo euro se destine a financiar el referéndum ilegal. Parece una medida bastante lógica. ¿Qué problema tiene el PSOE para apoyarla? La equidistancia en este tipo de cuestiones lo que transmite es una enorme debilidad política y para los socialistas, pensando en toda España, puede ser letal.


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