MADRID, 20 (OTR/PRESS)
La secretaria general del PP, que además es Presidenta de la Comunidad de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó la pasada semana en una reunión con dirigentes de su partido que "hay un objetivo que es innegociable, y es la creación de empleo en España. Podemos tener opiniones diversas en otras cuestiones, pero no en la recuperación económica y en apoyar al Gobierno. Eso no es negociable" sentenció. Esta declaración de Cospedal ha sido interpretada de forma casi unánime como un toque de atención a aquellos barones autonómicos del PP que en las últimas fechas se habían rebelado ante la posibilidad de que Rajoy decidiera rebajar el objetivo de déficit para Cataluña, atendiendo en este sentido una petición hecha por el Presidente de la Generalitat.
Si esa fuera la intención última de la advertencia de Cospedal, estaríamos ante un nuevo caso de confundir y mezclar los intereses de un partido con los de unas Instituciones que representan a todos los ciudadanos. La "número dos" del PP sabe perfectamente que el Presidente de una Comunidad Autónoma, sea del partido que sea, tiene que gobernar pensando en los intereses de todos los ciudadanos de esa Comunidad, le hayan votado o no. Y si esa defensa lleva a manifestar su desacuerdo con determinadas decisiones del Gobierno de España, habrá que verlo con total normalidad y dentro del papel institucional que a cada uno le toca jugar.
En el caso que nos ocupa, parece bastante lógico que los Presidentes de aquellas Comunidades Autónomas, sean del PP o no, que han hecho los deberes y han cumplido con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno Central muestren su disconformidad y su desacuerdo con que ahora, el Gobierno de Rajoy muestre su predisposición a rebajar ese objetivo a Cataluña, porque el Gobierno de esta Comunidad sencillamente no ha hecho todos los recortes necesarios. Mucho más, cuando existe la sospecha fundada de que si se toma esta decisión por parte de Rajoy es por no se sabe muy bien que intento de conseguir que Artur Mas renuncie a su pulso soberanista, referéndum incluido.
En cualquier caso, debería quedar muy claro que no se deben de mezclar nunca los intereses de partido con los de las Instituciones. Tiene razón Cospedal cuando pide un esfuerzo a todos los barones autonómicos de su partido para conseguir la recuperación económica. Pero no la tiene cuando para conseguir ese objetivo dice que no es negociable el apoyo de esos barones al Gobierno de la Nación. Primero, porque el Gobierno de España puede equivocarse en las recetas para conseguir esa recuperación. Y segundo, porque no se puede favorece a una Comunidad Autónoma que no ha cumplido con sus obligaciones en detrimento de otras que si lo han hecho. Las adhesiones inquebrantables pertenecen a otra época.
MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Lo sucedido estos días en la localidad vizcaína de Ondarroa, donde la Policía Autónoma Vasca tuvo que llevar a cabo un despliegue de 300 agentes antidisturbios, 30 furgonetas, coches patrulla y dos lanchas, para detener a una vecina del pueblo condenada por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por ayudar a varios comandos de la banda terrorista, es una muestra mas de la anormalidad democrática que se sigue dando en el País Vasco, a pesar de que algunos se empeñen en seguir hablando de un "tiempo nuevo" porque ETA ya no mata. Todo ese despliegue de la Ertzantza tuvo que hacerse porque varios centenares de simpatizantes de la izquierda abertzale hicieron en un puente de Ondarroa una especie de "muro popular" en torno a la colaboradora de ETA para dificultar su detención.
Siendo grave esta actitud, lo fue mucho mas el comportamiento de la portavoz de EH-Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegui, presente en los incidentes, que se encaró con el responsable de la Ertzantza al que le espetó lo siguiente: "no quiero volver a ver un desalojo de esta manera; y si lo vuelvo a ver, llamo a la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, que me ha dado su móvil particular y me ha dicho que en cualquier momento le llame si tenemos algún problema, y estoy a punto de llamarla. ¿Está claro, verdad?"
De momento no se tiene noticia que la Fiscalía haya instado a la autoridad judicial a iniciar el correspondiente proceso judicial contra la portavoz de EH-Bildu por lo que claramente es un delito de obstrucción a la acción de una fuerza policial, en este caso la Ertzantza, que se está limitando, ni mas ni menos, a ejecutar una orden de detención de una colaboradora de ETA dada por la Audiencia Nacional. Lo mismo que alguna responsabilidad política tendría que asumir la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, por haber estado "mercadeando" con la portavoz de EH-Bildu la forma de llevar a cabo una detención policial. Como se puede apreciar, el conjunto de los hechos es un puro disparate.
El "numerito" de Ondarroa también pone una vez mas de manifiesto lo crecido que está ese mundo sociológico que apoya a ETA. Motivos tienen para estarlo tras la vuelta de las diferentes marcas de la banda terrorista a las Instituciones vascas y navarras y tras la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional. ETA, desde el punto de vista policial, puede estar muy tocada y mermada, pero desde el punto de vista político está más fuerte que nunca. Y si encima, el Estado de Derecho se muestra complaciente o pastelero con quienes ni se han arrepentido, ni han pedido perdón a las víctimas de sus crímenes, más motivos se les da para que lleven a cabo actuaciones como las de Ondarroa.
MADRID, 13 (OTR/PRESS)
Lo ha hecho un socialista de los que podrían ya denominarse "históricos". Ramón Jáuregui, además de haber sido secretario general de los socialistas vascos entre 1988 y 1997, fue vicelehendakari del Gobierno Vasco en los ejecutivos de coalición PNV-PSE de finales de los ochenta y comienzos de los 90. Zapatero no contó con el al llegar al Gobierno en el 2004, pero posteriormente, en octubre de 2010 le nombró Ministro de la Presidencia, puesto en el que estuvo hasta la victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011. En la actualidad, es diputado por Alava en el Congreso y uno de los principales colaboradores de Rubalcaba. Es el coordinador de la Conferencia Política que el PSOE celebrará el próximo otoño.
Pues bien, Jáuregui acaba de decir, en referencia a la clase política que "necesitamos una actitud valiente. No nos podemos poner de perfil ante los problemas, porque o cambiamos o nos echan". En estas palabras del dirigente socialista estaba implícito un mensaje para su propio partido. En las diferentes encuestas publicadas a lo largo del pasado fin de semana, el PSOE no solo es que no remonte, sino que proporcionalmente baja mas en intención de voto que el PP, e incluso la distancia con la tercera fuerza política, Izquierda Unida, empieza a ser seriamente preocupante para los intereses socialistas.
Esas mismas encuestas ponen de manifiesto que entre los propios votantes socialistas, la valoración del actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es muy baja y la confianza que inspira es manifiestamente mejorable. Asimismo hay una exigencia de que las primarias para elegir al candidato del PSOE en las próximas elecciones generales del 2015 se lleven a cabo este mismo año sin esperar al que viene, como sería el plan de la actual dirección socialista. Es decir, el "tsunami" de la opinión pública, y específicamente, del electorado socialista se puede llevar por delante al PSOE si la actual dirección del partido no reacciona con prontitud.
De ahí que las palabras que Jáuregui pronunció pensando fundamentalmente en la castigada "casta" política -es ya desde hace tiempo la segunda preocupación de los ciudadanos tras la crisis económica y el paro- se puedan aplicar en toda su extensión y literalidad a su propio partido. Con una intención de voto en caída libre; con un líder que sale tan malparado en las encuestas entre sus propios votantes, parece evidente que los socialistas tendrían que hacer algo y hacerlo ya. Enrocarse en unos plazos, en un calendario preconcebido por la misma dirección que es tan cuestionada, lo único que producirá es aumentar el descontento interno y el número de voces que pedirán un cambio radical.
MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Uno de los principios básicos por los que debe de regirse lo que de manera un poco pomposa se denomina "Estado de Derecho" es que este tiene que aplicar de forma implacable los mecanismos con los que cuenta para hacer cumplir la ley a todos los ciudadanos. Mucho más cuando un ciudadano que tiene el rango de Presidente de Comunidad Autónoma anuncia a los cuatro vientos que no está dispuesto a acatar la ley.
Este es el caso, ni más ni menos -no pretendo hacer un chiste fácil con las palabras- del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Porque conviene recordar que según la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Presidente de la Generalitat es el máximo representante ordinario del Estado en su Comunidad Autónoma. Y claro, ustedes me dirán, que ejemplo da a los ciudadanos de a pié que si, pongo por caso, no pagan sus impuestos pueden acabar en la cárcel, que una autoridad pública desafíe de manera tan evidente el cumplimiento de la ley.
Viene esto a cuento de la reacción que han tenido Artur Mas y los partidos de corte nacionalista en Cataluña, ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno de la Nación contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero y en la que se otorgaba al pueblo de Cataluña carácter de "sujeto político y jurídico soberano" lo cual entra en evidente contradicción con el artículo 1.2 de la Constitución en el que se dice que la soberanía reside en el pueblo español. Mas se apresuró a criticar tal decisión, a aseverar que la misma cuestiona la voluntad de las urnas -en referencia a la mayoría de catalanes que votaron a partidos favorables al derecho a decidir en las últimas elecciones autonómicas- y a señalar que "pese a los obstáculos, no vamos a congelar nada, el camino sigue".
Ante una actitud tan desafiante como la mostrada desde hace meses por el Presidente de la Generalitat, el Gobierno de la Nación lo que tiene que hacer es aplicar la ley y hacer que esta se cumpla. Mecanismos tiene para ello. Lo que hace falta es eso que de una forma un tanto cursi se llama "voluntad política". Y es ahí donde pueden surgir las dudas si se analiza la forma tan peculiar que tiene el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de enfrentarse a los problemas o conflictos de índole política. Si alguien piensa que Artur Mas, su partido CIU o Esquerra Republicana de Cataluña van a abandonar la senda secesionista, es que o son muy ingenuos o simplemente se niegan a aceptar la realidad. Por el bien de los catalanes que no son independentistas y pensando en preservar la unidad territorial, esperemos que Rajoy no esté en ninguno de esos dos grupos y que tanto el como su Gobierno cumplan con su obligación de hacer que se acate la ley.
MADRID, 02 (OTR/PRESS)
La dramática cifra de 6.202.700 personas en paro arrojada por la última Encuesta de Población Activa, ha sido como la espoleta que ha disparado una vez más el debate en la opinión pública sobre la necesidad de lo que algunos llaman de forma un tanto rimbombante un "Pacto de Estado" y otros se limitan a denominarlo "Acuerdo Nacional".
El sentido común indica que ante la gravísima situación económica que actualmente vive España, agravada todavía más por las negras previsiones hechas públicas por el Gobierno el pasado viernes, lo lógico sería sentar en una misma mesa al ejecutivo, a los partidos, a los empresarios y a los sindicatos para hacer un diagnóstico común sobre la situación y, sobre todo, consensuar las medidas que serían necesarias para intentar salir de la crisis. Pero como es bien sabido, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y no parece que las circunstancias políticas y sociales permitan o faciliten en el momento presente ese deseado entendimiento.
En nuestra historia reciente hay sólo un precedente de un acuerdo de esas características que se pueda invocar: los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, liderados por el entonces Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y en el que participaron todos los agentes políticos y sociales que debían hacerlo. Pero eran otros tiempos; se estaba en la transición política y la capacidad de diálogo y de generosidad por parte de todos era infinitamente mayor que la que se puede dar actualmente. No parece que Rajoy y Rubalcaba tengan la más mínima posibilidad de entenderse; o lo mismo se puede decir de la CEOE con CC.OO. y UGT.
A falta de las condiciones necesarias para ese gran acuerdo nacional, sí que hay algunas cosas que son exigibles. En primer lugar, al actual Gobierno y a su Presidente, que gobiernen, que tomen las medidas que hay que tomar. Para eso, los españoles les dieron hace diecisiete meses una cómoda y amplia mayoría absoluta con casi once millones de votos. Y a veces da la impresión que Rajoy no sabe o no quiere hacer las cosas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se lo acaba de reprochar, animándole a que simplemente aplique lo que llevaba el PP en su programa electoral. Al principal partido de la oposición, el PSOE, también es exigible que ponga por delante el interés general al particular, aunque ya se sabe que pedir esto a un partido político puede ser una quimera. Y a los sindicatos, que aparte de intentar modernizarse un poco y recuperar el prestigio perdido, que no pongan excesivos palos en la rueda. ¿Es todo esto un "Pacto de Estado"? No lo se, pero no lo llamemos así y a lo mejor de esa forma es mas fácil conseguirlo.
MADRID, 29 (OTR/PRESS)
La rueda de prensa ofrecida por el Gobierno el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, escenificó de manera perfecta la imagen de un ejecutivo que si no ha arrojado la toalla dio toda la impresión de estar a punto de hacerlo. A falta de presidente que diera la cara, tras conocerse en la víspera el dramático dato de que 6.202.700 españoles están en el paro, tuvieron que ser la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, los encargados de anunciar "urbi et orbi" que cuando acabe la actual legislatura -si nadie lo remedia antes será en el 2015- habrá 700.000 personas más en paro que cuando el actual Gobierno llegó al poder hace ahora diecisiete meses.
Rajoy y el PP ganaron las elecciones por una cómoda y amplia mayoría absoluta en noviembre de 2011. Llegaron insuflando a los españoles grandes dosis de esperanza de que con ellos en el poder se podría salir de la crisis económica que en su origen tenía raíces internacionales pero que se había visto agravada por las políticas de Zapatero. Contaban para ser creíbles en sus promesas, con el prestigio y la eficacia en la gestión que había caracterizado al PP en su anterior etapa en el Gobierno (de 1996 a 2004), con Aznar en la Presidencia y con Rodrigo Rato al frente del equipo económico. Por eso, una inmensa mayoría de ciudadanos --casi once millones-- les creyeron y les dieron su voto.
Pero transcurrido casi año y medio, los datos no pueden ser más catastróficos para Rajoy y su Gobierno. El número de parados ha pasado de cinco millones cuando el PP llegó al poder a los 6.202.700 de la última EPA, lo que supone 27,16 por ciento de la población en edad de trabajar. Entre los jóvenes, ese porcentaje se eleva al increíble 57,2 y son ya casi dos millones los hogares donde ninguno de sus miembros tiene un empleo. Ante este panorama, el presidente del Gobierno no tiene otra ocurrencia que pedir paciencia a los españoles, añadiendo que el Gobierno "tiene las ideas claras, sabe a donde va y lo que hay que hacer". Una declaración de lo mas desafortunada por parte de quien tiene la máxima responsabilidad de liderar al país y a una sociedad tan castigada por la crisis.
La cuestión no es ya que de seguir así, Rajoy y el PP perderán las próximas elecciones. En la situación actual, eso es lo de menos. Lo de mas, es que si el Presidente y el Gobierno no reaccionan -y los síntoma no son nada esperanzadores al respecto- arrastrarán a todo el País en su caída libre. Recuerdan al boxeador noqueado, con la mirada perdida, dando golpes al aire, que se agarra a su oponente o al árbitro con tal de no derrumbarse sobre la lona y que le cuenten hasta diez. De seguir así, a Rajoy no le salvará ni la campana.
MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Está el personal como para cargarle mas con este tipo de espectáculos circenses por parte de quienes se supone tienen que ser ejemplares en todo, al ser los representantes del pueblo, de la soberanía popular. Los dos últimos "numeritos" han tenido lugar en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia. En el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, Joan Baldoví, diputado de "Compromis" -un partido nacionalista de izquierdas de la Comunidad Valenciana- empezó a desnudarse -la cosa no llegó a mayores...- mientras que intervenía desde su escaño para mostrar su rechazo a la Ley antidesahucios presentada por el Gobierno.
En el Parlamento de Galicia, el incidente fue mas virulento. Su protagonista, el diputado José Manuel Beiras, un personaje estrafalario, histriónico, líder histórico de la izquierda nacionalista gallega. No tuvo otra ocurrencia que, al sentirse ofendido por una intervención del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acercarse al escaño de este, encararse con el y descargar un puñetazo, no contra el jefe del ejecutivo, que seguro que no fue por falta de ganas, sino contra su escaño. Increíble, pero cierto. Llamado al orden por la Presidenta de la Cámara, a la que le faltó el coraje y la dignidad de expulsarle inmediatamente del Salón de Plenos, Beiras abandonó voluntariamente este, eso sí, entre aplausos y gestos de aprobación, no solamente de sus compañeros de grupo, sino también de algunos diputados del PSG-PSOE.
En cualquier organización humana, conductas de este tipo o similares serían castigadas de forma mucho mas severa: habría una suspensión temporal de empleo y sueldo, o incluso un despido procedente por incumplimiento de las obligaciones laborales para quien protagonizara esas actuaciones. En el Parlamento, todo queda en una llamada de atención por parte del Presidente de la Cámara o como mucho en retirarle la palabra y en casos extremos, en una expulsión del Salón de Plenos y solo durante la sesión en curso.
Está el prestigio de la denominada "casta" política como para este tipo de espectáculos. En un País donde, según acaba de revelar la última Encuesta de Población Activa, se ha rebasado ya la dramática cifra de los seis millones de parados, exactamente 6.202.700 (lo que supone el 27,16% de la población activa); en un País donde hay 1.906.100 hogares en los que ninguno de sus miembros tiene trabajo; en un País donde el 57,2% de los jóvenes en edad de trabajar no tienen empleo, sólo falta contemplar en la televisión las "escenitas" de los diputados Baldoví y Beiras, para alimentar aun mas el rechazo y la desafección de los ciudadanos hacia sus representantes. Dice el refrán popular que quien juega con fuego se acaba quemando. Pues eso.
MADRID, 18 (OTR/PRESS)
Los nacionalistas no tienen remedio. Lo llevan en la sangre y les sale a la primera de turno. Ahora resulta que Oriol Pujol -uno de los miembros de la larga saga de los Pujol Ferrusola- imputado en el conocido como caso de las ITV, ha argumentado ante el juez que sus labores de intermediación las hizo no para enriquecerse personalmente o a sus amigos de las empresas del sector, sino "por interés de país". Y seguramente pretenderá que los ciudadanos nos lo creamos. Es decir, un político mas que nos toma por tontos.
El victimismo y el amor a la Patria mal entendido es un binomio con el que los nacionalistas se mueven como pez en el agua. Cuando están en el poder y su gestión deja mucho que desear, siempre tienen el recurso de justificar ese mal hacer en un enemigo exterior, que normalmente es "Madrid", el Gobierno del Estado, para desviar la atención. No digamos nada si en lugar de estar en el poder, las urnas les han mandado a la oposición. Esto ha sido así desde el comienzo de la transición política y, reitero, los nacionalistas lo han cultivado con notable éxito.
En los últimos tiempos han sido los nacionalistas catalanes los que están llevando ese victimismo hasta extremos grotescos. Embarcados por el actual Presidente de la Generalitat, Artur Más, en un desafío soberanista con referéndum para la secesión incluido, si el Gobierno de España manifiesta, como no podría ser de otra forma, que cualquier tipo de consulta o referéndum convocado por la Generalitat sería ilegal y que su obligación sería impedirlo, entonces hacen sonar todas las trompetas acusadoras hacia un Gobierno y unos poderes públicos que no permiten al pueblo de Cataluña decidir su futuro. Si un Tribunal sentencia que los padres que lo deseen tienen derecho a que sus hijos se les enseñe el castellano en las aulas de los colegios catalanes, estamos ante un ataque a uno de los símbolos sagrados de Cataluña: su lengua. Si se descubre que los Pujol de toda la vida han podido incurrir en conductas delictivas para el enriquecimiento personal, de nuevo se está atacando a otro símbolo de la tierra, en este caso, un clan familiar. Y así hasta el infinito.
Lo de "todo por la Patria" -noble lema que figura en el frontispicio de todas las Casas Cuartel del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil- en versión nacionalista resulta irrisorio, si no fuera porque so capa de ello históricamente se han cometido o justificado todo tipo de fechorías. Ese sentido patrimonialista que tienen los nacionalistas de lo que ellos llaman su país tiene un tufillo racista y totalitario que echa para atrás. Si encima se utiliza, como ha sido el caso de Oriol Pujol, para intentar justificar ante el juez sus amaños e intermediaciones, entonces lisa y llanamente se está mercadeando con esa patria, con ese país al que se dice amar y servir.
MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Acabamos de saber, a toro pasado si se me permite la expresión coloquial, que el presidente del Gobierno recibió el pasado miércoles en el Palacio de la Moncloa al lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu. Es la segunda vez, que se sepa, que Rajoy recibe sin luz ni taquígrafos en la sede oficial de la Presidencia del Gobierno a un presidente de una comunidad autónoma. En marzo hizo lo mismo con el de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
Seguramente, un presidente del Gobierno -Rajoy o cualquiera de sus predecesores- han tenido que mantener reuniones y entrevistas en la Moncloa, muchas de las cuales no salen a la luz pública, en algunos casos por discreción o en otros por una falta objetiva de interés para la opinión pública. Este último motivo no se puede argüir en el caso de las reuniones con Mas y Urkullu, porque ambos son los presidentes nacionalistas de dos comunidades autónomas, una de las cuales, Cataluña, ha planteado con toda claridad un órdago al Estado al querer celebrar el próximo año una consulta de corte independentista. En el caso del presidente vasco, acaba de anunciar que él también quiere llevar a cabo un referéndum sobre el futuro del País Vasco en el 2015.
No hace falta conocer mucho la idiosincrasia de Rajoy para saber que por él no hay problema. Si sus interlocutores -como ha sido el caso de Mas y Urkullu- le piden una reunión en secreto, él está encantado de aceptar ese formato. A Rajoy le molestan los periodistas, las ruedas de prensa, las preguntas incómodas y no digamos nada las impertinentes. De hecho, desde que en diciembre de 2011 llegó a la Moncloa han sido escasísimas las comparecencias públicas que ha tenido admitiendo preguntas de los periodistas. Prácticamente se han limitado a las ruedas de prensa que están establecidas que se lleven a cabo cuando es visitado o visita a un líder de otro país, e incluso en ese supuesto, el número de preguntas están limitadas.
En el deterioro de los usos y costumbres democráticos que se está produciendo en los últimos tiempos, uno de los aspectos más preocupantes es el referido a la tendencia natural de la "casta" política a actuar con opacidad. La democracia se define esencialmente por ser un régimen de opinión pública y cuando se sustrae a esta el conocimiento de la actividad de los políticos, más cuando se trata del presidente del Gobierno, se está atacando a la propia democracia. Rajoy puede seguir el tiempo que quiera recibiendo de forma secreta en la Moncloa a los líderes políticos o autonómicos que le venga en gana, pero al menos que sea consciente que hace mal, muy mal en utilizar esa práctica que tiene claros tintes antidemocráticos.
MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Hemos sabido, después de celebrado el encuentro, que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Artur Más, se reunieron a comienzos de la presente semana en el Palacio de la Moncloa para hablar, se supone, que de sus cosas, que por otra parte son las nuestras, porque no está de mas recordar que a ambos políticos les pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y por tanto tenemos derecho a saber lo que hacen y de lo que hablan.
Para los que habiendo tenido la paciencia de haber leído el primer párrafo de esta columna tuvieran alguna duda sobre cual es mi opinión de que se haya ocultado a la opinión pública la celebración de este encuentro, lo aclararé un poco más: me parece mal, muy mal. Dice mucho de la poca calidad de nuestras prácticas democráticas y de la tendencia de la mayor parte de los políticos a huir de los focos y de tener que dar explicaciones públicas de sus actuaciones.
Al parecer fue Artur Mas el que solicitó a la Moncloa esta peculiar reserva, discreción o secretismo a la hora de celebrar la reunión con Rajoy. Me da igual o, mejor dicho, si eso fue así, hizo muy mal el Presidente del Gobierno en aceptar esas condiciones. Porque convendrá recordar que el Presidente de la Generalitat de Cataluña ha sido la persona que ha lanzado un órdago en toda regla al Estado con su propósito de llevar a cabo un referéndum en su Comunidad Autónoma para preguntar a sus habitantes si quieren seguir formando parte o no de España. Y es en esta tesitura en la que el Presidente del Gobierno acepta celebrar una reunión sin luz ni taquígrafos. ¿Es creíble imaginar a la señora Merkel en Alemania o a Barack Obama en Estados Unidos haciendo algo semejante con una autoridad regional que ha planteado un proceso secesionista en su País recibiéndole a hurtadillas en la sede de la Cancillería en Berlín o en la Casa Blanca en Washington? Lo más probable es que ni le recibieran.
Además, ese ejercicio de ocultismo es absolutamente inútil, porque como todo el mundo sabe, España es un País muy poco dado a la discreción, a guardar los secretos. Es decir, que todo se acaba sabiendo. Esto ha pasado también en este caso, con el agravante de que las explicaciones dadas por portavoces autorizados de las dos partes no han hecho mas que corroborar los desencuentros y algún pequeño acercamiento que se pudo producir en la reunión en la Moncloa. Entonces, ¿por qué Rajoy y Mas quisieron celebrar en secreto ese encuentro? La explicación es muy sencilla: porque a la actual "casta" política le molesta mucho tener que estar dando continuas explicaciones sobre lo que hacen o dejan de hacer. Ni mas, ni menos. Lo dicho: mala, muy mala calidad de nuestra democracia.
MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Desde que el pasado 11 de febrero se conociera la decisión de Benedicto XVI de renunciar en vida al Pontificado todo lo que ha sucedido se puede calificar, sin temor a exagerar, de histórico. Lo último, el encuentro que el pasado sábado mantuvieron en Castel Gandolfo el recién elegido Papa Francisco y el ya Papa Emérito, Benedicto XVI. Tan histórico, que hacía la friolera de seiscientos años que no se producía algo similar.
Convendrá subrayar que el comportamiento y la actitud de Benedicto XVI desde que hizo pública su decisión ha sido absolutamente ejemplar. El 28 de febrero dejó el Vaticano, se fue a Castel Gandolfo y allí ha permanecido alejado del ruido mediático y eclesiástico que precedió al Conclave que el pasado día 13 eligió al nuevo Papa en la persona del cardenal Jorge María Bergloglio. Dentro de unos días se trasladará al convento de monjas que está ubicado dentro del Vaticano para dedicarse a la oración, a la lectura y a la escritura, tres de sus pasiones, que salvo la primera de ellas, quizás no pudo cultivar todo lo que hubiese deseado durante los ocho años que ocupó la sede de Pedro.
El Papa Francisco ha comenzado su pontificado con una serie de gestos que han roto muchos moldes y que han sido muy bien recibidos por la opinión pública: desde pagar personalmente la factura en la residencia romana en la que se alojó durante los días previos a su elección; la sobriedad en el vestir; sus continuas referencias a los pobres; la cercanía que ha mostrado a la gente en las audiencias o tras la Misa del Domingo de Ramos, rompiendo en varios momentos el protocolo lo que sin duda habrá traído de cabeza al responsable de seguridad.
Pero pasados estos primeros días donde han primado los gestos -que seguramente tendrán continuidad en la Semana Santa- le llegará a Francisco la hora de tomar decisiones y entre ellas, no menor, la de nombrar a su equipo de colaboradores y de gobierno de la Curia, empezando por el importante cargo de Secretario de Estado del Vaticano. Además se habrá encontrado con el informe elaborado en los últimos meses del pontificado anterior por tres cardenales -entre ellos el español Julián Herranz- sobre algunos de los escándalos que han salpicado en los últimos tiempos a la Iglesia, como los casos de pederastia, la filtración de documentos confidenciales o la situación de las propias finanzas vaticanas. De todo ello, con seguridad, hablarían Francisco y Benedicto XVI en su encuentro del pasado sábado y da la impresión que lo podrán seguir haciendo siempre que el actual Papa lo desee, porque el consejo de su predecesor lo tendrá asegurado, muy a mano y, sobre todo, será desinteresado como corresponde a alguien que ha demostrado la grandeza de espíritu que ha tenido Benedicto XVI.
MADRID, 18(OTR/PRESS)
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo estudiará este miércoles el recurso presentado por el Gobierno de España contra la sentencia de ese mismo tribunal del pasado mes de julio por la que se instaba al ejecutivo a dejar en libertad "en el plazo de tiempo mas breve posible" a la sanguinaria etarra Inés del Río, condenada a 3.000 años de prisión por un total de 23 asesinatos, entre ellos, el de doce guardias civiles en un atentado cometido en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986.
A Inés del Río se le había aplicado la conocida como "doctrina Parot", establecida en una sentencia del Tribunal Supremo del 2006 a raíz de un recurso presentado por el etarra de origen francés Henri Parot. Dicha doctrina consiste básicamente en que al reo al que le han sido impuestas varias penas, deberá cumplirlas de forma sucesiva, empezando por la mas grave, hasta llegar al límite máximo de cumplimiento (en la actualidad, entre 20 y 40 años según el delito cometido). Además, esa doctrina establece que la reducción de penas por beneficios penitenciarios, se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.
Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decide rechazar el recurso del Gobierno, eso supondrá en la práctica la derogación de la "doctrina Parot" y tendrá como consecuencia inmediata la salida de prisión de un total de 54 etarras condenados por un total de 264 asesinatos. Entre los beneficiados por esta posible decisión estarían etarras tan sanguinarios como Domingo Troitiño (22 asesinatos), José Antonio López Ruiz, Kubati (13 asesinatos y 16 frustrados), Juan José Legorburu (14 asesinatos además de otros 21 frustrados), Juan Carlos Arruti (24 asesinatos), Ignacio Erro (10 asesinatos), Juan Lorenzo Lasa Mitxelena (10 asesinatos) y así hasta 54 miembros de la banda terrorista.
Por lo tanto no es de extrañar la desazón que sienten estos días las víctimas del terrorismo al estar en puertas de una decisión que podría echar por tierra una doctrina del Tribunal Supremo que al menos suponía un mayor castigo para los etarras por sus crímenes cometidos. Porque si Estrasburgo deroga la "doctrina Parot" se podrá concluir con toda verdad que matar, asesinar en este País llamado España sale, desgraciadamente, demasiado gratis. Las víctimas del terrorismo han resumido desde hace tiempo de forma muy certera sus peticiones en cuatro palabras: Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia. Si Estrasburgo se carga la "doctrina Parot", la última petición, la de Justicia, para los asesinos de sus seres queridos, se verá muy seriamente dañada.
Jueves, 23 de mayo
Agustín Jiménez
Aitor Yuste
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel Calzada
Antonio Casado
Antonio José Parafita Fraga
Carlos Carnicero
Carmen TomásCayetano González*
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Dámaso Mayarias
Esther Esteban
Fermín Bocos
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
José Manuel Pazos
Julia Navarro
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Luis Del Val
Mabel Redondo
Magdalena del Amo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Salvador Freixedo
Victoria Lafora
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Antonio García Fuentes
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Miguel Torres Galera
Raúl González Zorrilla
Juan Ramón Moscad Fumadó
Enrique Zubiaga
