Opinión

Victoria Lafora - Hasta aquí hemos llegado

22.10.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

Dice Mariano Rajoy, a quien tanto ha costado tomar la decisión, que podría pensarse que algunos estaba buscando la aplicación del artículo 155, refiriéndose a los dirigentes catalanes. Lo buscaran o no, el Gobierno, con el apoyo imprescindible del PSOE (sin el acuerdo con Sánchez seguiríamos en el chantaje), ha tomado la decisión que permitirá "recuperar la convivencia y celebrar elecciones". Pese a lo loable de la intención es de suponer que la aplicación de esta artículo de la Constitución no va a contar con la aquiescencia de los independentistas catalanes que amenazan con declararse en rebeldía.
Por otro lado, si la salida de las empresas (más de mil) y el descenso del consumo no han frenado las protestas en la calle, malamente se van a poder convocar elecciones por el presidente del Gobierno de España a la "mayor brevedad posible" y esperar que los independentistas no repitan o mejoren sus resultados de los últimos comicios.
La intervención del Parlament, que queda como simple representación de de la democracia en Cataluña pero que no podrá ejercer el control político ni convocar la sesión de investidura ni hacer ninguna función que se salga del marco del Estatut, va a desagradar posiblemente a Carme Forcadell, esa Juana de Arco de la ruptura con España que lleva años arengando a la ciudadanía de Cataluña para proclamar la republica. Es previsible que la tentación de encerrarse en ese Parlament, esa cámara autonómica que ha manejado a su antojo, saltándose incluso las advertencias de los letrados sobre la ilegalidad de sus decisiones, se le pase por la cabeza.
Qué decir de todos los consellers que han sido destituidos y que no saben si van a seguir recibiendo los emolumentos propios de sus cargos o apuntarse a las listas de desempleo, teniendo en cuenta que va a ser la Hacienda Pública la que pague los salarios a los funcionarios ante la intervención de la economía catalana.
La primera reacción política tras el Consejo de Ministros fue la de Podemos. Echenique se declaró en estado de shock, lo que puede ser un augurio de cómo se van a encontrar los dirigentes de la formación morada al ver el precio en votos que van a pagar por sus veleidades nacionalistas, tan contrarias a la verdadera izquierda.
Ahora toda la responsabilidad recae en el Senado, esa cámara apolillada, tan alejada de su función de representación territorial, y que se ha apresurado a pedir un aplazamiento del pleno que apoyará la aplicación del 155. Ya no sirve una convocatoria electoral por parte de la Generalitat solo el Senado puede anular la entrada en vigor del artículo de la Constitución que no se había aplicado nunca desde la transición.
Vamos a vivir días difíciles y es imprescindible que las previsibles manifestaciones en las calles sean respondidas con la exquisitez y la mesura que la complicada situación requiere. Ni una excusa más al relato victimista.


Victoria Lafora - El dilema

15.10.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRSS)

Parece que tendremos que esperar hasta el último minuto antes de las diez de la mañana del lunes para saber el acertijo de si se declaró, o no, la independencia. Pero el dilema apunta más hacia un intento del president de ganar tiempo en su estrategia de victimismo. Ahora el objetivo es internacional; hay que convencer a las cancillerías y a los organismos dela UE de que "abandonan un Estado que les maltrata incluso con saña policial". De ahí la continúa apelación a las cargas policiales del uno de octubre (¡qué error, qué inmenso error!) y ni una mención a la pluralidad de la sociedad catalana, como se ha demostrado estos días en la calle, a la que se pretende imponer una republica con los votos de la minoría.
De tener Puigdemont la decisión clara de que la respuesta será un NO sobraría tanto tiempo para pensarlo. Habría aceptado la propuesta de la mayoría del Congreso de los Diputados y su grupo se habría sumado a la comisión que va a iniciar el estudio de una reforma constitucional. Empujarían desde dentro de las instituciones para que esa reforma fuera la mejor para el encaje de Cataluña en el Estado español y, algo fundamental, dentro de la legalidad democrática.
Pero no parece que la propuesta de diálogo que con tanta eficacia han "vendido" en el exterior y que bastantes países de la UE han "comprado" tras las imágenes del 1-O, vaya por esa senda. De ahí la apelación de mediadores internacionales. Pretenden que sean ellos los que defiendan que: o referéndum o referéndum.
Mientras la CUP y Oriol Junqueras presionan para el portazo definitivo, asustados de que las caras de frustración de los entusiastas que acudieron al parque de la Ciudadela, al sentirse independientes solo un instante, se conviertan en batacazo electoral en la cita a la que, más temprano que tarde, tendrán que enfrentarse.
Temen también que la CUP abandone su apoyo al Govern y pierdan la mayoría en el Parlament. Pese a que confían en recuperarlo con el inestimable apoyo de Pablo Iglesias y Ada Colau que, vigorosos defensores de "la libertad de los pueblos", están sopesando la oportunidad de llevar a la alcaldesa de Barcelona a presidir la Generalitat.
Por tanto, el ambiente de menor tensión que se respiraba el 12 de Octubre en el Palacio Real, tras el desfile de la Fiesta Nacional, solo se justifica por la unidad de los demócratas que tanto ha costado conseguir ante el desafío. Puigdemont y Junqueras no han llegado hasta aquí para tirar la toalla ante un apercibimiento. En última instancia, mejor mártires que traidores. La crispación en la sociedad catalana se mantiene incólume y las próximas semanas pueden ser muy duras. Ojalá me equivoque.


Victoria Lafora - El paripé

12.10.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, 11 (OTR/PRESS)

Si no fuera por la cantidad de sentimientos encontrados que la jornada del día 10 en el Parlament ha despertado en la ciudadanía española, fundamentalmente en la catalana, este episodio surrealista protagonizado por el president Puigdemont podría muy bien catalogarse como una mezcla de ópera bufa y teatro pánico. Pero la desolación, el desconsuelo, el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo, la desesperanza de tantísima gente no pueden llevarnos ni a la risa que el espectáculo puede despertar en quienes sean capaces de observarlo desde cierta distancia, ni tampoco a la melancolía de quienes venimos viviendo y sufriendo las múltiples etapas de su desarrollo hasta el culmen de esta puesta en escena.
Hasta tal punto ha resultado surrealista la declaración de Puigdemont que hoy nadie se pone de acuerdo sobre si ha sido una declaración de independencia real, de semi independencia, de independencia a plazos, subrogada o metafísica, y hasta los expertos constitucionalistas dudan sobre si, en función de todo ello, serían aplicables o no medidas de carácter judicial o puesta en marcha de mecanismos coercitivos. Unos dicen que sería perfectamente aplicable el tan traído y llevado artículo 155, mientras que otros afirman que la vacuidad de la declaración impediría o, cuando menos dificultaría tomar las medidas judiciales contra el president y sus socios-cómplices en el desafuero.
Lo cierto es que hay una realidad y solo una: nada de lo que los nacionalistas-independentistas han llevado a cabo hasta el momento tiene el más mínimo valor jurídico; ni el referéndum ni la pseudodeclaracion de independencia. Todo ha sido un largo y penoso paripé que tan solo ha conseguido fracturar a la sociedad y provocar un caos de imprevisibles consecuencias socioeconómicas.
Y parece evidente que los protagonistas de tamaño desastre tendrán que pagarlo porque no puede quedar impune todo el daño que han causado a la sociedad. Aunque, como muy bien dijo Josep Borrell el pasado domingo, eso es algo que deberá dejarse a los jueces.
Ya era hora de que nuestro presidente actuase con el apoyo de los partidos constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos, poniendo en marcha el mecanismo constitucional que frene, de una vez por todas, el disparate secesionista. Desgraciadamente con Podemos y sus confluencias no ha podido contarse, habida cuenta de la insólita postura que han adoptando, pidiendo dialogo a sabiendas de que era inútil dialogar con quienes ponen como condición inamovible una independencia imposible. Ahora, habrá que manejar con tiento, prudencia y eficacia los actos y los tiempos, en pos de una elecciones que clarifiquen, o al menos atemperen, las cosas.


Victoria Lafora - La gran desbandada

08.10.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

Los empresarios catalanes, que habían permanecido callados estos largos meses de deriva soberanista, le han visto al fin las orejas al lobo y han decidido salir corriendo. Antes se habían entrevistado con el Rey Felipe VI y con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Y no debieron ser muy tranquilizadoras ambas citas cuando han decidido no esperar a la declaración unilateral de independencia.
Artur Más aseguró en 2015 que la independencia no supondría ninguna merma empresarial en Cataluña y que ninguna empresa se iba a deslocalizar por el "proces". En aquel momento, y han pasado dos años, nadie le desmintió. Si el relato que tan buenos resultados ha dado a los independentistas, dibujando una Cataluña fuera de España como la Arcadia feliz, reconocida internacionalmente, miembro de la UE, bajo el paraguas del Banco Central Europeo, se hubiera rebatido por los que ahora con tantas prisas se van, mucha gente no habría acudido a votar el 1 de octubre.
Ni desde Madrid, ni desde la sociedad catalana con poder e influencia en la opinión pública, se ha desmontado la catarata de falacias que se prometió desde Junts pel Si y la CUP. Y ahora estamos donde estamos.
De ahí la enorme importancia de la manifestación convocada este domingo en Barcelona donde, los hasta ahora silenciosos, van a salir a la calle y a perder el miedo al rechazo social por no apoyar la quimera independentista. No hacen falta banderas españolas, la " senyera" símbolo de Cataluña hasta que fue barrida por la "estelada", acoge a todos. Hay que acabar con el oprobio de que todo aquel que no apoya la independencia es un fascista. Los catalanes no pueden caer en la misma trampa que hizo a la sociedad vasca vivir décadas bajo el terror de no atreverse a hablar para no ser señalados.
Hay que alabar el coraje cívico de la cineasta Isabel Coixet que no ha temido manifestar su rechazo a la DUI pese a ser insultada al salir a la calle, y el valor moral de los chicos de un instituto que han defendido a sus compañeros, hijos de guardias civiles, del acoso de profesores y alumnos.
La libertad de expresión alcanza en un país democrático como es España a los que quieren marcharse como a los que no. La patente democrática no la otorga nadie. Es un derecho ganado a pulso en un país con demasiadas convulsiones.
Es evidente que si el martes Puigdemont aprovecha el pleno del Parlament para declarar la independencia, el Estado tiene instrumentos suficientes, dentro del orden constitucional, para anular este ilegalidad. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, va a ser recuperar la convivencia, el respeto mutuo y el afecto que durante siglos ha unido a todos los pueblos de España.
Y la manifestación del domingo quiere demostrar que Cataluña no es monolítica sino plural y que nadie puede atribuirse un liderazgo único.


Victoria Lafora - Y si hoy...

01.10.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

Con urnas de plástico opacas, sin censo, sin papeletas, con los colegios presuntamente precintados, sin validez jurídica, sin garantías, si hoy se celebra el referéndum, o un sucedáneo... Pues resultará que Mariano Rajoy y todos los miembros de su Gobierno, que con tanta contundencia se comprometieron a que la consulta no tendría lugar, van a quedar desautorizados. La autoridad del Estado quebrada y todas sus instituciones a las que el Ejecutivo comprometió en su labor, desacreditadas.
¿Quién va a atender las sentencias de un Tribunal Constitucional, máximo garante del estado de Derecho, que ha sido burlado por la Generalitat? ¿Qué papel le queda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyas sentencias han sido ignoradas una tras otra? Ese es el riesgo de utilizar la Justicia para resolver problemas políticos.
Las reticencias de Rajoy en aplicar el artículo 155 de la Constitución, decisión que dependía exclusivamente de Moncloa, por el riesgo de fraccionar aún más a la sociedad catalana y de inclinar la balanza social a favor del independentismo, no ha dado resultado. Si la proliferación de "esteladas" sirve como fotografía de la situación en la calle y si la desobediencia de alcaldes, maestros, funcionarios, estudiantes, retrata el ambiente, algo se ha hecho muy mal.
Resulta difícil de comprender que meses de reuniones semanales de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con diferentes ministros, subsecretarios, y cuerpos de seguridad no hayan servido para otear siquiera que esto que está sucediendo en las calles de Cataluña era una posibilidad. Que el gravísimo problema estaba no solo en la anunciada desobediencia de la Generalitat y el Parlament si no en la sociedad y en las empresas que han confeccionado, a sabiendas de que el referéndum estaba prohibido, urnas, papeletas, carteles y páginas web.
¿Cómo no se había previsto que los Mossos iban a flaquear ante las primeras imprecaciones o las acusaciones de traidores? Que el cambio de carteras de la Generalitat en el mes de julio, apartando a los "tibios" y colocando en la Consejería de Interior a Forn y al frente de la policía autonómica a Trapero tenía un claro mensaje implícito: vamos a por todas.
¿De verdad el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la vicepresidenta, no les ha remitido informes con las adhesiones y los instrumentos con los que contaban Junts pel Si y la CUP para llevar a cabo el referéndum?

Porque, lo peor no es que se acabe votando en los parques, lo peor es que se produzcan graves incidentes de orden público. Que los provocadores, de ambos signos, que están llegando a Barcelona, conviertan la ciudad en campo de batalla donde paguen los que menos culpa tienen: aquellos a los que se prometió que el referéndum se llevaría a cabo si o si y a los que Madrid no ofreció alternativas.


Victoria Lafora - Símbolos y banderas

28.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, 27 (OTR/PRESS)

Como si este país no hubiera tenido suficiente con la guerra de las banderas en la etapa siniestra de los años de plomo de ETA, volvemos a las andadas. España es estos días un arrebolar de lienzos rojos y amarillos con más o menos rayas, con estrella azul o sin ella. Del ondear en los mástiles ha pasado a cubrir las espaldas de entusiastas que, a modo de poncho, las pasean por las calles. Por si fuera poco el colorido espectáculo de unos y de otros, acaban de aterrizar en Cataluña una representación de cuanto nacionalista hay en Europa (que todavía quedan y crecen como se ha visto recientemente en Alemania). Vienen a apoyar el referéndum acompañados, como no, de sus respectivas banderas y sus trajes tradicionales. Si el asunto no fuera tan grave podría confundirse con un adelanto del carnaval.
Pese a que la bandera española ha recuperado espacio en algunos balcones sigue siendo claramente minoritaria frente a la estelada, no solo en Cataluña, si no en el resto del Estado. Salvo en acontecimientos deportivos, la bandera constitucional no suele salir mucho a la calle; somos poco nacionalistas en conjunto y se sienten mucho más los símbolos del terruño. Aspecto éste que no estaría mal si fuera la constatación del ansia de borrar fronteras en Europa o el sentido de globalidad inevitable del mundo en que vivimos. No es el caso.
En este país de memoria trágica las banderas han sido siempre excusa para golpear al contrario e incluso para matar. En nombre de la enseña que llevaba el aguilucho, hoy ilegal, se ha asesinado mucho e incluso, tantos años después, sus víctimas siguen bajo tierra en las cunetas.
Hay pues que tener mucho cuidado con los símbolos porque su capacidad de enfrentamiento tiene un gran poder de contagio. Sin ir más lejos, los restos de la todavía no desaparecida ETA aplaude el desafío catalán e insta a replicarlo en Euskadi. Recomienda aprender la lección del soberanismo de Puigdemont y seguir la misma senda con ellos de observadores. No desean tutelar el camino hacia la independencia pero sí estar atentos por si acaso se desvía de su ruta correcta. Urkullu debería tomar nota de la oferta y los ciudadanos del País Vasco recordar lo que sucedió ayer mismo.
Y otro aviso a navegantes: la Iglesia catalana, tan equidistante del enfrentamiento de la sociedad por la que vela, no va a vivir de forma confortable en la nueva situación. Que no se engañe. La CUP, verdadero poder fáctico de la independencia, ha advertido que cuando la desconexión se produzca tendrá que pagar el IBI y no habrá ayudas a la educación religiosa. Por si no lo tenían claro, frente al símbolo de la catedral de Tarragona, la diputada de esta formación, Mireia Vehi, ha proclamado que "en la Cataluña libre la Iglesia católica no será la quinta columna del patriarcado". Ahí queda eso.


Victoria Lafora - La siembra y la cosecha

24.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

El desmadre que se está viviendo en Cataluña es el resultado de una larga, larguísima, y desgraciada siembra en la que están involucradas casi todas las fuerzas políticas del país. Todos, en mayor o menor medida, han echado sus granos y reconocerlo sería quizá el primer y necesario movimiento para poner fin a este disparate que está sumiendo a toda España en el desprestigio.
Sin duda, han sido los partidos separatistas los principales y mayores culpables, eso es algo que no se puede negar, pero el problema no habría adquirido la actual dimensión sin auxilio inconsciente o consciente de todos.
De quienes en su día prometieron, desde la embriaguez de un mitin, que el Gobierno aprobaría lo que decidiese el Parlament. De quienes dispusieron esas mesas petitorias que recolectaron cuatro millones de firmas contra un Estatut aprobado por el Parlament y refrendado por el Congreso de los Diputados. De quienes impugnaron ante el Tribunal Constitucional ese estatuto, muchos de cuyos artículos se mantuvieron en Valencia o en Andalucía. Y, sobre todo, de quienes fomentaron griterío con el que se ha tratado de ocultar la pésima gestión política del anterior Govern y los embrollos y corrupciones del "tres per cent". Hechos que, sin lugar a dudas, han fabricado mucho converso en las filas de un partido que nunca hizo gala de "soberanismos" sino, más bien, de eficacia y apoyo en el sostenimiento del Estado. Y hoy, aupados por el fervor y el aplauso de un pueblo al que han convencido con ese discurso populista tan de moda, se sienten héroes antes de sentirse mártires.
Y, a esta enloquecida fiesta del desatino se le ha sumado el falaz impulso de quienes, definiéndose de izquierdas, se muestran increíblemente proclives a la justificación del nacionalismo y llaman democracia a la negación de la legalidad. "Cosas veredes, Sancho". Lo terrible de esta siembra es que quienes lanzaron los granos lo hicieron esperando ser recompensados en la cosecha. Y no va a ser así. Esta guerra no la va a ganar nadie. Y los grandes perjudicados vamos a ser los españoles; todos los españoles.
Hoy, muchos de ellos, deben estar pensándoselo y, ante la magnitud del escándalo, puede que sean capaces de perfilar un cierto horizonte de esperanza. Difícil pero necesario. Porque, si realmente recapacitan, podrán llegar a la conclusión de que si todos han tenido una parte de culpa en el desencuentro, también pueden tener una parte de protagonismo en la solución.


Victoria Lafora - Reconciliar

18.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID (OTR/PRESS)

La exposición "Las edades del hombre", que con tanta sensibilidad artística recorre Castilla-León, y que este año ha recalado en la bellísima Cuellar, lleva el premonitorio nombre de "Reconciliare", ese empeño al que van a tener que dedicarse instituciones y ciudadanos para, una vez pasada la insumisión soberanista, recuperar la convivencia perdida.
Lo que no quiere decir que, en estos momentos de máxima tensión, la obligación del Gobierno de Rajoy no sea otra que la de mantener el orden democrático, hacer cumplir la ley y evitar un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Por errores evidentes y graves, relatados hasta la saciedad, el Ejecutivo central perdió, hace ya tiempo, la batalla de la comunicación política y corre ahora el riesgo de que sus continuas amenazas pierdan cualquier poder coercitivo. Y lo malo es que arrastre el prestigio del Tribunal Constitucional, que ve como se incumplen sus sentencias.
Porque, de momento, no se ha publicado la suspensión cautelar de la ley de secesión que dibuja las líneas de una "republica catalana" en el boletín oficial de la Generalitat como es obligado; porque el cierre de la pagina Web con la propaganda de la prohibida campaña electoral se cerró por orden judicial y la Generalitat la volvió a abrir una hora después; porque la presión sobre los alcaldes que no cederán locales para la consulta ilegal no cesa; porque el primer mitin de la campaña electoral se celebró en Tarragona pese a todas las advertencias al dueño del local sobre su responsabilidad penal.
¿Conocían en Moncloa todas las estrategias políticas preparadas por la Generalitat para llevar hasta sus últimas consecuencias el desafío soberanista? ¿Tienen previsto la posibilidad de que el día dos de octubre, con un mínimo de papeletas recogidas en urnas de cartón, Carles Puigdemont declare la independencia?

Y el control de la legalidad se complica ante el último giro de Ada Colau que "obligada" por el Consorcio de Educación cede las escuelas para el referéndum y ha recibido junto al presidente de la Generalitat a los alcaldes citados por la fiscalía, cerca de setecientos, en un acto de clarísima toma de partido.
Mariano Rajoy dejó caer el viernes, de forma ambigua, la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, al decir que "nos van a obligar a llegar a donde no queremos". En cualquier caso y como paso previo a esta gravísima decisión política, Montoro ya ha intervenido las cuentas de la Generalitat y será el Estado el que pague a los funcionarios catalanes, incluido Puigdemont, a partir de ahora.
Pero, cuando la legalidad se imponga, quedará la ardua tarea de reconciliar a la sociedad catalana con el Estado porque las heridas de la batalla van a ser profundas y, al margen de los miembros de la CUP o de Junts pel Si, hay en la ciudadanía de Cataluña una profunda desafección hacia el resto de España, un mayoritario sentimiento de no pertenencia. Todos, instituciones, partidos políticos, poder judicial y también el pueblo soberano tenemos que lograr recuperar la convivencia. Nos va la democracia en ello.


Victoria Lafora - Por motivos obvios

14.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, 13 (OTR/PRESS)

Con esta escueta frase justificó la consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, el cese fulminante del presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, LLuis Baulenas el mismo día en que se iniciaba el curso escolar. Esos motivos obvios no son otros que la necesidad de utilizar centros de enseñanza no municipales para el referéndum ilegal. Ante la negativa "condicional" de Ada Colau, será Ponsatí quien decida que institutos pertenecientes al Consorcio deben abrirse para la votación.
Conviene recordar que esta consejera fue nombrada el pasado julio tras la purga en el Ejecutivo catalán de los "tibios" con la causa independentista. Clara Ponsatí accedió al cargo precisamente por su lealtad inquebrantable al "proces". Continúa pues la depuración de cargos públicos en un intento desesperado de sortear las sentencias del Constitucional. Puigdemont y su gobierno han fomentado una serie de expectativas en la sociedad catalana a sabiendas de que el Estado del que forman parte no iba a tolerar una quiebra de la legalidad.
El mayor de los Mossos d"Esquadra, Josep LLuis Trapero, que ayer trasmitió a sus agentes la orden de la Fiscalía de Cataluña de retirar urnas y papeletas, salvará su puesto por la brillante actuación de los Mossos en el trágico atentado de las Ramblas y el reconocimiento a su labor. La obediencia de Trapero y sus policías a la legalidad constitucional, en la medida en que son agentes judiciales, no ha debido gustar al consejero de Interior Joaquim Forn quien aseguró que los Mossos garantizarían el derecho a voto de los catalanes.
En las tres semanas que quedan hasta el uno de octubre la tensión va a ir in crescendo no solo en la sociedad y en la calle, sino también las instituciones públicas. Ayuntamientos, consorcios, organizaciones vecinales, centros de enseñanza, centros culturales y otros van a sufrir presiones insospechadas para desoír la prohibición de las urnas. Posiblemente la CUP, en permanente chantaje a Junts pel Si, va a utilizar la calle para demostrar musculo en su insumisión y obligar a Puigdemont a atrincherarse.
Todas las incógnitas están abiertas y queda por saber qué otros instrumentos legales baraja el Gobierno de Rajoy en el caso de que Puigdemont ignore una posible inhabilitación y permanezca en su despacho de la Generalitat, o en el supuesto de que, sin urnas trasparentes y votando en parques y jardines, el dos de octubre se declare la independencia. Lo que sí es palmario es que tras las sentencias del Tribunal Constitucional el referéndum no se puede celebrar o España se convertirá en un estado fallido dentro de la Unión Europea.


Victoria Lafora - La estudiada indefinición de Ada Colau

11.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asestado un duro golpe a los promotores del referéndum del 1 de octubre al no permitir la utilización de los colegios municipales para colocar las urnas. Pero no lo ha hecho de forma firme e incontestable. Ha dejado la puerta abierta a un imposible: que la Generalitat le demuestre la existencia de una fórmula legal para sortear la sentencia del Constitucional. Dice no porque es ilegal, pero pretende que le busquen la fórmula legal que lo posibilite porque le gustaría que los ciudadanos se pudieran expresar en las urnas. Un, cuasi perfecto, brindis al sol.
Una semana antes, su mano derecha, Gerardo Pisarelo, instaba a los barceloneses a ir a votar, e incluso recomendaba un "sí crítico" a la independencia. El mismo Pisarelo que, con idéntica convicción, explicaba ayer que no se podía obligar a los funcionarios municipales a cometer una ilegalidad. ¿Es que hace una semana no sabían que la convocatoria era ilegal?

¿O ha sido la evidencia de que la inhabilitación es el destino de los cargos públicos que no respeten una Constitución que fue mayoritariamente votada en Cataluña?

Ada Colau, que es una mujer muy inteligente, ha jugado a la indefinición sobre su papel en el referéndum, incluso ha coqueteado con los impulsores defendiendo su necesidad. Pero, llegado el momento, ha pedido dictamen a los servicios jurídicos municipales, sabiendo cuál era la respuesta y, de paso, daba satisfacción a los sindicatos, preocupados por el eslabón más débil de la cadena: los funcionarios que debían abrir los centros.
La alcaldía es para Colau el primer escalón de una carrera política que tendrá, sin duda, un largo recorrido y cuyo siguiente paso puede ser la presidencia de la Generalitat. Hay pues una clara apuesta electoral en su decisión como, por otra parte, en todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña. ¿O es que el victimismo y la obcecación de Junts pel Si no intenta atraer votantes para las próximas e inevitables elecciones autonómicas?

Frente a las bochornosas sesiones del Parlament de esta semana, con una oposición aplastada y sin derechos, que seguro hacen reflexionar a muchos catalanes sensatos (la intervención de alguien tan poco sospechoso de confraternizar con la derecha como el diputado del Cataluña Si Que Es Pot, Coscubiela, quien hizo el mejor alegato a favor de la democracia escuchado en años, fue un revulsivo) hace falta encontrar nuevos líderes capaces de reconducir hacia el diálogo el enfrentamiento actual.
Ada Colau va a ser un referente en esa nueva etapa que se abrirá a partir del dos de octubre. Hacen falta políticos que, respetando la legalidad de la democracia, busquen fórmulas de convivencia que nos permitan, en un mundo tan globalizado, unir y no separar.


Victoria Lafora - Los frentes de Pablo Iglesias

03.09.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

La vuelta al cole no está resultando especialmente sencilla para la formación de Pablo Iglesias, al enfrentamiento con los responsables de las dieciséis comisiones de garantías de Podemos, que exigen la revocación del expediente sancionador contra la presidenta del Comité de garantías estatal la abogada laboralista Olga Jiménez, se suma el abierto enfrentamiento con la delegación de Podemos en Cataluña.
Precisamente, la reforma de los estatutos de la formación, registrada en el ministerio del Interior sin consultar a las bases, que los comités de garantías consideran nulos de pleno derecho, buscaban recentralizar el partido y otorgar a la ejecutiva de Iglesias mayor poder, aún, para descabezar a los dirigentes autonómicos díscolos. Y, el dirigente de Podem, en Cataluña, Albano Dante Fachín, parecía estar en el ojo de mira de la dirección de Iglesias/Echenique.
Tan severo es el enfrentamiento entre ellos que Pablo Iglesias ha decidido celebrar la Diada del 11 se septiembre en Santa Coloma de Gramanet acompañado de Ada Colau y Xavi Domenech que no son de su formación, pero que reclaman, como él, la celebración de un referéndum pactado con el Estado y con efectos jurídicos válidos. Que es lo mismo que pedir la luna. Ese no mojarse puede tener efectos electorales tanto para En Común como para Podemos y podrían ser la causa y razón de la "escondida" y no explicada reunión de Pablo Iglesias y Domenech con Oriol Junqueras. Si en verdad le pidieron al líder de ERC paciencia ante la eventualidad de una moción de censura en Madrid, se arrogaron la representatividad de un PSOE ajeno a la cita y al que, una vez más, ningunearon. Y si de lo que hablaron fue de un posible acuerdo de gobierno tras las inevitables elecciones en Cataluña, Podemos tiene poco que ofrecer si no arregla su crisis interna.
Dante Fachín está resultando un hueso duro de roer y con más apoyos de los que suponía la actual dirección de Madrid, de ahí los cambios de estatutos decididos en "petit comite" y que han puesto en pie de guerra a las autonomías. El lunes se reúne la dirección y todas las espadas están en alto. Porque lo que parece evidente es que, a nivel político, la formación morada no puede seguir en la indefinición de decirle a Rajoy que no apoyará su prohibición de referéndum, al tiempo que reclama que se celebre "pactado y legal".
Al igual que tienen que redibujar la estructura interna y los modos de funcionamiento de una organización que fue asamblearia y que ahora se perfila como un modelo de dirección única que pretende consultar a las bases lo accesorio. Convendría también saber si esa obsesión por sancionar las "filtraciones a la prensa" se va a compensar con una mayor trasparencia informativa, o si a partir de ahora todas las reuniones de Pablo Iglesias se van a hacer por la noche y a escondidas y los cambios de estatutos coincidiendo con las vacaciones y en secreto.


Victoria Lafora - Consenso frente a un esperpento jurídico

31.08.17 | 08:42. Archivado en Victoria Lafora


MADRID, (OTR/PRESS)

Con las contradicciones y los desmentidos que últimamente caracterizan al PSOE, parece que esta vez sí va a primar el consenso con el Gobierno frente al texto de la Ley de Transitoriedad, calificada por la portavoz socialista Margarita Robles (magistrada) de "bodrio esperpéntico". Y es que el apoyo que Pedro Sánchez trasladó el lunes a Mariano Rajoy se corresponde con la gravedad que el nivel de amenaza de los independentistas ha alcanzado. La estrategia de estos pasa, seguramente, por llevar al rojo vivo el clima político, esperando una respuesta desmesurada por parte del Estado que haga subir la temperatura en las calles. Pero Rajoy sabe que ese sería el último error que puede cometer en el enfrentamiento con Cataluña y no lo va a hacer.
Así, mientras Junqueras prepara el día después del "no referéndum", buscando alianzas políticas que puedan sustituir al PDeCAT en un futuro gobierno presidido por el, los antisistema de la CUP obligan a forzar la máquina y protagonizan en exclusiva todos los actos de " desconexión".
Junqueras se reunió en secreto con Pablo Iglesias para sondearle sobre un acuerdo ERC, Podemos y Ada Colau, ante el cantado descalabro electoral que les auguran a los ex convergentes. Pero no conviene engañarse porque la habilidad para moverse en diez escenarios diferentes es uno de los signos de identidad del político republicano, capaz de ganarse a Soraya Sáenz de Santamaría, a Puigdemont, que anuncia que se retira después del 1 de octubre y quiere hacerlo con fuegos artificiales, o al mismo Pablo Iglesias quien, llevado de su fatuidad característica, ya ha diagnosticado que los dirigentes de Podemos son la clase de políticos que gustan en Cataluña.
Volviendo a la CUP. Han conseguido que la famosa norma de transitoriedad jurídica y fundacional de la república se registre en el Parlament, pensada para que entre en vigor tras la celebración del referéndum y con un resultado positivo aunque sea por un solo voto de más. La descripción de "esperpento o bodrio", así definida por juristas de reconocido prestigio, se debe a que en su articulado se contempla que el poder judicial dependerá de la Generalitat, al tiempo que se arrogarían las propiedades del Estado en Cataluña.
Tal desafuero, tal insulto a la democracia, ha llevado a los dirigentes de "Cataluña sí que es pot" a comparar la pretendida nueva constitución catalana con la aventura constituyente de Nicolás Maduro en Venezuela. No contentos con haberla registrado en el Parlament, los anticapitalistas de la CUP quieren que se apruebe la próxima semana en el pleno ordinario del 6 y 7 de septiembre, e incluso no descartan que, si hay dificultades, se apruebe como decreto- ley.
Ante este nuevo pulso no cabe más que la unidad de los demócratas. Que la ciudadanía de Cataluña que no quiere sumarse al "proces" sepa que los partidos que defienden la Constitución y la legalidad vigente no van a entrar a provocaciones pero no permitirán que se avasalle a los que quieren seguir juntos. Por eso Pedro Sánchez tiene que demostrar que el nuevo PSOE es un formación que defiende el estado de derecho frente a quien sea.


Lunes, 23 de octubre

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