MADRID, 5 (OTR/PRESS)
La corrupción que sacude, azota y fustiga a todos los partidos lleva camino de convertirse en un instrumento de deslegitimación de la política. Si, como reza un viejo proverbio chino "las sociedades se pudren al igual que los peces por la cabeza", existe el serio riesgo de que la combinación de una crisis económica de caballo, el malestar social causado por ella y la emergencia un día sí y otro no de corruptelas terminen por desembocar en un "todos los políticos son iguales". Esto es un desastre porque abre los portillos a todo tipo de aventureros, populistas y movimientos anti-sistema. Recuerden el período de entre guerras. Parece evidente que la situación no dará lugar al resurgir del fascismo pero sí al desarrollo de opciones radicales a la derecha y a la izquierda con un alto potencial desestabilizador.
El origen de la corrupción y su causa fundamental es el poder económico de los gobiernos a todos los niveles: central, autonómico y local. Cuando una licencia urbanística, la concesión de una obra, la recalificación del suelo, etc., tienen un grado de discrecionalidad tan alta como es el caso de España, los incentivos para que corruptores y corrompidos hagan tratos a cambio de dinero son brutales. La tentación de ceder a las "generosas" ofertas para hacer un trato amigable y beneficiar a empresas o personas es enorme. Sin duda, la honradez de las personas contribuye a limitar el riesgo de corrupción pero el aparato institucional, el sistema ayuda a que se hagan cochinadas.
El ejemplo clásico de la nefasta influencia de la intervención estatal en la economía es el urbanismo. Cuando mover un milímetro una línea de un plan urbanístico se traduce en ganancias o pérdidas multimillonarias, el estímulo para corromper y corromperse se dispara de manera exponencial. Cuando conceder una licencia para construir plantas eólicas obedece sólo a la discrecionalidad de las administraciones de turno sucede lo mismo. Los ejemplos podrían materializarse. Parafraseando a Lor Acton: "El poder corrompe" y, desde luego, lo hace más cuanto mayores sean sus posibilidades de causar grandes quebrantos o magnos beneficios a las personas y empresas que tienen relación con él.
MADRID, 9 (OTR/PRESS)
La vicepresidenta económica del Gobierno, Sra. Salgado, ha declarado que, como las mujeres, la economía española debe hacerlo el "doble de bien para ser valorada". Esta apelación a la igualdad de género para justificar la marcha de los asuntos económicos en España va a impresionar muy poco a los mercados y a los analistas que contemplan con una preocupación creciente su nefasta evolución. La idea de que existe una especie de discriminación económica hacia la vieja Piel de Toro es de "coña" y recuerda a las excentricidades de la propaganda franquista cuando proclamaba a bombo y platillo que el mundo tenía envidia de España y por eso la castigaba con un poco espléndido aislamiento. Bromas aparte, la situación es gravísima y no se resuelve a golpes de voluntarismo publicitario.
Hace pocos días, el FMI certificaba que España no volverá a crecer algo hasta 2014. Entonces el PIB se incrementará un 2,1 por 100, un punto por debajo de su potencial, y una tasa con escasa capacidad de crear empleo. El país está sumido en el valle de una profunda y larga recesión y nadie espera que esto mejore. En 2014, si el pronóstico del FMI se cumple, serán ya ocho años de postración económica y de empobrecimiento que no se verán superados por un repunte vigoroso de la economía sino por una situación de bajo crecimiento que no servirá para recuperar las pérdidas de bienestar y renta obtenidas en el finiquitado ciclo expansivo.
El pasado fin de semana, The Economist aventuraba una hipótesis para la economía global y, sobre todo, para la norteamericana. Las grandes recesiones suelen ir seguidas de grandes recuperaciones. Quizá eso sea cierto para los EE.UU. y para otras economías del mundo, pero no lo es para la española. Las crisis precedidas por un alto endeudamiento del sector público y privado, por un pinchazo de la burbuja inmobiliaria y por una crisis financiera suelen verse seguidas por un largo período de crecimiento débil no exento del riesgo de una caída en un nuevo período recesivo. Ese es el escenario para España y, por desgracia, no hay posibilidades de que se modifique a mejor.
MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Carlos Solchaga ha salido de su prudente y largo silencio para lanzar una crítica llena de sentido común a la política económica del gabinete Zapatero. Como era inevitable, sus declaraciones han recibido múltiples e interesadas interpretaciones. Hay quienes lo contemplan como una moción de censura de la vieja guardia del PSOE a la gestión "zapateril"; otros lo contemplan como una expresión de la conjura interna que en los ambientes sensatos del socialismo ibérico comienza a gestarse contra el reinado de Zapatero.
Ambas elucubraciones son atractivas y morbosas pero no responden a la realidad. Esta es mucho más simple. Solchaga opina como economista y como un ex ministro acerca de la economía española y lo hace desde una independencia de criterio que siempre ha sido uno de sus principales valores.
Muchos economistas del PSOE o cercanos a ese partido consideran que la política económica del gobierno es inconsistente, constituye una improvisación permanente y no ofrece solución a la crisis. La salida de Solbes fue el certificado de una realidad: El Presidente del Gobierno no quiere que nadie le diga "esto no es posible" porque la economía no lo aguanta todo. Zetapé ha preferido librarse de pepitos grillos y convertir al Ministerio de Economía en una simple correa de trasmisión de sus deseos por disparatados que sean. Está convencido de que las cosas se resolverán por si mismas y que da igual subir los impuestos, impulsar un crecimiento insostenible del gasto público, disparar el endeudamiento... Este voluntarismo desafía las leyes de gravedad económicas y conduce al desastre pero es la filosofía en la que se ha instalado el líder máximo del PSOE.
Solchaga ha dicho lo que todos los economistas serios piensan y muchos de ellos afirman: es imposible recaudar 15.000 millones de euros con subidas de impuestos. Esto sólo contribuiría a agravar la recesión, a fomentar la evasión fiscal y, por tanto, a reducir la recaudación y aumentar el déficit público. Los asesores monclovitas, la corte zapateril no quiere ni oír hablar de eso porque choca con los instintos y los designios del Sr. Rodríguez Zapatero a quien nadie parece recordarle el viejo lema que se decía a los generales que entraban en triunfo en la antigua Roma: "recuerda que eres mortal". El Presidente está encerrado en unos esquemas político-ideológicos escleróticos y ahí seguirá mientras la economía se hunde. No hay esperanza. En medio del silencio y la auto censura de los prebostes del socialismo ibérico, las declaraciones de Solchaga son un ejemplo de responsabilidad y coraje cívico.
MADRID, 05 (OTR/PRESS)
La vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, Sra. Salgado, ha dicho que el gabinete no tiene intención de subir los impuestos a las SINCAV, sociedades de inversión colectiva, que recogen los ahorros de los ciudadanos muy ricos y que pagan a Hacienda un 1 por 100 de sus beneficios. La razón es que el capital es muy móvil, se mueve a velocidad de la luz y, en consecuencia, si se aumenta la fiscalidad a esas entidades se podrían producir fugas de capital. Este razonamiento es correcto pero, entonces, se plantea una desagradable pregunta: ¿Por qué los socialistas quieren subir los impuestos al ahorro de las clases medias? ¿Acaso éste es menos móvil y propenso a huir del país en busca de una imposición menor que el de los ricos? Obviamente, la respuesta es negativa lo que hace aun más injustificable por qué unas plusvalías soportarán una mayor fiscalidad y otras no.
Desde el punto de vista de la pura doctrina socialista parece poco coherente hacer pagar más por el ahorro a las clases medias que a los ricos. Los primeros ya lo hacen porque sus ganancias de capital tributan a un 18 por 100 mientras las de los millonarios lo hacen al 1 por 100. ¿Qué extraño razonamiento basado en la justicia social o distributiva tiene esta situación? En el marco teórico del socialismo, ninguna. Esta es una simple muestra de la incoherencia absoluta de la política económica del gabinete Zetapé que hace más daño a la economía nacional que la propia crisis. Por eso, España es el país desarrollado en el que el actual proceso recesivo es más duro y en el que será más largo.
En un país con una escasez crónica de ahorro, lo normal sería eliminar y/o reducir de manera sustancial la fiscalidad sobre el capital. El grueso del ahorro privado no está en manos de los millonarios. El 57 por 100 de los españoles con ingresos entre 12-000 y 60.000 euros al año pagaron impuestos por ganancias del capital en 2007, último año del ciclo expansivo y también último ejercicio del que se tienen datos oficiales. Esto significa que subir la imposición sobre las plusvalías castiga a las clases media y, al reducir, la rentabilidad del capital después de impuestos afectará de manera negativa al ahorro y a la inversión. Esta es la política más eficaz para empobrecer todavía más a los hogares y, también, para reducir el potencial de crecimiento y de creación de empleo de la economía nacional.
MADRID, 9 (OTR/PRESS)
El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar sus previsiones económicas para 2009 y 2010. Estas constituyen un nuevo jarro de agua fría sobre la confianza del Gobierno en que los "brotes verdes" se consolidan y permitan una salida rápida de la recesión y la vuelta a tasas de crecimiento similares a las de la pre-crisis. De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía española decrecerá un 4 por 100 este año para volver a caer un 0,8 por 100 el próximo. Esto significa que la crisis será más dura en la Vieja Piel de Toro que en los demás países avanzados y también más larga. Aun así es muy probable que la situación sea todavía peor que la proyectada por el organismo internacional si, como es seguro, los problemas del sistema financiero se agudizan y, por tanto, el funcionamiento del mercado de crédito no se normaliza.
El cuadro dibujado por el FMI peca de un moderado optimismo. Afirma que la recuperación de la economía mundial será lenta pero no tiene en cuenta la presencia de factores que pueden conducir a un ciclo en W, esto es, a una reactivación de la actividad económica global en 2010 seguida de una nueva recaída en 2011. Esta hipótesis es muy probable si el precio del crudo sigue subiendo, si la restricción crediticia persiste y si la evolución del déficit, de la deuda pública y de la inflación no se corrige. En este escenario, los tipos de interés tenderían a subir, ya lo están haciendo los tipos a largo, y la recuperación se vería abortada.
El escenario español tiene tintes gris marengo y negro. Aunque la economía internacional se recuperase con mayor vigor de lo esperado, es improbable que España volviese a registrar tasas de crecimiento altas o lo suficientemente elevadas para generar empleo. Por un lado, las crecientes necesidades de financiación del sector público encarecen y restringen la disposición de recursos para el privado en un entorno de restricción de la liquidez. Por otro, la erosión de la riqueza financiera e inmobiliaria de las familias, el aumento del paro, el alto endeudamiento del sector privado etc. hacen impensable una reactivación del consumo y de la inversión. Quizá toquemos fondo en el tercer trimestre de 2010 pero podemos quedarnos en el suelo mucho tiempo.
MADRID, 2 (OTR/PRESS)
La carrera alcista del endeudamiento del sector público plantea serias dudas sobre su sostenibilidad y, en consecuencia, preludia una crisis fiscal si no se actúa con rapidez. Esta es la consecuencia de la trayectoria explosiva de la deuda pública impulsada por la recesión y por la política del Gobierno. Ahora, el socialismo reinante quiere reducir el déficit. Este enfoque deprecia y/o ignora todo lo enseñado por la teoría económica y por una amplia evidencia empírica.
A diferencia de lo sostenido en los viejos modelos keynesianos, abanderados por el Gabinete del PSOE, no existe una relación automática entre las subidas impositivas y el incremento de la recaudación. Por añadidura, medidas de esa índole tienen grandes posibilidades de agudizar las fuerzas recesivas en curso, retrasar la recuperación y, por tanto, de elevar en vez de recortar los desequilibrios de las finanzas públicas. Vamos a ver por qué.
Las decisiones de consumo de las familias dependen del valor descontado presente de los flujos de ingresos que aquellas esperan percibir en el futuro, esto es, de su renta permanente. En este contexto, un alza de la fiscalidad destinada a persistir reduce ésta y, con ella, el gasto de los consumidores. En el caso español, la persistencia de una mayor carga tributaria es inevitable en tanto el cuanto el Gobierno se niega a recortar el gasto público. Esto lleva a la consolidación de una presión fiscal superior a la existente en la pre-crisis si se desea que el endeudamiento de las administraciones públicas no se dispare o, al menos, se estabilice alrededor de parámetros sostenibles. En esta tesitura, la respuesta de las familias a la elevación de su factura tributaria y a la caída de su renta permanente será disminuir su consumo.
Si esa es la respuesta de los hogares en un escenario "normal", el impacto contractivo de subir los impuestos tiene mucha mayor intensidad en una recesión. El recorte de la renta permanente producido por la elevación de la fiscalidad se superpondría a una situación en la que las familias experimentan un alto endeudamiento, su riqueza financiera e inmobiliaria está sometida a un proceso de ajuste a la baja de una dureza sin precedentes y sin expectativas cercanas de llegar a término y el fantasma del paro afecta cada vez a más españoles. En este entorno, el incremento de los impuestos hace impensable no ya una reactivación del consumo privado sino sugiere un descenso de éste mayor que el que se produciría sin una decisión de esa naturaleza.
En estos momentos, cualquier subida de los impuestos directos, indirectos o de ambos con la "benéfica" intención de yugular el déficit público es un error. Sólo contribuirá a empeorar las cosas. La idea, según la cual el aumento de la factura fiscal sería financiado por los "ricos", es pura demagogia y no tiene pase. Serán las clases medias que por cierto ya soportan una situación económico-financiera de tintes dramáticos las víctimas del vampiro gubernamental.
MADRID, 25 (OTR/PRESS)
El brutal aumento del gasto y del déficit público es insostenible. Sin duda la crisis económica, la profunda recesión ha contribuido y contribuye al desbordamiento del desequilibrio presupuestario pero éste hubiese sido menor sin las políticas aplicadas por el gobierno. Estas son la causa de más de la mitad del agujero de las cuentas estatales. Para más "inri", la expansión del gasto impulsada por el gabinete del PSOE para combatir la recesión no ha tenido efecto alguno.
La OCDE prevé una contracción del PIB del 4,2 por 100 en 2009 y del 0,9 en 2010. Cebar la bomba del gasto no sirve para combatir la crisis y ha creado una situación presupuestaria que, si no se corrige, puede llevar al colapso de las finanzas públicas. Al fin, los socialistas reconocen que España no puede permitirse un crecimiento exponencial de su endeudamiento sencillamente porque las dificultades para financiarle son cada vez mayores. Nadie presta "plata" a quien no genera los recursos necesarios para devolverla.
Ante este panorama, la única idea del Gobierno para suturar la sangría del endeudamiento es subir los impuestos. Así lo dijo el otro día la Sra. Salgado en su comparecencia ante el Senado. Además, con audacia singular y desafiante afirmó que no existe otra alternativa. Esto es falso de toda falsedad como diría un escolástico castizo. Tenemos un agujero presupuestario descomunal porque el Estado, los ayuntamientos y las autonomías gastan más de lo que ingresan. En este escenario deberían hacer lo que están haciendo las familias españolas: apretarse el cinturón; sobre todo, cuando la realidad muestra que la ingente cantidad de euros gastados para evitar el desplome de la economía española ha constituido un monumental e ineficaz derroche del dinero de los contribuyentes.
En una economía en caída libre, con unas familias y empresas endeudadas, con un descenso acusado de la riqueza de los hogares, con un desempleo rampante, con unos mercados de crédito congelados etc., subir los impuestos es una locura. Es quitar dinero al sector privado para cubrir los "pufos" del público. Esto sólo contribuye a quitar recursos a hogares y empresas que los necesitan para pagar sus deudas, consumir e invertir. Si en un escenario normal, las subidas impositivas afectan de modo negativo a la economía, en uno como el actual sólo sirven para acentuar las fuerzas recesivas en curso. En este caso, curiosa paradoja, con más impuestos se recaudará menos y, en consecuencia, el déficit no se reducirá. Es increíble que el gobierno no lo sepa.
MADRID, 18 (OTR/PRESS)
El viernes pasado el Gobierno hizo pública la revisión de su cuadro de previsiones macroeconómicas para 2009 y 2010. Con un crecimiento negativo del PIB en 2009 del 3,6 por 100 y, de nuevo, con una contracción de la actividad en 2010, la hipótesis de los "brotes verdes" ha saltado en pedazos, salvo que se considere que la economía española saldrá algún día de la crisis, cuestión que resulta obvia. No hay mal que cien años dure aunque dure mucho. El escenario planteado por el Gabinete se ajusta al proyectado por el consenso de los economistas y constituye un ejercicio tardío y forzoso de aceptar la realidad: la recesión durará cuanto menos hasta 2010. En este contexto, España seguirá destruyendo puestos de trabajo durante el resto de la legislatura. El ritmo de destrucción de empleo se reducirá pero eso no significa que la tendencia vaya a cambiar y eso es lo importante.
El segundo aspecto significativo del deterioro de la situación y de la política del Gobierno es el brutal aumento del déficit público. En 2009 se situará casi en el 10 por 100 del PIB, según el Gobierno, y el Ejecutivo socialista se fija como objetivo reducirle hasta el 3 por 100 en 2012. Para alcanzar esa meta sólo hay dos caminos: uno, reducir el gasto público; dos, aumentar los impuestos. El gabinete socialista ha renunciado a la primera vía. En consecuencia, toda su estrategia de consolidación presupuestaria recaerá sobre un incremento de la fiscalidad. La pregunta es si esta medida es acertada y si servirá para recortar el agujero presupuestario. La respuesta es negativa. Subir los impuestos no proporcionará más dinero a las arcas estatales e incluso puede aportar menos.
Con una economía en recesión y con una recuperación débil a partir de 2011, el crecimiento no bastará para reducir en seis puntos la ratio déficit/PIB aunque el Gabinete congelase el crecimiento del gasto público. Cerrar esa brecha con alzas de impuestos tanto directos como indirectos sólo servirá la detraer recursos de las familias y de las empresas que no podrán emplearlos en consumo e inversión. El resultado es que el incremento de la fiscalidad deprimiría la actividad económica y, en consecuencia, el Gobierno recaudaría menos a pesar de la subida impositiva. Este efecto sería más intenso cuanto mayor sea el incremento de los impuestos.
La idea de que los "ricos" pueden y deben ser los paganinis o, mejor, los principales financiadores del déficit público es pura demagogia. En España, el tipo marginal, esto es el más elevado del IRPF, se aplica a los ingresos a partir de 60.000 euros años. Considerar rico a ese segmento de la población es cuanto menos exagerado. Además supone tan sólo el 5 por 100 de los contribuyentes. Por tanto, aunque se exprimiese a ese colectivo, sería imposible obtener la plata suficiente para pagar el descomunal agujero de las finanzas públicas. Esto son puras matemáticas.
MADRID, 13 (OTR/PRESS)
El gobierno ha reconocido por fin que la metáfora floral de los "brotes verdes" era una broma y de mal gusto. Con tono compungido y cara de circunstancias, la vicepresidente y zarina de la economía, Sra. Salgado, ha anunciado lo que todos los economistas solventes ya sabían y el pueblo soberano intuía: la economía se contraerá más del 3,5 por 100 en 2009, volverá a tener un crecimiento negativo en 2010 y, como hacer pronósticos es gratis, dice que volverá a crecer en 2011. Entra tanto, el paro seguirá su trayectoria alcista, aunque según Salgado, no llegará a los cinco millones. Créame, sí alcanzará esa cifra y la superará a finales de la legislatura. Esto tiene una pinta horrible y recuerden que los peores años de un ciclo recesivo son los segundos, cuando las reservas se han volatilizado y sólo nos queda capear el temporal "desnudos como los hijos del mar".
Si ese terrorífico escenario es inevitable, y lo es, lo urgente para el Gobierno es poner diques a la sangría del gasto/déficit público. Entre la pérdida de ingresos derivada de la recesión y el aumento de gastos producido por ésta y por los planes del Gobierno para combatirla, se ha generado un agujero descomunal en las cuentas públicas. Cómo hacen siempre, los socialistas afrontan este problema no reduciendo el despilfarro del sector público sino subiendo los impuestos. Esta vez les toca el turno al tabaco y a los hidrocarburos, mañana al resto de los impuestos especiales y pasado, ya lo verán, a los directos. Es curioso que los socialistas recurran a la imposición indirecta para obtener recursos que, recuerden, para ellos siempre fue regresiva porque afecta a todos, con independencia de su nivel de renta.
Por desgracia, la subida impositiva servirá para poco. Al encarecer los productos sobre los que recae, puede reducir su consumo y, en consecuencia, reducir la recaudación en vez de aumentarla. Esto no es extraño en un escenario en el que la crisis golpea con brutalidad a las familias y éstas tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. ¿Por qué no se dan cuenta que es mejor reducir impuestos y cortar el gasto que hacer lo contrario? Y nada más... El gabinete "Zetapé" mantiene el tipo frente a la crisis sin hacer nada que nos sirva para amortiguar sus peores efectos y para salir de ella con rapidez; pobre España y... pobres españoles.
LORENZO BERNALDO DE QUIROS
MADRID, 4 (OTR/PRESS)
La decisión de la Administración Obama de acudir en socorro de General Motors inyectando 30.000 millones de dólares para facilitar su reestructuración y garantizar la viabilidad de la antigua reina de Detroit ha desatado un sinfín de demandas en otros países para que sus gobiernos imiten el ejemplo norteamericano. De nuevo se pretende utilizar el dinero de los contribuyentes para salvar compañías que no saben, no quieren o no pueden adaptarse a la crisis. De entrada, las políticas de salvamento de un sector o de una empresa concreta plantean una pregunta: ¿Por qué unas sí y otras no? Como este interrogante carece de una explicación racional, se inventan mil teorías sociales y económicas para justificarlo. Sin duda, la situación de los fabricantes de coches es mala pero no peor que la de millones de ciudadanos y miles de compañías que se ven también golpeadas con dureza por la recesión.
Por otra parte, el problema de la industria automovilística en numerosos países, EE.UU. y España incluidos, no son de ahora ni han sido causados por la debacle económico-financiera internacional. El origen de sus actuales males reposa en su incapacidad de adaptarse a las demandas de los consumidores y, por tanto, en su pérdida de mercados frente a sus competidores. En el caso español, la deslocalización de la producción de vehículos estaba cantada porque era más barato fabricarlos en otras zonas. La crisis sólo ha acelerado el proceso de ajuste que estaba en marcha. Ante este panorama, las ayudas públicas al sector de la automoción no resuelven los problemas de fondo y, en consecuencia, en el mejor de los casos sólo sirven para retrasar un ajuste inevitable.
Si la demanda de coches cae, los fabricantes deben adaptarse a ese escenario bien reduciendo sus costes bien mejorando su competitividad bien con una mezcla de ambas. En caso contrario no serán capaces de sobrevivir y no está justificado suministrarles dinero público hasta que pase en temporal. Es más, la crisis debe ser un acicate para que la industria de la automoción realice los deberes que tiene pendientes. Así pues ni un euro ha de destinarse a socorrer a los productores. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Puestos a paliar el impacto de la crisis sobre los trabajadores es mucho mejor darles el dinero a ellos y dejar que el mercado seleccione a las empresas que tienen futuro.
MADRID, 14 (OTR/PRESS)
El debate sobre el estado de la Nación se centró, como no podía ser de otra manera, en la economía. En medio de una recesión de las de caballo y con el paro creciendo a una velocidad de vértigo, Zapatero y Rajoy se enzarzaron en acusaciones y exculpaciones sobre la responsabilidad de la crisis. El líder socialista achacó la dureza de la crisis a la coyuntura económico-financiera internacional y al desplome de la burbuja inmobiliaria. El del PP al Gobierno que habría minusvalorado la intensidad del ajuste y habría aplicado una política económica inadecuada para combatirla y salir de ella con rapidez. En este contexto, el Sr. Rodríguez Zapatero ofreció más de lo mismo, gasto público, e introdujo una novedad: su apuesta por la denominada economía sostenible y del conocimiento. El gobierno cree saber cuáles son los sectores de "futuro" y está dispuesto a apoyarlos con subvenciones y ventajas fiscales.
La nueva-vieja estrategia económica del Gabinete socialista no sirve para sacar a España del hoyo, valga el casticismo, sino para agudizar la recesión y retrasar la reactivación. Es evidente que la brutal expansión del gasto público no ha tenido impacto positivo alguno sobre la economía. En este sentido persistir en cebar la bomba del gasto sólo conduce a generar un déficit público descomunal que será financiado bien con subidas de impuestos bien captando recursos del mercado de crédito lo que reducirá y encarecerá los disponibles para el consumo y la inversión de las familias y de las empresas. Con una restricción crediticia como la actual, las necesidades financieras del sector público terminarán por asfixiar al privado.
Por otra parte, la profunda recesión económica y las expectativas de un bajo crecimiento en los próximos años unidas al descomunal endeudamiento de los hogares, de las empresas y de las administraciones hará que los mercados financieros tengan dudas crecientes sobre la solvencia, esto es, sobre la capacidad de la economía española de hacer frente a sus deudas. En este caso, los flujos crediticios a España podrían caer de modo sustancial creando un problema enorme: una crisis fiscal del Estado de corte sudamericano. Este es un riesgo real.
El panorama se oscurece todavía más con la decisión gubernamental de planificar desde el poder el mapa empresarial del país. Nadie es capaz de explicar por qué los políticos y los burócratas tienen mayor capacidad que los empresarios y los consumidores para saber cuales son los sectores y las industrias del futuro. Esto conducirá a derrochar el dinero de los contribuyentes en actividades de dudosa rentabilidad. La experiencia demuestra que el Estado ha fracasado siempre que ha intentado sustituir al mercado en la configuración de la estructura empresarial del país. Así pues, la nueva economía verde y sostenible sustentada en subvenciones estatales se convertirá en algo muy parecido a los viejos dinosaurios industriales del pasado. Eso sí, a mayor gloria de los beneficiarios del maná estatal.
El PSOE ha optado por el estatismo y el intervencionismo masivos para afrontar la recesión. Esta política no ha funcionado nunca en ningún lugar. El Gabinete socialista ha elegido un camino que nos aleja de la recuperación y nos instala en la crisis; malos tiempos para la lírica como reza una vieja canción de los ochenta.
MADRID, 7 (OTR/PRESS)
El Consejo de Ministros extraordinario del pasado miércoles había creado unas expectativas que de nuevo se han visto defraudadas. Los optimistas esperaban un giro en la política económica del gobierno; los pesimistas, un nuevo juego propagandístico de grandes palabras y nada de "chicha". Por desgracia, éstos últimos han tenido razón. El gabinete socialista, lejos de modificar una estrategia que no sirve para sacar al país de la crisis, se ha reafirmado en lo de siempre: gastar más en proyectos que generan un empleo ficticio y de corto plazo y renunciar a acometer las reformas estructurales, sobre todo la del mercado de trabajo, sin las cuales la recesión se agudizará, se prolongará en el tiempo y producirá una legión de parados. Se perdieron cuatro años en preparar a la economía española para una crisis que era inevitable con o sin el cataclismo económico y financiero internacional y todo indica que se perderán otros cuatro. El período de gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero pasará a la historia como la "década perdida".
Ante este panorama, las familias y las empresas españolas han de prepararse para lo peor. Están solas ante la recesión y no pueden esperar ayuda alguna del Gabinete que alivie su situación y cree esperanzas de que la tormenta pasará. Se abre para todos un escenario estremecedor y no hay esperanzas de que cambie en el corto plazo. Incluso si se creyese en la capacidad del gasto público para estimular la economía, extremo demostrado falso por la experiencia, el Gobierno no tiene capacidad de estirar más la cuerda a causa del brutal aumento del gasto público. Nadie va a financiar a un país con una recesión de caballo y con una deuda monumental por una sencilla razón: carece de capacidad de pago.
¿Por qué el Gobierno se empeña en mantener una política económica equivocada e incapacidad de sacar al España de la crisis? En 1983, Miguel Boyer hizo lo correcto y creó las condiciones para la recuperación de la economía en la segunda mitad de los ochenta. Solchaga cometió errores, el descontrol del gasto público, pero nunca se embarcó en una política fiscal expansiva activa y desaforada. La razón sólo puede explicarse por una ignorancia supina o por la falsa percepción de que es posible imponer la ideología a las realidades económicas. Pero da igual sea una u otra la causa, lo cierto es que Zetapé aplica una medicina que sólo sirve para alargar y agravar la enfermedad.
Domingo, 22 de noviembre
Agustín Jiménez
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel Calzada
Antonio Casado
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Esther Esteban
Fermín Bocos
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
Julia NavarroLorenzo Bernaldo de Quirós*
Luis Del Val
Mabel Redondo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Victoria Lafora
Paco Sande
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Pedro Fernández Barbadillo
Manuel Molares do Val
Jesús Montesinos
José Luis Palomera Ruiz
