MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Hay noticias que se sustancian en un par de fotos. La de la Convención celebrada por el PP en Cataluña nos dejó una de Mariano Rajoy pedaleando en una bicicleta estática y otra de Francisco Camps, en Valencia, a los mandos de un "Ferrari", mientras Rajoy hablaba en Barcelona de unidad y liderazgo.
Diseñada como plataforma de relanzamiento de la figura de Alicia Sánchez Camacho como cabeza de cartel de los populares en las próximas elecciones autonómicas catalanas, a la postre, la Convención se convirtió en un acto orientado a transmitir dos ideas que la realidad, con su acostumbrada tozudez, se apresuró a desmentir. La primera es que todo el PP es una piña alrededor del liderazgo de Mariano Rajoy, pretensión que, como decía, quedó desdibujada por las comentadas ausencias de los dos dirigentes -Francisco Camps y Esperanza Aguirre- que, indirectamente, habían dado pie a este acto político por sus conocidas y reiteradas renuencias a la autoridad de Rajoy. También llamó la atención la marcha de Javier Arenas, amostazado quizá por unas declaraciones de la secretaria general, Dolores de Cospedal ("ABC" ) en las que -cito de memoria- decía que hasta el año 2004, habían fallado los controles internos en el seno del partido. La pregunta estaba relacionada con el "caso Correa". Arenas, como se sabe fue el anterior secretario general del PP.
La segunda pregunta a la que me refería cursa en torno al liderazgo del partido. Que algunos dirigentes y muchos simpatizantes del PP sigan dándole vueltas a este asunto quiere decir mucho. Quiere decir que si tras más de tres lustros en primera fila de la política nacional -ha sido vicepresidente del Gobierno, cuatro veces ministro y durante seis años jefe del primer partido de la oposición- aún hay división de opiniones a la hora de considerar su idoneidad como líder del partido, será por algo. O, no, cómo diría el propio Rajoy en una de sus salidas a la gallega.
MADRID, 12 (OTR/PRESS)
A juzgar por lo que se ha dicho y escrito desde que trascendió que Alberto Oliart será el nuevo presidente de RTVE, su único defecto es la edad: ha cumplido ochenta años. Vamos, que es un viejo. Como si la experiencia, el temple y la cordura que le caracterizan no fueran valores a tener en cuente en un mundo -el de la radio y la televisión- en el que acampa la histeria. En una sociedad paidocratica como la española en la que la televisión tanto ha contribuido a entronizar el culto a la imagen por encima del ser, las críticas con las que ha sido recibido Oliart son de una puerilidad que tumba de espaldas.
Que un ciudadano honrado, culto y equilibrado esté dispuesto a sacrificar su tranquilidad personal para intentar organizar una televisión más serena, menos entregada a las banalidades, cuando no directamente al más degradante de los chafardeos sociales, me parece encomiable. La RTVE que recibirá Oliart es una corporación que en los últimos años ha tenido que completar sus ingresos publicitarios con fuertes ayudas estatales. A partir de ahora, tras renunciar a la publicidad, dependerá exclusivamente de la financiación publica. Hay quien ve esta novedad como un drama.
Otros pensamos que es la gran oportunidad para que RTVE intente hacer de verdad una radio y una televisión capaces de informar, formar y entretener. Al servicio de la sociedad y con programas capaces de transmitir los valores esenciales que mejoran la convivencia en las sociedades democráticas. Con nuevos programas y nuevos formatos ajenos a la telebasura y con informativos alejados de la tentación partidista. Una programación sin publicidad, capaz de conseguir el respaldo de las audiencias tanto en la televisión como en la radio. Una programación atenta al interés del público pero no sometida a la histeria del "share".
Si Oliart puede formar un equipo de profesionales dispuestos a demostrar que la radio y la televisión públicas encuentran su razón de ser precisamente como contrapunto del circo en el que ha devenido la industria del entretenimiento, rendirá un gran servicio al país. Un país en el que, por cierto, aunque la moda y la bulimia consumista haya acuñado la idea de que España ya no es un país para viejos, resulta que más de un tercio de la población que ve la televisión y escucha la radio pasa de los sesenta y camina con paso firme y muchas ganas de vivir hacia el areopago en el que ya se encuentra Alberto Oliart. Atenas fue grande cuando sus ciudadanos respetaban y escuchaban a sus mayores.
MADRID, 11 (OTR/PRESS)
El disimulo, la mentira, el engaño o las trampas para difuminar los errores son recursos a los que acuden los políticos cuando las cosas les salen mal. Algunos actúan con prepotencia y descaro; otros, es una cuestión estilo, optan por los perfiles bajos, por la máscara que disimula su verdadero rostro. Hay quienes, como Churchill, fueron de frente a por sus adversarios y otros, como aquél emperador romano, Claudio, que convirtió su aparente debilidad y su impostada bonhomía, en el cayado en el que se apoyó para deshacerse de sus enemigos. Este último me ha recordado a nuestro presidente del Gobierno. En su forma de gobernar hay una constante: cuando surgen problemas serios procura que sean otros quienes den la cara. Tarda en comparecer en el Foro.
Ocurrió cuando la ETA dinamitó Barajas y las negociaciones con el Gobierno. Por aquel entonces fue José Blanco quien acudió a las emisoras. Pasó, también, cuando el incendio de Guadalajara: fue la vicepresidenta (Teresa Fernández de la Vega) quien tuvo que pechar con la ira de los familiares de las víctimas. Ha vuelto a pasar ahora, con el caso del "Alakrana", que por el camino ha "quemado" políticamente hablando a la ministra Chacón.
Han tendido que pasar cuarenta días y varias manifestaciones de los familiares saliendo a la calle con pancartas para que Zapatero se decidiera a hablar con ellos. Y cuando lo ha hecho, ha sido para pedir paciencia a los familiares y para exigir prudencia a los periodistas. La estrategia de fondo siempre es la misma: que recaigan sobre otro -u otros- las críticas por los desaciertos de quien gobierna. En este caso es la pretendida imprudencia de los periodistas al contar lo ocurrido en estos cuarenta días que lleva secuestrado el "Alakrana". Zapatero olvida que la obligación de los periodistas con la sociedad es la veracidad, no la prudencia. Porque la prudencia no es virtud cuando se torna en silencio o complicidad al servicio de los errores o meteduras de pata de los poderosos. Ya digo, el malo de la película, o el torpe, siempre es otro.
MADRID, 10 (OTR/PRESS)
El Estado (léase, el Gobierno) tiene razones que la razón y los ciudadanos no entienden. Me refiero a cómo están gestionando el caso del secuestro del atunero vasco "Alakrana". Cuarenta días después del secuestro, Zapatero pide paciencia y prudencia; pide paciencia a los familiares de los marineros que estando en manos de los piratas y exige prudencia a los periodistas que estamos contando lo que pasa. Tengo para mi que en este asunto de los piratas alguien está intentado a toda máquina reparar el error de quien solicitó la presencia en Madrid ante la Audiencia Nacional de los dos filibusteros que había sido detenidos por la Armada. Que no fue Baltasar Garzón, como interesadamente se dijo en los primeros momentos. Alguien, digo, está intentado reparar aquella decisión precipitada y a al hacerlo está forzando las costuras del Estado de derecho. Ha trascendido que sobre la marcha podrían estar improvisando un convenio de extradición con Somalia, un Estado fantasma con el que España interrumpió sus relaciones diplomáticas en 1991 y cuyas autoridades conviven con naturalidad con la piratería, que, por cierto, es uno de los negocios tolerados en la región.
Las maniobras de las últimas horas en el laboratorio del Ministerio de Justicia parece que van en esa dirección. No es seguro que la extradición a Somalia de los dos piratas que estan en España vaya a resolver el secuestro. Lo piden los secuestradores -y, lógicamente, lo alientan las familias de los marineros secuestrados-, pero si no va acompañado del pago de un rescate, no resolvera el problema. Y, aún, así, -en el mejor de los casos- abrirá un nuevo debate: ¿Debe el Estado ceder al chantaje de los piratas y pagar los millones que exigen sin hacer nada, después, para apresarlos y recuperar el dinero?
Cualquiera que sea la opinión del presidente del Gobierno sobre este asunto, tengo para mi que es llegitimoque en una sociedad libre se plantéen libremente éstas y otras dudas relacionadas con la gestión de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Pues porque la transparencia de los asuntos públicos es la mejor garantía de la democracia. Episodios recientes de la Historia de España nos invitan a recelar de quienes invocan la llamada "razón de Estado", para resolver problemas que ellos mismo han enmarañado.
MADRID, 09 (OTR/PRESS)
Cuarenta días después, el caso del secuestro del atunero Alakrana, sigue encallado. Descartada la solución militar y empantanada la judicial, la vía diplomática se perfila como única salida. Lo cual es tanto como decir que habrá que pagar el rescate y rezar para que los piratas no añadan al secuestro el crimen, sí, como parece, se va a demorar el retorno de los filibusteros encarcelados en Madrid. El asunto es complejo porque siendo comprensible la exigencia de las familias -piden la vuelta a Somalia de los dos piratas y que se pague el rescate-, el Gobierno que, en principio, podría satisfacer la segunda de las peticiones, no puede atender la segunda. O podría hacerlo con notable quebranto del Estado de derecho cuya piedra angular es la separación de poderes. Se ha dicho que sin acusación de la Fiscalía ( órgano que jerárquicamente depende del Gobierno), no habría juicio, y, en consecuencia, los piratas podrían ser puestos en libertad, pero para esta solución se ha pasado ya el arroz porque si Baltasar Garzón reclamó a los piratas fue precisamente a instancias de la propia Fiscalía.
Así las cosas, se abre la hipótesis de un juicio rápido y un eventual traslado a Somalia para que "cumplan" allí la condena. Sin olvidar, claro está el pago del rescate. Que vuelvan sanos y salvos los marineros del Alakrana es la prioridad. Después habría que preguntarse sí no habría que caer sobre ellos "a la francesa", para recuperar el dinero y quitarles para siempre las ganas de volver a las andadas. Claro que Zapatero no es Sarkozy y no parece que esté por la labor de cambiar la sintonía de fondo de su programa de la alianza de civilizaciones y decir "nunca mais" a los piratas.
MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Los piratas que tienen secuestrada a la tripulación del atunero "Alakrana" (36 marineros) amenazan con matarlos a todos en caso de no pagar el rescate y de no retornar a Somalia a los dos filibusteros encarcelados en España. Los familiares de los marineros están angustiados y transmiten su desazón y su ira a través de los medios de comunicación. Angustiados e indignados ante lo que alguno de ellos ha calificado de "cagada" del Gobierno por la forma en la que están llevando el trato con los piratas.
El Gobierno -por boca de María Teresa Fernández de la Vega- pide paciencia y discreción. Dice que controlan la situación y que están haciendo todo lo que está en su mano para resolver el caso. Dicho queda, pero hay un hecho que siembra dudas al respecto: a la ministra de Defensa (Carme Chacón) la noticia del traslado a tierra de tres marineros del "Alakrana" la pilló en un plató de televisión mientras aseguraba que dos fragatas españolas estaban controlando en todo momento la situación del barco apresado.
Quedó mal Chacón por la mañana y repitió por la tarde al admitir que se había producido el desembarco de tripulantes y añadiendo que el Gobierno "sabía que estaban bien y dónde les habían llevado", desvelando, así, el trabajo que realizan los agentes del CNI sobre el terreno. Los piratas tienen oídos en España.
Fuentes solventes aseguraban ayer que estaba ya apalabrado el pago de un rescate y que el desembarco de tripulantes era una maniobra fruto de la presión del clan al que pertenecen los dos piratas encarcelados. Al Gobierno se le complican las cosas porque fue la Fiscalía General quien instó a traer a España a los dos piratas una vez que fueron detenidos por los militares. Baltasar Garzón, la Audiencia Nacional, hizo lo que procedía: reclamarlos. La presencia de los piratas en la cárcel de Soto del Real complica extraordinariamente la solución "no militar" del caso.
Según fuentes de la propia Audiencia Nacional, la única posibilidad legal para excarcelarlos sería que la propia Fiscalía que solicitó su traslado decidiera ahora no presentar acusación alguna contra el llamado Abdu Willy y su compinche de fechorías. Con arreglo a nuestras leyes: sin acusación, no hay juicio y podrían ser puestos en libertad sin cargos. Es decir, que la pelota está en el terreno de Cándido Conde Pumpido, no a los pies de Garzón como gustan decir los enemigos del controvertido juez estrella. Dicho lo cual, a nadie se le escapa que si el Gobierno y, en consecuencia, el Fiscal General, optaran por esta vía, crearían un precedente de repercusiones incalculables. Precedente del que nadie quiere oír hablar, conmovidos como estamos todos por el S.O.S de los marineros del "Alakrana".
MADRID, 4 (OTR/PRESS)
El Gobierno anuncia que tiene intención de subir los impuestos a los futbolistas extranjeros multimillonarios que acogiéndose a la llamada "ley Beckham", tributan la mitad que los ciudadanos españoles que tienen la fortuna de ser millonarios. Anunciado el proyecto, desde la Liga de Fútbol Profesional -un club de gentes ociosas que viven a cuenta del sudor ajeno- han lanzado una amenaza que suena a broma: si el Gobierno sigue adelante con esta idea, podrían paralizar el fútbol. Tal como suena, están dispuestos a ir a la huelga para defender lo indefendible. Para defender que los Cristiano Ronaldo, Mesi, Kaka, Ibrahimovic, etc, no se retraten ante el Fisco en los mismos términos que el resto de los ciudadanos.
No creo que los de la LFP decidan pasar de la amenaza a la huelga, pero sí así fuera darían pie a una situación surrealista. Tendríamos una huelga de millonarios (secundada por jugadores y directivos de clubes y, presumiblemente, respaldada por aficionados sumisos y alienados por el circo balompédico), en un país que con más de cuatro millones de desempleados y con la cifra del paro subiendo mes a mes, tiene a los sindicatos de clase tocando la lira y mirando hacia otra parte para no comprometer el cordón alimenticio que les une a Zapatero. El mundo al revés: los multimillonarios llorando y reclamando privilegios y los demás preocupados por el fútbol, no por el paro. Suena a broma.
MADRID, 3 (OTR/PRESS)
La mayoría de los españoles desconfía de los políticos. No lo digo yo, lo dice el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tras la preocupación por la situación económica y el paro -que vendrán a ser dedos de la misma mano- aparece como estigma y origen de preocupación la desconfianza en la actual clase política. Los ciudadanos opinan que los políticos son el problema, no la solución a los problemas que tenemos en España. No es más que una encuesta -aunque elaborada por un instituto oficial-, pero revela un malestar de fondo inquietante.
Los numerosos casos de corrupción, la sensación de que faltan ideas claras para sacar al país de la recesión económica que padecemos, las pugnas internas de poder entre políticos y el conocimiento por parte del gran público de las gabelas de las que disfrutan los miembros de la clase política han ido erosionando la buena imagen acuñada durante los años de la Transición. Tenemos la ventaja de que, pese a la crisis y a los cuatro millones de parados, el Estado del Bienestar todavía funciona y que la gente que lo está pasando mal no está desamparada del todo. Pero los síntomas de desencanto son preocupantes.
Voy a decirlo con claridad: tengo para mí que sin el paraguas de la Seguridad Social y sin los amortiguadores del sistema de pensiones estaríamos entrando en una deriva política populista. O de algo peor, como podría ser el nacimiento de un partido neofascista dispuesto a reclutar a los millones de ciudadanos que están hartos del paro y hartos de la corrupción de la política y de los políticos. Que tomen nota Zapatero, Rajoy y el resto del desdén, por no hablar del hartazgo, de los ciudadanos.
MADRID, 30 (OTR/PRESS)
La destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana divide la opinión del personal que asiste como espectador a los líos que se desarrolla en las alturas del partido de la oposición. Opinión dividida entre quienes creen que ha hecho bien Mariano Rajoy dando un puñetazo encima de la mesa y quienes recuerdan que era a la dirección del PP valenciano a quien correspondía tomar semejante decisión.
Hay otro aspecto del caso que también fomenta la discrepancia. Me refiero a la asimetría que proyecta la resolución del "caso Costa" sí se compara con el "caso Cobo". El vicealcalde de Madrid (autor de unas declaraciones incendiarias contra Esperanza Aguirre) podrá explicar ante el Comité de Garantías y Conflictos del partido el por qué de sus críticas feroces a la presidenta madrileña. A Ricardo Costa no le han dado esa oportunidad y ahí es donde se ve la grieta que delata la precariedad del liderazgo que ejerce Mariano Rajoy.
En Valencia hablan de doble vara de medir. Paciencia y respeto a los estatutos para resolver el expediente que afecta al segundo de Ruiz Gallardón y decisión expeditiva en el caso que perjudica y humilla al segundo de Francisco Camps. Más que de Job, santo de quien Rajoy se declara devoto, en realidad el presidente de los populares parece ser discípulo de aquél rey que tenía fama de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes.
Las cosas están de tal manera en la cúpula del PP que cada día son más las voces que piden un congreso extraordinario y muchos, también, los ojos vueltos hacia Rodrigo Rato.
MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Probablemente, una palabra de encomio sobre Sabino Fernández Campo es ya una palabra de más. No hay voces discrepantes en el elogio fúnebre entre otras razones porque su figura de hombre leal, culto y cabal fue admirada por muchos y reconocida por todos. Incluso por quienes viniendo del republicanismo militante descubrieron la mesura y agudeza de juicio que atesoraba el hombre prudente que estaba de pie junto a la oreja del Rey.
Pasará a los libros de Historia de España por aquella lacónica expresión suya: "Ni está, ni se le espera", con la que desarmó la conjura golpista que había montado el general Armada en ocasión del 23-F, pero, siendo como fue relevante aquella actuación, tengo para mí que su gran servicio a la Corona, y, por lo mismo, a la estabilidad de la política española, fue su discreta y eficacísima labor para acercar a dos personajes clave de la Transición: el Rey don Juan Carlos y Felipe González, líder del PSOE y presidente del primer Gobierno socialista que tenía España tras la trágica experiencia de la guerra civil.
Mucho tuvo que ver la mano discreta de Sabino en la química que se estableció entre ambas personalidades en un momento en el que el PSOE, un partido de confesión republicana, con más de diez millones de votos y más de doscientos diputados, podía haberse dejado llevar por el vértigo que aparejaban aquellos momentos germinales de la vida política española. Todos le debemos respeto a su memoria, pero quienes más le deben son aquellos que en un momento dado, al verlo partir, creyeron alejar la voz de su conciencia.
Que se sepa, no deja escritas memorias. Ha hecho bueno aquél proverbio que aconseja no romper el silencio si uno no está en condiciones de mejorarlo sin crear problemas innecesarios. Descanse en paz, Sabino, el prudente.
MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Vivimos tiempos de cambio en la percepción de la realidad. Tiempos en los que los medios de comunicación -sobre todo, la televisión-, nos han ido acostumbrando a confundir la realidad de las cosas con su apariencia. Ayudado por los medios afines, Zapatero negó durante un año la crisis y ahora lleva ya dos o tres meses diciendo que lo peor ya ha pasado. Es un intento descarado de fabricar una apariencia de realidad, pero hay gente dispuesta a comprarla.
Algo parecido se observa en los casos de corrupción, el partido, la empresa o el político afectado contraataca intentando crear realidades virtuales, apariencias de realidad que distraigan del hecho principal. Lo hemos visto en el caso "Gürtel". Pese a la famosa boda y a otras evidencias, desde las alturas del PP nunca han admitido conocer a los responsables de la trama organizada para cobrar comisiones encareciendo ilícitamente el precio de las contratas de obras públicas o servicios.
No lo han reconocido y han contraatacado con historias alternativas encaminadas a desviar la atención. Primero fue una conspiración (del juez, la policía y los fiscales) para hundir al partido en el momento en el que las encuestas le colocaban por delante del PSOE; después, la cosa pasó a ser obra de unos pocos "desaprensivos", "golfos" que se habían aprovechado de sus contactos políticos; por último -en eso están-, ahora, la cuestión es si el juez Garzón conculcó la ley al ordenar grabar conversaciones entre algunos imputados y sus abogados. Sobre éste hecho está en marcha una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, denuncia que entiendo debe ser atendida porque si el magistrado hubiera actuando dando pie a un ilícito penal, el sumario del caso habría quedado contaminado y con él las actuaciones penales.
Que se investigue, pues. Pero que sin perder de vista la cuestión de fondo: la existencia de una trama de corrupción que coloca bajo más que fundadas sospechas a media docena de altos cargos del partido que preside el señor Rajoy. La democracia enferma cuando nos acostumbramos a este tipo de trampas diseñadas para ocultar la realidad que resulta incómoda.
MADRID, 20 (OTR/PRESS)
El "caso Millet" clama al cielo. La impunidad con la que Félix Millet ("factótum" del Palau de la Música Catalana) metió la mano en la caja de Esta institución pública -para lucrarse personalmente y para financiar a determinadas fundaciones de partidos políticos nacionalistas- amenaza con perpetuarse en el tramo judicial del caso. Quien según propia confesión se apropió ilícitamente de caudales por valor de más de tres millones de euros -la Fiscalía dice que fueron 10 y una auditoria interna habla de 20- está en libertad y sin fianza tras su paso por el juzgado barcelonés que lleva el caso. Es insólito. Si la virtualidad y credibilidad de la Justicia se basa en la aplicación de leyes que son igual para todos, en el "caso Millet", está claro que se ha perpetrado una excepción.
Tanto él como Jordi Montull, cómplice de sus manejos, están en libertad tras pasar por el juzgado de un país en el que los que la policía lleva esposada a la gente hasta las comisarías y los jueces meten en la cárcel a gente por asuntos cien veces menos relevantes. Millet pertenece a la oligarquía que se reparte el poder en Cataluña -"Somos", decía en un libro publicado hace unos años, "cuatrocientas personas que coincidimos en todas partes"- ha sido tratado por la Justicia como en su día lo fueron los "Albertos" a su paso por los tribunales. Con un trato de favor del que no disfruta el resto de los ciudadanos.
La tradición gusta de representar a la Justicia a la manera de una cariátide con los ojos velados por una banda de gasa. Habría que cambiar ésa imagen. A la vista está que cuando conviene, no es ciega: es bizca. Ya digo, un escándalo.
Domingo, 22 de noviembre
Agustín Jiménez
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel Calzada
Antonio Casado
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Esther EstebanFermín Bocos*
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
Julia Navarro
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Luis Del Val
Mabel Redondo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Victoria Lafora
Paco Sande
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Pedro Fernández Barbadillo
Manuel Molares do Val
Jesús Montesinos
José Luis Palomera Ruiz
