MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Después de una acalorada discusión del ministro Rubalcaba con los diputados del PP González Pons y Carlos Floriano, en los pasillos del Congreso, al primero de ellos se apresuró a acusar al ministro de haberles insultado, de haberles amenazado, de reconocer que les escucha y les ve, como el gran hermano de Orwell ("1984") y de haber perdido los papeles. En ese plan, "Rubalcaba no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior", según Pons.
Quienes tuvimos la ocasión de pasarnos aquel día por el Congreso de los Diputados y escuchar en caliente todas las versiones del rifirrafe, las de los compañeros y las que dieron luego tanto Pons como Rubalcaba, estamos en condiciones de asegurar que la frase atribuida al ministro, "Yo veo y oigo todo lo que haces y dices", fue una manufactura mediática elaborada por el diputado y portavoz nacional del PP, el susodicho Pons.
El incidente encaja en la ruidosa ofensiva del PP contra el supuesto uso ilegal del SITEL (interceptación de comunicaciones) por parte del Gobierno. Los ánimos ya venían caldeados desde el hemiciclo, en el turno de preguntas. En este caso, formuladas por Carlos Floriano. La tesis del ministro fue la misma fuera que dentro. No dijo nada distinto en el hemiciclo, a preguntas del diputado Carlos Floriano, que en los pasillos, donde se trasladó la tensión. Se encaró con el diputado y repitió el argumento: "Si ustedes tienen pruebas, vayan a los tribunales. Y si no, tendré que hacerlo yo".
Al negar Floriano haber sostenido que Rubalcaba se dedica a espiar a dirigentes del PP, el ministro replicó, más o menos así: "¿Cómo que no?, si no paráis de decirlo, si os oigo y os veo a todas horas repitiendo la misma cantinela". Esta parrafada fue convertida por el portavoz del PP, González Pons, en el siguiente titular: "Oigo todo lo que decís y veo todo lo que hacéis". Como si fuera el gran controlador. Pero si lo fuera, nunca lo reconocería en público, y menos delante de los espiados.
Probablemente tuviera razón Pons cuando acusó a Rubalcaba de haberse puesto muy nervioso y haber perdido los papeles. Aunque yo no hablaría de nervios sino de indignación. Lo normal es que un ministro del Interior se indigne si le acusan de espiar a sus adversarios políticos o de alentar la colaboración policial con una banda terrorista. Esas dos pedradas las había vuelto a recibir por parte del PP aquella mañana.
Es natural que no estuviera en las mejores condiciones de hacer amigos. Luego compareció ante los periodistas para dar su versión, media hora después, y no mostró el menor signo de estar nervioso o desquiciado. Ni perdió los papeles ni amenazó a nadie. Estuvo, como de costumbre, sereno, expresivo y razonador. Pero en el partido que quiso engañar a los españoles sobre la autoría de los atentados del 11-M todavía le tienen muchas ganas. Ahora vuelve a estar en la picota por el caso Faisán y el uso del programa SITEL.
ANTONIO CASADO
MADRID, 18 (OTR/PRESS)
En una cosa tiene razón el PP cuando arremete contra el Gobierno apenas veinticuatro horas después del final feliz. El PSOE no tuvo ninguna consideración con el Gobierno Aznar a la hora de separar la responsabilidad de lo ocurrido con el manejo oficial de lo ocurrido en el caso del "Prestige".
Por tanto, no procede el rasgado de vestiduras del portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, cuando acusa al PP de buscar réditos políticos por el caso "Alakrana". También se excede la vicepresidenta De la Vega cuando este miércoles, en la sesión de control al Gobierno y ante la dura ofensiva verbal de la portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, poco menos que se refirió al adversario político como si fuera un aliado de los secuestradores del "Alakrana".
Aliado de piratas, no. Adversario político, sí. Es decir, que trata de capitalizar políticamente los errores cometidos por el Gobierno en la secuencia de este suceso lamentable. Lógico. Como el PSOE hizo con los errores cometidos por el Gobierno del PP en el caso del famoso petrolero hundido frente a las costas gallegas sin que a nadie se le ocurriese denunciar una presunta alianza de los socialistas con los responsables del accidente.
Aparte de estos apuntes, propios de la legítima confrontación entre los dos grandes partidos nacionales, es verdad que el Gobierno no puede sentirse orgulloso de lo ocurrido, una vez descontada la general satisfacción por el desenlace. Me temo que este culebrón va a quedar almacenado en la memoria colectiva como la gran jugada tonta del reinado de Zapatero.
El cuadro no es precisamente luminoso. Para empezar, la constatación de que un grupo de facinerosos han puesto en evidencia la fragilidad de un Estado hecho y derecho. Se ha cedido a un chantaje a golpe de fajos de billetes de banco. Se ha forzado la legalidad. Se ha especulado con el principio de separación de poderes, etc.
Y más cosas, no todas necesariamente achacables al Gobierno. Se han utilizado recursos públicos para una causa privada. Se han creado climas de opinión que objetivamente han mejorado la posición negociadora de los piratas, como el absurdo episodio de las ocurrencias judiciales encaminadas a casar la legalidad con la oportunidad, en relación con la suerte de los dos piratas encarcelados en España. O, en fin, las declaraciones de alguno de los familiares, poco menos que abroncando al Gobierno por no hacer las cosas a gusto de unos ciudadanos que acuden libremente a ganarse la vida al Océano Indico, incluso fuera del área protegida.
Algunas cosas más tendrán que verse por el retrovisor en plena ofensiva política y mediática contra el modo de hacer las cosas en este asunto por parte del Gobierno. Sin olvidar la absurda disputa por sacudirse el honor de haber detenido, trasladado y puesto a disposición judicial a dos de los piratas que intervinieron en el secuestro del atunero. Al final se vio que a los piratas les traía al fresco el futuro de los dos compinches encarcelados en España. Cuestión de dinero. Hasta cuatro millones de dólares. Sólo se trataba de eso.
MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Unidos, limpios y preparados para gobernar. Bien podría ser ese el lema resultante del sermón de Mariano Rajoy en la clausura de la Convención del PP celebrada el pasado fin de semana en Barcelona. Unidad, limpieza, vocación de Gobierno. Por ese orden. Aunque a la actual dirección del partido le hubiera gustado invertir los términos. Primero y ante todo, alternativa. Por desgracia para el PP, no pudo ser.
Las demandas de unidad interna y de buenas prácticas de los gobernantes en la vida pública pudieron más que las demandas de acción política para echar a los socialistas del poder. Al menos en el reflejo mediático del acontecimiento, inicialmente pensado para trasladar a la opinión pública que hay una alternativa a "la parálisis, la improvisación y la frivolidad" de un Gobierno socialista incapaz de resolver los problemas derivados de la crisis económica.
Dijo Rajoy en su discurso de clausura, el domingo pasado, que para gobernar España la sociedad exige un partido de ámbito nacional "unido y limpio". Demandas dirigidas, evidentemente, a su propio partido, para que no se traicione esa doble exigencia, pues sería tanto como traicionar la confianza de los propios compañeros de partido, "a los que se hace mucho daño", añadió antes de formalizar un anuncio de oferta de pacto a los socialistas para luchar juntos contra la corrupción.
Cuando se reclama unidad y limpieza de los propios seguidores es porque se las echa de menos. Y en este punto, no se puede quitar importancia a la ausencia de los dos principales destinatarios internos del mensaje. Esperanza Aguirre, que se postula como alternativa a la resignación, y Francisco Camps, cuyo nombre aparece cosido a la trama "Gürtel", fueron los únicos barones que se perdieron el discurso de Mariano Rajoy en el cierre de la Convención del PP.
El uno prefirió las pruebas de la Fórmula 1 en Cheste (Valencia) y la otra alegó la enfermedad de un familiar. Pero, insisto, ya es casualidad que sólo encontrasen alguna excusa para no estar presentes en el discurso de Rajoy los dos únicos dirigentes que podían pincharlo en dos de sus tres principales componentes: la unidad interna y la lucha contra la corrupción.
El tercero de los rasgos centrales del sermón del líder, como ya queda dicho, era la vocación de gobernar, "ahora mismo", si hace falta, para despejar "la niebla de la desesperanza" que cunde entre los españoles por culpa de la crisis económica. Ahí queda la propuesta: preparados para situar al país "en la senda del crecimiento y la prosperidad" porque el PP es un partido "previsible y fiable", que no improvisa ni busca "soluciones milagreras" y apuesta por España como "nación de ciudadanos libres e iguales". Amén.
MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Desde un punto de vista estrictamente democrático, recostado en el mero deseo de que el juego limpio reine en el campo de la confrontación política, resulta desalentador encontrarte con dirigentes del PP, nacionales y regionales, que lo reconocen abiertamente. El PP valenciano está bloqueando conscientemente, deliberadamente, maliciosamente, la designación de Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, para ocupar un escaño en el Senado. El que le corresponde para cubrir la vacante dejada en su día por el también socialista Andrés Perelló.
Eso es tanto como reconocer que se está utilizando de forma torticera y partidista una dinámica pre-convenida entre PSOE, PP y resto de las fuerzas políticas de base parlamentaria. Esa dinámica, tan democrática como la que más, siempre se aplicó sin mayor problema en los procesos de designación de los senadores que representan a las distintas Comunidades Autónomas en la Cámara Alta. Hasta ahora, cuando el PP ha decidido pasársela por el arco del triunfo.
Admiten los dirigentes del equipo de Camps y miembros de la dirección nacional que se trata de un comportamiento de respuesta a la ofensiva socialista. Si fuera esa la única razón, hasta se podría entender, por el estado de cabreo permanente ante los denodados esfuerzos socialistas para sentar en el banquillo al presidente de la Comunidad, Francisco Camps, y sus principales colaboradores, pero las consecuencias son de fondo.
Si sólo fuera como dice la gente de Camps, también se entendería que los órganos de gobierno de las Cortes Valencianas, que es el Parlamento regional, con mayoría absoluta del PP, hayan vuelto a dejar pasar la última oportunidad de dar luz verde a la designación antes de terminar el actual período de sesiones. El pasado martes la Junta de Portavoces tampoco convocó el pleno destinado a nombrar a Leire Pajin como senadora de representación autonómica.
La número tres del PSOE, por tanto, seguirá sin ser senadora, al menos hasta bien entrado el año 2010, si para entonces el PP ha decidido levantarle el castigo o el Tribunal Constitucional, algo absolutamente improbable, ha fallado a favor de los socialistas el recurso de amparo que éstos presentaron a primeros de octubre por violación del artículo 23 de la CE (derecho de participación en la vida pública en igualdad de condiciones).
No tendría mayor importancia el bloqueo del escaño socialista, incluso contra el preceptivo dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, que en su día consideró idónea a Leire Pajin, si la matemática parlamentaria no resultase alterada. Pero no es el caso. El caso es que sí altera la relación de fuerzas PSOE-PP en el Senado y puede ser relevante en las votaciones, como ya expliqué en mi anterior artículo sobre este tema. Y eso es jugar sucio.
MADRID, 09 (OTR/PRESS)
Este martes tiene la Junta de Portavoces del Parlamento valenciano una nueva ocasión de convocar un pleno específico para designar de una vez por todas a Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, como representante de la Comunidad Valenciana en el Senado. Si no lo hace, el calendario no dará más oportunidades hasta 2010 porque el tiempo restante hasta el final de este periodo de sesiones se consumirá en la agenda presupuestaria y las consabidas vacaciones.
Recordemos que el nombramiento de Leire Pajín para cubrir la vacante socialista de Andrés Perelló está siendo objeto de obstrucción sistemática por parte del PP desde que en mayo de 2009 se produjo la renuncia de Perelló, al convertirse en eurodiputado. Diversos pretextos formales han venido siendo utilizados por el grupo parlamentario del PP, liderado por Ricardo Costa hasta la reciente destitución de este. El último consiste en la extravagante pretensión de someter a Leire Pajín a una especie de examen de idoneidad para representar a los valencianos en la Cámara Alta. Algo sin precedentes en la dinámica legal y política hasta ahora aplicada, siempre de común acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en base a la aritmética electoral, para designar a los senadores de extracción autonómica.
Tampoco tiene precedentes el ejercicio de filibusterismo parlamentario ejercido contra esa dinámica política y legal que ya es costumbre entre el PSOE y el PP a la hora de designar a los senadores que le corresponden a cada Comunidad. Un verdadero fraude al funcionamiento de las Cámaras.
Al principio, según reconoció el propio Ricardo Costa ante el jefe de filas de los parlamentarios socialistas, Angel Luna, se trataba de la mezquina represalia por el caso Gürtel. Al final se ha convertido en un asunto de fondo, pues el retraso en designar a la senadora socialista ya está influyendo en las votaciones. Por tanto, está causando un desequilibrio democrático achacable a una maniobra obstruccionista deliberada. En consecuencia el PSOE valenciano presentó a primeros de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación del artículo 23 de la Constitución Española, que proclama el derecho a participar en asuntos públicos y en igualdad de condiciones. El asunto es relevante en votaciones importantes. Por ejemplo, la de los PGE. Podría provocar la devolución del proyecto al Congreso. Y que la balanza la incline el voto de un presunto corrupto, como Luis Bárcenas, a falta del voto de Leire Pajín, porque la mayoría parlamentaria del PP en las Cortes de Valencia ha decidido boicotear su designación de forma reiterada y consciente. Con el voto de Leire Pajín, otro ejemplo, el PSOE no hubiera perdido una reciente votación sobre la reforma de la Ley del Tráfico, que el PP ganó por un voto de diferencia.
MADRID, 6 (OTR/PRESS)
El PP hace olas para tapar sus problemas internos. Un legítimo y viejo truco político que tiene sus límites. ¿Los está desbordando? Puede desbordarlos si, al crear una alarma infundada, la táctica acaba dañando el prestigio del Estado de Derecho. Es muy grave acusar sin pruebas al Gobierno de estar forjando una especie de Estado policial o "sociedad vigilada". Pero también debe quedar muy claro que si ha detectado indicios sobre un uso indebido de las nuevas tecnologías en el control de las comunicaciones, tiene la obligación de dar la batalla política en defensa de derechos fundamentales. En este caso, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.
La polémica se desató la semana pasada a raíz de una iniciativa parlamentaria del PP reclamando del Gobierno el envío a las Cortes de un proyecto de ley orgánica que refuerce el control judicial sobre el uso policial de la mencionada tecnología (SITEL). Se trataría de habilitar una protección específica, por ley orgánica, de los derechos fundamentales mencionados. La nueva regulación contemplaría la anulación "como medio de prueba" de las causas judiciales que se hayan instruido en base a la utilización de ese sistema.
Reparemos en el último punto: invalidación de causas judiciales basados en el uso de escuchas telefónicas. Podría ocurrir si en el futuro se llegara a establecer la inconstitucionalidad de SITEL. Por ejemplo, en el caso Gürtel, que afecta de lleno al partido más interesado en demostrar la falta de cobertura legal de este sistema de intervención de comunicaciones telefónicas y de Internet. Por tanto, tampoco podemos dejar de detectar el oportunismo que planea sobre esta iniciativa parlamentaria del PP respecto a un sistema muy eficiente en la lucha contra la delincuencia (crimen organizado, terrorismo, narcotráfico).
En resumen. Distingamos dos planos diferentes en la discusión. Uno, el ya expuesto de la presunta falta de cobertura legal para el sistema. Incluso, falta de encaje constitucional, según el PP. Un segundo plano es el mal uso del sistema que puedan estar haciendo las Fuerzas de Seguridad del Estado si acaso estuvieran practicando escuchas o interceptaciones sin contar con el juez. O si acaso estuvieran utilizando para fines políticos, u otros, el material sobrante, una vez descontado el que se ajusta a la autorización judicial. El PP debería llevar las pruebas a los tribunales porque esas conductas son delictivas. Y si lo que quiere es dejar las cosas en un terreno estrictamente político, debe ser más explicito a la hora de justificar su ofensiva, porque SITEL es perfectamente legal. Cuestión distinta es el intento de mejorar la cobertura legal del sistema o reforzar las garantías en defensa de derechos fundamentales. Pero esa justa pretensión del PP no invalidaría el uso de SITEL en la lucha contra el delito. Con la consabida autorización judicial, por supuesto.
MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Pues, no. No se han cerrado las heridas en el PP. Al menos la más sangrante. El odio africano que se profesan los dos barones madrileños, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y su derivada respecto al líder nacional, cuya equidistancia no está libre de sospecha. Lógico. El proverbio encaja a la perfección: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y Mariano Rajoy no ha olvidado que en la primavera de 2008 la presidenta madrileña se ofreció a la opinión pública española -por la vía estatutaria nunca llegó a dar el paso-, como "alternativa a la resignación" después de la última derrota del PP en elecciones generales y en vísperas del congreso nacional de Valencia en el que iba a ser reelegido el sucesor de Aznar.
Los hechos están ahí. Esperanza Aguirre ha heredado la condición de "cabo suelto" en el PP, antes asignada a Ruiz Gallardón. Es lo que le cuadra a su decisión de no asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional convocado el martes pasado, donde se otorgó un general voto de confianza a Mariano Rajoy para acabar con el desbarajuste interno.
De momento, no sabemos si Aguirre se suma al arropamiento de Rajoy, expresado por los dirigentes a lo largo de veintiséis intervenciones. Pero lo que hace inexplicable esa ausencia no es solamente la sospecha de desprecio a Rajoy, que en realidad no sería tanto a Rajoy como a sus propios compañeros apiñados en torno al presidente, sino la oportunidad perdida de explicarse en lo que ella misma ha llamado caso Cobo. Y, naturalmente, de replicar a Cobo, y a Gallardón, que le apoya. Ambos tomaron la palabra en relación con las controvertidas declaraciones del vicealcalde de Madrid al diario "El País", en las que perpetró un ataque en toda regla al aguirrismo.
Con su actitud, la "lideresa" se ha dado un tiro en el pie. Aleja de su causa a los miembros del Ejecutivo y pierde la ocasión de expresar su legítimo malestar por los ataques recibidos. Además, boicotea de hecho los propósitos de enmienda formulados el martes en la cúpula del partido. Mientras Rajoy hacía un llamamiento a la necesidad de lavar los trapos sucios dentro de casa, Aguirre volvía a utilizar los medios de comunicación contra quienes se sitúan en la "equidistancia" entre el "agresor" y la "víctima".
El agresor es Cobo, el equidistante es Rajoy y la víctima es ella, según su propio discurso de juez y parte. Como se le ha dicho que esa tarea corresponde exclusivamente al Comité de Derechos y Garantías, que precisamente escuchó a Cobo este miércoles, y eso a ella le parece de una "equidistancia intolerable", pues decidió el portazo y se fue a Leganés y Majadahonda, en vez de estar donde le reclamaba su deber como dirigente principal del PP. Rajoy ya tiene un motivo para demostrar si iban en serio sus advertencias de que no habrá próxima vez para el desacato y la indisciplina.
MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Muy elocuente el señor Manuel Pizarro con su fábula rural de pastores, ovejas y perros ¿En cuál de las tres categorías encajaría mejor el fichaje estrella de Rajoy para realzar la lista madrileña de las últimas elecciones generales? Hagan sus apuestas, señores. Según el ex presidente de Endesa y candidato de relleno en las quinielas para la disputadísima presidencia de Cajamadrid, si el pastor no va delante las ovejas se desparraman. Por tanto, necesitan ver la figura del pastor al frente. "Aunque también hacen falta los perros para mantener unido al ganado", añade Pizarro.
Está muy bien la metáfora. Es muy didáctica, pero tiene trampa. O, al menos, admite una enmienda en forma de pregunta. Por si Pizarro tiene a bien responderla: ¿Qué ocurre cuando entre las ovejas hay lobos con piel de cordero o carneros disfrazados con piel de ovejas? Porque eso es lo que a mi juicio no podemos olvidar de ninguna manera a la hora de glosar la flojera de Mariano Rajoy y su falta de autoridad, tan cacareada desde dentro por personajes como Esperanza Aguirre (la alternativa a la "resignación") o Ignacio González, su extravagante candidato a la presidencia de Cajamadrid, siempre tan crítico con Rajoy desde la vicepresidencia de la Comunidad.
No son los únicos. Ahora se le ha visto el plumero a Manuel Pizarro que, entre col y col, sugiere que Rodrigo Rato sería un buen candidato a la presidencia de Cajamadrid, pero sería incluso mejor candidato a la Presidencia del Gobierno. Toma sartenazo en el bajo vientre de quien le ofreció un pedestal político después de la venta de Endesa.
Pero no hay dos sin tres. Aprovechando que el Pisuerga de Cajamadrid pasa por el liderazgo de Rajoy al frente del PP, al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, también le ha dado por hacer pedagogía de manual: partido, proyecto y líder. Los tres elementos imprescindibles para la conquista del poder. Uno de cada, claro. Lo que no puede haber es dos proyectos, dos partidos y más de un líder.
Cráneo privilegiado el de Aznar. Pero no hacían falta tantos rodeos para hacerle esta entrada sucia a su sucesor. Bastaría con que dijese con toda claridad si siente que acertó o se equivocó con Mariano Rajoy. Es decir si le reconoce o no como su propia criatura política. Y así todos sabrían a qué atenerse en el PP cuando, en medio del desaliento de la militancia y la sensación de jaula de grillos que está transmitiendo como partido, suenen algunas voces pidiendo un congreso extraordinario para confirmar en la presidencia a Mariano Rajoy o, en su caso, buscarse otro pastor para mantener unidas a las ovejas. Insisto en la pregunta: ¿No hay en el rebaño demasiados lobos con piel de cordero o demasiados carneros con piel de oveja?
MADRID, 28 (OTR/PRESS)
No es como los gritos desencadenantes de los procesos de independencia, como el de Yara (Cuba) o el de Dolores (Méjico), pero sí tiene algo de ya está bien, hasta aquí hemos llegado, con sonoro puñetazo encima de la mesa. Según el propio Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, es el irrenunciable grito de la verdad contra la hipocresía, cuando ésta empieza a perder calidad, como nos enseña Beltolt Brecht.
Peor sería el parecido con el grito de Munch, cuyo famoso cuadro se utiliza para ilustrar los tratados sobre enfermedades mentales. En todo caso, podría recordar a lo que un grito puede tener de liberador, como los estornudos no sometidos a las reglas de urbanidad y buenos modales.
El grito de Cobo, por tanto, es el de ya no aguanto más ante tanta hipocresía y grito a los cuatro vientos la verdad que otros no se atreven a decir por seguir guardando las apariencias. Por no hacer olas. Por no dar cuartos al pregonero. O por no sufrir a los "gestapitos" de la señorita Pepis, que en el lenguaje de Manuel Cobo son los que quieren imponer "el silencio de las gallinas ("callan en público y cacarean en privado", dice), a mayor gloria de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
A mayor gloria del alcalde de Madrid, su número dos se confiesa entregado ciento por ciento a la causa de Ruiz Gallardón, a su vez comprometida al cien por cien con la de Mariano Rajoy. La causa es la de echar de la Moncloa a Rodríguez Zapatero, "por el bien de todos los españoles". Y para ello recuerda Cobo a todos los militantes -incluida Aguirre, que en la primavera de 2008 se postuló como alternativa contra la resignación- la obligación de ayudar a Rajoy a desalojar del poder al "peor presidente que ha tenido España en este período democrático".
Por si había alguna duda sobre el planteamiento de Cobo y la intención de su grito mediático, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, la despejó con una interpretación coincidente. A saber: "Esto es una guerra de poder. Tenemos que ayudar a Rajoy". Por su parte, la damnificada, Esperanza Aguirre, pide la cabeza de Cobo a la dirección nacional y la dirección nacional responde pidiendo calma y silbando melodías. O sea, marianismo en estado puro, que consiste en tomarse el tiempo que haga falta para saber si Manuel Cobo, miembro de la dirección nacional, es merecedor de alguna medida disciplinaria.
Ya hace tiempo que Rajoy es un rehén de la guerra entre Gallardón y Aguirre. Pero no puede ni quiere sacarles tarjeta roja a los dos. Ni meterlos juntos en un saco y echarlo al mar. No se lo puede permitir con los dos barones del partido con las más altas cifras de facturación en las urnas. Pero tampoco puede quedarse de brazos cruzados ante el grito de Cobo y el desquite que reclama Aguirre. Atentos a la pantalla.
MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Garzón está o ha estado en todas las salsas político-judiciales de la actualidad: la detención de dos piratas somalíes con su derivada sobre la minoría de edad de uno de ellos, la instrucción inicial del caso Gürtel y la supuesta violación del derecho de defensa en relación con las intervenciones telefónicas imputado-defensor. Por no ir a su historial, tan ligado a la bancarrota socialista (corrupción y guerra sucia en el PSOE) a mediados de los años noventa y sólo minuto y medio después de haber ocupado un cargo en el Gobierno de Felipe González.
Y ahora, la posibilidad de que el Tribunal Supremo le abra una vista oral por prevaricación (Garzón contra el franquismo). Ha pasado por esto en otras ocasiones. Pero ahora la hipótesis va ganando terreno, según dicen en ambientes judiciales. El hecho de que el magistrado Luciano Varela haya ordenado la práctica de numerosas diligencias se interpreta como la detección de indicios relevantes respecto a una supuesta actitud prevaricadora de un juez estrella que puede estrellarse en breve.
Dicho sea como prueba de que las presuntas intenciones políticas del juez Garzón, o de cualquier otro, incluso hasta rozar los comportamientos prevaricadores, también están sometidas al Estado de Derecho y al principio de legalidad. Aplíquense el cuento los partidos políticos que especulan con las actuaciones de este u otro juez. No solo los partidos políticos. También los medios de comunicación, y determinados periodistas, que han contribuido a que el virus se instale definitivamente en nuestro querido ruedo ibérico. Si se trata de asuntos judiciales es muy raro que la iluminación del análisis, o la interpretación, se haga bajo la única luz del principio de legalidad. La asignación de intenciones políticas, por parte de los analistas o los intérpretes del asunto que toque, siempre se impone sobre cualquier otra consideración. Se supone que políticos y periodistas creemos en el Estado de Derecho. Se supone, como el valor de los soldados. Pero lo cierto es que lo demostramos cada vez menos.
El ejemplo más fresco lo tenemos en la detención, ordenada por el juez Garzón, de los dos piratas somalíes para ser juzgados en España. Véase cómo el debate gira en torno al principio de oportunidad, con mayoritarios reproches al juez por haber creado innecesariamente un problema mientras se considera prioritaria la liberación de los 36 rehenes (16 españoles) del barco español apresado por los piratas somalíes. Hay quien sugiere descaradamente que el Gobierno decida tal o cual cosa sobre los dos piratas traídos a España, en flagrante olvido del principio de separación de poderes.
Es la prueba más cercana de que hablar en España de lo político y lo judicial empieza a ser una redundancia. Pero deberíamos saber que la confusión de las dos esferas desorienta a los ciudadanos y, rebaja la calidad de la democracia.
MADRID, 21 (OTR/PRESS)
La reciente visita del ministro Moratinos a Cuba cosechó menos críticas que de costumbre en la derecha política y mediática. Hubo resultados concretos. Tanto en el campo de los derechos humanos (liberación de dos presos políticos y un empresario español detenido por prácticas corruptas) como en el reforzamiento de las relaciones bilaterales hispano-cubanas (retorno de los agentes del CNI y apertura de una nueva sede de la Cooperación Española), que era el objetivo del viaje.
Nada constante y sonante en materia de reformas "que favorezcan un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos", según reza la llamada Posición Común de la Unión Europea, adoptada en 1996 a propuesta del Gobierno Aznar. Pero en la defensa de nuestros intereses no hay color entre el apagón derivado de la política de confrontación practicada por los Gobiernos del PP y estos pequeños gestos derivados del acercamiento propiciado por Zapatero.
Maticemos. Si la fe en la Democracia y los Derechos Humanos presidiera de verdad el funcionamiento de las relaciones internacionales, a todos nos molestaría aparecer asociados a la defensa de una dictadura. Como no es el caso, se comprende la preeminencia del cálculo político y la defensa de nuestros intereses. Por si hace falta, recordemos España encabeza el ranking de las inversiones extranjeras en Cuba. En el mundo que vivimos, el dato es determinante a la hora de planificar en el sesgo de nuestras relaciones con Cuba.
Dicho sea como una constatación de la realidad, y no del deseo, aquí no mandan los valores, o los principios, sino los intereses.
Por ejemplo, los intereses de las 280 empresas españolas con unos 300 millones de dólares bloqueados en los bancos cubanos. La libertad de transferencia y la repatriación de beneficios será posible, previo pacto del calendario con cada una de las empresas afectadas, gracias al compromiso que el ministro Moratinos obtuvo en su entrevista con Raúl Castro. No es un regalo. Es dinero de nuestros empresarios, por mucha falta de divisas que tenga el régimen cubano. Pero cabe preguntarse si estos empresarios habrían preferido que ahora sus intereses estuvieran defendidos por un Gobierno que baja las persianas y reclama el aislamiento del castrismo.
Hemos avanzado en la capacidad de interlocución con el régimen cubano. Es bueno tanto para España como para la UE, que la tuvieron interrumpida desde el encarcelamiento de 75 disidentes en 2003, con la imposición de sanciones por parte europea, hasta que España logró el levantamiento provisional de las mismas en 2005. Lo conseguido desde entonces por Moratinos pone en evidencia el fracaso de la política de confrontación de Aznar (1996-2004). Desprotegió nuestros intereses pero no le hizo ningún daño al régimen, ni mitigó su carácter represivo ni las carencias y los sufrimientos del pueblo cubano.
MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Convocan cuarenta asociaciones de las llamadas pro-vida. Aplauden y apoyan el PP y la Conferencia Episcopal. La cita es este sábado en Madrid y, a mi juicio, el despliegue de mensajes cargados de demagogia es insoportable, lo cual no supone negarles el derecho de manifestación. Aunque, como digo, los argumentos estén cargados de demagogia y de interpretaciones absolutamente sesgadas.
Para empezar, es mentiroso el recurso a la asignación de intenciones entre los que están en contra del aborto y los que, según los anteriores, estaríamos a favor. Planteamiento falso. Conscientemente falso, porque si hay desalmados directamente partidarios del aborto, o sea, que lo defienden y lo promocionan como un método más, serán minoría.
Por tanto, la controversia no se puede plantear entre partidarios y no partidarios del aborto, sino entre partidarios y no partidarios de que los poderes públicos acometan la regulación jurídica y sanitaria de un fenómeno social que no va a dejar de existir por el hecho de que los poderes públicos dejen de regularlo. Los manifestantes de mañana arremeten contra Zapatero y contra la nueva ley, en tramitación parlamentaria, que aspira a una mejor regulación del aborto. Deben saber que, se regule o no, las interrupciones voluntarias -la ley no obliga a abortar a nadie-, se van a seguir produciendo.
Al aborto nos oponemos todos, pero algunos entendemos que no tiene sentido prohibirlo. Sería absurdo decretar su abolición en el Boletín Oficial del Estado. Sería como prohibir el apareamiento hombre-mujer, ese dichoso atavismo de la especie humana que es fuente de tantas grandezas y tantas miserias, como casi todo lo que es irremediablemente humano.
Lo que sí puede y debe regularse en el BOE son las consecuencias del apareamiento. Las queridas y las no queridas. Las deseables, como la institución familiar y la educación de los hijos, y las indeseables, como la interrupción de un embarazo por las distintas razones que en último término sólo la mujer ha de valorar. La mujer, y sólo la mujer, puede decidir. No el Estado, ni la Iglesia, ni la Familia, el Municipio, ni los Sindicatos, ni las Asociaciones Pro-Vida.
Hablamos de derechos civiles, naturalmente. Uno de los caballos de batalla de los llamados antiabortistas es su cerrada oposición a considerar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Por supuesto que es un derecho de la mujer. En términos civiles, no religiosos, la única fuente de los derechos del ciudadano es la soberanía nacional. Quien se remita a la religión o a la ética, exclusivamente, tendrá buenas razones para no cometer el pecado del aborto. Excelente. Lo que no se puede es impedir que otros ciudadanos o ciudadanas se acojan a los beneficios de una regulación legal.
Domingo, 22 de noviembre
Agustín Jiménez
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel CalzadaAntonio Casado*
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Esther Esteban
Fermín Bocos
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
Julia Navarro
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Luis Del Val
Mabel Redondo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Victoria Lafora
Paco Sande
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Pedro Fernández Barbadillo
Manuel Molares do Val
Jesús Montesinos
José Luis Palomera Ruiz
