MADRID, 20 (OTR/PRESS)
No hace muchos días rugió la calle contra la reforma educativa diseñada por el ministro Wert. Según el Gobierno y el PP, lo único que pretende es mejorar la calidad de la educación en nuestro país y la mejora de un modelo fallido. Sin embargo el resto de las fuerzas políticas, empezando por el PSOE, lo ven como un nuevo intento de arreglar unilateralmente esta asignatura pendiente de la democracia española. Con fuerte contestación en las aulas y en la calle ("¡Esta reforma la vamos a parar¡"), lo que significa que el proyecto, finalmente fletado en el Consejo de Ministros del viernes pasado, nace sin la forja de un consenso previo de carácter político, social y corporativo.
Ahora es el PP en el poder el que trata de hacer de su capa un sayo, como antes hizo el PSOE (LOGSE 1990 y LOE 2006). Me temo otro bandazo. Mal asunto. Las señales no auguran nada bueno. Profesores, estudiantes y padres de alumnos ya han pedido en la calle la dimisión del ministro, José Ignacio Wert, en la jornada de huelga general convocada hace once días en todos los niveles de la enseñaza por la Plataforma Estatal por la Educación Pública (CC. OO, UGT, CGT, sindicatos de estudiantes y padres de la CEAPA).
El proyecto de ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) entra ahora en fase de tramitación parlamentaria. Lo que toca es esperar y desear que deje de ser un proyecto unilateral del partido en el poder. De momento, se trataría de escuchar a los estamentos educativos y lograr un mayor arropamiento parlamentario. No es imposible, si el Gobierno, empezando por el ministro, demuestra tener más cintura política de la demostrada hasta ahora. Conviene extender esta apelación a la flexibilidad de posiciones a quienes arremeten contra la totalidad del proyecto, en bloque, incluso antes de haber entrado en el telar parlamentario.
No es menor la intransigencia que, a título preventivo, demuestra el principal grupo de la oposición. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, amenazó el pasado fin de semana con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, cuando sea ley, si el proyecto no se modifica. Tal y como ha salido del Consejo de Ministros, al líder socialista le parece un proyecto segregador, clasista, retrógrado, privatizador y confesional. La perspectiva es ideológica. Por lo tanto, discutible.
Igual de ideológica y discutible que lo es por el otro lado, el del Gobierno. Empeñarse en querer estar en posesión de la verdad, tanto a un lado como al otro de la barricada ideológica, es incompatible con la necesidad largamente sentida de dotar a España de un buen sistema educativo. Fundamental que sea duradero y estable. Y eso solo se logrará si se asienta sobre los dos pilares centrales de nuestro modelo político, el izquierdo y el derecho. Si España vuelve a tener la desgracia de alumbrar un sistema educativo diseñado unilateralmente, la educación de los nuevos españoles seguirá estando al albur del signo político del gobernante de turno. Y eso sería una pésima noticia.
El hasta ahora presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha decidido poner tierra por medio en su carrera política. La deja pero sin acritud, incluso declarando que le da algo de pena irse sin tener la ocasión de seguir apoyando de cerca al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo dice justo en estos momentos, cuando algunos de los barones regionales ponen en duda su autoridad en relación con el polémico debate sobre el reparto de sacrificios en nombre de la consolidación fiscal.
Algo de pedagogía hay en sus explicaciones de la espantada. Dice que lo deja antes de profesionalizarse en la política. Claro que eso tiene una doble lectura, la buena y la mala. La mala nos remite a los políticos que se profesionalizan para apoltronarse en el despacho y el coche oficial. La buena nos hace echar de menos a los políticos que se toman el oficio como una forma de hacer algo por su país y servir a los demás.
Antonio Basagoiti (Madrid, 1969) pertenece al segundo grupo y quizás por eso es de los que en un momento dado deciden no dejarse secuestrar como personas por la política. Antes de que ocurra. En cuanto al pasado, el trozo de su biografía que deja atrás en ese zurrado rincón de España que es el País Vasco, la verdad es que este hombre ha hecho cosas que merecen el aplauso de su partido y, en general, de los ciudadanos. Muy especialmente, los del País Vasco.
A mi juicio, hay tres hitos o tres aspectos de su biografía que le hacen acreedor a otras tantas medallas al mérito: La primera es de orden interno. Hizo posible un cambio apacible en el PP vasco a raíz de la tensión a la que fue sometido este partido con el órdago de Maria San Gil en vísperas del congreso nacional de 2008, por diferencias de criterio con Mariano Rajoy, que acababa de perder las elecciones generales de ese año. El inesperado vacío de poder fue cubierto por Basagoiti, que tenía una visión más moderada de cómo afrontar el drama de Euskadi. Así la marcha de San Gil quedó superada sin traumas para su partido.
La segunda es el apoyo prestado al adversario natural del PP a escala nacional. Hablamos del PSOE. Por una buena causa, que era la remada común contra el terrorismo y la elaboración de discursos alternativos al del nacionalismo vasco. En esas condiciones a Basagoiti no le creó ningún problema ofrecer su apoyo a los socialistas vascos, liderados por Patxi López, para que gobernaran el País Vasco en la legislatura 2009-2012 sin someterse a las pretensiones políticas del nacionalismo en su doble versión.
La tercera también es de orden interno pero con moraleja incluida. Fue uno de los pocos dirigentes del PP que pidió a Rajoy mano dura con los corruptos y habló de Bárcenas como una manzana podrida que había que sacar del cesto. Algunos dirigentes no estuvieron muy de acuerdo con esa posición pública del dirigente vasco pero éste hizo lo que debía. Por todo ello ahora puede irse con la conciencia tranquila a trabajar en un banco o donde le de la gana.
MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Un debate preventivo en toda regla. La venda antes de la herida. Eso es la polémica abierta entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central respecto al techo de déficit para el año en curso. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el techo del todo y ya se está discutiendo el de las partes. Ignoramos el calendario de España (plazos) para alcanzar el 3% comprometido con la Unión Europea, porque esa decisión depende del examen de Bruselas al plan de estabilidad y reformas presentado por el Gobierno español. Y el resultado de ese examen no lo conoceremos antes del próximo 29 de mayo.
Sin embargo, todo el mundo ya da por hecho que al Reino de España se le fijará un techo del 6,3% para 2013, del que un 1,8% de media corresponderá a las Autonomías. ¿A todas igual? Esa es la pregunta que carga el debate interno en la pirámide de poder del PP. Se desencadenó con unas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda. Mirando a Cataluña, Antonio Beteta dijo públicamente que las autonomías diferentes tienen que tener un tratamiento diferente. Y se lió parda, con fulminantes reacciones de Monago (Extremadura), González (Madrid), Sanz (Rioja), Feijóo (Galicia) y Rudi (Aragón). Se malician con fundamento que Moncloa ha pactado con la Generalitat de Cataluña un trato deferente y reclaman, con razón, un objetivo simétrico e igual para las diecisiete Comunidades.
Frente a esa posición, el discurso oficial recuerda que, si hay asimetría en la Unión Europea, a la vista de los distintos puntos de partida y las distintas situaciones económicas de los 27 Estados, es normal que también se aplique a las 17 Comunidades Autónomas, dejando a salvo el principio simétrico respecto al resultado final: un 3% de déficit público con carácter general, aunque sean asimétricos los calendarios. Se entiende el argumento pero se contradice con el que sostenía en sus inicios el Gobierno Rajoy (finales de 2011). Entonces aplicó la simetría con todas las consecuencias, pero no todas las Comunidades se esforzaron simétricamente. Unas cumplieron y otras no. Entre las incumplidoras está Cataluña, casualmente embarcada por sus gobernantes en un proceso independentista. Tendría un difícil e incómodo encaje mental un trato de privilegio, a la hora de repartir sacrificios, precisamente para quienes propugnan la separación de España (me refiero a la nacionalismo gobernante, obviamente). Sería como si el Gobierno de la Nación estuviera financiando la pretensión de quienes quieren abandonar la Nación.
Es de cajón: si se relaja el objetivo de lucha contra el déficit en una determinada Comunidad, otra Comunidad, u otras, han de hacer un sobreesfuerzo compensatorio. Y es lógico que en la cruzada por la consolidación fiscal nadie quiera ser el pagano de un posible cuadro de tareas a la carta. Y mucho menos las Comunidades que se esforzaron en hacer los deberes el año pasado.
MADRID, 13 (OTR/PRESS)
En los desayunos de Europa Press una bien arropada Cristina Cifuentes -políticamente hablando, se entiende- ejerció de delegada del Gobierno en Madrid sin esquivar ni una sola pregunta, por delicada que fuera, pero sin salirse ni un milímetro de las generales de la ley y el discurso oficial de su partido, el PP. Si lo que quería era frenar la avalancha especulativa que la sitúa a pidiendo paso a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, no lo pudo hacer mejor.
Dijo tener ya bastante con ejercer las responsabilidades que se le han encomendado por el ejercicio de su cargo actual. Nada menos que la representante del Gobierno Rajoy en la Comunidad Autónoma de las diez manifestaciones diarias. Lo de ir bien servida en tareas lo dejó claro ante testigos tan cualificados como la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal; el ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, y su sucesora, Ana Botella; la ex presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y no su sucesor, Ignacio González; el ex alcalde, Alvarez del Manzano Manzano, y viejas glorias del socialismo madrileño, como Joaquín Leguina y José Acosta.
Por eso decía al principio que Cristina Cifuentes había estado arropadísima. Con la excepción del actual presidente madrileño, Ignacio González, que se había disculpado la noche anterior por razones de agenda. González y Botella, ambos sobrevenidos en el cargo, es decir, por corrimiento de escalafón y no por haber sido elegidos directamente en las urnas, podían ser los más interesados en saber como respiraba Cristina Cifuentes ante la pregunta del millón. Pues ya tienen la respuesta: "No tengo ninguna ambición política, afortunadamente. Mi meta es acabar la Legislatura como delegada del Gobierno y no me planteo aspirar a nada, fuera de eso", dijo.
Es tanto como decir "De momento, no". No salimos de dudas para el medio plazo. Sobre todo cuando Cifuentes insiste en que su verdadera vocación es el servicio público. Si además anotamos la referencia que Dolores de Cospedal hizo en la presentación, las dudas deben haber crecido en el sentir de Ana Botella y tal vez de Ignacio González. "A partir del ejercicio de la responsabilidad se cimientan las grandes carreras políticas", dijo la número dos del PP en alusión a los retos que Cristina Cifuentes está afrontando con "enorme profesionalidad".
Y con enorme realismo, añade el abajo firmante, pues la defensa del discurso oficial del Gobierno no le impide reconocer las causas justas que anidan en esos movimientos sociales presentes en la calle. Ser defensora de la ley, y aplicarla cuando se desbordan los límites de los derechos de reunión y manifestación, no le hace perder la lucidez para reconocer en el paro, los desahucios y la corrupción, el origen del malestar social y la pérdida de confianza en el sistema. Un signo más a favor de quienes le auguran un brillante futuro político a la delegada del Gobierno en Madrid.
MADRID, 10 (OTR/PRESS)
En el enésimo debate sobre política económica, motivado esta vez por las recientes medidas de estabilidad y reforma (Consejo de Ministros del 26 de abril), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos ha dicho que estamos mucho mejor que hace un año, que las calamidades han quedado atrás, que hemos evitado el rescate, que esto empieza a funcionar, que durante sus primeros 15 meses de Gobierno se han logrado grandes avances y que, en fin, todo irá bien el año que viene si Dios quiere. Por tanto, que no tiene la menor intención de cambiar de política porque esta es la mejor posible para crear empleo.
Ahí hemos topado con un ramillete de mensajes de aires de sospechosa autocomplacencia que, a mi juicio no se compadecen con una realidad social en la que reinan el paro, la pobreza y el desaliento de la ciudadanía. "Habla usted de un país que no reconozco", le dijo durante el cruce parlamentario el líder del PSOE, principal grupo de la oposición, Pérez Rubalcaba, antes de reiterarle su oferta de diálogo en pos de un pacto nacional que pueda sacar a España de la dramática situación en la que se encuentra.
"Yo creo que hay que hacerlo y es mi obligación proponérselo, porque los acuerdos dan confianza al país, a los ciudadanos y de cara al exterior", dijo Rubalcaba. Sin embargo, el presidente del Gobierno respondió con frialdad y algo de prepotencia. No sólo al líder socialista, por aquello de que no piensa repetir las políticas socialistas que nos han llevado al desastre, según él. En realidad hizo oídos sordos a los portavoces de las distintas fuerzas políticas. Prácticamente todos, con la excepción del representante del PP, Alfonso Alonso, le pidieron sin éxito un cambio de rumbo, a ser posible, pactado con para salir cuanto antes del túnel.
Nada de eso. No habrá pactos con terceros que no consistan en sumarse a las medidas del Gobierno ni cambio de rumbo en la política económica. No valdría la pena, siguiendo su discurso, cuando en realidad todo va a mejorar más pronto que tarde. Claro que si su grado de acierto en esta previsión es el mismo que tuvo con sus anteriores previsiones, estamos apañados.
Y respecto a las propuestas de Rubalcaba, que eventualmente entrarían en el intento de alcanzar un pacto, son discutibles pero no se pueden rechazar sin más porque "si usted quiere un pacto, se lo tendrá que ganar", que fue la respuesta desatenta del presidente del Gobierno.
En las propuestas de Rubalcaba hay voluntad de echar una mano y explorar una alternativa a lo que se despacha. Y por ahora, lo que se despacha es una política de austeridad que solo nos ha traído más recesión, más paro y más deuda. Incluso más déficit público, si no nos hacemos trampas en el solitario a propósito de los dineros dedicados al rescate financiero. En esas condiciones, me parece un sarcasmo que Rajoy y su gente entiendan que su disposición al diálogo consista en la adhesión a su política.
MADRID, 8 (OTR/PRESS)
Según la Audiencia Provincial de Palma, no es suficiente que la infanta Cristina ocupase un cargo directivo en el Instituto Noos, la entidad instrumental utilizada por Urdangarin y Diego Torres para embolsarse irregularmente dinero público, de modo que pueda tomarse como un indicio de colaboración en los negocios de su marido. Lo relevante, según el auto de la Audiencia que anula la imputación decretada a primeros de abril por el juez instructor, es que la hija del Rey "no participaba directa ni indirectamente en la toma de decisiones".
La extenuante lectura de dicho auto no nos acaba de sacar de dudas sobre el grado de conocimiento o desconocimiento que la infanta Cristina tenía respecto a las actividades presuntamente delictivas del marido. Las dudas vienen dadas por la falta de unanimidad del tribunal, pues uno de los tres magistrados, Juan Jiménez Vidal, expresa su discrepancia en un voto particular claramente contrario a las tesis en las que se apoyó el recurso del fiscal contra la imputación decretada por el juez Castro. Según el discrepante, el pronunciamiento del juez Castro debe confirmarse. Según los otros dos magistrados, debe revocarse. Y ese es el fallo del tribunal, que no aprecia indicios racionales de criminalidad que permitan sostener la imputación de la infanta Cristina, salvo en lo tocante a un posible delito fiscal.
La eventual imputación por esa causa depende de la información solicitada a la Agencia Tributaria sobre la sociedad Aizoon, de propiedad compartida por los Duques de Palma al 50 por ciento cada uno. Esa sociedad era, como se sabe, la caja registradora de los dineros públicos irregularmente obtenidos de ciertas administraciones autonómicas y municipales, ante las que se utilizaba el carisma de la Familia Real. El juez Castro imputó a la infanta porque cree tener acreditado que esos dineros se empleaban con normalidad en gastos familiares, personal doméstico, reformas y decoración de la vivienda de los Duques de Palma. Sin embargo, la sala de Audiencia de Palma sostiene en su fallo que "no es seguro que la infanta Cristina fuera consciente de la procedencia delictiva" de esos dineros.
Al menos en ese pasaje el fallo deja en el aire el pronunciamiento sobre si doña Cristina era o no consciente de que podía estar cometiendo un delito. Pero hay otros pasajes en los que el tribunal da por hecho que "la infanta Cristina actuó confiada en la creencia de que lo que hacía su marido era correcto". Algo prematura es la conclusión si se tiene en cuenta que estamos ante el fallo a un recurso y en el marco de un proceso indagatorio abierto.
Conviene recordar que la citación del juez Castro a doña Cristina en calidad de imputada no era un auto de procesamiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma nos lo ha hecho creer, a juzgar por esos cincuenta folios que parecen escritos por la defensa. Mal momento para glosar la igualdad ante la ley. Dicho sea con todos los respetos a una decisión judicial.
MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Nada tiene de malo, sino todo lo contrario, que el Rey ejerza la función arbitral y moderadora que le atribuye la Constitución Española, especialmente en momentos de tribulación como éste. El paro, la desigualdad, la pobreza, la recesión económica, el deterioro de los servicios públicos, etc., están llevando al desaliento a los españoles. Por tanto, es muy lógico que, en sus contactos habituales con el titular del Gobierno, Mariano Rajoy, y del principal grupo de la oposición, Pérez Rubalcaba, don Juan Carlos trate de motivarlos en la necesidad de remar juntos para hacer una España más habitable.
Algunos analistas han relacionado este paso adelante del Rey a favor de la unidad contra la crisis con una supuesta y apremiante campaña de imagen planeada en Zarzuela al objeto de recuperar el prestigio perdido por la Corona como consecuencia del caso Urdangarin y ciertos comportamientos personales de don Juan Carlos. Aunque así fuera, nada tan normal, tan saludable y tan previsible como el relanzamiento del poder moderador de la Corona. Otra versión de este singular retorno del Rey a la vida pública, cuando todavía no ha terminado el periodo de rehabilitación física exigido por su última operación de doble hernia discal, es que se trata de acabar de una vez por todas con las conjeturas sobre una posible abdicación.
Es verdad que después del último paso del Rey por el quirófano se había interpretado que el postoperatorio sería como un ensayo general con todo para que el príncipe de Asturias empezara a ejercer el oficio de Rey, pero ya salió al paso a su debido tiempo la Casa del Rey con aquel definitivo "El Príncipe de Asturias lo representa, pero no lo sustituye". Es la doctrina oficial de la Casa del Rey. De inmediata aplicación al tiempo que empezó a correr desde la salida de don Juan Carlos de la clínica. Una forma de atajar las especulaciones sobre un eventual paso atrás del Rey so pretexto de un periodo más o menos largo de rehabilitación. De hecho los impedimentos físicos no le han impedido recibir al escritor Caballero Bonald, asistir al partido de fútbol Real Madrid-Bayern de Munich o sugerir a Rajoy y Rubalcaba, por separado, claro, que deben juntarse en la lucha por sacar a España cuanto antes de la crisis.
Se dan todas las condiciones para que las sugerencias del Rey prendan en el terreno abonado de una ciudadanía con tendencia a distanciarse de la clase política. En horas bajas del país y de quienes lo representa al más alto nivel institucional, lo importante es la reactivación del papel del Rey en los términos del artículo 56 de la CE ("arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones"). A los españoles les debe traer sin cuidado si todo esto responde o no responde al deseo de frenar las especulaciones sobre una eventual abdicación de don Juan Carlos. Lo importante es que Gobierno y PSOE, como averiados pilares de un sistema amenazado de ruina, luchen juntos por un país habitable.
MADRID, 3 (OTR/PRESS)
Le oigo decir en la distancia corta a un dirigente del PP que los verdaderos pactos se cocinan en la trastienda. Según él, solo se sirve el plato si está terminado el guiso. Para general consumo de la castigada ciudadanía. Es una forma de descalificar las ofertas de diálogo al más alto nivel que viene planteando el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, que el otro día, en vísperas del primero de mayo, declaró: "Hace falta que nos sentemos en una mesa y pongamos lo mejor de cada uno para que podamos salir de esta difícilísima situación por la que atraviesa nuestro país".
Aunque los socialistas insisten es que es una política sincera de mano tendida, en el Gobierno y en el PP siguen pensando que son ocurrencias propias del mitin del fin de semana. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las últimas cifras del paro y la revisión del escenario presupuestario han reducido notablemente el margen de maniobra de Moncloa, me temo que a partir de estos momentos el presidente, Mariano Rajoy, va a tener que diversificar mucho las excusas para seguir rechazando el pacto nacional contra la doble crisis política y económica que proponen los socialistas. Y tal vez cambie de opinión, pero solo lo hará hasta un minuto antes de verle las orejas al lobo.
El secretario general del PSOE acaba de reiterar su ofrecimiento de diálogo para llegar a un doble y urgente pacto nacional. Uno por el empleo y otro contra la pobreza. El primero está contenido en un documento de 49 páginas con propuestas concretas para favorecer la creación de empleo, en especial el empleo juvenil, cuya tasa es en estos momentos del 57 por ciento. La cifra es de la EPA referida al primer trimestre de 2013, pero el mencionado documento está en manos de las fuerzas políticas y los agentes sociales desde el pasado mes de enero. Las cosas han ido a peor desde entonces. Y en cuanto a un gran pacto contra la pobreza y la exclusión social, ya fue planteado por Rubalcaba al Gobierno el pasado 7 de abril. Con propuestas bien concretas, como la creación de un fondo de 1.000 millones de euros para atender las necesidades más urgentes de niños, mayores y familias en general.
Si recuerdo estos datos de situación es por acreditar que no se puede despachar el asunto diciendo que estas ofertas del principal grupo de la oposición son ocurrencias de fin de semana. Ya se ve que no. Más le valiera al Gobierno tomarlos en cuenta, o plantear otros alternativos sobre los mismos retos. Básicamente, paro, pobreza y políticas de estímulo orientadas al crecimiento. En los tres terrenos es necesario sumar fuerzas. La proverbial indolencia de Mariano Rajoy es incompatible con la situación. No es de recibido que la respuesta del presidente ante la cifra de 6.200.000 parados que conocimos la semana pasada sea la siguiente: "Hay que hay que tener un poquito de paciencia porque los resultados tardarán en verse".
MADRID, 01 (OTR/PRESS)
No son buenos tiempos para celebrar el Día del Trabajo. Ahí quedan los consabidos actos sindicales de cada año y los vigentes testimonios del desaliento por las cifras de paro en nuestro país. Demoledoras. Casi un millón de parados más que cuando Rajoy llegó a Moncloa. Exactamente, 929.100 más. Con una tasa del 27,16 % ya estamos a la cabeza del desempleo en la UE. En esas cifras están las fuentes del malestar social.
El Gobierno se empeña en hilvanar la parte más optimista de su relato sobre indicadores tan fríos como el déficit público, la prima de riesgo, la reestructuración bancaria o la balanza de pagos. Tal vez camuflar el hecho objetivo de que se está perdiendo la batalla contra el desempleo. Sin embargo, el trabajo es el único vínculo real entre la economía y las personas. Un ser humano pierde la autoestima si pierde el puesto de trabajo, pero siempre le dejará frío que la prima de riesgo suba o baje.
Escuchado en la distancia, suena como una broma de mal gusto aquel "Cuando yo gobierne bajará el paro" de Rajoy. Se entiende la falta de una reacción oficial de altura cuando la semana pasada supimos que en España ya hay más de seis millones de parados. Ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni ningún ministro salieron a dar la cara. El mal trago se le encomendó a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, que se limitó a calificar el dato de "dramático" y a anunciar que el Gobierno trabajará sin descanso para que España pueda volver a ser "un país de oportunidades para todos". No es decir mucho.
Por todo ello, no parece que este año haya muchas razones para celebrar el Primero de Mayo. Por eso y por otras cosas. Por ejemplo, que volvamos a las andadas en una parte del mundo cuando han transcurrido más de ciento veinte años desde que la fecha se consolidó como el día de la dignidad de la clase trabajadora. Me refiero al derrumbamiento de un edificio ilegal en Bangladesh que ha causado la muerte a unos cuatrocientos trabajadores y trabajadoras. Estaban soportando unas condiciones laborales no muy diferentes a las motivaron las protestas sindicales y la sangrienta represión de 1886 en Estados Unidos (Haymarket, 4 de mayo).
Lejos queda el recuerdo de aquel histórico, de aquel movimiento social que luchó por los derechos de los trabajadores en EE. UU, mientras en España hacía lo propio aquel incipiente socialismo representado por Jaime Vera y Pablo Iglesias. Por un salario digno y una jornada de trabajo no superior a las ocho horas. Está claro que se ha roto la cadena de custodia de aquel espíritu reivindicativo. Lo hemos comprobado con los muertos en ese edificio de Bangladesh donde los trabajadores cobraban 38 dólares al mes produciendo ropa para las grandes marcas internacionales que consumimos en esta parte del mundo.
MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Pregunto al presidente autonómico de Madrid, Ignacio González, cómo puede explicar que todos los colectivos profesionales sean contrarios al plan privatizador de la sanidad pública madrileña (de su gestión, se entiende). Una vez más recurre al corporativismo, los intereses creados y el daño a supuestos privilegios de los médicos. Dice que los sanitarios se oponen porque, entre otras cosas, van a perder las "peonadas", una especie de sobresueldo por añadir horas extraordinarias al trabajo diario (El sistema se empezó a aplicar como una forma de reducir las listas de espera pero con el tiempo, aunque no ha tenido los mismos efectos en las distintas comunidades autónomas, se ha venido revelando costoso e ineficiente).
Uno de los efectos inmediatos de la externalización de la sanidad pública en Madrid será el fin de las "peonadas". Pero no es cierto que el sentir mayoritariamente adverso de los profesionales al proyecto privatizador de seis hospitales se deba a la interesada defensa de esos sobresueldos u otros privilegios. Lo de las peonadas es un invento de la Administración, no de los médicos, pensado en su día para reducir las listas de espera. Si el médico tiene que hacer horas extras es lógico que las cobre y que decida libremente si quiere o no quiere prolongar su jornada laboral. Y si hablamos de privilegios, sepamos que muchos médicos trabajan por horas. Y que algunos están contratados ilegalmente, puesto que los contratos temporales se van encadenando en plazos superiores a los que marca la ley.
No se puede hablar de privilegios porque, por ejemplo, en la sanidad pública nadie abra un expediente a un médico por hacer mal su trabajo, mientras que en una gestión privada de la sanidad eso ya no sería así. Si no hay control disciplinario o un adecuado seguimiento del trabajo del facultativo será por culpa de la Administración, no del médico. No hace falta privatizar para que los responsables políticos de la sanidad pública hagan su trabajo igual de bien que deben hacerlo los médicos.
En cuanto a la cuestión salarial me parece una broma detectar un privilegio en la retribución de los médicos de la sanidad pública, en Madrid y en el resto de España. Un médico especialista puede cobrar unos 2.000 euros o poco más. Ha hecho una carrera de seis años, más otros cuatro de especialidad, se está formando diariamente y su nivel de responsabilidad es enorme ¿Quién dirá que está bien pagado?
En contra de lo que dice el presidente madrileño, no es la defensa de unos privilegios lo que inspira la oposición de los médicos a los planes privatizadores de la comunidad. Es una cuestión de principio pero, en todo caso, los médicos públicos quieren una buena medicina privada y competir lealmente con ella. Lo que no quieren es que los poderes públicos reconozcan de hecho que no saben gestionar y, por eso, pongan la sanidad publica en manos de compañías con ánimo de lucro.
MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron que fuese a más la convocatoria de algunos colectivos empeñados en asaltar el Congreso o, al menos, crear la apariencia de acoso al órgano de la soberanía nacional. Al final, la jornada del 25-A se quedó en las consabidas detenciones, carreras y heridos. Nada grave. Sin embargo se han producido ciertos ecos políticos y mediáticos exagerados que no se compadecen con la verdadera dimensión de los incidentes del jueves por la tarde en el entorno de la carrera de San Jerónimo de Madrid.
Esta tendencia a la exageración encuentra el oportuno pretexto en los métodos intimidatorios del movimiento contra los desahucios. Por ser intimidatorios son reprobables, aunque eso no debe llevar a sacar las cosas de quicio. Lo hace el PP al usarlos para hacerse la víctima y desviar la atención de sus problemas.
La intimidación no es aceptable como método para abrirse paso. Pero también es intimidación la amenaza bancaria o judicial que sufre una familia expuesta por impago al desalojo de su vivienda. Puede ser una comparación odiosa. En todo caso, no tan odiosa como relacionar los escraches con el fascismo y el terrorismo. Es lo que ha hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Semejante enormidad ha dado pie a un similar rasgado de vestiduras en el caso del reciente intento de asalto al Congreso por parte de unos cuantos alborotadores amparados en una mayoría incompatible con la violencia.
Más duelen las cornadas del paro que las de estos activistas que actúan ocasionalmente. Carecen de la capacidad desestabilizadora que tienen los seis millones de parados y el creciente desprestigio de las instituciones. No obstante, es la excusa de muchos para dar lecciones de democracia. Excusas no faltan. Desde los escraches hasta los puñetazos de Beiras sobre la tribuna del parlamento gallego. O las declaraciones de Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Peor ha sido la soltura de algunos políticos y comentaristas que han calificado de intento de golpe de Estado el "asalto" al Congreso (afortunadamente impedido por los antidisturbios). No se quedó muy atrás la reacción oficial del PP. A su vicesecretario general, Carlos Floriano, no se le ocurrió otra cosa que hacer un llamamiento a la defensa de las instituciones democráticas. Ya sabemos que han sufrido serios desperfectos de imagen y concepto, aunque no por los bastonazos de la izquierda radical.
Otras cosas hacen más daño hacen a la soberanía nacional. Por ejemplo, ese millón largo de puestos de trabajo destruidos desde que Mariano Rajoy entró en Moncloa bajo promesa de enderezar el desastre del Gobierno anterior. A la Democracia le duele más la herida del paro que las reprobables acciones de los cuatro chicos de la gasolina que la otra noche jugaron a la "kale borroka" en los alrededores del Congreso.
MADRID, 24 (OTR/PRESS)
Déficit público, letras del Tesoro y prima de riesgo reaparecen asociados a una imprecisa oleada de optimismo que nos envía Moncloa en vísperas de nuevos y presentidos recortes. Conceptos recibidos con frialdad por la ciudadanía, mucho más familiarizada con realidades tan duras como el paro, la desigualdad, la pobreza o el creciente deterioro de los servicios públicos. Esto lo tienen más cerca y lo entienden mucho mejor.
Por encima de los datos y las consideraciones técnicas manejadas en el seguimiento de la evolución económica, hay una sensación dominante en el sentir del conjunto de los españoles. Me refiero a la sensación de inutilidad respecto a los sacrificios requeridos por nuestro Gobierno y las instituciones internacionales. Se piden sacrificios para ir saldando deudas y reduciendo el déficit público. Y de repente nos dicen que hemos batido récords de déficit en la UE, que la deuda ha seguido aumentando y que no escapamos a la maldita secuencia: austeridad-recesión-paro.
Eso desencadena procesos de desaliento propios de una crisis de intangibles como es ésta. Y de ahí que incluso la percepción de lo mal que están las cosas acabe exagerando su gravedad. O sea, que acabamos creyendo que están peor de lo que en realidad están cuando nos hacemos la pregunta del millón: ¿Entonces, de qué ha servido el esfuerzo? De nada, a la vista de las cifras. Y sin embargo, la canciller Merkel y nuestro propio Gobierno nos dicen que hay que seguir apretándose el cinturón y no salirse de la senda de la austeridad.
La derivada política nacional ya la conocen. El líder del principal partido de la oposición, Pérez Rubalcaba, sigue pidiendo al Gobierno un cambio de política económica. "¿Cuándo se van ustedes a dar cuenta de que la medicina que le están dando al enfermo le está matando?", le preguntó el otro día en el Congreso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE apuesta por medidas que estimulen el crecimiento y el empleo, pero me temo que este viernes el Consejo de Ministros no va a ir por ahí.
Sin embargo, tanto en la Unión Europea como en el Fondo Monetario Internacional está empezando a tomar cuerpo la idea de que los recortes nos alejan de la recuperación y esta política de sacrificios está a punto de caducar. "Las políticas de austeridad ya no son la respuesta", según reciente declaración del presidente de la Comisión, Durao Barroso. En la misma línea está el último informe del FMI. Con una inesperada alusión a las personas de carne y hueso que hemos de saludar.
Dice el organismo que preside Christine Lagarde que esas políticas restrictivas, además de generar más recesión, "aumentan la decepción de los ciudadanos". No estaría mal que se empezar a ver la política económica como una herramienta al servicio de las personas y no de la prima de riesgo. Nos podemos consolar creyendo que eso ha sido algo más que un decimal suelto en la contabilidad universal de los grandes jerarcas de la economía. Qué le vamos a hacer.
Martes, 21 de mayo
Agustín Jiménez
Aitor Yuste
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel CalzadaAntonio Casado*
Antonio José Parafita Fraga
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Dámaso Mayarias
Esther Esteban
Fermín Bocos
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
José Manuel Pazos
Julia Navarro
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Luis Del Val
Mabel Redondo
Magdalena del Amo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Salvador Freixedo
Victoria Lafora
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Ramón Moscad Fumadó
Antonio García Fuentes
José Pómez
Francisco Rubiales
Vicente A. C. M.
Pedro Fernández Barbadillo
Enrique Zubiaga
Rufino Soriano Tena
Toni García Arias
