MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Estos días comenzamos a escuchar desde las filas socialistas que con el Código Penal no se arregla el problema de Cataluña.
Sí, es verdad, con el Código Penal no se arregla, pero convendrán conmigo que lo que resulta inaceptable es que en una parte del territorio español, en este caso en Cataluña, algunos de sus dirigentes políticos, los máximos responsables, quiebren la legalidad, hagan caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, se gasten el dinero público en su propio proyecto independentista, pisoteen los derechos de quienes no piensan como ellos, y ante todo esto no se haga nada. Política, hay que hacer política dicen algunos. Y sí, claro hay que hacer política pero además habrá que enfrentar a la Ley, es decir llevar ante los tribunales a quienes se saltan las leyes a la torera.
De manera que, en mi opinión, devolver la legalidad a Cataluña no es incompatible con hacer política y buscar soluciones políticas a los problemas de esta Comunidad. Pero además los dirigentes políticos que han quebrado las leyes tienen que responder ante la Justicia porque de otra manera supondría que en nuestro país hay ciudadanos de primera y de segunda. De primera serían aquellos políticos que en nombre de sus apetencias políticas violan la legalidad pero sin consecuencias, es decir sin que tengan una penalización judicial, y luego estrían el resto de los ciudadanos a los que se les aplica la Ley de principio a fin.
Eso, por lo menos a mi, me resultaría insoportable. En un Estado democrático no hay objetivo político que para conseguirlo se pueda quebrar la Ley.
Quienes han organizado un referéndum ilegal, aprobado unas leyes de desconexión con el Estado, gastado dinero público en su propia aventura sececionista, cerrado el Parlamento, ninguneado a la oposición, pisoteado los derechos de quienes no piensan como ellos, insultando y descalificando a quienes no avalan el «procés», sabían perfectamente que estaban delinquiendo. Sí delinquiendo. España es un país democrático y por tanto quién organiza un «golpe» contra la Constitución delinque. Y eso es lo que han hecho los «padres» e impulsores del «procés». Por tanto sabían que el Estado no podía permanecer impasible. Y lo que ha hecho el Gobierno es escrupulosamente democrático: aplicar el artículo 155 de la Constitución y llevar ante los Tribunales a los principales responsables de la quiebra de la legalidad. Y son los Tribunales los que decidirán la suerte de éstos. De manera que no cabe llevarse las manos a la cabeza y argumentar que hay que hacer política. La respuesta es sí, claro que hay que hacer política, pero al mismo tiempo habrá que llevar ante la Justicia a quienes se saltan la Ley.
¿Cómo se resuelve el problema de Cataluña? Pues sin duda con un diálogo sincero y constructivo entre todas los actores políticos.
De ahí la importancia de la comisión que a propuesta del PSOE se va a poner en marcha en el Congreso para hacer un diagnostico sobre qué y cómo se debe reformar la Constitución. Pero eso sí, no basta con decir que hay que reformar la Constitución si una parte de esos actores, es decir los independentistas no se conforman ya con la reforma sino que su objetivo último continúa siendo la independencia.
De manera que cualquier reforma de la Constitución debe de ser fruto de un pacto entre todas las fuerzas políticas, como lo fue nuestra actual Carta Magna y además basada en la lealtad. Porque todo hay que decirlo los actuales dirigentes independentistas catalanes han hecho alarde de una deslealtad escandalosa.
