Opinión

Luis del Val - Begin the beguine

07.11.17 | 08:42. Archivado en Luis Del Val


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Ha costado bastantes días que las molleras secesionistas admitieran que, en un Estado de Derecho, los gobernantes no pueden meter y sacar de la cárcel a los ciudadanos, sino que son los jueces. Puede que en esa República totalitaria no sea así, pero en la Unión Europea no hay ningún país que se rija por los conocidos procedimientos castristas o venezolanos.
Una vez admitida la dolorosa realidad, y sabiendo que manifestarse ante el Palacio de Justicia es tan efectivo como bailarles sardanas a los árboles, se ha ido abriendo paso la lucecita de que en la mano de los gobiernos reside la facultad del indulto, y las molleras se han relajado, porque ya saben que el objetivo es pedir el indulto para los golpistas, o una amnistía que los englobara a todos.
Pero las molleras secesionistas son reacias a admitir que los "tempos" de la Administración de Justicia son lentos. Lo son para fortuna del famoso fugado, que podrá pasar las navidades en Bruselas, pero también son pausados para la instrucción de una causa, la celebración de una vista oral, y la emisión de la correspondiente sentencia. Poniendo el turbo a toda potencia, estamos hablando del año próximo, allá por la primavera.
Así que después de este camino triunfal, donde se han logrado tantos destrozos, hemos llegado al vintage, o sea, a la moda política del año 1976, cuando la petición convertida en consigna era esta: "Libertad, amnistía y estatuto de autonomía". Lo he gritado, y no me arrepiento, aunque no sabía que la deriva autonómica iba a llegar a este grado de autodestrucción con prisas y sin pausas. Tanto desastre, tanto estrago para volver al punto de partida, como si no hubiera transcurrido uno de los mejores periodos de la vida española, olimpiadas incluidas. Franco no ha vuelto. Han sido ellos los que han regresado. Begin the begine. Vuelta a empezar.


Escaño cero - Iguales ante la ley

07.11.17 | 08:42. Archivado en Julia Navarro


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Estos días comenzamos a escuchar desde las filas socialistas que con el Código Penal no se arregla el problema de Cataluña.
Sí, es verdad, con el Código Penal no se arregla, pero convendrán conmigo que lo que resulta inaceptable es que en una parte del territorio español, en este caso en Cataluña, algunos de sus dirigentes políticos, los máximos responsables, quiebren la legalidad, hagan caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, se gasten el dinero público en su propio proyecto independentista, pisoteen los derechos de quienes no piensan como ellos, y ante todo esto no se haga nada. Política, hay que hacer política dicen algunos. Y sí, claro hay que hacer política pero además habrá que enfrentar a la Ley, es decir llevar ante los tribunales a quienes se saltan las leyes a la torera.
De manera que, en mi opinión, devolver la legalidad a Cataluña no es incompatible con hacer política y buscar soluciones políticas a los problemas de esta Comunidad. Pero además los dirigentes políticos que han quebrado las leyes tienen que responder ante la Justicia porque de otra manera supondría que en nuestro país hay ciudadanos de primera y de segunda. De primera serían aquellos políticos que en nombre de sus apetencias políticas violan la legalidad pero sin consecuencias, es decir sin que tengan una penalización judicial, y luego estrían el resto de los ciudadanos a los que se les aplica la Ley de principio a fin.
Eso, por lo menos a mi, me resultaría insoportable. En un Estado democrático no hay objetivo político que para conseguirlo se pueda quebrar la Ley.
Quienes han organizado un referéndum ilegal, aprobado unas leyes de desconexión con el Estado, gastado dinero público en su propia aventura sececionista, cerrado el Parlamento, ninguneado a la oposición, pisoteado los derechos de quienes no piensan como ellos, insultando y descalificando a quienes no avalan el "procés", sabían perfectamente que estaban delinquiendo. Sí delinquiendo. España es un país democrático y por tanto quién organiza un "golpe" contra la Constitución delinque. Y eso es lo que han hecho los "padres" e impulsores del "procés". Por tanto sabían que el Estado no podía permanecer impasible. Y lo que ha hecho el Gobierno es escrupulosamente democrático: aplicar el artículo 155 de la Constitución y llevar ante los Tribunales a los principales responsables de la quiebra de la legalidad. Y son los Tribunales los que decidirán la suerte de éstos. De manera que no cabe llevarse las manos a la cabeza y argumentar que hay que hacer política. La respuesta es sí, claro que hay que hacer política, pero al mismo tiempo habrá que llevar ante la Justicia a quienes se saltan la Ley.
¿Cómo se resuelve el problema de Cataluña? Pues sin duda con un diálogo sincero y constructivo entre todas los actores políticos.
De ahí la importancia de la comisión que a propuesta del PSOE se va a poner en marcha en el Congreso para hacer un diagnostico sobre qué y cómo se debe reformar la Constitución. Pero eso sí, no basta con decir que hay que reformar la Constitución si una parte de esos actores, es decir los independentistas no se conforman ya con la reforma sino que su objetivo último continúa siendo la independencia.
De manera que cualquier reforma de la Constitución debe de ser fruto de un pacto entre todas las fuerzas políticas, como lo fue nuestra actual Carta Magna y además basada en la lealtad. Porque todo hay que decirlo los actuales dirigentes independentistas catalanes han hecho alarde de una deslealtad escandalosa.


Cayetano González - El candidato Puigdemont

07.11.17 | 08:42. Archivado en Cayetano González


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Es posible que desde la óptica de los intereses del PDeCat, las siglas actuales de la antigua CIU, presentar el cesado y huido Presidente de la Generalitat como cabeza de lista en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tenga su lógica. Pero no hay ninguna, si lo que se pretende es empezar una nueva etapa en la política catalana a partir de la cita con las urnas dentro de siete semanas. Carles Puigdemont, es una obviedad, ha salido abrasado del reto independentista que él ha liderado en estos últimos dos años, amén del futuro judicial y en su caso penal que pueda tener, una vez que se resuelva por parte de las autoridades belgas su entrega a la justicia española. Como se dice habitualmente, quien ha sido parte, y muy importante, del problema, no lo puede ser de la solución. Pero las cosas se han emponzoñado tanto en la política catalana, que en estos momentos los partidos independentistas no están en condiciones de tomar decisiones dirigidas a ver cómo se sale de una situación que ha dado con siete miembros de la Generalitat, con su Vicepresidente Junqueras al frente, en la cárcel; cinco huidos -con Puigdemont a la cabeza- en Bélgica, amén de unas Instituciones catalanas intervenidas en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En las próximas horas se sabrá si los partidos independentistas -ERC, PDeCat y la CUP- van en coalición electoral o no. Todo indica a que al final cada uno irá por su cuenta, aunque si los números dan después del 21-D, nadie duda de que volverían a reeditar su pacto para formar gobierno. Todas las encuestas publicadas en los últimos días indican dos cosas: que esa mayoría independentista puede estar en peligro y que de los tres partidos, el más votado con diferencia será la ERC. Detalle no menor es que su líder, Oriol Junqueras, se encuentra preso en la cárcel de Estremera, y aunque al no tener de momento una sentencia firme de inhabilitación para desempeñar cargo público, podría ser candidato, otra cosa es que si saliera elegido, pudiera tomar posesión de su escaño y por lo tanto ser Presidente de la Generalitat. En resumen: la política catalana se encuentra en un monumental lío, con la mitad del Govern cesado en la cárcel, la otra mitad en Bruselas y con unos partidos independentistas que, lógicamente, quieren sacar provecho electoral de esa situación, planteando una campaña muy centrada en la petición de amnistía -algo que no se puede dar según la Constitución- de unos presos que ellos llaman "políticos", pero que no son tal, porque están en la cárcel no por sus ideas, sino por haber cometido, presuntamente, en el ejercicio de sus funciones varios delitos tipificados en el Código Penal, como queda explicitado tanto en la querella presentada por la Fiscalía como en el auto de la juez Lamela por el que los envío a prisión.


Fermín Bocos - El farsante

07.11.17 | 08:42. Archivado en Fermín Bocos


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Todo exceso acaba volviéndose contra quienes lo promueven. Sería el caso del discurso victimista que despachan con regularidad los líderes de los partidos secesionistas catalanes. Ahora la proclama que les ocupa consiste en denunciar, desde Bruselas o desde Barcelona, que España no es un país democrático. Carles Puigdemont, prófugo de la justicia y con una orden de busca y captura a sus espaldas, pretende dar lecciones de democracia a través de los videos que remite a TV3 presentándose como presidente mártir de la Generalidad en el exilio.
Quienes secundan su funambulismo político postulan a Puigdemont para encabezar una lista única a las elecciones del 21 de Diciembre. La idea no despierta entusiasmo en ERC, el partido al que todas las encuestas dan como vencedor en los comicios. Los republicanos tienen su propia agenda y es más que probable que su candidato sea Oriol Junqueras, a la sazón preso preventivo en la cárcel de Estremera acusado de los mismo graves delitos que se le imputan a Puigdemont y al resto de ex consejeros del disuelto "Govern" de Cataluña.
Más allá del fetiche de la "lista de país" que así han bautizado la pretendida reedición de Junts x Sí, desde la dirección de la reconvertida Convergencia lo que pretenden es salvar los escasos muebles que todavía no han perdido en este naufragio. No hace tanto tiempo que con Artur Mas a la cabeza eran el partido más votado en Cataluña. Después, en la maniobra que les llevó a apostar por el secesionismo, en parte para crear una cortina de humo que ocultara la investigación de la corrupción (el famoso 3% en comisiones), han perdido hasta el nombre del partido.
El caso plantea una cuestión de fondo que se resume en una pregunta: ¿cómo puede ser que a estas alturas del siglo XXI todavía haya ciudadanos que se dejen embaucar por aventureros de la política? En estos tiempos en los que la información es transversal, ¿qué razón hay para que gentes de buena fe sigan a estos personajes que se envuelven en la bandera de Cataluña para desviar la atención de la opinión pública y no responder de sus tropelías?

El fanatismo que en ocasiones aparejan las opciones políticas radicales podría explicar la voluntaria ceguera de muchos ciudadanos ante la impostura que está desplegando Carles Puigdemont, pero que algunos dirigentes políticos de otros partidos españoles que dicen no ser independentistas sigan defendiendo a semejante farsante es para tomar nota. Tomar nota para recordarlo antes de votar en las próximas elecciones generales.


Antonio Casado - ¿Vuelve Franco?

07.11.17 | 08:42. Archivado en Antonio Casado


MADRID, 6 (OTR/PRESS9

Un discurso de idiotas para idiotas crece peligrosamente. El que pregona el retorno del franquismo al Estado español. En este momento procesal -dicho sea pensando en el fallido "procés"-, la excusa llega servida por los encarcelamientos de una buena parte del ya destituido Govern.
Los jueces no van a resolver el problema político de Cataluña, se dice, como si el papel de los jueces fuera el de resolver problemas políticos y no el de hacer cumplir la ley. Pero se aprovecha la coyuntura para maliciarse una vuelta a los usos y costumbres del franquismo, metiendo en la cárcel al adversario. Y hace falta tener muy pocos escrúpulos para poner en duda el sano funcionamiento de la democracia española. Pero, sobre todo, hace falta ser idiota para atribuir al Gobierno la voluntad de encarcelar a nadie por motivos políticos.
La verdad es que sin independencia judicial y una Justicia a las órdenes del Poder Ejecutivo los exconsejeros del Govern no estarían en la cárcel, pues eso abona los intereses electorales del independentismo. Por tanto, justamente por motivos políticos, el Gobierno Rajoy jamás impulsaría una medida que favorece al separatismo, siempre dispuesto a convertir los agravios del Estado en una palanca electoral. Y eso es lo que están haciendo los impulsores del desafío al Estado. Van de victimas y utilizan la decisión judicial (no gubernativa, como ellos saben de sobra) como argumento de campaña de cara al 21-D.
Aún así, la numero dos de ERC, Marta Rovira, pidió este fin de semana al Gobierno Rajoy que deje en libertad a los exconsejeros y a los líderes de las organizaciones civiles (AMC y OC) como prueba de neutralidad. Como si no estuvieran en igualdad de condiciones las formaciones que tienen a sus dirigentes en la cárcel y las que no los tienen.
No es la única que habla de "presos políticos". También lo hace, con calculado descaro, sin ningún escrúpulo, el secretario general de Podemos, Iglesias Turrión. Mal lo de Marta Rovira, pero peor lo de Iglesias porque es escandaloso que el representante de la tercera fuerza política ignore los principios de libre circulación de ideas, independencia judicial y separación de poderes, recobrados en 1978 tras cuarenta años de franquismo.
Otro idiota hablando para idiotas es Dante Fachin, que acaba de romper relaciones con su jefe, Iglesias, después de compararle con Rajoy. Para acreditar el supuesto retorno del franquismo a España, no se le ha ocurrido otra cosa que advertir de que si hoy están en la cárcel Junqueras y compañía, mañana pueden seguir el mismo camino Ada Colau o el mismísimo Iglesias.


Rafael Torres - Lamela

07.11.17 | 08:42. Archivado en Rafael Torres


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Nos quejamos, con razón, de eso que se ha dado en llamar politización de la Justicia, pero también nos quejamos, y seguramente con razón también, cuando ésta no se ajusta a conveniencia con los intereses, las necesidades o los tiempos de la política. Es más; ahora mismo y por los mismos hechos, unos se quejan de lo primero y otros de lo segundo, e incluso algunos de lo primero y de lo segundo a la vez, y todo porque una juez, Carmen Lamela, una gota en el tempestuoso océano de la situación que vivimos, ha dictado prisión preventiva para los miembros del destituido gobierno catalán, sobre los que tiene sospechas fundadas, y no sólo ella por cierto, de la comisión de gravísimos delitos.
Es verdad que, recién aplicado el 155 sin mayores sobresaltos iniciales y convocadas elecciones para fecha próxima, parecía algo amainado el temporal que nos llevaba sacudiendo y desarbolando desde hace meses, y que sólo el encarcelamiento provisional de los Jordis y su contestación independentista impedía que la situación terminara de sosegarse. Y también es cierto que la decisión de la juez Lamela, suscitada en buena parte por la Fiscalía, de entrullar a los consejeros que acudieron a su citación, ha revuelto y desquiciado nuevamente todo y ha suministrado munición a un ex president y a una causa a los que se le iban vaciando los arsenales. Pero también es verdad que a la vista de las pruebas que incriminan penalmente a los imputados, y que sólo la juez conoce en toda su complejidad y dimensión, es probable que en justicia, con el Código en la mano, no haya podido hacer otra cosa.
Políticamente, la decisión de Lamela no es que haya sido inoportuna, sino letal, pero ¿en qué quedamos? ¿En que la Justicia ha de ser independiente y ciega a las conveniencias políticas, o en que debe sincronizarse con ellas? ¿Es la juez Lamela una heroína o una villana? Uno no la conoce, ni mucho menos sus pensamientos, sus filias y sus fobias, pero uno se atrevería a suponer que, con el trascendente papel que le ha tocado interpretar, no es sino una criatura a la que le pasa lo mismo que a casi todos los demás, que está sumida sin comerlo ni beberlo en el torbellino desatado por una panda de aventureros irresponsables y por la inacción, o por la acción tardía y desatentada, de un gobierno ineficaz.


No te va a gustar - Casi todo lo que hemos hecho bien (y mal)

07.11.17 | 08:42. Archivado en Fernando Jáuregui


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Reconozco que, casi tanto como el tono conciliador empleado este lunes, en un desayuno muy concurrido organizado por Europa Press, por el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, me gustó la presencia en ese acto de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Me pareció que ambos entendían que son bienes superiores lo que ahora hay que preservar y que no conviene desgastarse en ataques al Gobierno del PP el uno y a la oposición del PSOE la otra. Es, totalmente de acuerdo con el presidente extremeño, momento de cerrar filas para buscar acciones eficaces que preserven la unidad del país y restañen a Cataluña, y al resto de España, las heridas producidas por un desbocado intento golpista secesionista, fracasado sin duda, pero que sigue haciendo notar sus catastróficos efectos..
Claro que no voy a decir ni que todo vaya bien ni que todo se haya hecho bien. Los errores del pasado inmediato, la inactividad desesperante de unos y el "no, no y no" de los otros, han contribuido no poco a conducirnos a donde estamos, y donde estamos es en una situación bien peculiar -por decirlo con palabras suaves--: estamos, nada menos, en la posibilidad de que el próximo president de la Generalitat, salido de las elecciones autonómicas convocadas quizá algo precipitadamente desde La Moncloa, haya de abandonar la cárcel para tomar posesión y luego volver a ella. Movida sin duda surrealista y muy poco aconsejable si queremos llevar la paz política, ya que no el calor hogareño, a las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Ni tampoco me parece el mejor escenario posible aquel en el que otro de los candidatos, quizá incluso la otra posibilidad para ser el próximo ocupante de la presidencia del Govern autonómico, pudiese tener que regresar del "exilio" para poder sentarse en la plaza de Sant Jaume.
Una locura, sí, derivada de la dejación de las responsabilidades políticas en manos de los jueces, que no entienden de florituras y sí de lo que dicen, lisa y llanamente, las leyes. Y no están las cosas como para andar aplicando así, lisa y llanamente, el código de sanciones penales previstas para los obvios desmanes antidemocráticos y anticonstitucionales de Puigdemont, Junqueras y demás. Confiemos en que el juez del Supremo no repita las decisiones tajantes de su colega de la Audiencia Nacional y no acuerde prisión inmediata e incondicional también para la presidenta y la Mesa del Parlament catalán; tener a una docena de políticos catalanes encarcelados y a otra media docena buscando casi asilo político (aunque hayan evitado decirlo así, porque hubiese sido un nuevo dislate por su parte), no viene bien ni al proceso electoral abierto en Cataluña, ni a la marca España, ni a la economía del país, incluyendo, desde luego la catalana.
He de admitir que seguramente no quedó otro remedio que aprobar -tarde, por cierto-- la aplicación del artículo 155 para sofocar las llamas de la rebelión de la Generalitat y sus derivados. Pero quizá en algún momento alguien, con toga, echó gasolina al incendio. Y eso se promovió desde el poder Ejecutivo y no se evitó desde el Legislativo. Hay que volver a intentar pactar, me temo, y lo digo sabiendo perfectamente que no es un pacto precisamente lo que pide la mayoría de la muy irritada opinión pública española pero no catalana: hay, sin duda, un conflicto serio entre los catalanes y el resto de los españoles, que es un conflicto que hay que agradecer a la impericia, torpeza y falta de imaginación de los gobernantes.
Algo hemos sacado, al menos, de todo esto: la consciencia, reflejada en el desayuno al que me refiero, de que con las cosas de comer no se juega y que la oposición política hay que ejercerla cuando hay que ejercerla y en las materias en las que haya de ejercerse. Viendo a SSdeS sentada en el multitudinario acto protagonizado por Fernández Vara, en presencia también de la portavoz socialista Margarita Robles, dí en recordar aquel loco proyecto del PSOE de presentar una moción de reprobación contra la vicepresidenta. Ese proyecto se hacía público hace un mes, y ya ve usted: ahí estaban, frustrada reprobadora -Margarita Robles- sentada amigablemente casi al lado de la frustrada reprobada, SSdeS.
Y es que los tiempos, ya lo mostraron este lunes ambas, además de Fernández Vara, están más para buscar pactos que para "noes" apriorísticos, como hasta hace muy poco venía haciendo Pedro Sánchez. Por cierto que el secretario general socialista, que es quien ha dado el gran viraje estratégico sobre la permanente negativa de antaño, no asistió al desayuno. Será porque no quería que los periodistas le preguntásemos por su bastante razonable crítica a la estrategia del Gobierno de acudir siempre al Código Penal, y no al diálogo, para tratar de resolver la "cuestión catalana". Y no es eso, no es eso: que una cuestión es apoyar, y qué remedio, a Rajoy y otra aplaudir hasta cuando yerra.


Jueves, 23 de noviembre

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