Opinión

Fernando Jáuregui - El futuro president de la Generalitat, en Estremera

04.11.17 | 08:42. Archivado en Fernando Jáuregui


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

¿Era consciente Su Señoría, al enviar tan fulminantemente a la cárcel al vicepresidente de la Generalitat y a varios de sus "consellers", de que este vicepresidente podría ganar las elecciones dentro de mes y medio, y que esas elecciones pasarán de autonómicas a quizá constituyentes? Probablemente, la juez Lamela no es, ni debe serlo, plenamente sabedora de que su decisión, que me atrevo a criticar parcialmente, puede producir efectos impensados e impensables en el cuerpo político de la nación, en la marcha de España hacia su destino.
¿Sabía el fiscal general, en su querella contra el independentismo catalán, a dónde llevarían las aguas? Y, en último término, ¿imaginaba el Ejecutivo central que preside Rajoy que, poniendo las soluciones al entonces solo posible conato de sedición en manos de los jueces, y no de la política hábil, los males podrían ser peores que los beneficios?

Escribo un poco desde la oscuridad, porque a saber cuál será la nueva sorpresa, pero, en cualquier caso, hay que advertirlo previamente en estos tiempos del cólera, escribo desde el lado del anti independentismo. Culpo en primer lugar al mesianismo de Artur Mas y a la insensatez, sin fondo intelectual alguno, de su sucesor a dedo, Carles Puigdemont, y a sus camarillas, de lo que está ocurriendo, del terrible descalabro que esta sufriendo Cataluña, del pavor que se ha enseñoreado del resto de España. Pero, una vez dicho esto, creo, y es evidente, que de este lado, en el que insisto que me sitúo, se han hecho muchas cosas mal, y a los resultados me remito. Han faltado diálogo, generosidad, imaginación y ha sobrado judicialismo, que es palabro recién inventado, pero muy gráfico.
No, no se debería haber gestionado, y lo dice alguien que de jurista solo tiene muchos años de estar mirando casos y cosas variopintos, como se ha gestionado: ni ha habido equidad en los casos del Supremo y la Audiencia Nacional, ni tiempo suficiente para la defensa de los encarcelados tan rápidamente en el último de estos casos, ni se ha calificado de manera lo suficientemente distante -pero ¿hay o no rebelión?--, ni...
Las decisiones judiciales se acatan, pero pueden, cómo no, criticarse, aunque ya sabemos que, en situaciones de crisis extrema, y en las guerras, la libertad de expresión es lo primero que sufre: ¡ay de los disidentes en todo o meramente en algo! Esto es lo que siente ahora el cronista de buena voluntad: discrepando, ¿se da alas a los sediciosos? ¿O se coopera a la equidad democrática?

Escribo desde una ciudad europea, muy visitada por turistas y juristas españoles, y escucho opiniones libremente expresadas y no demasiado coincidentes; yo diría que una mayoría se alegra de la dureza de las decisiones del fiscal y de la jueza de la Audiencia Nacional --"que paguen por lo que han hecho"--. Pero otros muchos discrepan de los modos, de los tiempos, del enfoque, admitiendo que la Justicia debe siempre prevalecer y que el delito hay que castigarlo siempre. La ley es interpretable, faltaría más, y para eso están los jueces. A la vista está que el magistrado del Supremo y la de la Audiencia siguieron caminos distintos, decidiendo el primero dar más tiempo a los que comparecieron ante él para preparar su defensa. Y dando argumentos la segunda a los abogados defensores de los hoy encarcelados. Que, por supuesto, don Pablo Iglesias, nada tienen de presos políticos, aunque así vayan a ser presentados por las partes interesadas.
La Justicia, una vez que caes en sus manos, es imparable, y así debe, creo, ser. Por eso, confiar un caso que es político sobre todo a los tribunales hace que se corra el riesgo de que los remedios pueden ser peores que las enfermedades, y mira que estas eran, son, graves. "Impecablemente legal, políticamente incorrecto" ha sido el proceder judicial, deben andar pensando ahora los mismos miembros del mismísimo Gobierno que decidió judicializarlo todo. Y conste, insisto de nuevo, que aplaudí la (tardía) decisión de Rajoy de actuar con el artículo 155 de la Constitución en la mano, porque lo de la Cataluña no podía seguir así ni un minuto más. Lo cuestionable ha sido lo anterior y lo posterior.
Pero ahora, a saber en qué va a parar todo esto. Ya digo que los candidatos a unas elecciones desde la cárcel pueden hacer campañas muy destructivas, y repito que escribo desde un país europeo en el que el prestigio de mi nación, España, ha caído en picado, y a las portadas de prensa y comentarios de televisión me atengo. Y a saber, insistamos, cómo se resuelve el hecho de que uno de estos candidatos gane en los comicios; correremos, entonces, el riesgo de albergar en Estremera a un nuevo Mandela, que es figura que el independentismo siempre busca y necesita. Y, desde luego, me parece que ese nuevo Mandela dista mucho del original, en todo, excepto en su enorme tozudez. Creo que vamos a atravesar por grandes turbulencias, que quizá, confío, la maquinaria judicial contribuya, ahora, a solventar. O no.


Antonio Casado - El lenguaje los delata

04.11.17 | 08:42. Archivado en Antonio Casado


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

No solo hay desafección constitucional en el discurso del independentismo, cuyos dirigentes sufren las consecuencias de su intolerable desafío al Estado. También la hay en el de dirigentes de la izquierda populista, como Iglesias Turrión, Ada Colau, Alberto Garzón, Dante Fachin, etc.
El lenguaje los delata porque proyecta su pensamiento político. Y cuando se rasgan las vestiduras por la supuesta politización de la Justicia española o denuncian el revanchismo del Estado contra las pretensiones separatistas, en realidad están proyectando la idea de Estado que habita en su cabeza. Ahí no cabe la independencia judicial o el dogma civil de la separación de poderes.
MADRID, 3 (OTR/PRESS)

Denuncian lo que ellos harían si controlasen los resortes del poder. Sólo a este grupo de políticos, los que acampan extramuros del bloque constitucional, se les ha ocurrido detectar motivaciones políticas en el encarcelamiento provisional de la mayor parte de los ex consejeros del Govern, dictado por la juez Lamela de la Audiencia Nacional.
Como si la juez hubiese actuado a las ordenes del Poder Ejecutivo o como si lo hubiera hecho por quedar bien con él. Craso error. Hasta las piedras de la Moncloa saben que al Gobierno de Rajoy no le hace ningún favor que, cuando los encaminamos hacia las elecciones catalanas del 21 de diciembre, los jueces tomen decisiones que tienden a alimentar la causa independentista. Todo el mundo sabe que esa causa sobrevive en gran parte gracias al victimismo de sus dirigentes y el oxígeno que reciben al hacerse los ofendidos si se sienten contrariados por las decisiones de "Madrid".
Bien, pues los separatistas y sus costaleros del populismo de izquierdas han calificado las recientes medidas de la Audiencia Nacional (prisión provisional para el ex vicepresidente Junqueras y siete ex consejeros del Govern, con orden de detención de Puigdemont) de "represión sin precedentes", "revanchismo del Estado", "Justicia politizada", mientras hablan de "presos políticos" y ponen en duda que en España se respeten las garantías judiciales y las libertades fundamentales.
Esas quejas siempre terminan abrochadas a la misma conclusión: el problema de Cataluña es político y, por tanto, no se arregla con ese tipo de decisiones judiciales. Como si las decisiones judiciales debieran estar pensadas para arreglar problemas politicos y no para aplicar las leyes.
Discurso tramposo y tóxico donde los haya, pues sugiere que, por evitar males mayores, el Estado debería bajar los brazos ante las pretensiones secesionistas de una facción política concreta y, por supuesto, minoritaria en el arco representativo. Insisto en que el lenguaje los delata.


Fermín Bocos - ¿Qué esperaban?

04.11.17 | 08:42. Archivado en Fermín Bocos


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

El pensamiento mágico, el ofuscado por el fanatismo o el que permanece voluntariamente adherido a una escala infantil ofrece continuas muestras de actuar sin prever ni tener en cuenta las consecuencias de los actos. Tengo para mí que sólo desde éste prisma puede, en términos adultos, entenderse el ruido y las protestas provocadas por el ingreso en prisión de siete miembros del destituido "Govern" de la Generalidad de Cataluña.
¿Qué esperaban? ¿Alguien puede pensar que saltarse la ley incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales no aparejaría la correspondiente sanción?

Criticar el auto que decreta la prisión preventiva de los ex consejeros -el precedente de la fuga de Carles Puigdemont ha pesado mucho en la decisión de la juez Lamela-, desde la perspectiva del calendario electoral en puertas parece impropio de políticos que por otra parte dicen respetar la independencia judicial que emana de la separación de poderes, seña de identidad de todo Estado democrático.
Pero en eso están los separatistas y quienes desde una pretendida izquierda progresista van de compañeros de viaje de las fuerzas burguesas catalanas que impulsan el movimiento secesionista. Sería el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o desde fuera de Cataluña, el errático tándem que forman Pablo Iglesias y Alberto Garzón (Podemos-IU), empeñados en actuar de abogados defensores de los ex "consellers" del mismo "Govern" que -lo han olvidado-, decretó los mayores recortes sociales que ha padecido Cataluña en los últimos tiempos. Han olvidado que estos ciudadanos aceleraron el proceso secesionista a raíz de los procedimientos judiciales que investigaban la corrupción. El famoso 3%.
Se puede entender la irritación e incluso el temor que recorre las filas de los separatistas al comprobar que la respuesta del Estado va en serio. Han empezado a comprobar que "els fets del 6 y el 7 de octubre", la asonada parlamentaria en la que tras marginar a la oposición declararon la independencia, no les va a salir gratis.
Lo que cuesta más entender es el auxilio que les prestan desde Podemos e IU. Iglesias y Garzón deberían repasar lo dicho por Paco Frutos, ex secretario general el PCE, en ocasión de la gran manifestación celebrada en Barcelona en defensa de la unidad de España. Frutos, catalán de Calella, criticó el apoyo de la izquierda populista a los nacionalistas secesionistas. "Traicionáis a la gente trabajadora", dijo. "Enfrentáis a la gente sin motivo alguno, os cargáis la libertad, la democracia y la palabra de quienes no piensan igual que vosotros." Pues siguen en eso. Ahora llamando "presos políticos" a unos golpistas.


Viernes, 24 de noviembre

BUSCAR

Síguenos

Hemeroteca

Noviembre 2017
LMXJVSD
<<  <   >  >>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930