Opinión

A vueltas con España - Un 1-O ilegal pero con riesgos

17.09.17 | 08:42. Archivado en José Luis Gómez


MADRID (OTR/PRESS)

El problema de este referéndum catalán -otra cosa sería uno legal- no es solo que sea inconstitucional, sino que no es democrático. Como advierte Josep María Castellà Andreu, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y miembro de la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa-, el uso de consultas directas debe ser permitido solo donde está previsto por la Constitución o una ley en conformidad con ella. En realidad, son muchos más los argumentos que prueban que esta consulta carece de bases democráticas, en el fondo y en la forma, pero eso es algo que no todos los partidos asumen, empezando por los independentistas. También hay confusión entre los comunes.
Ahora bien, el barullo que rodea el 1-O es grande, hasta el punto de que ni siquiera todos los convocantes -y no digamos todos los partidos- están de acuerdo sobre el significado del propio referéndum. Pero si hay urnas -algo que el Gobierno español quiere evitar- parece asegurada la declaración de independencia de JxSí y la CUP, ya que los organizadores parten de que incluso con una participación del 20 por ciento los resultados serán válidos y se deberán aplicar. Otra cosa, claro, es que haya independencia.
¿Entonces no hay riesgo de independencia en Cataluña sobre bases ilegales e inconstitucionales? Sobre el papel no debería haberlo, pero hay países -Turquía, Rusia, Venezuela y varios estados africanos y asiáticos- donde también se pusieron urnas ilegales que surtieron efectos políticos. Por tanto, algún riesgo sí que puede haber, por extraño que parezca en un país democrático, miembro de la Unión Europea.
En buena lógica, el verdadero riesgo es otro: la división política de los catalanes y su deriva tras el 1-O. Si fracasa el referéndum -y la opción de la independencia-, se supone que habrá elecciones autonómicas en un clima de alta tensión, cuyo resultado podría complicar más las cosas para los intereses generales del Estado. Solo el diálogo político puede encauzar el fondo del problema y solo un discurso del Estado en clave catalana puede dar una alternativa convincente. La Constitución del 78 y el propio Estado de derecho pueden ser útiles para frenar el 1-O pero en algún momento tendrán que aflorar estadistas capaces de dar salida a este grave problema político que se vive en Cataluña.


Carmen Tomás - Límite 48 horas

17.09.17 | 08:42. Archivado en Carmen Tomás


MADRID (OTR/PRESS)

El último, o penúltimo, desafío del gobierno golpista de Cataluña ha sido desobedecer las medidas aprobadas en julio pasado por el Gobierno y que tenían como objetivo que la Generalidad no gastara ni un euro público en la celebración del referéndum ilegal y todas las actividades relacionadas. Entonces se obligó al gobierno catalán a suministrar a Hacienda semanalmente todas las órdenes de pago. El pasado jueves, en un claro desafío a la legalidad, otro, el consejero de Economía comunicó al ministro de Hacienda que no enviaría más la documentación requerida. La razón oficial: no reconocemos autoridad distinta al gobierno de Cataluña. La maquinaria del gobierno se puso inmediatamente en marcha y primero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y después el consejo de ministros aprobaban un paquete de nuevas medidas de control. En sustancia, el gobierno no enviará nuevos fondos a Cataluña sino que pagará directamente todos los servicios esenciales incluido en sueldo de los funcionarios. Además, notifica a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalidad debe ir acompañado de un certificado de la Intervención y si detectaran irregularidades lo comuniquen a la Fiscalía. Y, finalmente, determina que todas las operaciones de endeudamiento de la Generalidad necesitarán la autorización previa del consejo de ministros. Y lo más relevante, si en el plazo de 48 horas, el presidente de la generalidad no aprueba un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos esenciales, el gobierno asumirá el control total de las cuentas.
Es evidente la rapidez y contundencia de los acuerdos adoptados. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 por el gobierno de Rajoy, contiene la respuesta a estos supuestos y es lo que se ha hecho. En mi opinión, se tenía que haber hecho mucho antes. La fecha del 1 de octubre no nos ha pillado de sorpresa. Hace ya mucho tiempo que se sabe, igual que se intuye que están gastando en su preparación dinero público. Ahora, con estas medidas, no se va a gastar del presupuesto que queda, pero y el ya gastado y el que pueda gastarse, muy probablemente, desde los numerosos organismos, empresas públicas, consorcios. Esto será algo que tendrán que averiguar los tribunales.
En todo caso, la respuesta ha sorprendido por novedosa y contundente, aunque está en línea con las que han ido dando en los últimos días tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía y que se ha redondeado con la intervención de Rajoy en Barcelona el viernes en la que dejó muy claro que se van a utilizar todas las armas de las que se disponen en un estado democrático para la defensa de la nación y de los derechos de sus ciudadanos. Dijo Rajoy que le van a hacer llegar a donde no quisiera llegar en referencia clara a la activación del artículo 155 de la Constitución. Después de sus palabras y de cómo se van desarrollando los acontecimientos, me quedan pocas dudas de que lo hará.


Siete días trepidantes - El 2-O es el día siguiente al 1-O, y entonces...

17.09.17 | 08:42. Archivado en Fernando Jáuregui


MADRID (OTR/PRESS)

Todo lo que está ocurriendo, aunque lo previsible es que al final no ocurra nada, va a tener enormes consecuencias sobre el tejido político del país. Porque en la escalada de titulares, que son ya casi "de guerra", todos salimos salpicados. Entre otras cosas, porque estamos olvidando el discurrir de un país "normal", preocupado por su seguridad, por su estado de bienestar, hasta por sus éxitos deportivos, para estar obsesionados por el "procés" que, día a día, acelera la confrontación entre la Generalitat y el Estado. ¿Cómo va a acabar esto? Me arriesgo a responder: el 1 de octubre, que está ahí, a la vuelta, pasará lo que pase, que será bastante; desde el 2 de octubre, se restablecerá la vía y se enderezarán los vagones descarrilados en el choque de trenes. Y entonces volverá, con las consecuencias que se anticipan, una cierta normalidad. Lo que no es pequeña cosa si tenemos en cuenta que, desde hace dos años, la anormalidad es lo normal en este país nuestro llamado, recordémoslo, España. La semana ha registrado un incremento en las acciones de desobediencia y en las que, desde el Gobierno central y las instituciones, pretenden cortocircuitar la rebelión. O llámele usted sedición, que es palabra que La Moncloa no se atreve, aún, a emplear, aunque haya sido sorprendente la frase del habitualmente muy cauto Rajoy: "nos van a obligar a llegar a lo que no queremos". No sé hasta dónde, tras intervenir los pagos de la Generalitat -ahora los funcionarios catalanes ya saben quién paga las nóminas-, se llegaría: ¿a una aplicación muy extensiva del genérico artículo 155 de la Constitución? ¿A una intervención directa de las fuerzas del orden para retirar las urnas? ¿A la detención del president?

Creo que no conviene dramatizar y, hasta ahora, el Gobierno central no lo ha hecho: está dando una lección de autocontrol en la situación más difícil que gobernante alguno haya vivido desde la restauración de la democracia. Pero, al tiempo, está perdiendo, frente a la Generalitat, la batalla de la comunicación. Sobre todo, la exterior, dado que en Moncloa no recalan, como sí hacen en la plaza de Sant Jaume, ni periodistas extranjeros ni casi españoles. Ya se sabe que al previsible Rajoy le interesa muy poco la comunicación, que es asignatura que, a su pesar, tuvo que aprender su antecesor, Rodríguez Zapatero; a este, cuando le conocí, recién ganado el congreso que le hizo secretario general, le pregunté cuál era su estrategia de comunicación. "Nosotros no tenemos de eso, somos gente honrada", nos dijo a una estupefacta compañera y a mí. Luego, se dio cuenta de que, en política, las formas son tan importantes como el fondo. Y Rajoy gana en el fondo -creo que la razón le asiste a él, es decir, a nosotros--, pero puede que esté perdiendo en las formas, porque, como señalaba acertadamente un colega, el Gobierno central "tiene menos soltura para la manipulación" que la Generalitat, que está al todo o nada.
Tendrá, claro está, la nada. Puigdemont pasará una mala noche entre el 1 y el 2 de octubre, cuando, tras la jornada negra, en la que algunos, muchos, votarán, pero para qué, se encuentre con que hay que comenzar de nuevo. Quizá, entonces sí, habrá de emprender algún tipo de negociación con el Estado. Solo que desde una Generalitat debilitada, en la que empezarán a verse las divisiones preelectorales, que Oriol Junqueras lo que de veras quiere es ser molt honorable president de la Generalitat, no andar todo el día incordiando a Soraya Sáenz de Santamaría y, de paso, a todos "en Madrit".
Puede que, esa noche, Puigdemont haga un alegato en el sentido de "moralmente, hemos ganado", pero lo hará con cara de perdedor. Y Rajoy, desde La Moncloa, le tenderá una mano pretendidamente generosa, con cara de ganador. Y el Barça seguirá metiendo goles, esa multinacional con sede en la Ciudad Condal que vende a todo el mundo helados y desodorantes seguirá ahí, el banquero que todos sabemos, y que ni se ha despeinado hasta ahora, lanzará un suspiro de alivio, y el Círculo Ecuestre volverá por sus fueros. Los alcaldes, díscolos o no, seguirán con el bastón de mando. Y la verdad, o la libertad de expresión, volverá a ser la gran perjudicada, como en toda guerra. O sea, como antes decía, una cierta normalidad.
Solo que, claro, habrá que hacer recuento de víctimas, además de Puigdemont y los más desaforados de su Govern. Las relaciones entre el Gobierno central y la autonomía catalana nunca volverán a ser las mismas. Ya se sabrá quién manda, especialmente si la unidad entre los partidos constitucionalistas se mantiene sin fisuras, lo que me parece improbable, dado que entonces habrá que empezar a hablar en serio de arreglar cañerías, incluyendo por la más importante, la Constitución. Confiemos en que no solamente la parte de los catalanes más alucinada y engañada, empezando por Ada Colau, sino también Rajoy, Sánchez, Rivera y, sobre todo, Pablo Iglesias, que menudo tiene su partido de partido, hayan entendido el mensaje que nos lanzará a todos el 1 de octubre. Lo malo es que ni sabemos todavía, y faltan catorce días, cuál va a ser ese mensaje.


Viernes, 21 de septiembre

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