Opinión

Carmen Tomás - La falsa España de camareros

06.09.17 | 08:42. Archivado en Carmen Tomás


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

Cada vez que en este país se publican, bien los datos de empleo de los Servicios Públicos del Ministerio de Empleo o los de la EPA que elabora el INE dependiente del Ministerio de Economía, se monta un debate nacional. Y, se suele hacer sobre ese mes o ese trimestre concreto, sin ninguna perspectiva ni contexto. La mayor parte de las veces se tuercen las cifras y se aproxima la conclusión a la determinada "verdad" que se quiere transmitir. Se dice, y con mucha razón, que España debe ser de los pocos países en que se discuten las cifras. Y es así. Lo vemos mes tras mes. El lunes pasado se publicaron los datos de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de agosto. Y, obviamente, no se pueden decir que sean buenos. Pero, ¿lo son en el conjunto del año? ¿en relación a otros meses de agosto? ¿en qué sectores se han perdido?

Es cierto que este agosto de 2017, el paro ha subido en casi 46.500 y que es el mayor alza en este mes desde 2011. Es un mes malo para el empleo y se ve si se mira con perspectiva lo ocurrido otros años: en 2007, por ejemplo, se perdieron 57.000 empleos; en 2009, 84.000 y en 2011, 51.000. Es decir, nada nuevo ni sorprendente para un mes de agosto. Sí que la caída de las afiliaciones ha sido dura, pero la mitad han sido en el sector de la educación que, obviamente, se recuperarán en septiembre, después industria manufacturera, construcción, sanidad y finalmente hostelería.
Claro que no se puede negar la estacionalidad de una parte de nuestro mercado laboral. El sector turístico es uno de los motores de la economía. Pero, les sorprendería saber que en el último año no ha sido el motor del empleo. El argumento de la España de camareros es absurdo además de falso. Y aquí van los datos. Mientras que la industria manufacturera creó casi 114.000 empleos, la hostelería, el último de la fila, creó apenas 14.100. Incluso la industria del cuero y el calzado o la fabricación de muebles superaron a la hostelería en creación de empleo el último año. Y aquí va la perspectiva, de enero a agosto se han creado casi 461.000 empleos, en el los últimos doce meses la Seguridad Social sumó prácticamente 610.000 afiliados, van 43 meses consecutivos de aumento de la contratación indefinida y el porcentaje de temporales sobre el total de trabajadores es menor que en plena bonanza.


No te va a gustar - Dialogar con los catalanes, no con la Generalitat

06.09.17 | 08:42. Archivado en Fernando Jáuregui


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

Atribuyen a Churchill la frase "cuando quieras que algo no se haga, forma una comisión para hacerlo". No estoy seguro de que esta sentencia sea original del legendario "premier" británico -otros la atribuyen a Perón--, pero, en todo caso, es toda una muestra de ese cinismo que caracteriza a los políticos realistas: una comisión, como tal, significa un avance de diálogo. Pero quien, como parece ser el caso de Pedro Sánchez en su última deriva territorial, piensa que meramente con la formación de una comisión parlamentaria se va a arreglar el "problema Cataluña", me parece que va apañado. Sobre todo, cuando, dentro de unas horas, la Generalitat va a consumar el mayor desafío al Estado desde 1934, consolidando "legalmente" el referéndum secesionistas que se celebrará dentro de poco más de veinte días, al parecer ya sin remedio.
Estamos, pues, ante un supuesto de emergencia, y me parece que tampoco van a solucionarse las cosas con los llamamientos del responsable del PP en Cataluña, Xavier Albiol, prácticamente pidiendo para ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución que dejaría en manos del Gobierno central poderes amplios, e indefinidos, para actuar -pero ¿cómo?- en territorio catalán. Sigo pensando que el diálogo es necesario, pero quizá sea preciso efectuarlo más bien con los catalanes que con los representantes de la Generalitat y sus terminales, que son las que echan leña al fuego. De acuerdo: la sociedad civil catalana, esa mayoría casi siempre, y con afortunadas excepciones, silenciosa, apenas parece existir, está claramente atemorizada. O pasa muy mucho, porque sus simpatías hacia el Gobierno central son manifiestamente mejorables: tampoco "desde Madrid" se ha hecho todo lo posible, históricamente, por ser siempre simpático con el nacionalismo, que es un estado de espíritu. Ha habido más palo que zanahoria para tratar con la irracionalidad de más de un president de la Generalitat, y muchas miradas hacia otro lado ante la patente corrupción oficial de los no tan molt honorables.
No entiendo, por ejemplo, por qué se habla tanto del artículo 155 de la Constitución y no de otros, como el 152.2, que facultaría la celebración de un referéndum en Cataluña tras la reforma, para mejorar las condiciones de vida de los catalanes, del Estatut. Si la Generalitat no quiere negociar, de acuerdo: negóciese con las fuerzas políticas (y sociales) que quieran hacerlo. Propónganse cosas a la sociedad y si Puigdemont y Junqueras no quieren escucharlas, que sean ellos los que se responsabilicen y a quienes culpen los ciudadanos por llevarlos al precipicio. Creo que, además de hallarnos ante un problema, estamos ante la posibilidad de volver a "conllevar" el "caso catalán" durante bastantes años más. Pero, claro, para eso hacen falta ideas de mayor alcance que la de la comisión sanchista -que es un paso, oiga, aunque llegue tarde--, propuestas más ilusionantes que los silencios que llegan de Moncloa, fuerzas emergentes más imaginativas que la duda hamletiana de Podemos, que anda, para colmo, de crisis interna.
Sigo pensando que es necesario un "libro blanco" sobre Cataluña. Que recopile propuestas, futura aplicación de la legislación vigente en caso de incumplimientos sediciosos y también posibilidades de reforma de algunos aspectos de esa legislación vigente. Todo ello, junto con un catálogo de los incumplimientos, corruptelas sin cuento, trampas legales, mentiras y propagandas ficticias llevadas a cabo por la Generalitat de Catalunya casi desde su segunda restauración, en 1977. Pero, claro, "¿qué se puede hacer ante tanto aspirante a ser Companys?", me preguntaba un amigo barcelonés, bien conectado con la vida pública. Pues quizá eso: no sé si ya es tarde, pero ese "libro blanco" consensuado, que al parecer nadie prepara, debería contener también una rectificación de las muchas falsedades históricas que, durante años, se ha contado a los niños y a los mayores catalanes. Pero ya digo: quedan veinticinco días. Y, si John Reed mostró que en diez días se puede cambiar el mundo, alguien aquí tendrá que mostrar que en veinte se puede cambiar un estado de cosas que, por irracional, está llegando a ser surrealista.


Fermín Bocos - Qué hacer

06.09.17 | 08:42. Archivado en Fermín Bocos


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

¿Qué puede hacer el Gobierno? Es la pregunta del momento en relación con el desafío secesionista que se anuncia en Cataluña. Lo dramático del caso es que la gente de la calle nos lo pregunta a los periodistas. Como si, más allá del sanedrín de La Moncloa, alguien lo supiera. La discreción con la que el Gobierno ha ido siguiendo los pasos de los dirigentes separatistas dificulta cualquier pronóstico acerca de las medidas que tomará el Ejecutivo para impedir la celebración del referéndum del día 1 de Octubre. Todo son conjeturas. Si durante algún tiempo las cábalas giraban en torno a la aplicación o no del Artículo 155 de la Constitución -parece que Rajoy, si es que alguna vez contempló esa medida, vista la oposición del PSOE, la habría desechado-, ahora, de lo que más se habla, es de la Ley de Seguridad Nacional (2015).
Un instrumento que permitiría al Presidente del Gobierno, una vez declarado por decreto "una situación de interés para la seguridad nacional", obligar a cualquier autoridad del Reino a prestar los medios humanos y materiales que garanticen la aplicación de las medidas enunciadas en el decreto presidencial. Cabe suponer que una de esas medidas sería encomendar la dirección de la policía autonómica (Mossos d"Escuadra) al delegado del Gobierno. Sería la manera de liberar a los funcionarios de la presión a la que están sometidos por sus actuales mandos políticos enredados como están en el proceso separatista.
Ya digo que esta podría ser la respuesta del Gobierno al proceso de sedición. Pero no pasa de ser una conjetura. El Gobierno aguarda a lo que pueda aprobar el miércoles día 6 el "Parlament": primero el referéndum y al día siguiente la llamada "ley de desconexión".
Para los separatistas será el pistoletazo de salida a la cadena de insurgencias previstas. Y entre medio, la "Diada". Un 11 se Septiembre que los separatistas intentarán convertir en una demostración de fuerza con multitudes en las calles. Abocamos a una situación de vértigo que reclama por una parte firmeza y por otra prudencia. Conviene, pues, no perder los nervios.


Escaño cero - No es hora de pusilánimes

06.09.17 | 08:42. Archivado en Julia Navarro


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

Pedro Sánchez le ha propuesto a Mariano Rajoy la puesta en marcha de una comisión parlamentaria que estudie una reforma del Estado Autonómico y Mariano Rajoy que no quiere contrariar a Sánchez dado el problemón de Cataluña apoya la propuesta.
Vaya por delante que en mi opinión esa comisión debería de haberse creados hace mucho tiempo y que a esta comisión de estudio deberían de ser invitados expertos constitucionalistas y todo aquél que pueda aportar una opinión sobre la reforma del Estado.
Así que bienvenida sea esa comisión de estudio aunque me temo que en estos momentos para los independentistas catalanes sea poco menos que un brindis al sol.
Y es que por más que Pedro Sánchez se empeñe en aparecer como el hombre que tiene la solución al problema catalán lo cierto es que no lo tiene y habría que pedirle que se piense dos veces esas frases publicitarias que lo único que provocan es más confusión como el disparate de decir que "todas las naciones son España". No sé si la frase es de su cosecha o a la de algún "listo" de los que le rodean, pero se podía haber ahorrado tamaño despropósito.
Además no cabe llevarse a engaños. Ahora mismo el presidente de la Generalitat, Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras amen de sus socios de la CUP no tienen otra hoja de ruta que la de la independencia, de manera que cualquier propuesta que se les haga caerá en saco roto. Solo hay que escuchar a Puigdemont para comprobar a qué grado de desfachatez y perversión ha llegado como para decir que si no les dejan convocar el referéndum eso sería un "golpe de Estado".
En mi opinión ahora lo más importante es que el Gobierno sea capaz de dar una respuesta contundente al "golpe de Estado" contra la Constitución y el Estado que está preparando la Generalitat y para eso necesita el apoyo sin fisuras del PSOE y de Ciudadanos. Respecto a Podemos tengo pocas esperanzas de que deje de nadar entre dos aguas.
De manera que la responsabilidad de Mariano Rajoy es enorme, pero también la de Pedro Sánchez y Albert Rivera.
No es hora ni de pusilánimes.


Más que palabras - Ocho años, suficiente

06.09.17 | 08:42. Archivado en Esther Esteban


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

"Me encuentro en forma", fue la contestación de Rajoy, a la intención de Ciudadanos de limitar los mandatos de los presidentes del gobierno ocho años y que, de aplicarse el no podría repetir otro mandato. Albert Rivera, por su parte puso la pelota en el tejado de los otros partidos de la oposición. "Saldrá adelante con el apoyo del PP o sin él", dijo instando al PSOE y a Podemos a apoyarla "porque no valen mítines y luego impedir las reformas democráticas que necesita España".
Sea como fuere la iniciativa ya está en el Congreso. El partido naranja ha registrado en el Parlamento su Proposición de Ley para limitar el mandato del presidente del Gobierno y para sortear la posible inconstitucionalidad, han introducido un matiz desde su propuesta inicial: se podrá ser candidato a presidente aunque se haya gobernado 8 años, si han transcurrido cuatro años. Esto es, si, por ejemplo, Rajoy se aparta una legislatura, podría volver a ser presidente.
Me reconozco una firme partidaria de la limitación de mandatos, y no solo para la presidencia del gobierno sino para el ejercicio de cargos públicos donde, llegado el caso se podrían, eso sí, introducir algunas excepciones. De hecho España ya tiene experiencia con eso aunque no se hiciera por ley. Aznar y Zapatero limitaron voluntariamente su mandato a ocho años y existe la limitación en varias comunidades autónomas como en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Murcia sin que eso haya supuesto mayores problemas.
Limitar los mandatos en política hubiera evitado algunos de los bochornosos casos de corrupción que hemos conocido, donde los cargos públicos apoltronados en su sillón se han creído impunes para hacer y deshacer años y años a su libre albedrío. Una limitación así daría paso a sabia nueva para la política y esta dejaría de usarse como un seguro y confortable plan de empleo para toda la vida. La eliminación de los aforamientos, las listas abiertas, la limitación de mandatos entre otros son algunos de los métodos de limpieza de la vida pública que más aplauden los ciudadanos y por algo será. De hecho en las últimas encuestas encargadas por diversos medios de comunicación el porcentaje de españoles que defiende la limitación es altísimo, roza el 80 por ciento y en eso coinciden los votantes de todos los partidos.
Está claro que la reforma constitucional de ser necesaria, sería un importante obstáculo que en estos momentos, con el desafío de Cataluña en su momento más alto, no se podría sortear. Pero no está demás darle una vuelta a la modificación de la ley del gobierno que es por lo que aboga ciudadanos. Concretamente en su artículo 11 donde se puede introducir una nueva condición de ilegibilidad: "Para ser nombrado presidente del Gobierno se requiere, además de los requisitos del apartado anterior, no haber ostentado, de manera continua, el cargo durante ocho años, salvo que, desde el agotamiento del plazo, hubiese transcurrido otro de cuatro años. El agotamiento del plazo durante el desempeño del cargo, no será causa de cese", dicen.
Ciudadanos ha tomado como hoja de ruta para esta propuesta la modificación que hizo el Gobierno de Rajoy en 2015 en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración. Consideran que así, y con la introducción de una rebaja de la firmeza con la posibilidad de volver a ser candidato pasados cuatro años, sortean cualquier atisbo de inconstitucionalidad.
Sea como fuere es normal que en el PP existan recelos porque aunque a la ley no se le pongan nombres y apellidos de salir adelante Rajoy no podría volver a ser candidato y parece que es una forma rápida para laminar a un adversario. "No se permiten leyes con apellidos, pero es una ley aplicable y sólo hay que mirar cuándo empezó Rajoy a ser presidente y se encontrará la fecha de cuando incurriría en incompatibilidad" explicó Albert Rivera.
Como ha editorializado algún periódico estos días, ninguna proposición de ley debe correr el riesgo de ser interpretada ad hominem y aunque en ciudadanos niegan tal personalización, admitiendo la posibilidad de que Rajoy pueda concurrir de nuevo a unas elecciones tras pasar una legislatura en barbecho el objetivo de quitarle de en medio es claro y evidente. Por eso y para evitar suspicacias deberían de ser los propios partidos políticos, todos, los que en sus estatutos estipularan una limitación real de mandatos de tal modo que los cargos públicos supieran a qué atenerse desde el mismo momento en que tomarán posesión del sillón. Muchos políticos no saben lo que es ganarse la vida fuera de la cosa pública y eso es muy malo, no solo porque son incapaces de ponerse en la piel del ciudadano de a pie, sino porque le sitúa en un plano fuera de la realidad y se instalan en una especie de jaula de oro perjudicial para adoptar medidas que nos afectan a todos. Ocho años, dos legislaturas, es tiempo suficiente para mostrar lo que un político es capaz de hacer y, si no lo hace, mal asunto.


Domingo, 15 de julio

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