MADRID, (OTR/PRESS)
El Tribunal Constitucional hizo pública el viernes una sentencia en la que declaraba nulo el procedimiento utilizado por el gobierno en 2012 para poner en marcha una regularización fiscal o amnistía. El consejo de ministros aprobó esta medida por un Real Decreto-Ley cuando según el TC tendría que haberse aprobado por Ley. Inmediatamente desde el Ministerio de Hacienda se informó que la sentencia no cambiaba absolutamente nada, ya que no tendrá efectos económicos, ni afecta a las regularizaciones ya finalizadas ni a las que están en curso. En definitiva, que ni el ministro Montoro piensa dimitir y nadie se va a ver afectado, porque no se puede vulnerar el principio de seguridad jurídica.
Las explicaciones desde el Gobierno y desde Hacienda, y que muy probablemente son las mismas que aportará el ministro cuando comparezca en el Congreso según ha solicitado, ponen de manifiesto la merma de ingresos que había en 2012 y que se elevaba a 70.000 millones de euros. También, los espectaculares resultados que se registraron tras aprobar el modelo 720, por el cual todos los contribuyentes tenían que poner blanco sobre negro sus bienes, cuentas, acciones y demás que poseyeran en el extranjero. El gobierno insiste en que gracias a la regularización se ingresaron 1.200 millones de euros y se afloró un patrimonio de cerca de 40.000 millones de euros, cuatro puntos de PIB y en que al no ser un procedimiento anónimo ni opaco, los datos logrados están a disposición de la Agencia Tributaria.
Por supuesto, la publicación de la sentencia ha dado lugar a numerosas peticiones de dimisión y comparecencias y ha llegado en un momento en el que los españoles afrontan el periodo de la declaración de la renta, de mucha mayor sensibilidad con el pago de impuestos. Sin embargo, no parece que vaya a tener efecto político. Lo que sí queda claro es que ya ningún gobierno podrá aprobar una amnistía fiscal ni al estilo Montoro, ni al estilo PSOE, que a lo largo de sus años de gobierno aprobó nada menos que tres.
