MADRID, 3 (OTR/PRESS)
El gobierno ha aprovechado el día del gran debate sobre los Presupuestos del Estado para presentar el esperado informe que ha elaborado el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) sobre el almacén de gas Castor. El estudio, el tercero que se ha realizado, da por sentado que el proceso de inyección de gas en el subsuelo fue el causante de los cientos de pequeños seísmos que se produjeron en las costas de Castellón y Tarragona y que provocaran que el gobierno hibernara la plataforma en 2013. El Ministerio de Energía esperaba este informe para valorar la posibilidad de desmantelamiento de la plataforma y conforme a sus datos la conclusión es inquietante, porque existe tanto riesgo si se inyecta gas como si se extrae el ya almacenado.
Es decir, de momento la plataforma gasista seguirá allí, paralizada. Así que al monumental fiasco que supuso su construcción, a la indemnización de 1.700 millones que hubo que pagar a la concesionaria propiedad de ACS cuando el gobierno decretó la paralización de su actividad, a la previsible factura de 200 millones que costará, si alguna vez es posible, su desmantelamiento, habrá que seguir sumando otros 15 millones anuales que es lo que cuesta mantener el fantasma sobre el mar. Y rezando para que ningún fenómeno natural remueva esta bomba de relojería.
A estas alturas, preguntar quién pagará el fiasco es un juego retórico: lo harán en su factura los siete millones de clientes de Gas Natural, a razón de 80 millones anuales durante tres décadas. Pero sí que sería deseable que el procedimiento penal abierto en el juzgado de Vinaroz desde hace varios años y que ha pasado ya por las manos de cinco jueces se acelere a partir de este informe, se concluya en un plazo razonable y señale a los responsables. Al menos para que los paganos tengan de quién acordarse cada vez que les llegue la factura del gas.
