Fernando Jáuregui – El exiliado


MADRID, 24 (OTR/PRESS)

Comprendería bien que muchos lectores, asomados al abismo de las decisiones e indecisiones que afectan al ámbito de nuestra justicia, confesasen que no entienden gran cosa de lo que está pasando. Yo, que allá en la lejanía de los tiempos estudié algo de Derecho y he tenido, en el desarrollo de mi vida profesional, que seguir informativamente no pocas peripecias togadas, reconozco que tampoco entiendo mucho, aun respetando profundamente a la Justicia española, lenta pero segura. No caeré en la pedantería de entrar, cuasi lego como soy, en los complicados meandros jurídicos que han llevado a unas juezas técnicamente, dicen, impecables, a decidir lo inédito: que un condenado a seis años de prisión pueda eludirla, de momento, sin fianza y residiendo en Suiza, ante cuya justicia deberá presentarse una vez al mes.
Bueno, es la culminación de un proceso, el del «caso Noos», que afecta a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, que ha estado lleno de irregularidades y polémicas: peleas públicas entre juez instructor y fiscal del caso, filtraciones de sumarios, acusación particular en manos de una asociación gansteril, cuyos dirigentes están hoy en la cárcel, denuncia del defensor de la hija y hermana de reyes contra estos «acusadores», revelando que ofrecieron retirar su querella a cambio de dinero… No seré yo quien critique la sentencia que absuelve penalmente -no de la «pena de telediario», obviamente- a la infanta, y condena a su marido, el ex deportista Iñaki Urdangarín, a seis años de prisión. Si es que, tras el recurso al Supremo, la sentencia, dentro de más o menos año y medio, se mantiene, claro.
Mientras tanto, los Urdangarín podrán continuar residiendo en Suiza, que es país de acogida benévola para quien tiene el dinero suficiente. Al fin y al cabo, Victoria Eugenia, la bisabuela de la infanta, la desdichada esposa de Alfonso XIII, murió a finales de los sesenta en una especie de exilio más o menos dorado en Lausana, que es localidad cercana a Ginebra y bendecida por los aires del lago Leman. No diría yo tanto como que el no haber acordado la prisión provisional para el señor Urdangarín sea una decisión judicial escandalosa: al fin y al cabo, todos estamos contra el excesivo uso de una prisión que tantas veces ha derivado en el encarcelamiento de inocentes, una vez que las sentencias se hicieron firmes. Pero no acabo de compartir el razonamiento judicial, que viene a decir que, si usted tiene medios de vida suficientes y es persona de importancia bastante, no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Si es usted un robagallinas inadaptado, a la cárcel de inmediato. Si no ahí se queda usted con su pasaporte, su bicicleta y su lago Leman.
Así que no me extraña que los «cartoonist» se sobren en sus sarcasmos, contraponiendo los «palacios de Justicia» a la «Justicia de Palacio». Sin duda, la libertad de Urdangarín será impecable técnicamente. Pero es piedra de escándalo en la opinión pública, como todos hemos podido comprobar en la barra de cualquier bar o asomándonos a las implacables redes sociales. Mal servicio a la causa monárquica, por más que todos estemos convencidos de que Felipe VI, un gran rey, ha permanecido exquisitamente neutral en el extraño proceso que atendió a las trapisondas de su cuñado y de su hermana.
No me sorprende, por tanto, que el peculiar Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, el procesado «número dos» por el «caso Gürtel, se haya atrevido a declarar: «yo quiero ser cuñado del Rey», pidiendo para su defendido el mismo trato extra-carcelario que Urdangarín. Y, claro, no faltarán defensores de los recién sentenciados por el mal uso de las «tarjetas black» que reclamen ahora que sus patrocinados eludan igualmente la cárcel, y así no tendríamos a un ex vicepresidente del Gobierno tras los barrotes. Al menos, hay que insistir, de momento.
Creo que deberíamos aprender algunas cosas tras la escandalera surgida estos días por ciertas decisiones judiciales, que claramente no son proporcionales las unas con las otras, así como por ciertos nombramientos fiscales -el PSOE ha llegado a hablar de «purga» por parte del fiscal general del Estado, nada menos–, por ciertas designaciones como «imputados» -o «investigados- contra algunos políticos… Sin duda, el papel del juez instructor y del Ministerio Fiscal, así como el de fiscalías especiales, como la anticorrupción, habrían de ser revisados. Lo mismo que la figura, exclusiva para España, de la acusación privada. Y, ya que estamos, convendría acaso, atar algunos cabos sueltos en relación con el Tribunal Constitucional, constantemente cuestionado y despreciado en círculos políticos, por ejemplo en Cataluña, donde se avecina, aviso, el «proceso del año», el que se seguirá contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell. Todo eso, mientras los partidos mayoritarios discuten en secreto la composición de un TC sometido a demasiados vaivenes y componendas políticas: ¿quién lo presidirá, quién?

Demasiadas materias para una sola meditación. Y para un solo ministro de Justicia, claramente superado por todo lo que está ocurriendo, de Madrid a Murcia, pasando por Palma o Barcelona. Demasiadas cosas que no resulta fácil explicarse. Vivimos tiempos de carnaval, pero esto no es ninguna broma. Comprendo, ya digo, que muchos lectores digan que no entienden nada. Repito: yo tampoco, y compruebo que a muchos colegas, mucho más ilustres que yo, les ocurre lo mismo. Hasta puede que el señor Urdangarín tampoco entienda nada, y se esté felicitando por su inesperada buena suerte, que le convierte -ah, la tradición…– en un exiliado peculiar y afortunado en la bella Suiza.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído