MADRID, 20 (OTR/PRESS)
La polémica suscitada tras conocerse la sentencia del Caso Nóos, con la absolución de la Infanta Cristina de Borbón y la condena a seis años y tres meses de cárcel de su marido, Iñaki Urdangarín, puede ser analizada desde varios prismas, uno de los cuales, y no es el menor, se circunscribe al carácter cainita de una parte de la sociedad española, que siempre quiere más castigo cuando se trata de personajes públicos. Y este caso reunía todos los ingredientes para que aflorara ese aspecto al estar implicados, nada más y nada menos, que una hija y yerno del Rey emérito, que también son hermana y cuñado del actual Jefe del Estado, aunque este, por pura prudencia, decidiera hace tiempo marcar distancias y enfriar esa relación familiar.
Uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho es la Justicia, así, con mayúsculas. Se suele decir que ésta tiene que ser ejemplarizante, pero estaremos de acuerdo que antes de nada debe ser simplemente justa y si además consigue ese efecto ejemplarizante, bienvenido sea. La instrucción del Caso Nóos ha durado tiempo, se ha hecho con todas las garantías jurídicas y no hay ningún motivo para pensar que las tres magistradas que conformaban el tribunal no hayan sido absolutamente independientes a la hora de dictar la sentencia que han creído más justa ateniéndose a las diligencias practicadas, a las pruebas presentadas y a los testimonios y declaraciones realizados por los propios imputados y testigos durante el desarrollo del juicio.
Los ciudadanos pueden pensar que al tratarse de una hija del Rey se han podido producir injerencias por parte de ciertos poderes para conseguir la absolución de la Infanta. Algunos indicios puede haber al respecto, como por ejemplo la desafortunada declaración del actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando en una entrevista televisiva hace un par de años dijo aquello de que «a la Infanta le va a ir bien». O la reunión celebrada en el Palacio de la Zarzuela, desvelada en un libro sobre el Caso Nóos, y no desmentida, en la que el entonces Rey Juan Carlos, Rajoy, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, al parecer trataron sobre la forma de lograr que el Caso Nóos salpicara lo menos posible a la Infanta Cristina.
Es evidente que siempre quedarán sombras de dudas y de sospechas sobre si los denominados poderes del Estado han conseguido influir en la sentencia. Personalmente no lo creo, porque precisamente quiero creer, aunque a veces cueste, en la independencia del poder judicial y porque no acabo de entender por qué tres magistradas a las que no se les conoce ninguna afiliación ideológica ni política se iban a jugar su prestigio profesional dejándose influir a la hora de dictar la sentencia que ellas consideraban más ajustada a los hechos probados.
