MADRID, (OTR/PRESS) Los datos son severos. Cataluña no cuenta con apoyos europeos y tiene problemas internos de difícil resolución, pero sus dirigentes siguen empeñados en la desconexión, saltándose la ley. Ni siquiera Gran Bretaña lo puede hacer y el Brexit deberá pasar por el Parlamento y ser aprobado allí. Es posible que el Gobierno de Theresa May logre la mayoría necesaria, pero tendrá que cumplir la ley y actuar desde el reseto a la legalidad. Ya veremos, no obstante, si el Parlamento, en un ataque de cordura, deshace el lío que montó Cameron, aunque las relaciones estén rotas y sea casi imposible reparar el daño.
Dicen que dos no hablan si uno no quiere, pero es que, aunque quieran los dos, no hay posible encuentro si no hay coincidencia en lo que se quiere tratar. Y, sobre todo, si la petición de diálogo se trufa con actos que desmienten esa pretendida voluntad. La presencia en Bruselas del presidente Puigdemont -presidente por poco tiempo y seguramente sin posibilidad de que ningún «convergente» repita- ha sido un fracaso político absoluto, porque ninguna autoridad europea ha accedido a recibirle ni ha acudido a la «masiva» conferencia dada por Puigdemont en el Parlamento europeo. Reunir a cerca de 500 personas en Bruselas no está mal, pero sólo había una docena de eurodiputados de a pie, lo que hace suponer que ni los independentistas de otras latitudes acudieron o que el independentismo goza de mala salud en Europa.
Simultáneamente, el conseller de Justicia de la Generalitat, acompañado del fiscal jefe de Cataluña y de un fiscal de apoyo, visitaba al fiscal general del Estado, a petición del primero, en puertas del juicio a Artur Más. Mundó le dijo a Maza que los juicios del 9-N son un error y Maza le respondió que su papel es defender la legalidad. A mí, lo he dicho, me parece imprescindible el diálogo, pero imaginen ustedes lo que hubiera pasado si hubiera sido el fiscal general el que hubiera citado al conseller para hablar del juicio. Hay que hablar con Cataluña en Catalluña y hay que hablar de Cataluña en el resto de España. Demonizar Cataluña es un grave error porque ni la mayoría de los catalanes quiere la independencia ni la mayoría de los españoles queremos que Cataluña se borre de España. Pero Cataluña tiene muchos problemas políticos, económicos, sanitarios, sociales que esta carrera hacia el abismo está ocultando: se acelera la fuga de empresas; la Generalitat es incapaz de financiarse y pagar a sus proveedores sin el dinero que recibe generosamente del Gobierno español; el caos sanitario y político cerca al Ayuntamiento de Barcelona, que saca adelante sus presupuestos para evitar unas nuevas elecciones; la vieja Convergencia será un partido testimonial en breve y Artur Más una reliquia del pasado. Los ciudadanos no tienen la culpa de lo que está pasando y el Gobierno de España está obligado a hacer algo más y a explicarse mejor. Y los catalanes, sobre todo los que no están de acuerdo, deben alzar su voz, aunque no les dejen.
