MADRID, 27 (OTR/PRESS)
De aquellos polvos han venido estos lodos. Lo que ha ocurrido durante estos días en Barcelona, con varias noches de contenedores quemados y destrozos importantes, es la prueba de fuego de que un asunto mal gestionado por un político, un parche puesto deprisa y corriendo para quitarse de encima un asunto que le quema en las manos, sobre un tema conflictivo, al final se vuelve contra todos y los «paganini» somos los de siempre: los ciudadanos… Muchos criticamos que el anterior Consistorio convergente encabezado por Xavier Trías pagara al propietario de un local «okupado» un alquiler de ¡nada menos!, 5.500 euros mensuales para así poner sordina a la ocupación y quitarse un marrón que llegó con la presión del recuerdo aún
caliente de lo ocurrido en Can Vies.
La actual alcaldesa, Ada Colau, se ha encontrado con esa herencia envenenada y ha acertado suspendiendo la irregular subvención del equipo de Trías. Según ha publicado El País el contrato de alquiler que firmó el ejecutivo del ex alcalde de Barcelona, con la propiedad del Banco Expropiado del distrito de Gràcia explicitaba textualmente que el local estaba ocupado y que el acuerdo de alquiler se realiza «ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionará disturbios y altercados». También estipulaba que el Ayuntamiento se hacía cargo, además del alquiler, de todos los gastos del local: IBI (más de 3.000 euros anuales), tasa de basura, derramas de la comunidad (132,35 al mes), e incluso desperfectos si los hubiera. Por si fuera poco corrían, igualmente, a cargo del consistorio «el consumo de todos los suministros que se midan por contador», además de cualquier reparación. En resumen ¡un pastizal! de esos que se pagan cuando uno dispara con pólvora del Rey y se suma al coro irresponsable de los que piensan que el dinero público no es nadie. Tal vez por eso la Fiscalía de Barcelona anunció que ha abierto una investigación a Trías por un delito de malversación de caudales públicos, por mucho que el ex alcalde se desgañite, erre que erre, insistiendo que el contrato se ajustó a derecho y se firmó pensando en el interés general.
Sea como fuere los disturbios han convertido a las estrechas calles de Gracia en un polvorín que ha dejado 33 heridos entre agentes y manifestantes e importantes destrozos en escaparates y mobiliario urbano, por no hablar de la polémica desatada entre los propios vecinos a favor o en contra del desalojo. Eso de puertas adentro, porque de cara al exterior en lo, que se refiere a la imagen de la ciudad lo que faltaba era el mensaje que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado a sus ciudadanos, a los que les pide evitar «inmediatamente» el barrio de Gràcia debido al «enfrentamiento» entre los manifestantes y la policía. De esta manera la Ciudad Condal, en opinión de los yankis se sitúa al nivel de países con una situación política inestable como Brasil. Está claro que esa consideración es una barbaridad pero ¡lo que faltaba para el duro!.
