MADRID, 20 (OTR/PRESS)
La decisión de los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE , de dar el visto bueno a la primera operación militar comunitaria para combatir a las mafias que trafican con personas, es una cuestión polémica y complicada que tardará en ver la luz por las muchas incógnitas que plantea. Sólo hay que ver la reacción y el desacuerdo que se produjo, cuando hace apenas un mes, se decidió destruir los barcos que usan los traficantes lo cual para muchos roza la ilegalidad y de hecho Rusia ya manifestó que la idea de terminar «hundiendo o bombardeando navíos» va mucho mas de lo aceptable. Por eso ahora ya no se habla de destrucción sino de dejar no operativas las embarcaciones rompiendo sus motores, fórmula que genera menos rechazo aunque ya veremos en que queda..
Europa es un club curioso que suele reaccionar tarde y mal a los asuntos, porque lejos de ir acompasados en buscar soluciones a problemas que afectan a todos cada uno suele hacer de su capa un sayo. En este tema el asunto se llama entre otras cosas, Libia un auténtico avispero, un país dividido por una cruenta guerra civil, sin una voz con la que negociar con lo que cualquier intervención para abordar, buscar o retener embarcaciones sospechosas aunque sea en alta mar y aplicando la ley internacional no resulta fácil.
Sea como fueren al margen de si al final se logra o no sacar adelante el asunto, el ministro español ha puesto sobre la mesa el criterio que se está planteando en el plan de cuotas para acoger a los refugiados que huyen de la guerra y de situaciones terribles. Los factores que se manejan incluyen el tamaño de la Economía, la población, la tasa de paro del país de acogida y los esfuerzos en materia de inmigración y de asilo. Según García Margallo estos dos últimos factores están infraponderados por lo que a España le correspondería dar asilo a menos emigrantes de los que al gobierno le parece justos. Ha sido decir esto e inmediatamente se han alzado voces, con mucha carga de demagogia, recriminando al ejecutivo que regatee en un asunto como éste, cuando se trata de asilados. Es más, antes de saber de qué estamos hablando se ha hecho un juicio de «insolidaridad» como si en nuestro país no supiéramos muy bien la soledad que se siente cuando siendo la puerta de la inmigración ilegal en Europa, nuestros vecinos lo plantean casi siempre como una cuestión resolver de puertas adentro.
España es un país solidario que jamás se negaría a afrontar la cuota parte de responsabilidad que le toca en un asunto tan sensible. Esa es un cosa y otra muy diferente es que el gobierno no deba tener en cuenta que los factores que se decidan para repartir la cuota de los refugiados no sean equitativos y acordes a la situación de cada país.
Todavía estamos lamiéndonos las heridas del famoso efecto llamada, que produjo la política de puertas abiertas de Zapatero, y que al final se ha saldado con que muchos de los inmigrantes que vinieron pensando que España era un «paraíso de leche y miel» han tenido que volver a sus países de origen, más decepcionados y en algunos casos más pobres de lo que llegaron. El tema de la inmigración es una de esas política de estado que debería despojarse de las miserias partidistas y tanto si se trata de abordarla a nivel nacional como de consensuar con los países de la UE la postura debería ser común y todo lo consensuada posible entre los distintos partidos. Si la «brocha gorda» no es recomendable para dibujar estrategias en casi ningún asunto, en este se necesita un pincel fino y un trazo uniforme para no emborronar demasiado las cosas y atender de verdad las necesidades de estos seres humanos tan vulnerables para que la final, unos por otros, no vaya a ser que se les deje desprotegidos o lo que es peor abandonados a su suerte
