MADRID, 26 (OTR/PRESS)
¡Qué verdad es que no hay más ciego que quien no quiere ver, ni sordo que quien no quiere oír!. Eso es exactamente lo que ha vuelto a hacer Artur Más cuando la Justicia le ha puesto en su sitio, una vez más, a cuenta de la farsa del referéndum. El Tribunal Constitucional por unanimidad acordó declarar inconstitucional y por tanto nulos tanto el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9N, como la ley autonómica que pretendía servir de cobertura. La deliberación sobre el recurso que había presentado el gobierno central le llevo a los magistrados exactamente 30 minutos por lo que la cosa legal, como era previsible, estaba meridianamente clara y no era objeto de polémica.
Todos sabíamos que era una falso referéndum y que no es competencia de las comunidades autónomas formular consultas que incidan sobre cuestiones fundamentales que están resueltas ya en el proceso constituyente. También sabíamos que la consulta, por lo tanto, estaba vulnerando las competencias del Estado «al haber convocado un referéndum si la preceptiva autorización estatal y sin seguir los procedimientos y garantías constitucionalmente exigidos» como afirman en su resolución los magistrados.
Lo sabíamos nosotros y lo sabía, perfectamente, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que se puso las orejeras y tiró para adelante, a sabiendas, que lo que estaba realizando era un acto ilegal. Sabía muy bien que aquello era un simulacro de referéndum, una pantomima sin garantías de ningún tipo y por eso en esa trampa no cayeron las mayoría de los catalanes. Y la trampa, la farsa, la pantomima no acaba ahí. Anteayer mismo el president vio, otra vez, en esta sentencia que es inequívoca y clara como el agua, una oportunidad para calentar el ambiente. Aprovechó un acto en el círculo de economía de Barcelona ante unos 200 empresarios -que por cierto se habían mostrado muy críticos con su deriva soberanista- para advertir que la anulación del TC deja las elecciones autonómicas del 27-S» como único camino democrático y legal para consultar a los catalanes, ante un estado que quiere que Cataluña se diluya». Otra falsedad más.
La convocatoria de elecciones en Cataluña, que ha batido todos los récords, es simplemente la prueba palpable de su fracaso político. Durante el tiempo que lleva gobernando ha puesto a Cataluña al borde del abismo, ha conseguido una gran desconfianza de los inversores extranjeros, con nefastas consecuencias económicas y de desarrollo, dividido a la sociedad catalana, a su propio partido y, lo que es más importante, le ha hecho la campaña a ERC que, sin despeinarse, ni moverse un ápice de sus posiciones de siempre, al final le va a comer la tostada a CiU en las elecciones.
Se puede interpretar como se quiera, pero la resolución de los magistrados viene a dar la razón al gobierno de Rajoy que, a través de la abogacía del Estado, recurrió los pasos dados por la Generalitat para convocar el referéndum: «es muy importante que los gobernantes cumplamos la ley. Hay procedimientos para reformar la Constitución: ponganlos en marcha si se atreven» dijo Rajoy durante el Debate del Estado de la Nación, emplazando a los nacionalistas a transitar por el camino de la legalidad parlamentaria.
La decisión del Constitucional ha puesto contra la cuerdas a Artur Mas y por mucho que no vea ni oiga, la legalidad y la verdad es tozuda y le pasará una altísima factura política con altos intereses. Además como telón de fondo de la desvergüenza y la falta de ética y dignidad sólo echar un vistazo a las bochornosas explicaciones que esta dando Jordi Pujol y su familia en el Parlamento catalán sobre el origen de su fortuna. Su esposa -y seguramente autora intelectual de algunas de las mangancias familiares- llegó a decir poco menos a que Cataluña era ella y su familia para defender una honorabilidad que ya no se les supone. El régimen nacionalista se ha envuelto demasiado tiempo en la bandera para llenarse la cartera y hay que desenmascarar de una vez por todas toda esa farsa. Ni cuela ya el víctimismo, ni cuela ese patriotismo de «quita y pon» que se llevaba el dinero fuera de Cataluña para no contribuir con sus impuestos al bienestar de los catalanes que dicen representar. Esa es la prueba evidente de que todo ha sido atrezzo. Ahora ¡a cumplir la ley, y que todo esto no quede impune!.
