MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Ritá Barberá se cubrió de gloria con un pregón estrafalario en la Crida, el acto que abre el mes de celebración de las Fallas, las fiestas por excelencia en la ciudad de Valencia. Ella se ha disculpado y dice que se quedó en blanco, pero la verdad es que, por ignorancia, lapsus concatenados o por la confluencia de otras circunstancias desconocidas, llenó su discurso de palabras y giros que destrozaban el idioma de su comunidad. Durante estos días las redes se han llenado de chascarrillos y bromas sobre el caloret de la alcaldesa de Valencia, pero pasado el tsunami del chiste queda la reflexión profunda sobre si un responsable político que gobierna una institución en una comunidad con una lengua cooficial propia tiene el deber no ya de cuidarla sino de conocerla y hablarla con corrección.
El sentido común diría que sí. Pero curiosamente el uso de las lenguas oficiales reconocidas en España no gozan del mismo tratamiento. Si la Constitución del 78 impone el deber de conocer el castellano, lengua oficial del estado, el estatuto de la Comunidad Valenciana sólo reconoce el «derecho» a utilizar y usar el valenciano, pero no impone la obligación de conocerlo a pesar de ser lengua propia y oficial en esa comunidad. Esta disparidad tiene una lógica porque cuando se aprobó el estatuto en 1982 el conocimiento de esta lengua no era generalizado en la comunidad. Pero han pasado 33 años, un par de generaciones de ciudadanos lo han aprendido en la escuela y la Administración autonómica impone el conocimiento de la lengua a cualquier funcionario que quiera pasar una oposición.
No creo que haya necesidad de reformar el estatuto para imponer a los representantes públicos la obligación de saber su lengua propia. Como no es necesario reformar la Constitución para establecer que quien aspire a ser presidente del gobierno debe saber leer y escribir, aunque no lo establezca la ley de leyes porque, sencillamente, lo da por supuesto a estas alturas de la historia. Rita Barberá ha tenido 24 años para perfeccionar su valenciano desde la alcaldía. Y gobierna en una comunidad que con frecuencia, para afirmarla, denuncia una doble presión contra su lengua: la del castellano y la del catalán. Ella sabe perfectamente que debería saber o que, no sabiendo, debería haber aprendido. Y como tal vez sea tarde para que lo haga, quizá sólo cabe pedirle que al menos no destroce la lengua intentando hablarla de cualquier manera, haciendo un ridículo impropio de un representante institucional.
