MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Los hechos son tenaces. Artur Mas ha cruzado el Rubicón. Los tribunales, la vía jurídica a la que el Gobierno de España estaba obligado a recurrir tras haber convocado el presidente de la «Generalitat» de Cataluña un referéndum ajeno a sus competencias será suficiente para parar el desarrollo material de la consulta convocada, pero no será bastante para resolver el problema político de fondo. El que se deriva de que una parte de los catalanes no quieren seguir siendo españoles. Los políticos que durante una generación han estado incendiando la imaginación de la gente con la fantasía de un «pueblo agraviado», una «nación maltratada» por un Estado madrastra y una comunidad expoliada por una «España que nos roba», han conseguido reclutar a una parte de la población para su proyecto secesionista. No hay verdad, ni matices en semejantes acusaciones, pero hay que reconocer que han cuajado. Es mucha la gente que ha comprado esta mercancía nacida de la propaganda nacionalista entregada durante años a la sistemática deformación de la realidad. Y, lo que a mi juicio todavía es más inquietante: han conseguido que su causa esté ungida de épica, de emociones por encima de las razones. Así lo vi el pasado día 11 de septiembre en las calles de Barcelona el día de la «Diada».
Frente a semejante fenómeno, lo que podríamos llamar la «parte contraria» -quienes respetan la Constitución- oponen la razón, el recordatorio de que las leyes se pueden cambiar pero hay que seguir un camino cuyo primer paso es acatarlas. Justo, pero frio. No hay épica en un recurso ante el Tribunal Constitucional ni en un dictamen del Consejo de Estado. En el registro de la épica los separatistas llevan ventaja. Es tarde para lamentar los errores cometidos por los dos grandes partidos constitucionalistas (PP y PSOE), ambos han gobernado España y ninguno quiso cambiar la Ley Electoral que ha sido el instrumento sobre el que los minoritarios partidos nacionalistas, en el caso de Cataluña (CiU y ERC) pudieron construir el andamiaje que tras treinta años les ha permitido levantar el edificio de poder sobre el que quieren fundar la independencia de Cataluña. Este largo proceso de años se aceleró tras la frivolidad de Rodríguez Zapatero al estimular el nuevo «Estatut» que pedía un Pasqual Maragall ya en velocidad de crucero hacia la pérdida de contacto con la realidad. Pero aquello ya es leche derramada. El Consejo de Estado se ha pronunciado en contra del decreto firmado por Artur Mas que fija la consulta para el 9N y otro tanto cabe esperar del Tribunal Constitucional. A partir de ahí, se abrirán cuarenta días de tensión. Cabe esperar que también sean días de política. De intentar que sea la política la que enderece lo que los partidos han torcido primando sus intereses partidistas y mirando hacia otra parte cuando el «Govern» de Cataluña incumplía leyes que a todos obligaban. Desde el 23F, no habíamos vivido otra igual.
