MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Hay una cosa en la que tiene razón Artur Mas. Razón formal, se entiende. No de fondo. Me refiero a sus alusiones a la legalidad de su doble decisión: fletar una ley de consultas en el Parlament y convocar una consulta a los catalanes al amparo de dicha ley. Esa doble decisión nos depara un doble recurso del Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional. Y ese doble recurso produce la suspensión inmediata de ambas decisiones (cinco meses, de momento, según el artículo 161 se la Constitución Española). Cierto. Pero una y otra decisión serán «legales» mientras el alto tribunal no diga lo contrario.
Hasta ese momento es formalmente correcto, desde el punto de vista legal, que el presidente de la Generalitat se remita al artículo del Estatuto de Autonomía que le faculta para convocar consultas no vinculantes. Lo que se pasa por el arco del triunfo es la limitación al ámbito de las competencias autonómicas. Y es evidente que no es competente para consultar a los catalanes en asuntos que afectan a la soberanía nacional. Lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional en una sentencia de obligado cumplimiento.
O no, dirán Mas y sus costaleros. Tienen razón formal, pero no la tienen de fondo porque las previsiones instrumentales y doctrinales de las que dispone el Estado para frenar la aventura rupturista pilotada por Artur Mas están clarísimas. Básicamente, en los artículos 1 y 2 de la Constitución (las doctrinales) y en articulo 161 (las instrumentales), amén de la propia doctrina del alto tribunal, que ya dijo en septiembre de 2008 que preguntar a la población sobre una hipotética independencia de una parte de España, aunque fuese con carácter no vinculante, afecta al fundamento del orden constitucional vigente y eso solo puede hacerse a través de una reforma de la Constitución en la que decidan todos los españoles.
Por tanto, Más seguirá alimentando la expectativa del convocado referéndum del 9-N, con la excusa formal de estar amparado por una ley autonómica. Y los que creemos que su desafío al Estado es un despropósito estaremos pidiendo que el Constitucional se pronuncie lo antes posible. En este tiempo de espera que se acaba de abrir con los recursos del Gobierno, los impulsores del desafío trataran de contraponer las movilizaciones callejeras a la legalidad invocada por el Gobierno de la Nación.
Entretanto, quedan flotando en el aire las palabras de Jordi Pujol padre en el Parlament, donde nada explicó sobre el origen, destino y cantidad de la fortuna familiar. Negó ser un político corrupto y a hacerse el ofendido. Eso sí, insistió en que todos sus recursos los puso al servicio de la causa catalanista. Literalmente, a «fer pais». Pero la lógica depara conclusiones demoledoras si relacionamos los orígenes de la causa con los orígenes de la fortuna. Como dijo el socialista Miquel Iceta, «su confesión ha extendido una densa sombra de sospecha, tóxica e insoportable, que ha perjudicado la credibilidad de la política catalana».
