MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Según el juez instructor del llamado caso Nóos, José Castro, que parece haber adoptado el papel del fiscal, sobran indicios de carácter delictivo para sentar a la Infanta Cristina en el banquillo de los acusados.
Según el fiscal del caso, Pedro Horrach, que parece haber adoptado el papel del defensor, esos indicios racionales de criminalidad sólo existen en la mente predispuesta del juez.
En su recurso de apelación contra el auto del juez Castro el fiscal también acusa a este juez de «convertir en sospechoso lo cotidiano», basarse en «conjeturas», «insinuaciones» y «juicios de valor», dejarse contaminar por la «influencia de los medios de comunicación» y, en fin, confundir sus funciones de juez con las de las partes acusadoras.
Estas tesis del fiscal parecen denunciar una actitud prevaricadora del juez, cuando además se habla de predisposición a considerar culpable a la infanta Cristina o se atribuye al juez la voluntad de instalarse en la ficción porque «la realidad no vende». Todo lo cual me parece gravísimo. Sin embargo, la actitud del fiscal no parece escandalizar a nadie y, además, anda sobrada de adhesiones.
A esas tesis se apuntan quienes, empezando por el propio fiscal, creen que la hija del rey que abdicó, doña Cristina de Borbón, está sufriendo una penalización suplementaria «por ser quien es».
Pero creo que nada de eso puede deducirse de un auto (el de transformación en procedimiento abreviado, dictado el miércoles pasado) que es minucioso, riguroso, bien documentado y con una bien expuesta fundamentación jurídica. ¿Cómo puede afirmar el fiscal y sus seguidores que del auto del juez Castro no se desprende ninguna acusación concreta? Quien no vea esas acusaciones es que no las quiere ver, pero están claras y perfectamente referenciadas a los artículos del Código Penal que contemplan los comportamientos descritos por el instructor.
Y ahí se ve que acusa a la infanta de colaborar con su marido en la comisión de dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales, siendo consciente de la procedencia delictiva de los fondos y de que la sociedad familiar, Aizoon, al 50% con Iñaki Urdangarín, era una caja registradora del matrimonio para quedarse con dinero público obtenido de forma fraudulenta y, además, un montaje artificial para engañar al Fisco.
Con la presentación del recurso del fiscal Horrach, la pelota queda los pies de la Audiencia de Palma. Vale. Entretanto, los españoles no dejan de opinar en el plano moral. Cuando los seguidores del fiscal dicen que la Infanta ya ha sido condenada, tal vez tienen razón pero solo en ese terreno de lo ético y lo estético donde, por si se nos ha olvidado, también ha sido condenada por su propia familia, al retirarla de la agenda oficial de Zarzuela.
En el plano técnico, sin embargo, no hay otra que respetar el principio de presunción de inocencia. Un tribunal tendrá la última palabra si finalmente se acaba produciendo la apertura de juicio oral contra doña Cristina.
