MADRID, 14 (OTR/PRESS)
Al final resultó ser una tormenta de verano en plena primavera. La llamada «crisis de los okupas», que aparentemente ha puesto al borde de la ruptura el pacto de izquierdas que rige los destinos de la Junta de Andalucía, ha sido, o está siendo en la medida de que seguimos discutiendo sobre la salud de dicho pacto, una ocasión de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de fondo. Me refiero a los millones de personas que se han quedado sin casa en estos últimos años (400.000 desahucios desde que comenzó la crisis), mientras el censo de viviendas vacías ronda los tres millones y medio.
Las penuria económica de una familia no es razón suficiente para mandarla a vivir debajo de un puente o empujar a sus miembros hacia la exclusión social. Por razones humanitarias, por supuesto. Y también por razones legales. El imperativo está inscrito en el sentir colectivo de la sociedad española y en el texto de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
Sin embargo, la atención parece haberse centrado exclusivamente en el desenlace político, que ha venido a ser un suma y sigue del gobierno de la izquierda en la Junta de Andalucía. Las aguas volvieron a su cauce cuando los responsables del PSOE e IU encontraron una solución salomónica al problema, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político. A saber: una parte (PSOE) admite que el realojo de ocho familias expulsadas de la Corrala «Utopía» fue una emergencia, y la otra (IU) acepta que las listas de espera deben respetarse, en orden al cumplimiento de los principios de legalidad e igualdad de oportunidades. De las veintidós desalojadas por orden judicial de un edificio de Ibercaja en Sevilla, se realoja a ocho, mientras nueve se ponen a la cola y cinco renuncian porque su grado de indigencia no les da para acceder a una de estas viviendas sociales de propiedad pública.
En cuanto al tema estrictamente político, nada cambia en la gobernación de Andalucía. Era absurdo especular sobre una ruptura del pacto de gobierno y consiguiente adelanto electoral en plena fase de consolidación institucional y política de Susana Díaz, en vísperas de los comicios europeos y cuando está a punto de abrirse el melón de las elecciones primarias entre aspirantes socialistas a la Moncloa. De modo que se han impuesto los intereses de Rubalcaba y Susana Díaz, asimilables a objetivos de estabilidad y continuidad.
Mi impresión personal es que de este culebrón político la que sale reforzada es la presidenta, Susana Díaz, porque su inequívoca apuesta por la legalidad, frente a quienes creen que el problema de la vivienda se resuelve con patatas en las puertas de viviendas vacías, le ha hecho ganar en peso y en centralidad. Favor que le han hecho sus socios de IU.
