MADRID, 12 (OTR/PRESS)
No teníamos noticias de las querencias integristas de Alberto Ruiz Gallardón cuando era el caballo blanco de algunos progresistas de salón. Su empecinamiento en promover una ley de interrupción del embarazo que deja a España fuera de Europa ha terminado por implosionar el PP.
Según el estudio de Metroscopia publicado ayer por el diario El País, el PP perdería la mayoría en unas elecciones generales a favor del PSOE. Y el determinante de este, todavía, incipiente vuelco electoral, sería la caída en picado de la valoración de Alberto Ruiz Gallardón. El ministro de Justicia tiene el mérito de ser el peor valorado del ejecutivo y arrastra a su partido hacia el abismo con el nuevo proyecto de interrupción del embarazo.
La pretensión de que la nueva ley del aborto cohesionaría al electorado más conservador del PP, choca con una realidad alimentada por las discrepancias internas de dirigentes significados que se han manifestado públicamente en contra de la ley de Gallardón. Esta vez, ponerse de perfil y desentenderse de un proyecto que él mismo ha aprobado, no le ha servido al presidente del Gobierno. La marea de la ley del aborto arrastra al Gobierno en su conjunto.
Nada menos que el 68 por ciento de los votantes del PP quieren que las mujeres sean quienes decidan sobre la interrupción o no de su embarazo. Y la exclusión del supuesto de malformación del feto tiene un rechazo generalizado.
La ley Gallardón tiene otros efectos colaterales. Ha escondido la pretensión de recuperación económica que era el banderín de enganche para el 2014 de la recuperación de intención de voto del PP.
Ante las próximas elecciones europeas, el panorama del partido en el Gobierno empieza a ser preocupante. Porque además, la movilización presumible contra la Ley del Aborto permitirá al PSOE tener una bandera concreta, tangible y popular para su recuperación electoral. Algo de lo que carecía hasta que Gallardón destapó esta caja de truenos.
La situación tiene mal arreglo para el PP. Gallardón se ha comprometido públicamente a no tocar el proyecto de ley. Y su retirada o aplazamiento sería interpretado como una debilidad y una victoria de la oposición.
El mal cálculo del Gobierno, pretendiendo que el retroceso en derechos de las mujeres iba a ser apuntalado por una mayoría católica, ha chocado con la realidad de una sociedad española mucho más liberal que los dirigentes populares que han impulsado la ley.
A Rajoy se la han complicado las cosas en un escenario en que el final del terrorismo de ETA puede convertirse en otra pesadilla añadida al reto del independentismo catalán.
