Los colectivos defensores de la vida acaban de llevar un alegrón, tras el esperado anuncio de la derogación de la actual ley del aborto que reza en el Código Penal como “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, un regalo del Gobierno de Zapatero a los médicos abortistas para dotarles de seguridad jurídica y evitarles verse involucrados en procesos penales, como el famoso del doctor Morín, el de las trituradoras; también fue una vuelta de tuerca en la implementación del feminismo de género que preconiza: aborto a petición, sexo libre –incluso en la infancia— y la desaparición del matrimonio y la familia; y por último, un paso más en la instauración del laicismo radical, la ideología del nuevo paradigma gnóstico, que animaliza al ser humano y le priva de empatía, al tiempo que lo hace más sumiso y vulnerable, con menor capacidad de discernimiento.
No se puede entender la redacción y promulgación de esta ley sin analizar la configuración del funesto gobierno socialista que martirizó a España durante casi ocho años. Zapatero dejó muy claro a su llegada al poder que no venía a gobernar sino a transformar la sociedad. Por ello, sus gabinetes estuvieron cobijados bajo el paraguas del feminismo de género. Sin De la Vega, Jiménez, Chacón, Pajín, Aído o Zerolo, bien intoxicados por el veneno corrosivo de los ideólogos de la Cultura de la Muerte, no hubiera podido llevar a cabo tanta “desfeita”, con la anuencia, claro está, del resto de los socialistas llamados serios e incluso de los históricos. “Ista, ista, ista, Zapatero es feminista”, rezaba el estribillo de los faranduleros corifeos del ejecutivo mesiánico que pretendió cambiar el mundo, para mal. Para ello fue necesario activar un proyecto de ingeniería social que a manera de berbiquí fue horadando conceptos e instituciones a lo largo de casi dos legislaturas. El relativismo que ya asomaba tímidamente, se instaló en las instituciones y penetró en los hogares dispuesto a quedarse. El resultado fue un deterioro moral aún difícil de cuantificar.
La ley se promulgó sin debate previo, y solo se contó con la opinión de un comité de “expertos”, una especie de minilobby movido por intereses de los promotores de la Cultura de la Muerte, médicos propietarios de clínicas abortistas incluidos. A pesar de la falta de consenso en el Parlamento, de la fuerte oposición ciudadana y el manifiesto firmado por trescientos científicos defensores de la vida desde el momento de la concepción, la ley se promulgó. Así, el aborto, tipificado como DELITO hasta entonces, se convirtió en un DERECHO fundamental de la mujer y al nasciturus se le arrancó el derecho natural a la vida, por tratarse simplemente de “un ser vivo, pero no humano”, Bibiana Aído dixit. A partir de ahí, las clínicas abortistas tuvieron el campo libre para actuar con toda impunidad. Al amparo de la ley se dio muerte a más de cien mil niños no nacidos por año, sin contar con las causadas por la píldora del día después, fármaco abortivo, utilizado como anticonceptivo, gracias también a los socialistas.
El Gobierno acaba de anunciar que defenderá el derecho a la vida “con una reforma de la ley del aborto que se inspirará en la defensa del derecho a la vida, según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional”. El comunicado nos hace concebir una esperanza moderada. Digo moderada porque la sentencia 116/1999, de 17 de junio de 1999 del Alto Tribunal establece que “… los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución”. A esto hay que decir que si el actual ordenamiento constitucional no garantiza el derecho del no nacido, habrá que acometer reformas más profundas. Recordamos las palabras de Ana Pastor durante la campaña, cuando aludió a la derogación de la ley del aborto “porque es suficiente la anterior”. Estas palabras y el reciente comunicado nos invita a estar muy alerta, porque todo parece indicar que volveremos a la ley de 1985, una reforma del artículo 417 bis del Código Penal, que despenaliza el aborto en tres supuestos: peligro para la salud de la madre, violación y malformaciones del feto. En ese caso hay que exigir a los órganos de control del Gobierno que sean exhaustivos en la vigilancia del cumplimiento de la ley, porque aun no estando de acuerdo con ninguna excepción en lo tocante al derecho a la vida, si la ley se cumple estrictamente, el número de abortos será mínimo, pues solo en muy contadas ocasiones podrá practicarse. Hay que vigilar que no se produzca el fraude de ley en la aplicación del primer supuesto, que a lo largo de un cuarto de siglo imperó en España, llegando a constituirse nuestro país en paraíso del aborto. Otra medida que exigimos los defensores de la vida es la retirada por vía de urgencia de las subvenciones a todas las clínicas abortistas. No viene mal recordar que algunas Comunidades autónomas, como Murcia y Galicia han elaborado leyes que protegen al no nacido desde el momento que manifiesta su existencia. También es importante la implementación de políticas de adopción, que incluye una pedagogía dirigida a la mujer gestante que no puede asumir una maternidad en ese momento. Concienciar de que ese niño, puede vivir muy feliz al lado de unos padres adoptivos.
Al decir que el número de abortos será mínimo si se aplica la ley, me refiero a que es excepcional que un embarazo ponga en peligro la salud de la madre. Todo lo contrario que el aborto, que sí produce gravísimas secuelas enmarcadas en el denominado Síndrome Postaborto (SPA), de difícil erradicación. En cuanto a los embarazos por violación, hay que decir que solo suponen un 0,3% de la casuística. El aborto por posibles malformaciones del feto es una práctica común en las modernas sociedades del bienestar, hedonistas y utilitaristas, en las que la vida de los guapos y sanos tiene más dignidad que la de los imperfectos. Por eso se criban los fetos antes de que el embarazo llegue a término. Es una práctica completamente NAZI, aunque se disfrace con eufemismos ad hoc, como “anomalías fetales incompatibles con la vida”. Con la ley del 85 ningún niño imperfecto verá la luz. Ante esto, solo nos queda rezar, luchar y reivindicar el derecho a la vida de estos pobres inocentes.
A los socialistas les rechina la defensa de la vida. Ya se han puesto nerviosos y han empezado a utilizar la derogación de la ley para arremeter contra la derecha. Chacón, con toda su hueste de mujeres feministas reivindica a los cuatro vientos el derecho al amor libre y a abortar, al más puro estilo de La Pasionaria. Rubalcaba dice que hemos retrocedido treinta años. Pobre. Como es químico, no sabe ni historia ni antropología, y por tanto desconoce que en muchas sociedades primitivas se practicaba el aborto y el infanticidio paralelamente al canibalismo. Hay que recordarle que el cristianismo acabó con la barbarie, incluso en sociedades avanzadas, y confirió dignidad al ser humano. Abortar no es ni moderno, ni progresista.
Los defensores de la vida luchamos por una Cultura de la Vida sin excepciones. Hemos tenido que soportar una y otra vez las acusaciones de los socialistas de guardar silencio cuando en la etapa de Aznar se abortaba a petición. Estaremos muy alerta para que esto no vuelva a ocurrir. Por tanto, debe saber el Gobierno que no vamos a conformarnos con un simple parche de trámite que contente a todos. Felicitaciones, no obstante, por volver a tipificar el aborto como delito. Lo que está bien hay que reconocerlo.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora
Directora de Ourense siglo XXI
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
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(28/1/2012)
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