José Cavero – Drástica reducción de altos cargos en el Govern de Artur Mas.


MADRID, 4 (OTR/PRESS)

Lo prometido es deuda, y Artur Mas ha decidido empezar por lo más difícil. La primera decisión del Govern surgido de las elecciones del 28 de noviembre es una drástica reducción de altos cargos, de acuerdo con el plan de austeridad anunciado durante la campaña electoral. Se trata de un primer recorte que afecta, según datos que aporta La Vanguardia, a 42 secretarías y direcciones generales, lo que supone una reducción de la cuarta parte de la nómina de directivos de alto rango. Fuentes de la Generalitat calculan que el ahorro que puede suponer esta primera medida se sitúa alrededor de los doce millones de euros anuales. El primer Govern operativo presidido por Artur Mas se reunió este martes para aprobar los decretos que fijan el organigrama de cada departamento. Los consellers habían recibido instrucciones para suprimir al máximo cargos directivos que se consideran innecesarios, o cuyas funciones sean susceptibles de atribuirse a otros negociados. Es la segunda fase del plan de austeridad que empezó con la reducción de las conselleries. Los objetivos del plan consisten en reducir el 20 por ciento de departamentos, que han pasado de quince a doce, el 25-30 por ciento de altos cargos, que, de entrada, pasan de 177 a 135, el de trabajadores con contrato laboral en un 40 por ciento y reducir a la mitad el gasto de personal en organismos y empresas públicas.

Hay que tener en cuenta que la supresión de altos cargos implica que, además del titular, desaparece todo el personal y el aparato burocrático que depende de cada uno de los directivos, desde el chofer hasta la secretaria, pasando por cargos de confianza de diverso rango. No habrá un megaexpediente de regulación de empleo en la Generalitat, entre otras razones, porque «los funcionarios se crean pero no se destruyen, sólo se trasladan», según explica La Vanguardia, pero el recorte afectará inexorablemente a la plantilla de contratados laborales. El 40 por ciento de la reducción de empleados públicos con contrato laboral hace referencia al personal eventual. Eso significa que en su gran mayoría los contratos temporales no se renovarán. El reto más ambicioso y políticamente más arriesgado es la última fase del plan de austeridad que afecta a los organismos y empresas públicas. Algunos serán directamente suprimidos de acuerdo con un informe técnico encargado por el Govern anterior que recomendaba disolver o fusionar 104 organismos de los 245 que dependen de la Generalitat.

El propio Govern anterior anunció el pasado mes de junio un plan para suprimir, de momento, cuarenta de estos organismos. Con todo, para reducir a la mitad la nómina de estos organismos, fuentes del Govern admiten que no habrá más remedio que optar por expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones u otras iniciativas que plantean un problema político y un problema financiero. Las arcas de la Generalitat no están en condiciones de financiar planes de prejubilación como el que se llevó a cabo en Televisión Española, o las indemnizaciones que recibieron trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que no aceptaron trasladarse a Barcelona, y la capacidad de presión de los empleados públicos es de sobra conocida y comprobada.

Para precisar lo que significa el régimen de adelgazamiento de la Generalitat, resulta muy significativo el desmantelamiento de buena parte de las direcciones generales que dependían hasta ahora del departamento de la vicepresidencia, dirigido por Josep Lluís Carod-Rovira. De un plumazo son suprimidas la Dirección General de Acción Departamental, la Dirección General de Serveis de la Vicepresidencia, la Dirección General de Qualitat Normativa y la Dirección General de Projecció Internacional d*Organitzacions Catalanes. Hay cambios que tienen enjundia política. El Departament de Cultura se adelgaza en cantidad y además asume Política Lingüística, que en el Govern Mas pasa de ser Secretaría a ser Dirección General, es decir, que baja un escalón en el escalafón.

Esta reducción de cargos está teniendo repercusiones políticas hasta cierto punto lógicas en el seno de Convergencia y de Unió Democrática. Obviamente, hay cuadros del partido que han trabajado duro durante los siete años de travesía del desierto y que esperaban su oportunidad. Todo ha ocurrido como estaba previsto, pero los aspirantes a cargo son bastantes más que los cargos en oferta. La decepción de los que se han quedado sin silla empieza a hacerse notar. Entre los críticos, se ha popularizado una frase irónica. «Còrsega és una illa». Se refiere a la relación de los dirigentes del partido hasta ahora instalados en la sede de la calle Còrsega con estos militantes decepcionados.

A esta primera reunión de Govern del año sólo han ido decretos de organigrama, ceses y nombramientos. Y mientras el Govern de Artur Mas se organiza, en ICV-EUiA tienen «curiosidad» por saber cuánto cuesta el cambio de nombre de las conselleries, comenzando por las de Benestar i Familia y de Ensenyament, y ya han presentado una pregunta en el Parlament. Las modificaciones en la denominación de los departamentos repercute en las rotulaciones de los edificios, los impresos y hasta en los programas informáticos, y en ICV creen que la decisión es incompatible con las tesis de austeridad. En el 2003 el Govern tripartito cambió los nombres de Ensenyament, Benestar, Industria, y en 2006 volvió a hacerlo con otras.

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