Antonio Casado - El Estado pirateado.

19.11.09 | 12:20. Archivado en Antonio Casado

MADRID, 18 (OTR/PRESS)

En una cosa tiene razón el PP cuando arremete contra el Gobierno apenas veinticuatro horas después del final feliz. El PSOE no tuvo ninguna consideración con el Gobierno Aznar a la hora de separar la responsabilidad de lo ocurrido con el manejo oficial de lo ocurrido en el caso del "Prestige".

Por tanto, no procede el rasgado de vestiduras del portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, cuando acusa al PP de buscar réditos políticos por el caso "Alakrana". También se excede la vicepresidenta De la Vega cuando este miércoles, en la sesión de control al Gobierno y ante la dura ofensiva verbal de la portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, poco menos que se refirió al adversario político como si fuera un aliado de los secuestradores del "Alakrana".

Aliado de piratas, no. Adversario político, sí. Es decir, que trata de capitalizar políticamente los errores cometidos por el Gobierno en la secuencia de este suceso lamentable. Lógico. Como el PSOE hizo con los errores cometidos por el Gobierno del PP en el caso del famoso petrolero hundido frente a las costas gallegas sin que a nadie se le ocurriese denunciar una presunta alianza de los socialistas con los responsables del accidente.

Aparte de estos apuntes, propios de la legítima confrontación entre los dos grandes partidos nacionales, es verdad que el Gobierno no puede sentirse orgulloso de lo ocurrido, una vez descontada la general satisfacción por el desenlace. Me temo que este culebrón va a quedar almacenado en la memoria colectiva como la gran jugada tonta del reinado de Zapatero.

El cuadro no es precisamente luminoso. Para empezar, la constatación de que un grupo de facinerosos han puesto en evidencia la fragilidad de un Estado hecho y derecho. Se ha cedido a un chantaje a golpe de fajos de billetes de banco. Se ha forzado la legalidad. Se ha especulado con el principio de separación de poderes, etc.

Y más cosas, no todas necesariamente achacables al Gobierno. Se han utilizado recursos públicos para una causa privada. Se han creado climas de opinión que objetivamente han mejorado la posición negociadora de los piratas, como el absurdo episodio de las ocurrencias judiciales encaminadas a casar la legalidad con la oportunidad, en relación con la suerte de los dos piratas encarcelados en España. O, en fin, las declaraciones de alguno de los familiares, poco menos que abroncando al Gobierno por no hacer las cosas a gusto de unos ciudadanos que acuden libremente a ganarse la vida al Océano Indico, incluso fuera del área protegida.

Algunas cosas más tendrán que verse por el retrovisor en plena ofensiva política y mediática contra el modo de hacer las cosas en este asunto por parte del Gobierno. Sin olvidar la absurda disputa por sacudirse el honor de haber detenido, trasladado y puesto a disposición judicial a dos de los piratas que intervinieron en el secuestro del atunero. Al final se vio que a los piratas les traía al fresco el futuro de los dos compinches encarcelados en España. Cuestión de dinero. Hasta cuatro millones de dólares. Sólo se trataba de eso.