
MADRID, 09 (OTR/PRESS)
Los piratas somalíes, en su exigencia de liberación de los dos compinches encerrados en España como paso previo e indispensable para la resolución del secuestro del "Alakrana", no hacen sino mirar por los suyos, y eso es exactamente, por la natural simetría que demandan las circunstancias, lo que tenemos que hacer nosotros: mirar por los nuestros. O dicho de otro modo: la cuestión no es hoy la lucha contra la piratería en los mares del Sur ni la sacrosanta preeminencia de lo judicial, sino el rescate con vida de los treinta y seis marineros que llevan cuarenta días padeciendo suplicio a bordo de una nave en la que comienzan a escasear las subsistencias.
Las movilizaciones habidas durante el fin de semana en Galicia y el País Vasco, las palabras resueltas y estremecedoras de las mujeres de los secuestrados, e incluso la adhesión de una parte de la clase política a la idea de soltar a los dos forajidos que se hallan en nuestro poder, han conseguido desactivar el discurso hipócrita frente al que se había empantanado el caso, ese según el cual la última palabra sobre la vida y la muerte la tienen, en España, los tribunales, si es que no un sólo juez. En un país devorado por la corrupción política, por el fraude generalizado a la Hacienda Pública, por las conductas antisociales de tantos empresarios y banqueros, por la exasperante lentitud de la propia Administración de Justicia, por la sistemática conculcación de los preceptos constitucionales, por los abusos del Poder o por los atentados contra la intimidad y contra la libertad de expresión, sorprende que desde la Magistratura se diga, con rara unanimidad, que por nada del mundo puede hacerse aquello que devolvería la libertad a los pescadores del "Alakrana". Judicialmente es imposible, dicen, soltar a los dos piratas procesados aquí, como si el artificio legal se sobrepusiera obligatoriamente al deber natural y moral de salvar treinta y seis vidas.
De los que andan en las cosas de la Justicia se espera, antes que nada, sumisión a ella, y no a los códigos que eventualmente la hacen impractibale o nefasta para quienes la necesitan. Ante sí tiene el estamento judicial el transcendente dilema de estar a favor o en contra de la gente. De la vida de la gente.
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en españa siempre OS equivocais de enemigo,el gobierno de la nacion no es el responsable de este
secuestro,los responsables son el dueño y el patron,las responsabilidades son de ellos,¿por que
tiene que pagar el gobierno con el dinero de todos los españoles?,el gobierno puede dar ayuda moral
y diplomatica,pero el dinero que se lo traigan del pais bajo cuya bandera trabajaban.
vaya sinverguenzas sois los psoeistas,siempre con excusas para ayudar a los ricos.
Jueves, 16 de febrero
Agustín Jiménez
Aitor Yuste
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel Calzada
Antonio Casado
Antonio José Parafita Fraga
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Dámaso Mayarias
Esther Esteban
Fermín Bocos
Fernando Jáuregui
Francisco Muro de Iscar
Isaías Lafuente
José Cavero
José Luis Gómez
Julia Navarro
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Luis Del Val
Mabel Redondo
Magdalena del Amo
Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
Ramón Pi
Roberto Malestar Rodríguez
Rosa Villacastín
Salvador Freixedo
Victoria Lafora
Antonio Javier Vicente Gil
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Pedro Fernández Barbadillo
Rufino Soriano Tena
Enrique Zubiaga
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Raúl González Zorrilla
Pedro Rizo