
MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Estamos ante la suerte judicial de dos jueces que han merecido muy abundantes atenciones por parte de la opinión pública: el juez sevillano del caso de la niña Mari Luz, y el juez de la niña que querían adoptar dos lesbianas, hija de una de ellas. Ha coincidido ahora la decisión sobre ambos, y con toda probabilidad, los criterios aplicados en cada situación por los intérpretes de la ley están originando discusiones y debates.
En primer caso, el juez Tirado, que incumplió su deber de hacer el seguimiento de la pena dictada contra el pederasta que, con toda probabilidad, causó la muerte a la niña. Es cierto que su responsabilidad ha podido verse repartida en el resto de su oficina judicial, y en particular de la secretaria del Juzgado, pero la última responsabilidad le corresponde. De él dependía, en última instancia, que el pederasta y probable asesino no estuviera donde debía, en la cárcel y cumpliendo la sentencia ya dictada. ¿Es causa grave, muy grave o gravísima, esa falta de atención a, cumplimiento de la propia sentencia, o es achacable a la falta de medios del juzgado? Ese ha sido el debate mantenido en los últimos meses, después de que el caso de la niña Mari Luz y el trabajo de explicación de su padre hubieran causado auténtica conmoción y alarma social. Fue la última cuestión a la que se enfrentó el anterior Consejo del Poder judicial ya relevado y la primera cuestión con la que se ha estrenado el nuevo Consejo. En uno y otro han podido hallarse idénticos vicios: alineamiento de posiciones en bloques enfrentados y corporativismo evidente. Y, si acaso, miedo a que los jueces y sus funcionarios judiciales puedan organizar una gran huelga contra un Gobierno al que acusan de tratar de "controlar" y de que funcione al ritmo que le determina con desprecio de su plena autonomía de juzgadores sobre vidas y conductas. El CGPJ, en suma, no se ha atrevido a retirar de la circulación a un juez que, en última instancia, y con su actuación insuficientemente activa, fue causa de la muerte de una niña. Los magistrados del Gobierno de los Jueces han despreciado el recurso del fiscal y la opinión de la mayoría de la población. ¿Eso fue "desatención leve"? ¿Cuántos daños hay que originar para que sea infracción grave de los quehaceres de un juez?
El otro caso es muy distinto, pero no menos llamativo y asombroso. En este caso, el juez ha sido sancionado con mucha mayor severidad, con su inhabilitación, por sus propios compañeros de toga, que entendieron que había sobrepasado en exceso sus propias competencias de limitarse a aplicar una ley, y que pretendió que prevalecieran sus convicciones religiosas personales, dilatando sin motivos suficientes la adopción de su sentencia. La "compulsión homófoba" de Ferrín Calamita le retira del estrado y de esa potestad sublime de dictar sentencias de libertad o de privación de libertad a sus congéneres. El juez recurrirá y habrá de ser, también, el Consejo del poder Judicial el que diga la última palabra. Se vuelve a emplear el corporativismo que ahora le ha movido en el Caso Mari Luz, Ferrín Calamita volverá a disponer de facultad para imponer criterios personales por encima de las leyes determinadas por el Parlamento de la Nación.
JOSE CAVERO
JOSE CAVERO
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La sentencia del juez Calamita ha sido política como le ocurrió al juez Gómez de Liaño hace años.
El juez Calamita tramita muchos divorcios a pesar de ser católico
El juez Calamita simplemente pidió los mismos informes que se aplican en el caso de una adopción pero que adopten dos personas del mismo sexo ahora es un objetivo.
De hecho hay grabaciones de intentos de soborno y amenazas que han pasado de considerar. Es increíble.
Pero más increíble es el totalitarismo que nos invade que permite recusar a alguien por ser católico como se intentó con Calamita o pensar que uno puede ser injusto por ser de la religión de la Justicia
Nos encontramos además que la adopción homosexual está en manos del constitucional porque no permite el matrimonio la constitución entre hombres y mujeres. Y se ha violado la ley aplicando una ley que no se sabe si es constitucional.
Viernes, 1 de junio
Agustín Jiménez
Aitor Yuste
Alfonso Rojo
Ana Pastor
Andrés Aberasturi
Angel Calzada
Antonio Casado
Antonio José Parafita Fraga
Carlos Carnicero
Carmen Tomás
Cayetano González
Charo Zarzalejos
Consuelo Sánchez-Vicente
Dámaso Mayarias
Esther Esteban
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Fernando Jáuregui
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Isaías Lafuente
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Luis Del Val
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Miguel Cancio
Miguel Higueras
Nava Castro
Pedro Calvo Hernando
Rafael Martínez-Simancas
Rafael Torres
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Vicente A. C. M.
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Miguel Barrachina