Es el producto de la inquietud de los trabajadores sobre su futuro y como respuesta a la desinformación que existe sobre todo el proceso. Nace del descontento de los trabajadores con los sindicatos. Los sindicatos ahora, entre otras cosas, tratan de hacer creer que han tenido un gran respaldo a su gestión. Eso no es cierto. El referéndum exigía un 50% más uno de los votos de los trabajadores para ser aprobado, algo que trató de ocultarse en todo momento. Lo cierto es que a favor de este llamado plan de saneamiento, después de utilizar todo tipo de coacciones (incluido el miedo y las amenazas), han conseguido un 52,7% del censo. Ha sido una victoria bastante ajustada. Todo esto después de que no se haya permitido una campaña por el no. Y es que una vez constituida la asociación solicitamos el derecho de reunión y se nos negó. Prácticamente no hemos tenido ningún recurso para darnos a conocer. A nuestras expensas creamos una página web para informar a los trabajadores y hemos tenido que reunirnos en un local fuera de las instalaciones de la empresa.

Como presidente de la asociación me reuní con el director de Recursos Humanos para solicitar sendas reuniones con los trabajadores en Prado del Rey y Torre España. Las reuniones hay que pedirlas con 48 horas de plazo y nosotros las pedimos con 4 ó 5 cinco días de antelación. Pero la respuesta por parte de la empresa se produjo fuera del plazo de la primera reunión. Todo eran obstáculos. Cuando la asociación consiguió hablar con el director de Recursos Humanos nos contestaron que teníamos que hacerlo a través de los sindicatos. Pero claro, nosotros no queríamos hacer una reunión de acción sindical. Lo que pedíamos era hacer una reunión sobre la asociación. Al final optamos por reunirnos fuera de las instalaciones de RTVE.

La reunión se celebró el día 4 y en ella lo primero que se decidió fue solicitar un aplazamiento del referéndum para que los trabajadores supieran realmente lo que votaban. De no haber este aplazamiento, como así ha sido, nuestra opción era claramente la del NO. Sobre todo, al tener en cuenta un informe que solicitamos a un prestigioso bufete de abogados que decía que el Expediente de Regulación de Empleo, tal y como está planteado a día de hoy, es inconstitucional.

Desde los sindicatos y la SEPI se amenazó a los trabajadores diciendo que si no se aprobaba este preacuerdo, los algo más de 4.165 despidos podrían convertirse en 6.000. Además, también se dijo a los trabajadores contratados que no es que le fueran a hacer fijos porque tenían ese derecho, sino que la única forma para lograrlo era votar sí en la mencionada consulta.

Quien tiene que decidir sobre la inconstitucionalidad de este ERE es el Tribunal Constitucional. De momento hemos pedido este informe a un reconocido despacho de abogados que sí apunta en esta dirección porque la única causa que se alega para el despido es tener una determinada edad. Esa realidad está ahí. Bastaría que cualquier afectado llevara este tema a los tribunales para que todo este proceso pudiera meterse en un callejón sin salida. Nosotros estamos advirtiendo esto desde la lealtad. Si hubiéramos actuado de otra forma, nos hubiéramos callado y hubiéramos ido con el ERE a los tribunales.

Nosotros nos ofrecimos para tratar de que este plan fuera menos traumático y tuviera el menos coste social posible. Pero la directora general, Carmen Caffarrell, nos contestó en una carta que el ERE iba a ser estupendo y voluntario. Por tanto, ese apoyo lo rechazaron. Ellos sabrán porqué. Pero lo cierto es que el resultado es que hay un 47, 3 % de los trabajadores que están en contra del plan.

El gran problema no es la deuda. La deuda nace de un sistema atípico de financiar una radio televisión pública y es que no se conoce otro igual en toda Europa. Lo que aquí ocurre es como si al gobierno se le ocurre que a los diplomáticos, en lugar de pagarles con cargo a los presupuestos generales del Estado, se les pagara con cargo a la Deuda Pública. Y tres años después, se decidiera echar a la mitad de los diplomáticos porque la deuda ha engordada mucho. El problema de origen es el sistema de financiación y eso es una decisión política. Una decisión que toma en su momento un Gobierno de Felipe González que los que vienen después no corrigen.

Eso está claro. Pero la fórmula no puede ser despedir a la mitad de los trabajadores. Este es el cuarto ERE que se hace en RTVE y por esa vía no se ha resuelto el problema. Lo primero tenemos que decidir qué modelo de televisión pública queremos y, en función de eso, preparar los recursos necesarios para poner la empresa en marcha. Lo que habría que hacer es establecer qué medios necesitamos y un análisis riguroso para encontrar dónde están los problemas. Porque nosotros no decimos que no haya problemas, ni que haya que resolver esos problemas. Precisamente de lo que acusamos a los políticos es que, hasta el momento, no han sabido solucionar esos problemas. Los trabajadores sólo somos las víctimas propiciatorias de esos problemas.

Lo que se va a hacer es empobrecer el producto. Porque lo que se pretende es echar a unos porque cobran más y sustituirlos por otros que cobran menos. Además, ya se encargarán de que sean amigos suyos.

Este Gobierno ha dado permiso para emitir a Cuatro y a La Sexta. Las dos televisiones corresponden a intereses privados que, casualmente, apoyan al Gobierno. Eso lo han utilizado, por ejemplo, para ofrecer la retrasmisión de grandes acontecimientos deportivos. Además, en la memoria del Plan de Saneamiento se dice que RTVE se va a ahorrar gran cantidad de dinero de la retrasmisión de eventos deportivos. No sólo no pujamos sino que abaratamos estos y otros eventos a los competidores. Lo único que consigue al final es beneficiar a unos grupos de comunicación privados y concretos. Lo que se está haciendo es un desmantelamiento salvaje de la televisión pública en beneficio de unas plataformas de medios de comunicación determinados. Y se está haciendo por un interés partidista.