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El próximo siete de septiembre los trabajadores de RTVE tienen una cita con las urnas para refrendar o no un preacuerdo de mínimos sobre la reforma que en breve se materializará. La empresa pública de medios de comunicación se juega un futuro todavía incierto. Al inicio de esta legislatura el Gobierno llevó a hablar de privatizarla. Ahora las negociaciones han derivado en un punto menos dramático. Periodista Digital ha hablado con Marcel Camacho, secretario general de de la sección sindical de CCOO de RTVE. Camacho ha destacado que el número de despidos será menor, se crearán nuevos puestos y 700 contratados pasarán a formar parte de la plantilla fija de la empresa. Además, añadió que los centros territoriales se mantendrán, así como, las desconexiones de RNE. Ante las críticas de oscurantismo emitidas por los trabajadores de RTVE que envuelven todo el proceso de negociación, el líder sindical afirma que ahora será el momento de convocar asambleas para solucionar todas las dudas. Justifica la privacidad del proceso en que “las negociaciones también tienen que tener su ámbito de trabajo. Las mesas de negociación tienen que cumplir su función”. “El objetivo es solucionar aquellos aspectos que los trabajadores vean menos claros”. Se muestra optimista ante el resultado del referéndum. Opina que los que se tendrán que ir y los contratados que aspiran a una plaza fija están a favor. Los trabajadores que permanecen en la empresas, dice Camacho, “intentan dibujar cual será su futuro en la empresa”. Esas incógnitas “son las que ahora hay que despejar”.

Hemos perseguido el objetivo de garantizar que los trabajadores que pudieran salir de aquí lo hicieran en unas condiciones dignas. Por otro lado la incorporación de un empleo nuevo y fijo y la conversión de contratados en empleo fijo. Todo ello para lograr reducir la precariedad. Efectivamente, pero se mantienen las posibilidades de que esta empresa pueda continuar en el futuro y pueda continuar desarrollándose en al perspectiva de abordar las nuevas tecnologías y las nuevas ofertas que hoy tienen los medios de comunicación. Sí, por ejemplo la reducción de empleo planteada en un inicio por la SEPI se ha reducido sustancialmente. Entre otras cosas con la incorporación a puestos fijos de personal contratado. Este movimiento nosotros lo ciframos en unos 700 trabajadores. A esto habrá que sumar la convocatoria de una oferta de empleo público para personas de la calle. Esto no estaba contemplado en la propuesta de la SEPI, así como un expediente que no fuera traumático para la empresa. Esta propuesta más dura ya contemplaba la prejubilación por edad, pero a esta propuesta había que sumar otros trabajadores que se veían en la calle porque sus puestos de trabajo desaparecían sin derecho a jubilación. Por eso era una situación traumática. Un punto de partida de una posición empresarial pura, simple y muy dura. Que de hecho figura entre las propuestas del ERE en el caso en que el acuerdo no fructifique. El acuerdo para los que se van está por negociar pero tiene dos referencias importantes. Esto es que los trabajadores se puedan ir de la empresa con un porcentaje alto de su salario de, en torno, al 90%. Eso significa que se parte de una posición superior al que la empresa ofertaba (73%). En resumen, aunque el expediente está por negociar ya da unas garantías importantes a los trabajadores que se tienen que ir.

Ninguna de las negociaciones que se han celebrado en esta empresa son un paripé. El problema de las negociaciones de esta empresa es que intervienen demasiadas instituciones. Normalmente intervienen un consejo de Administración y un director. En nuestro caso intervienen, además, la SEPI, el Gobierno, el Parlamento… Intervienen demasiados elementos como para pensar que alguien pueda tener la barita mágica para resolver esto. Es mucho más complejo. Y así a todo, se ha hecho mucho más complejo porque ha habido una reforma legislativa que configura la empresa de otra manera. No sólo estamos ante un proceso de ajuste, sino que estamos caminando hacia un nuevo modelo empresa. Pero aquí no ha habido ningún paripé. Ha habido una negociación difícil porque se han tenido que abordar muchos ámbitos. Las posiciones iniciales que había aquí, había que haberlas visto. Habría que recordar como el secretario de Estado de Presupuestos, en su momento, Miguel Ángel Ordóñez, nada más entrar en el Gobierno pedía la privatización. Ahora estamos en un lugar muy distinto. Si todo sale bien la empresa va a mantener su presencia territorial prácticamente en todos los sitios y las desconexiones de RNE. La oferta pública, en términos generales, se mantiene. Además, su presencia respecto a la TDT y al la multimedia en general también se toca y se consolodida en este acuerdo en el que estamos trabajando. Estas cuestiones, hacen que el acuerdo tenga alguna perspectiva.

Desde luego, pero es que en frete tenemos posiciones contrarias al mantenimiento incluso del servicio público en su totalidad. Al final estas “batallas” se resulten en un punto de acuerdo. Ese punto es el mantenimiento de unos mínimos en el que pueden tener garantía de futuro. Las negociaciones no se hacen en la plaza de toros, ninguna de ellas. Las negociaciones garantizan que se informe, que se discuta. En la nuestra, incluso, va a haber un referéndum para ratificarla. Más democracia no se puede pedir. Las negociaciones también tienen que tener su ámbito de trabajo. Las mesas de negociación tienen que cumplir su función. Aunque haya gente que critique que hay oscurantismo, se tiene que trabajar así. Las partes tienen que tener su propio ámbito de negociación. No es posible negociar en una plaza de toros llena de público. En estos días ya se están sacando algunas circulares y habrá también asambleas en algunos centros. El objetivo es solucionar aquellos aspectos que los trabajadores vean menos claros. Por otro lado, hemos mantenido reuniones con la directiva en las que pretendíamos que alguna de las esas cosas que suscitaban duda quedaran manifiestamente claras. También hay que tener en cuenta que en el referéndum no se vota el ERE ni el convenio. Lo que se refrenda es el preacuerdo que estable unas bases mínimas. Son los inconvenientes de realizar un referéndum para un preacuerdo que es, por otra parte, el que solicitaron los trabajadores en asambleas. Y en definitiva, todo el mundo debe de saber que lo que se vota es un preacuerdo para unos mínimos sobre los que avanzar.

Sí. Pueden darse dos situaciones: que el referéndum no alcance la participación suficiente o que salga no. En el primero de los casos sería no válido y solamente referencial. En el segundo caso no se podría llevar a cabo ni la creación de empleo (nuevos contratados y consolidación del puesto), y la situación de algunos emisoras y centros territoriales podría peligrar. Así, volveríamos al punto cero y la empresa continuaría con su política de cierre de emisoras y con otro tipo de ERE. Ese expediente estaría dirigido a trabajadores cuyo puesto o categoría dejara de estar en vigor. Entre otras cosas, a raíz de los algunos cierres. Ese es el plan que se tomaría en caso de no alcanzarse un acuerdo, que es el plan duro.Si la empresa se cierre, se cerró y todos a la calle. Unos les toca el expediente y a otros indemnización. Empezaría un periodo de conflictividad y de dureza. Ha estado el verano de por medio, falta información, la gente está ávida de saber y eso es lo que vamos a hacer estos días. De todos modos, creemos que objetivamente los colectivos del ERE y los contratados están a favor de una manera muy clara. Los trabajadores que permanecen en la empresas intentan dibujar cual será su futuro en la empresa. Esos son las incógnitas que ahora hay que despejar. Pero yo creo que el referéndum saldrá en sí, porque no hay alternativa mejor a esta para los trabajadores. La otra, la opción B tiene muchas incógnitas. Ni los que se van, ni los que se entrarían lo harían. Y a los que se quedan no se les garantiza que aquí no se vaya reducir o a cambiar algo perjudicial para ellos. Pero lo cierto que el acuerdo tiene que llegar, tarde o temprano. Pero volver a meterse de nuevo en una dinámica de otra negociación de otros seis meses o un año es un poco enloquecido. Es ir a ninguna parte. Yo creo que lo sustancial de este periodo, respecto a la propia transformación de la empresa pública, es que nace una Corporación que regula su constitución de forma más democrática. Será el parlamento el que toma el control. También los servicios informativos se constituyen en consejos lo que ayuda en la defensa de la pluralidad y defensa de los trabajadores. Cada nueve años el Parlamento tendrá que aprobar un mandato marco que defina los objetivos del servicio público. Y por otro lado habrá programas contrato que serán los recursos económicos que los gobiernos vayan destinando. Todo eso va a ser una nueva pelea en defensa de lo público. Probablemente tampoco nos vamos a quitar de en medio las agresiones de los sectores que piensan que esto lo haga el sector privado. Así que la batalla va a continuar. Ahora bien, saliendo de la mano de los Gobiernos, siendo esto más plural, tenderemos un mayor apoyo por parte de la ciudadanía para consolidar el servicio público. Lo importante es que los españoles entiendan que esto tiene que existir como empresa pública porque cumple un papel. Pero si esta empresa es sólo un instrumento que pasa de Gobierno en Gobierno para ganar elecciones, entonces los ciudadanos dirán que para eso se lo paguen los políticos.